11 de septiembre: mascarada de justicia

Editorial

Tras más de cinco años de detención arbitraria, incomunicación, torturas y negación de sus derechos básicos, cinco sospechosos de haber organizado los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington comparecieron ayer ante un tribunal militar estadunidense. Independientemente de que Khalid Sheik Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi Binalshibh, Mustafa Ahmed Hawsawi y Ali Abdul Aziz Ali sean culpables o inocentes, la persistente y cínica violación de sus derechos elementales por parte del gobierno más poderoso del mundo hace inviable la impartición de justicia por los ataques terroristas de hace casi siete años y constituye una respuesta bárbara a la barbarie perpetrada en aquel día de septiembre que cambió, para mal, el rumbo del mundo.

Ciertamente, la situación de estos cinco reclusos de Guantánamo es sólo un botón de muestra del sistemático atropello de los derechos humanos cometido por el gobierno de George Walker Bush en Estados Unidos y en extensas regiones del orbe en el curso de este septenio, y que se ha traducido en las cruentas invasiones de Afganistán e Irak, con su enorme cauda de destrucción humana y material; las cárceles clandestinas en Pakistán, Afganistán y diversos países de Europa del este, Asia Central y Medio Oriente; los vuelos secretos de la CIA en un trasiego de secuestrados entre uno y otro centros de desaparición y tortura; las documentadas atrocidades en la prisión iraquí de Abu Ghraib; los campos de concentración flotantes administrados por la US Navy; el severo recorte de libertades civiles y de garantías individuales que se impuso mediante la llamada Ley Patriótica firmada por Bush poco después de los atentados; y también, por supuesto, la instalación y operación del campo de concentración de Guantánamo, en donde se ha mantenido secuestrados por años a sospechosos de “terrorismo”, a quienes se les ha negado todo derecho elemental, se les ha obligado a habitar en jaulas para animales, se les ha sometido a torturas y se les ha humillado y degradado en forma regular y cotidiana.

Al igual que a todos sus compañeros de prisión e infortunio, a los cinco detenidos que comparecieron ayer ante la corte militar presidida por el juez Ralph Kohlmann se les ha negado el acceso a tribunales civiles regulares, con el argumento de que son “combatientes”, pero no se les ha reconocido como integrantes de una fuerza enemiga, lo que les habría garantizado el estatuto y los derechos reservados a los prisioneros de guerra. Ahora se les proporcionan abogados castrenses de oficio, pero se les niega la asistencia de defensores civiles gratuitos.

Con estos antecedentes, y a la vista de las gravísimas distorsiones de los procedimientos judiciales en que ha incurrido el gobierno de Washington, no es difícil imaginar que los juicios contra los cinco acusados, que comenzarán el próximo 15 de septiembre, están programados para lograr sentencias capitales, o cuando menos de prisión perpetua, dictadas en el tramo final de un gobierno autoritario que se ha desempeñado con total desprecio por el derecho humanitario y la legalidad internacional y que, tras los atentados del 11 de septiembre, no ha buscado el ejercicio de la justicia sino la realización de una venganza contra culpables reales o supuestos de los ataques y que, con el pretexto de la seguridad de los ciudadanos estadunidenses, recurrió a la destrucción en dos países remotos para multiplicar las oportunidades de negocio a empresas del entorno presidencial.

En suma, el inicio de las formalidades procesales contra estos cinco acusados en Guantánamo, mera simulación de justicia, no hace más que acentuar y evidenciar los extremos de inhumanidad a los que ha llegado la administración de Bush, señalada por los principales organismos humanitarios internacionales como el principal violador de derechos humanos en el planeta.

Cabe esperar que este espectáculo degradante sea una de las últimas muestras de la barbarie bushiana y que el próximo residente de la Casa Blanca –sea el republicano McCain o el demócrata Obama– se deslinde de semejantes atropellos y adopte medidas mínimas de respeto a los derechos humanos.