La verdad y la justicia NO tienen precio

Julio Pimentel Ramírez

Cada vez es más claro que el espurio Felipe Calderón actúa sin modificar la forma y esencia del presidencialismo mexicano, autoritario y antidemocrático, al desdeñar el contenido del debate formal sobre su propuesta privatizadora de PEMEX y menospreciar la participación ciudadana al calificar al referéndum o plebiscito de figuras legales que no se encuentran en la Constitución, olvidando que la soberanía nacional reside en el pueblo.
Otro tema en el que se reitera la actuación falaz de las administraciones neoliberales es el que tiene que ver con la procuración e impartición de justicia, específicamente en lo que se refiere a las demandas de organizaciones de familiares de desaparecidos que durante cuatro décadas han exigido la presentación con vida de las más de mil 300 víctimas de ese delito de lesa humanidad.

Resulta que en lo “oscurito”, sin consultar a las organizaciones de familiares, un “Comité de Reparaciones” instalado clandestinamente en la Secretaría de Gobernación pretende dividir a los familiares y debilitar las demandas ofreciendo 200 mil pesos por cada desaparecido. Como si la verdad y la justicia tuviesen precio.
Las administraciones del “cambio” al encubrir y dilatar la aplicación de la justicia se han convertido en cómplices de quienes enlutaron a miles de hogares mexicanos. En todo caso no hay que perder de vista que independientemente de quien se encuentre en el gobierno, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de responder a las demandas ciudadanas de verdad y justicia.
Si bien al abrirse archivos policiacos (los militares continúan reservados) se ha obtenido información valiosa para avanzar en la reconstrucción de la memoria histórica, al tiempo que se instruyeron averiguaciones previas que sentaron en el banquillo de los acusados a personajes como Luis Echeverría Alvarez y Miguel Nazar Haro, es conocido el “fracaso” de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que no dio respuestas positivas a las demandas de los familiares de las víctimas, entre ellas la principal: conocer en dónde se encuentran los detenidos desaparecidos.
Cabe recordar que en el decreto presidencial que creó a la FEMOSPP en el 2001 se señalaba que en su momento la Secretaría de Gobernación constituiría una especie de comité técnico que se encargaría del tema de las indemnizaciones que el Estado otorgaría a los familiares de personas desaparecidas, víctimas también ellos de ese delito de lesa humanidad. Por supuesto que en la anterior administración no se instaló dicho comité, al menos públicamente.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México, (AFADEM), miembros de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, (FEDEFAM), indica que ahora en la Secretaría de Gobernación se han efectuado reuniones de un “Comité de Reparaciones” sin consultar con las organizaciones de familiares que durante largos años han exigido verdad y justicia.
“Con los trabajos ‘en lo oscurito’ del ‘Comité de Reparaciones’, las autoridades intentan dividir a los familiares y romper nuevamente el tejido social en Atoyac de Alvarez, como laboratorio para generalizarlo en el resto del país, creando la fantasía de cobrar por los desaparecidos 200 mil pesos evitando nuevamente dar cuenta del paradero de los desaparecidos”, denuncia AFADEM-FEDEFAM en boletín de prensa que probablemente alcanzará limitada difusión en la presa ocupada en propagar las posiciones oficiales a favor de privatizar los energéticos.
Durante el largo recorrido por la verdad, la justicia, contra la impunidad y por presentación con vida de los detenidos desaparecidos los familiares y las organizaciones sociales que los acompañan han sido testigos de las actitudes cómplices y encubridoras de Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y, ahora, Felipe Calderón.
Después de agotar las instancias nacionales AFADEM ha colocado -de forma representativa- el caso de Rosendo Radilla, detenido desaparecido por el Ejército en 1974, ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) que a su vez lo ha turnado ya ante la Corte Interamericana con sede en San José, Costa Rica.
Por otra parte, debido a recomendación de la CIDH, en febrero de este año la Procuraduría General de la República inició trabajos de búsqueda (de restos de detenidos desaparecidos) en el excuartel de Atoyac de Alvarez. Después de suspenderlos la PGR se comprometió a reanudarlos alrededor del 18 de junio de 2008.
AFADEM subraya que “las desapariciones forzadas son un delito de ayer y hoy. El Estado mexicano continúa con esta práctica contra la disidencia social y política. Vemos con suma preocupación que el gobierno de Felipe Calderón, por medio de su representante Juan Carlos Mouriño, antes de investigar niegue la desaparición forzada de 78 personas y la responsabilidad gubernamental”.