Determina auditoría ilegitimidad en pasivos; ex funcionarios incurrieron en irregularidades
Están involucrados representantes del gobierno y acreedores, concluye comisión investigadora
Reuters
Quito, 7 de junio. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió este sábado que iniciará acciones civiles para buscar la nulidad de algunos tramos de la deuda externa, tras recibir un informe preliminar de la comisión que realiza un auditoría a los pasivos, lo que confirma su “ilegitimidad”.
Los resultados iniciales de la comisión, integrada por el gobierno en julio del año pasado, revelaron, según Correa, una serie de irregularidades en la contratación de la deuda por parte de ex funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Banco Central, que ocuparon cargos en diferentes gobiernos.
“Habrá acciones penales en contra de quienes vendieron a la patria, contra los que se vendieron, y acciones civiles y administrativas para buscar la nulidad de la deuda ilegítima”, dijo Correa en su programa radial semanal.
“Podemos demostrar cómo muchas veces los abogados del abogado de Ecuador eran los mismos abogados de los acreedores (...). Cómo se robaron miles de millones de dólares los miserables que hoy están trabajando en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial y todavía hay gente en el Banco Central”, agregó.
Correa no detalló qué tramos de la deuda externa –que a abril se ubicó en 10 mil 296 millones de dólares según datos del Banco Central– cumplen con estos parámetros. La Comisión ha señalado que hay “indicios de ilegitimidad” en los bonos Global en circulación, que agrupan un capital de 3 mil 860 millones de dólares.
El líder nacionalista aseguró que respetará las recomendaciones de la comisión de expertos internacionales y locales de tendencia de izquierda, que analizan casos de endeudamiento registrados desde 1976, pero aquellos que tienen indicios de “ilegitimidad”, es decir operaciones instrumentadas para beneficiar a los acreedores.
La auditoría es clave para el mandatario, que ha ofrecido reducir el peso de los pasivos del país, apelando incluso a desconocer segmentos bajo principios éticos como la ilegitimidad. La advertencia de Correa podría despertar el temor de los acreedores respecto a que Ecuador apele a fórmulas poco amistosas con el mercado para aplicar las recomendaciones de la comisión, que presentará su informe final en 45 días.
Los miembros de la comisión han señalado que Correa tendrá la última palabra que podría ser instrumentada por la vía judicial, un acuerdo de restructuración o un canje.
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