Comisión Mouriño registra escaso avance en su investigación
* Función Pública ofrece a diputados sólo el número de la auditoría: 021/08
México, D.F., 24 de abril (apro).- A sólo 19 días que concluya el plazo que se le impuso a la comisión Mouriño –encargada de indagar la legalidad de los contratos entre Pemex-Refinación e Ivancar, la empresa familiar del titular de Gobernación--, los diputados aún no cuentan con elementos distintos a los que reveló Andrés Manuel López Obrador.Además, aunque los legisladores se han reunido en dos ocasiones con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, éste no les ha proporcionado datos que puedan servir para hacer avanzar su investigación.Este día, por ejemplo, Vega Casillas --quien fue compañero de bancada de Juan Camilo Mouriño en la LVII Legislatura federal e integrante del círculo político que encabeza Felipe Calderón-- se dedicó únicamente a destacar que no habrá impunidad y que la instrucción del Ejecutivo federal es ir a fondo en las pesquisas.El único dato nuevo que ofreció el titular de la SFP a los legisladores fue el número de la auditoría que se está realizando sobre los contratos entregados a la empresa Transportes Especializados Ivancar.“Hemos emitido la orden de auditoría 021/08, ampliando el periodo y los conceptos sujetos a revisión”, comentó para luego agregar que, antes que se suscitara el escándalo Mouriño, el propio órgano de control interno de Pemex-Refinación inició una indagatoria que abarcó a la Gerencia de Transporte e incluyó los periodos de 2006 y 2007.El segundo dato que dio fue que ya le ordenó al órgano interno de la paraestatal dejara la investigación, pues la SFP la tomaría a su cargo.“Al ser insuficiente la investigación en curso para los fines de esta comisión y, además, para darle la importancia que merece su interés en el tema, se determinó atraer la investigación al área central y ampliarla”.Lo que se busca, insistió, es verificar si hubo un trato preferencial a Ivancar, aunque “también analizamos si los sujetos que intervienen en la gestión y suscripción de los contratos, en especial la empresa que esta comisión ha definido como su foco de investigación, incurrieron en alguna falta que la ley señale”.El amigo de Mouriño, funcionario federal que hoy lo debe investigar, arrancó su intervención buscando justificar las adjudicaciones directas que le fueron entregadas a la empresa del actual secretario de Gobernación.Un ejemplo. Sostuvo que la prestación de servicios de transporte terrestre, de productos derivados del petróleo, “se ha realizado bajo la modalidad de adjudicación directa que tiene sustento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.Como se recordará, la denuncia que los miembros del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) hicieron, fue justamente que los ocho contratos entregados a Ivancar se hicieron sin mediar concurso, que fueron adjudicados de manera directa. Y para el investigador, el titular de la Función Pública, aquéllos sí tuvieron sustento.El FAP exigió investigar si el funcionario federal había violentado alguna ley, al ser proveedor del gobierno e integrante del mismo a la vez. Sin embargo, la comisión que aprobaron PRI, PAN, Panal, Alternativa y PVEM el 13 de marzo, quedó constreñida a verificar “la legalidad” de los contratos de 1997 a la fecha.A la reunión de la comisión, asistieron su presidente Xavier López Adame, del PVEM; Obdulio Ávila, del PAN; Raúl Cervantes, del PRI; Miguel Ángel Jiménez, de Nueva Alianza, y Armando García de Alternativa.Los representantes de PRD, PT y Convergencia no participan, pues desde su creación se opusieron a esa instancia, por estar acotada y considerarla una simulación.Armando García le preguntó al titular de la SFP si actuaría conforme a derecho luego de recordarle que Juan Camilo Mouriño fue su jefe durnate la campaña presidencial de Felipe Calderón.El aludido respondió que su compromiso es con la ley y la misión que le encomendó Calderón es hacer valer el estado de derecho.“En este y todos los casos no habrá distingos ni preferencias... No ha habido ninguna presión, no tiene relevancia (que se trate de Mouriño), nosotros no investigamos nombres, investigamos procesos, investigamos contratos, no investigamos personas”, comentó Vega Casillas.En su momento, el presidente de la comisión refirió que “Juan Camilo Mouriño afirmó, bajo protesta de decir verdad, que no se encontraba bajo el supuesto del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones”, la cual establece que los proveedores no deben tener vínculo con el gobierno.Por ello, dijo López Adame, “debe quedar muy claro si existe o no alguna responsabilidad, o si hubo omisión por parte de Pemex al no verificar si Camilo Mouriño, al tiempo de ser representante legal de Ivancar, también era funcionario público”.El diputado del Verde Ecologista insistió: “También queremos saber si el funcionario ha sido omiso al haber solicitado la autorización de la propia Contraloría para firmar como apoderado legal de Ivancar”.La respuesta fue que aún no concluye la investigación y que sería irresponsable adelantar conclusiones. “Estamos trabajando en ello y el proceso nos lleva algún tiempo para dar respuesta. Tenemos que esperar el análisis y la confronta de documentos”.La comisión se aprobó el 13 de marzo con una vigencia de dos meses, por lo que deberá culminar su trabajo y entregar su reporte --sobre “la legalidad de los contratos”-- el 13 de mayo, justo dentro de 19 días.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario