AMARC denuncia violaciones a la libertad de expresión en México

Gustavo Gómez
PÚLSAR

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la organización Artículo 19, expresan su más profunda preocupación por el cierre de la radio comunitaria Tierra y Libertad el pasado viernes 6 de junio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Más de 100 efectivos de la Policía Federal Preventiva, provistos de armas de alto poder, irrumpieron en las instalaciones de la emisora, de manera violenta.
Más de 200 personas trataron de defender a la radio, pero a fin de evitar un enfrentamiento mayor, dejaron que la policía se llevara el equipo.

El ministerio público que atestiguó los hechos se negó a dejarles copia de la orden de cateo, así como del acta administrativa que están obligadas las autoridades a realizar.

La presión de la gente logró que no se llevaran a Héctor Camero, responsable de la estación, sin embargo, el ministerio público le advirtió que tendría que ir a declarar este viernes 13 de junio, sin mediar ningún citatorio por escrito, tal como lo marca la ley.

La emisora Tierra y Libertad, transmitía con un vatio de potencia y tenía un alcance de unos cuatro kilómetros entre asentamientos populares al poniente de la ciudad de Monterrey.

Desde hace siete años, es una radio comunitaria en la que se trataban temas de educación, de salud, culturales, de derechos humanos y laborales así como de análisis político.

La radio Tierra y Libertad solicitó el permiso para operar desde noviembre de 2002, en oficio recibido y sellado con fecha de 11 de noviembre de ese año por la oficina en Nuevo León de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin que haya tenido respuesta alguna por parte de las autoridades.

Ante la situación, AMARC México y Artículo 19 manifiestan su preocupación y exigen al Estado el pleno respeto a la libertad de expresión y al acceso a la información, garantizando la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana en los medios de comunicación.

Denuncian además que no es la primera vez que las autoridades realizan cierre de emisoras sin contemplar el debido proceso al que están obligadas, tal como sucedió con la incautación de equipo de esta emisora.

Si esta emisora operaba sin el permiso correspondiente fue porque el gobierno federal nunca dio respuesta a su petición, negándole la oportunidad de operar en el ámbito de la legalidad, producto de un marco normativo en materia de radio y televisión, que permite una profunda discrecionalidad de las autoridades correspondientes.

En este caso, las organizaciones recuerdan que esa situación ha sido marcada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad sobre las reformas a la ley en la materia.

Expresan además que es alarmante la negativa del gobierno federal de reconocer y generar un marco normativo adecuado para la radiodifusión comunitaria de acuerdo a los estándares internacionales emitidos al respecto por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cabe recordar que el Estado mexicano se ha comprometido ante ésta última a generar las condiciones para la existencia y desarrollo de las emisoras comunitarias.

Por último, AMARC México y Artículo 19 insisten que la libertad de expresión no debe estar enmarcada en el ámbito de la justicia penal.

Criminalizar la libertad de expresión y el acceso a la información de lo ciudadanía es un grave atentado contra el Estado Democrático de Derecho, conforme lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aplicar la Ley General de Bienes Nacionales a quien opera sin permiso una estación, en lugar de aplicar la Ley Federal de Radio y Televisión es criminalizar el uso de un soporte técnico para ejercer la libertad de expresión. (PÚLSAR)

Gustavo Gómez, Director del Programa Legislaciones de AMARC-ALC