Fracasos calderonistas

Por Julio Pimentel Ramírez

El gobierno ilegítimo de Felipe Calderón ha mostrado durante el primer tercio del sexenio su incapacidad tanto para enfrentar los graves problemas que enfrenta la economía globalizada, incluida por supuesto la mexicana, como para alcanzar los objetivos centrales que prometió al asumir el cargo en diciembre del 2006.
Ante el imparable incremento en los precios de los productos de la canasta básica, la administración federal reacciona bajo los más ortodoxos criterios neoliberales y anuncia subsidios menores a los productores y consumidores (muchos de ellos ya contemplados en el Presupuesto Federal para este año) y centra su política económica en incrementar la importación de alimentos y con ello continúa con el abandono del campo, la agudización de la dependencia y la pérdida definitiva de la soberanía alimentaria. Ante el deterioro de la seguridad pública y el fracaso en la “guerra” contra el narcotráfico, aderezado con el affaire del Plan México –disfrazado de Plan Mérida-, en el que ante la manipulación y desprecio estadounidense el gobierno panista solamente atina a balbucear tímidas protestas.
La “reforma energética privatizadora”, otro de los compromisos del gobierno espurio con los poderosos que lo impusieron en Los Pinos, el principal en el área económica por su trascendencia geoestratégica y por las enormes ganancias que se puede embolsar la llamada iniciativa privada y los funcionarios involucrado en estas operaciones, se ha topado con una férrea resistencia del Movimiento en Defensa del Petróleo.
La derrota en los debates públicos y la creciente movilización popular han colocado al borde del fracaso al paquete de iniciativas enviadas por Calderón al Congreso de la Unión (cinco al Senado y uno a la Cámara de Diputados), al grado de que su principal aliado, la cúpula del PRI, ha anunciado que enviará al Legislativo su propio y diferente proyecto de reforma de PEMEX. Ya veremos en qué términos se presenta, no adelantemos vísperas.
En tanto, en un ejercicio de democracia participativa, los sectores sociales y políticos que se oponen a la privatización de los recursos petroleros, entre ellos y en lugar destacado el Movimiento en Defensa del Petróleo, han colocado en la mesa de las discusiones la propuesta de exponer a una consulta pública nacional las iniciativas de reforma energética presentadas al Congreso de la Unión por el Ejecutivo federal.
Ante esta iniciativa los campos se deslindan claramente y más allá de la retórica quedan al desnudo las diversas posiciones respecto a la participación ciudadana (semi)directa en los temas de interés nacional fundamental, como lo es todo lo que tiene que ver con PEMEX y, en general, con los recursos energéticos.
Por un lado se encuentran quienes destacan que la democracia participativa es un elemento esencial de la participación ciudadana en la toma de decisiones de carácter fundamental, que no se encuentra en contraposición con la democracia representativa, al contrario, una combinación acertada de ambas fortalecería un proceso de transición democrática que en la actualidad se encuentra estancado, por decir lo menos.
Funcionarios de la administración federal, legisladores y dirigentes panistas, así como sus aliados en el campo priísta –gobernadores y legisladores-, se desgarran las vestiduras y exclaman que es ilegal e inconstitucional llamar a una consulta popular sobre la reforma energética. Tema que, además, es incomprensible para las ignorantes masas, según declaran oscuros funcionarios e “ilustrados” tecnócratas.
Sin embargo representantes del Frente Amplio Progresista (FAP) y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, avalados por destacados constitucionalistas, subrayan que sí hay sustento legal para recurrir a la consulta popular o referéndum sobre un tema fundamental para el presente y futuro de la nación.
Esto se asienta en el Artículo 26 constitucional y se reglamenta, según observa el destacado jurista Juventino Castro y Castro, en el capítulo tercero de la Ley de Planeación, que en su artículo 20 dice: “En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se refiere esta ley”.