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El teniente Andre Grayson, oficial de inteligencia que combatió en Irak, fue absuelto a principios de junio de todos los cargos que se le imputaron por encubrir la matanza de Haiditha: había ordenado que se borraran las fotografías y filmaciones que testimoniaban el asesinato a sangre fría de 24 civiles iraquíes, incluidas mujeres y también cinco niñas de 1 a 14 años, cometido por un grupo de marines. Una bomba casera de la insurgencia había matado a uno del grupo en una carretera cercana a la ciudad y el resto entró en tres casas y ametralló a todos los que las habitaban (The Washington Post, 27-5-06). Tres familias enteras. Oficialmente se informó que había sido un choque entre soldados norteamericanos y terroristas. Lo mismo hacían las dictaduras del Cono Sur.
La Casa Blanca no sólo perdona esta violación de los Pactos de Ginebra que protegen a los civiles en tiempos de guerra. Tampoco le importan las violaciones en general. Seymour Hersh, el prestigioso periodista del New Yorker, denunciaba ya en el 2004 que el Pentágono tenía videos que registraban el abuso de niños en la siniestra cárcel de Abu Ghraib: “Lo peor –señaló– es la grabación de los chicos aullando... estaban completamente aterrorizados” (informationclearinghouse.info, 14-7-4). Un informe reciente de Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) indica que los ocupantes estadounidenses han detenido a más de 2400 niños y niñas de 10 a 17 años desde la invasión. Hoy esos detenidos suman 513 y están clasificados como “amenazas imperativas a la seguridad” (www.reliefweb.info/rw, 21-5-08), no tienen abogados, no permiten que los visite la Cruz Roja Internacional, tampoco la familia, y algunos están presos hace más de un año sin cargos ni juicio alguno. Los depositan en Camp Cropper, Bagdad, en condiciones deplorables. ¿Otro daño colateral de la lucha por la libertad y la democracia?
Alarma el abrupto incremento de las detenciones de niños en Irak: su número ascendía a 25 por mes en el 2006 y se cuadruplicó en el 2007, informa HRW. El general Douglas Stone, subcomandante de todos los operativos de detención, ha dicho que ahora se encuentra “en el campo de batalla de la mente” y quiere “reeducar” a esos niños. Bautizó un correccional con el nombre de El Hogar de la Sabiduría para darles educación cristiana, la misma en cuyo nombre, según los ocupantes, los tiene presos y sometidos a cualquier abuso. El general Stone está convencido de la eficacia del método: declaró a los medios que los padres y aun los propios niños piden seguir encarcelados para continuar sus estudios (www.globalresearch.ca, 9-6-08).
¿Será así? Porque, además, se venden niños nada menos que en la bien amurallada y vigilada Zona Verde de Bagdad, la más protegida, sede del gobierno, de la embajada de EE.UU. y de los mandos ocupantes de mayor jerarquía. Lo descubrieron dos periodista suecos, Tiris Christenson y Thorbjon Anderson, que se disfrazaron de turistas y en un viejo Volkswagen brasileño lograron ingresar en la Zona (www.uruknet.info?p=44533, 1-6-08). Filmaron entre otras una escena que parecía del Caribe en el siglo XVI: el remate de Zahra, una niña de 4 años que alguno se llevó por 500 dólares. Llega rápido la idea de que estos pequeños son comprados para convertirlos en esclavos sexuales, apenas mercancía para el muy civilizado Occidente.
La Convención sobre los Derechos del Niño que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara por unanimidad entró en vigor a fines de 1990 y EE.UU. figura entre los Estados que adhirieron a dicho instrumento universal, pero no la ratificó. W. Bush, al mes de asumir su primer mandato, explicó las objeciones de la Casa Blanca: “La Convención puede ser una herramienta positiva para promover el bienestar de los niños de los países que la adoptaron. Pero creemos que su texto va muy lejos cuando establece obligaciones basadas en derechos económicos, sociales y culturales” (wne.com/news, 2-2-01). La Convención prohíbe, entre otras cosas, la venta de niños y su maltrato, y aun así no faltó quien fue más lejos que W. mismo.
John Yoo, asistente del fiscal general John Ashcroft, declaró públicamente y sin vueltas que “ninguna ley puede impedir al presidente que ordene torturar a un niño sospechoso detenido, inclusive retorciéndole los testículos a ese niño” (www.revcom.us, 1-8-06). Tal vez sin darse cuenta, Mr. Yoo reveló el tipo de interrogatorio que han padecido durante largos días, y durante muchas horas del día, esas “amenazas imperativas” para EE.UU. de 10 o 12 años. La Casa Blanca, el Pentágono, los mandos en el terreno permiten y aun justifican esas atrocidades y la impunidad que las abriga. Socializan la atrocidad.
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