Alto a la represion contra la policia comunitaria y la militarizacion en la montaña de Guerrero

Rebelión

En las últimas semanas asistimos a una escalada represiva contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, organización de los pueblos indígenas y mestizos de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. En sus 12 años de existencia se ha consolidado como institución autónoma que a nivel regional mantiene la seguridad e imparte justicia, promoviendo los valores comunitarios de colectividad, gratuidad del servicio y reintegración a la sociedad de los detenidos.
No obstante la evidente legitimidad de esta organización, el gobierno del Estado mantiene una política de hostigamiento contra las autoridades regionales, amenazadas con innumerables ordenes de aprehensión, ya que no reconoce la función jurídica que desarrollan como ejercicio del derecho a la autodeterminación (La Jornada de Guerrero y El Sur, 12 abril 2008; Novedades, 16 abril 2008).
En los últimos días la represión ha llegado a las mismas comunidades integradas a la Policía Comunitaria, que denuncian la masiva presencia del Ejército, AFI, Policías del Estado y Ministerial, realizando patrullajes, estableciendo retenes, sacando fotografías y aterrorizando la población (La Jornada de Guerrero y El Sur, 16 abril 2008).
Ignorada por años, la Policía Comunitaria está teniendo una relevancia inexplicable para los medios nacionales: TV Azteca se ha sumado a la campaña de difamación con reportajes en los que acusan a los indígenas organizados de ilegales y delincuentes (Hechos, 8 abril 2008), y posteriormente otros periodistas -Canal 2- se han acercado a la sede de San Luis Acatlán buscando información.

Los abajo firmantes, académicos e investigadores mexicanos y extranjeros, desde hace años estamos estudiando y apoyando a la Policía Comunitaria, excepcional experiencia de organización con la cual los pueblos están haciendo realidad sus derechos colectivos y están enseñando a la sociedad que pueden haber formas de justicia más justa, sin la corrupción y la inequidad que caracterizan al sistema judicial y penal.

A partir del conocimiento adquirido por medio de la investigación científica que desarrollamos, afirmamos la legitimidad de la Policía Comunitaria y exigimos el alto inmediato a la campaña de represión y hostigamiento contra las autoridades regionales y las comunidades parte de la organización.