Panismo olvidadizo

Bernardo Bátiz V.

Los debates sobre la privatización del petróleo no han sido inútiles; desde el primer foro organizado por el Frente Amplio Progresista, en la Antigua Escuela de Medicina en la Plaza de Santo Domingo, se aportaron algunos argumentos valiosos para la ilustración de quienes tienen interés en este punto crucial, que con posterioridad, se han presentado nuevamente y ampliado en las consultas a que convocó el Senado de la República.

Uno de estos elementos, que en mi opinión no debe pasarse por alto, fue la llamada de atención sobre la definición constitucional del petróleo y sus derivados, como área estratégica de la economía; la presentación de este argumento lleva necesariamente a reflexionar en lo absurdo que es entregar un área estratégica al enemigo, al competidor si se quiere suavizar el término, puesto que lo que se pretende con las iniciativas en tela de juicio es otorgar concesiones y contratos (expresamente prohibidos en el 27) precisamente a las empresas que son rivales o competidoras de Pemex.

El otro elemento de discusión que se incorporó en la Escuela de Medicina fue el planteamiento de don Juventino Castro y Castro, ministro de la Corte, actualmente jubilado, sobre la posibilidad de una consulta popular mediante la cual se pida a los ciudadanos de este país que expresen su opinión sobre la controversia.

Desde el inicio de su planteamiento, don Juventino señaló que el artículo 26 constitucional faculta al Ejecutivo para que establezca procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.

Posteriormente, el constitucionalista y ministro de la Corte, Castro y Castro, da un paso más adelante y demuestra que el artículo 20 de la Ley de Planeación, esto es, en la ley secundaria, se precisa que deberá ser la participación y consulta de los diversos grupos sociales y hace ver que en dicho precepto se especifica que las “opiniones de la consulta servirán para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se refiere esta ley”.

De una interpretación correcta del artículo se desprende que no sólo se pueden hacer las consultas a periori, cuando se va a elaborar el Plan, si no que la disposición de la ley secundaria establece que el propósito de las consultas es también para la actualización y ejecución del mismo y de los programas a que se refiere la ley.

Esto significa que, en primer lugar, se deberá cotejar si las propuestas a discusión están ya consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012, y en seguida, si las reformas que se pretende aprobar, forman parte de la actualización, o de la ejecución del Plan o de los programas que de él se deriven. Como se ve, si hubiera voluntad política del Ejecutivo en funciones, tendría suficientes elementos para programar y llevar adelante la consulta.

Sin embargo, la reacción tan apresurada como irreflexiva indica la fobia que el gobierno panista le tiene a la opinión ciudadana; ya lo demostró cuando se negó a contar los votos en la elección irregular que los llevó al poder usurpado.

Yo no creo que los personajes recién llegados, que se niegan a la consulta popular, conozcan ni la historia ni la doctrina del PAN, pero sin duda su jefe Felipe Calderón sí la conoce y recordará que una y otra vez, en las plataformas políticas del partido, se presentaba como una doctrina avanzada de la democracia la necesidad de pasar de la puramente representativa a la participativa. En efecto, los antiguos militantes que conocieron el pensamiento de Acción Nacional antes del asalto de los empresarios, recuerdan que distinguidos ideólogos como Rafael Preciado Hernández y José Ángel Conchello consideraban, con otros muchos, al plebiscito y al referendo como formas más avanzadas de la democracia para casos en los que estuviera en discusión algún punto capital para la nación mexicana.

El mismo fundador del partido, Manuel Gómez Morín, en un libro denominado La democracia en México, de editorial Jus, dice: “Lo insustituible en la democracia es la identificación del poder y del pueblo”. ¿Cómo podrían decir los funcionarios de un gobierno panista, como los señores Cabeza de Vaca, Mouriño, Reyes Heroles (hijo) o la secretaria Kessel que siguen la doctrina del partido que los llevó a ocupar los cargos que ostentan, si precisamente lo que están haciendo al combatir la posibilidad de la consulta popular es cavar un abismo entre el poder y el pueblo?

Los servidores públicos del gobierno panista, no solo han perdido los debates en el Senado, parece que también la memoria.

OTRO SÍ DIGO: El estado de Nuevo León parece ser una maqueta o ensayo de lo que se pretende hacer con todo el país; los abusos del gobierno en contra de los habitantes de las colonias y municipios marginados son constantes y los atropellos policiacos también. Una nueva hazaña del gobierno nuevoleonés es haber encarcelado a modestos colonos y al abogado que los asesoraba por defender el predio Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, del que eran poseedores de buena fe y que compraron y pagaron, pero que ahora está en la mira de “desarrolladores inmobiliarios” ligados a los intereses de personas cercanas al mismísimo titular del Ejecutivo local.