Será cómplice quien no aporte datos sobre el caso Mouriño

Víctor Ballinas y Roberto Garduño

Al instalarse ayer la comisión especial que investigará a Juan Camilo Mouriño –por presunto tráfico de influencias en la asignación de contratos de Pemex a su familia– los diputados de PAN y PRI defendieron al titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuyo nombre nunca fue mencionado por algún legislador al constituirse dicha instancia, y sólo se habló del mismo cuando los reporteros, en sesión de preguntas, cuestionaron por qué no se referían al investigado por su nombre, “parecería otro funcionario innombrable”.

En el acto constitutivo de dicha comisión en la Cámara de Diputados –que tendrá vigencia de sólo dos meses– se dio a conocer la “agenda de trabajo y calendario de actividades”, que incluye comparecencias del director general y del titular del órgano interno de control de Pemex Refinación, al titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y al presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), pero no figura en la lista Mouriño.

Se detalló que la investigación constará de cinco etapas: recopilación de información, reuniones de trabajo y comparecencias, análisis de datos, elaboración de conclusiones y entrega y difusión de las mismas a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados; al Ejecutivo federal, por conducto de la SFP, y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), el próximo 26 de mayo, aunque se aclaró que la vigencia de la comisión es hasta el 13 del mismo mes.

Un acuerdo de la comisión fue enviar oficios a los coordinadores parlamentarios de PRD, Convergencia y PT para solicitarles que proporcionen toda la información que tengan sobre los contratos de Pemex Refinación con las empresas de la familia Mouriño, motivo de la indagatoria, lo cual se extenderá a las dirigencias nacionales, militantes y senadores, así como a Andrés Manuel López Obrador. En caso de no hacerlo, sostuvieron panistas y priístas, “estarían encubriendo” el presunto ilícito.

El diputado priísta Raúl Cervantes Andrade llegó tarde, cuando ya se había instalado la comisión sin la asistencia de legisladores del Frente Amplio Progresista –PRD, PT y Convergencia–, pero pidió que se incluyera que cualquier ciudadano que posea información sobre el tema debe presentarla, si no “será encubrimiento” del denunciado. Precisó que “aunque esta investigación no es una averiguación, el principio es el mismo: quien tenga información –diputados, dirigentes de partidos y militantes, entre otros– deberán proporcionarla a la comisión porque sino la boicotearan”.

Al preguntarles, en conferencia de prensa, si pensaban citar al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el presidente de la comisión investigadora, el diputado pevemista Francisco Xavier López Adame, respondió:

“No está descartada la posibilidad de llamar a ninguna persona; en este momento el acuerdo es proceder al análisis y una vez que tengamos toda la información y empiecen a surgir las dudas respecto de la legalidad de los contratos, llamaremos a los funcionarios que resulte pertinente”.

–Llama la atención que no se hayan referido al investigado por su nombre al instalar la comisión y dar a conocer el plan de trabajo, ¿parece otro innombrable?

–No hay ningún innombrable aquí –replicó López Adame. Es el secretario de Gobernación.

–¿Cómo se llama?

–Juan Camilo Mouriño –respondió forzado el presidente de la comisión.

–¿No hay conflicto de interés en la investigación del caso Mouriño, algo que ponga en riesgo el trabajo de la comisión, porque el diputado (Raúl) Cervantes Andrade es transportista?

El propio diputado del PRI reviró: “no tengo relación con ninguna empresa de carga ni de carga especializada, que sería la materia con lo que es Pemex Refinación, ni hoy ni nunca he tenido una revisión de contrato ni una licitación con Pemex; soy un buen abogado y eso todo mundo lo sabe. Mi grupo parlamentario decidió que fuera yo integrante de esta comisión, por las preguntas que se están haciendo, que son de técnica jurídica”.

Pero el legislador no dijo que es asesor de la Canacar, como aparece en su currículum, y trascendió que “no sólo es transportista, sino abogado de algunos de ellos”.

El secretario confeso

Cervantes subrayó que “el secretario de Gobernación está confeso, porque reconoció haber firmado contratos con Pemex Refinación, por lo que la labor de la comisión será determinar si se respetó la normatividad y la legalidad en dichos convenios”, por eso a los resultados de la investigación se les dará la máxima publicidad.

–¿Solicitarán a López Obrador que proporcione la información que tiene sobre esos contratos? –se preguntó a los diputados.

–Por supuesto, está contemplado. Hasta donde entiendo, sigue siendo militante –respondió López Adame y lo apoyó el panista Obdulio Ávila Mayo, quien sostuvo que “López Obrador está obligado, porque quien señala un ilícito debe aportar los elementos. Si no lo declara, sería hasta encubrimiento”.

También se preguntó a los integrantes de la comisión si debería separarse del cargo el secretario de Gobernación mientras es investigado. El panista Antonio Valladolid subrayó: “no hay razón para que renuncie, no se le ha comprobado ninguna acción contra la ley”, y su correligionario Avila Mayo lo apoyó: “el Poder Legislativo no va a aplicar castigos, penas o conclusiones jurídicas, es otra institución la encargada, pero parece que estamos adelantando juicios”.

–¿Tienen ya en su poder los documentos donde Mouriño dejó de ser apoderado legal de Ivancar, la empresa de su familia?

–Tenemos los convenios signados por él, el convenio marco celebrado con Pemex Refinación y los transportistas representados por la Canacar; el acta constitutiva de la empresa Transportes Especializados Ivancar y las diferentes actas donde está la participación accionaria de Mouriño Terrazas –dijo el presidente de la comisión.

Y Cervantes aseguró: “sí se encuentra el documento referido –el acta de cuando dejó de ser apoderado de Ivancar–, es un acta de la asamblea general extraordinaria del 29 de noviembre del 2003”.

Los integrantes de la comisión investigadora prometieron entregar copia de la misma. Más tarde López Adame aclaró que no se entregaría.