El Justo Reclamo

Chile: el acecho de la derecha

Yasna Provoste
francisco marín

Valparaiso, (apro).- El Congreso de Chile destituyó a la ministra de Educación, Yasna Provoste, después de que legisladores de derecha presentaron en su contra una “acusación constitucional”, mecanismo legal que permite al Parlamento tener control sobre los miembros de los poderes Ejecutivo y Judicial. Es la primera vez durante el periodo postdictatorial –1990 en adelante--, que un ministro del gobierno es destituido por un mecanismo legal de este tipo. Esto se debió a que –también por primera vez en este periodo-- la derechista Alianza por Chile controla ambas cámaras del Congreso, que tiene su sede en Valparaíso.La oposición de derecha, minoritaria electoralmente, obtuvo la mayoría parlamentaria al unírsele dos senadores de la oficialista Concertación de Partidos por la Democracia que respalda a la presidenta Michelle Bachelet. Estos son: Adolfo Zaldivar, expresidente de la Democracia Cristiana y actual presidente del Senado; y Fernando Flores, líder del naciente partido Chile Primero, que surgió en diciembre pasado de una escisión del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD). También se ha alineado con la Alianza el senador independiente por la austral región de Magallanes, Carlos Bianchi. Provoste fue destituida de su puesto --e inhabilitada para ocupar algún cargo público durante cinco años--, tras ser acusada de “no corregir las graves infracciones e irregularidades” cometidas por el seccional Santiago del Ministerio de Educación en la asignación de subsidios a colegios particulares. Aprobaron esta moción 20 de los 38 senadores que componen la Cámara alta. Los 18 senadores de la Concertación rechazaron la acusación.El “escándalo de las subvenciones”, como se ha conocido el caso, estalló el pasado 14 de febrero. En esa ocasión, la Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de una auditoría relativa a la asignación de subvenciones escolares en Santiago. El informe daba a conocer la existencia de montos no aclarados, que suman --entre 2004 y 2006-- 262 mil millones de pesos (600 millones de dólares).El pasado 8 de marzo, diputados de Alianza por Chile presentaron el documento de acusación constitucional. Casi un mes después, el 3 de abril, la Cámara de Diputados lo aprobó con una votación de 57 votos a favor y 55 en contra. Ese mismo día, Provoste fue suspendida de sus funciones. El caso pasó al Senado, el cual ratificó la decisión de la Cámara de Diputados el pasado miércoles.

“Presidencialismo exacerbado”

La Contraloría General de la República no ha establecido la existencia de dolo en manejo de los recursos, ni de parte de la ministra, ni de otros funcionarios. Ramiro Mendoza, titular de esta dependencia, señaló, el pasado 12 de marzo, en el contexto de una audiencia de la comisión especial que revisaba la acusación en la Cámara de Diputados, que “lo que hemos observado es un desorden administrativo (...), que (eventualmente) pudiera ser constitutivo de un ilícito de otras características”. El impacto de la destitución de Provoste ha sido tal que políticos y analistas han dicho que esta acción ha puesto en tela de juicio el carácter presidencialista del sistema político chileno. “Se pretende instalar la idea de que no es la presidenta quien decide respecto de la permanencia de los ministros. Ahora resulta que es esta nueva mayoría la que quiere decidir. (Con esto) están trastocando, desnaturalizando, afectando profunda y gravemente las normas democráticas”, sentenció Camilo Escalona, senador y presidente del Partido Socialista, en su acalorada intervención en el hemiciclo del Senado, el día que se selló la suerte de Provoste. Sin embargo, esta opinión fue refutada por el jurista y académico de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, quien señaló, el jueves 17 en entrevista con el diario El Mostrador: “Están equivocados (quienes estiman que con esta destitución se acaba el régimen presidencialista y se avanza a uno semiparlamentario), porque la presidenta no pierde su facultad de nombrar ministros. La presidenta puede nombrar a quien quiera para este cargo y cualquiera de los cargos de confianza de ella. Lo que importa es que también ese acto queda controlado por la Constitución a través del Parlamento, y eso es una virtud del sistema, no un defecto, como piensan los híperpresidencialistas”.En entrevista con Apro, el sociólogo de la Universidad Católica de Chile y doctor en ciencias sociales de la Escuela de Altos Estudios de París, Manuel Antonio Garretón, señaló que “el caso Provoste” ha abierto un debate político que tiene muchas aristas: “En primer lugar revela la necesidad de una reforma al sistema político que permita un mayor equilibrio entre el presidente y el Parlamento”. A su juicio, es necesario “atenuar el presidencialismo exacerbado que hay en Chile”. El destaca sociólogo chileno resalta el hecho de que en su país el presidente no sólo es jefe de Estado, sino también es jefe de Gobierno y, además, es jefe de la coalición partidaria que lo respalda. “Son demasiadas funciones concentradas en una sola persona”, expresa. Estima que este sistema ha hecho crisis y es necesario hacer una reforma política sin necesariamente sustituirlo por un sistema parlamentario.Garretón hace además otra lectura sobre la acusación constitucional: “Este mecanismo está consagrado en la Constitución, pero está claramente dirigido a situaciones en las que se está en peligro la seguridad nacional o haya habido delitos como el robo, que no son imputaciones que se le hallan hecho a Yasna Provoste”. Considera que la acusación contra ésta ministra debe entenderse como “una maniobra estrictamente política, en la que se ha usado indebidamente facultades para fines que no son los que están consagrados en la Constitución”.Garretón señala que el apoyo a esta acusación fue uno de los compromisos que adquirieron los parlamentarios que salieron de la Concertación cuando se conformaron las directivas de ambas cámaras del Congreso, en marzo pasado, y que les implicaron puestos de privilegio, como ocurrió con Adolfo Zaldívar, quien obtuvo la presidencia del Senado. Cree que los fuertes ataques propinados por la derecha contra la Concertación “evidencian la desesperación de un sector ávido de obtener triunfos electorales que le son esquivos desde hace mucho tiempo”. Y estima que esta estrategia es errada y le va a traer más costos que dividendos.La derecha negó haber hecho uso político de la facultad de acusar constitucionalmente a los ministros, consagrada en el artículo 53 de la Carta Magna. El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Hernán Larraín expresó –en declaraciones a la radio ADN-- que lo ocurrido en el Senado “fue una batalla en pro de la ética pública, que creo estamos ganando con estos pasos concretos que hemos dado. La acusación no tiene un alcance tan político como se le ha querido dar, sino que es algo que se hace en pro de la transparencia y la responsabilidad”.Bachelet, quien llegó de vuelta de un viaje a China el mismo día de la destitución, dio su respaldo a la ministra defenestrada y agradeció a ésta “su incansable labor para mejorar la calidad de la educación de todos nuestros hijos”, como expresó en la noche del pasado 16 de abril, cuando encabezaba un acto de homenaje a Provoste en el salón Montt Varas, de La Moneda. En la ocasión lamentó “que haya prevalecido el deseo de hacer una demostración de fuerza, en vez de pensar en el beneficio del país. Pero estoy segura que la ciudadanía sabrá juzgar el accionar de cada cual en su justo mérito”.

Sistema cuestionado

El debate surgido a raíz del escándalo de las subvenciones amenazó con hacer sucumbir la nueva Ley General de Educación (LGE), que ya superó la etapa de comisiones y está próxima a ser sancionada por la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley tuvo su origen en las movilizaciones de los estudiantes de enseñanza media (de entre 14 y 18 años de edad) que en 2006 pusieron contra la pared al gobierno de la presidenta Bachelet. En entrevista con Apro, la emblemática dirigente de secundaria María Jesús Sanhueza, señaló que el resultado del sistema de financiamiento del sistema escolar es “un completo fracaso”. Expresó que el debate que se ha dado a partir de la acusación constitucional, se ha desviado del tema de fondo, que es “el catastrófico estado en el que se encuentra la educación”.Sanhueza, de 18 años, estima que la nueva Ley de Educación que impulsa el gobierno “es sólo un maquillaje de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) dictada por Augusto Pinochet, que significó la privatización de la educación hasta nuestros días”. La líder de “los pingüinos” (nombre que reciben los escolares por el tipo de vestuario que utilizan), dijo que “el sistema actual permite que los sostenedores (dueños de colegios) gasten el dinero como quieran y sin ningún tipo de regulación”. Buena parte de las irregularidades detectadas en las subvenciones escolares tiene su origen en declaraciones fraudulentas de asistencias que hacen los dueños de los colegios para abultar el monto que reciben por subvenciones.La líder estudiantil estima que los aportes a la educación se deben asignar en base a presupuestos generados por cada colegio y escuela, los que, dice, deben surgir de consejos escolares en los que participen todos los sectores educativos: profesores, estudiantes, apoderados y “codocentes” (asistentes de profesores y empleados que trabajan en labores pedagógicas). Sobre las conclusiones que extrae del caso subvenciones y la posterior destitución de la titular de educación, Sanhueza señaló que esta situación le reforzó dos de sus convicciones: “La necesidad de acabar con el lucro en la educación y el hecho que el poder en Chile lo tiene la derecha”. (21 de abril de 2008)