El Justo Reclamo

Denuncias penales contra Fox, Sahagún y los Bribiesca

Comisión de seguimiento a la gestión del expresidente Fox

Jesusa Cervantes

El gobierno federal, lo mismo que los jefes del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, han obstaculizado eficazmente las indagaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito del expresidente Vicente Fox y Marta Sahagún y el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca. Con todo, los legisladores que integran las comisiones especiales para investigar estos casos encontraron la forma de que las indagaciones prosigan aun cuando su encomienda termine: denunciar penalmente a esos miembros de la familia expresidencial.Pese a que el gobierno federal y la Cámara de Diputados bloquearon el seguimiento de las investigaciones que involucran a los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, del mismo modo que protegieron al expresidente Vicente Fox y a su esposa, los legisladores de las comisiones especiales para los respectivos casos están dispuestos a mantener vigentes las indagatorias, incluso mediante dos denuncias penales y otra administrativa.Diputados de la legislatura federal actual y de la pasada han investigado ambos casos; el de los Bribiesca por el presunto delito de tráfico de influencias y el de los Fox por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el trabajo de las comisiones especiales creadas para ello fue truncado por acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.Unos días antes de que concluyan formalmente los trabajos de las comisiones especiales (la de los Bribiesca el 10 del presente mes y la de Fox el 20 de agosto), el diputado priista con licencia Víctor Valencia de los Santos y el perredista Juan N. Guerra decidieron presentar este martes 8 dos denuncias penales ante la PGR: la primera contra Vicente Fox y Marta Sahagún y la segunda contra los hermanos Bribiesca.Lo anterior permitirá que ambas indagatorias se mantengan abiertas, pero ahora en el ámbito penal.Los diputados de la primera comisión especial que investigaban a los hijos de Marta Sahagún –cuando Fox todavía era presidente de la República– eran Jesús González Schmal, por Convergencia; Sofía Castro y José Alarcón Hernández, por el PRI; Martha Lucía Micher Camarena, por el PRD, y Jorge Legorreta Ordorica, por el PVEM. El 5 de abril de 2006 estos legisladores denunciaron penalmente a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, a Miguel Khoury Siman y al encargado del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Mario Bouregard, por presunto tráfico de influencias. El caso quedó radicado en la averiguación previa UEIDCPCAJ/59/06 en la PGR.Un día antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, el subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, pretendió cerrar el caso al determinar “el no ejercicio de la acción penal”. Dos años después, el 5 de marzo de 2008, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la PGR que entregara a un particular, en versión pública, el pliego de no ejercicio en que se fundamentó la decisión, a lo que la PGR se ha negado en forma sistemática.La prueba más importante entregada por los diputados denunciantes fue la copia de un cheque emitido por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por 1 millón 133 mil pesos, con lo cual cubría la tercera parte de una subasta de créditos inmobiliarios en litigio del IPAB, en la que no estaba participando él, sino la empresa Construcciones Prácticas. Esto estaba prohibido en las bases de dicha licitación.Cinco días antes de la denuncia penal, el titular de la Auditoría Superior de la Federación –dependiente de la Cámara de Diputados–, Arturo González de Aragón, emitió su dictamen sobre la revisión de la cuenta pública de 2004 y en ella estableció que el pago de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún no fue un acto ilegal.Este documento, más la declaración de González de Aragón en el mismo sentido ante el Ministerio Público federal, fueron determinantes para exonerar a los Bribiesca Sahagún, revela el exdiputado y abogado Jesús González Schmal.Detalla que en forma “extraoficial” tuvo acceso al pliego de no ejercicio de acción penal, mismo que la PGR se niega a hacer público y que consta de cinco cuartillas. En una de ella aparece la declaración del auditor González de Aragón, quien expresó: “En la subasta del IPAB donde resultó beneficiada Construcciones Prácticas, se detectó que la tercera parte de la postura la pagó un particular y no Construcciones Prácticas; tampoco existe antecedente de que hubo la creación de un consorcio para que dos personas unificadas actuaran como uno solo en el concurso; este hecho, aun contraviniendo las bases de licitación con la que se convocó al concurso, no es un hecho ilegal sino atípico.”Después de que la ASF validó de esta manera el cheque entregado por Jorge Alberto Bribiesca, los diputados de la comisión investigadora denunciaron a González de Aragón ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el 16 de agosto de 2006 “porque no fue capaz, ni con todo su equipo de expertos en la técnica de la revisión de la fiscalización, de advertir esta irregularidad que rompe el principio de equidad en los concursos y que viola flagrantemente las bases de la licitación”.Para entonces la denuncia contra el auditor corría paralela a la denuncia contra los hermanos Bribiesca interpuesta ante la PGR, y ésta todavía no corroboraba el dictamen de la ASF.González Schmal recuerda que al denunciar al auditor, el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Roberto Michel Padilla, le comentó que “el cheque de los Bribiesca demostraba que la subasta había sido ilegal y demostraba el tráfico de influencias”.No obstante, Michel Padilla se demoró dos años en emitir su dictamen y lo hizo en sentido contrario a lo expresado a González Schmal: respaldó a González de Aragón y calificó también como “atípica” la acción de los Bribiesca y no como “ilegal”, según consta en un documento de 13 cuartillas emitido el 28 de junio pasado, en el que el órgano de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados hace suyos los argumentos del auditor.“Lejos de corregir el dislate del auditor superior de la Federación, el encargado de la unidad de evaluación, quien debió corregir al auditor, nos expidió un documento justificando los términos absurdos e ilegales que emitió en su dictamen la ASF y que sirvió de base a la PGR para exculpar a los hermanos Bribiesca”, enfatiza González Schmal.A esta resolución se sumó, el 30 de junio, la negativa del procurador Eduardo Medina-Mora Icaza a comparecer ante los diputados de las comisiones encargadas de investigar a los Bribiesca y a los Fox. Pese a estos obstáculos, el PRD pretende reabrir la averiguación previa contra los hermanos Bribiesca Sahagún. El diputado Juan N. Guerra, integrante de la segunda comisión Fox, explicó que el “no ejercicio de acción penal” no significa que el caso sea “cosa juzgada”, y por eso demandarán nuevamente a los hermanos Bribiesca ante la PGR con las mismas pruebas que aportaron los diputados de la Legislatura pasada. “Pero se hará una nueva petición –aclara–: que el dictamen que emitió la ASF respecto al famoso cheque de Jorge Alberto Bribiesca y todo el proceso de la subasta, los revisen el Colegio de Contadores y otros peritos especializados en auditorías para que emitan un nuevo dictamen y sean ellos quienes determinen si efectivamente se trató sólo de un caso ‘atípico’ y no de una irregularidad que puede respaldar el tráfico de influencias.”La denuncia se presentará ante la PGR el martes 8, un día antes de que concluya el plazo de la comisión especial para investigar a los hijos de Marta Sahagún. Al transcurrir un mes, su presidente, el diputado Elías Cárdenas, de Convergencia, deberá entregar un informe sobre su investigación.Cárdenas adelantó que no presentará denuncia penal contra los hermanos Bribiesca: “Lo que haré será presentar una denuncia administrativa ante un tribunal federal en materia civil, donde demandaremos la nulidad de las subastas debido a que los bienes no fueron entregados de acuerdo a la normatividad vigente, es decir, que los procesos de subasta fueron irregulares”.
El encubrimiento
La Comisión Fox estará vigente hasta el 20 de agosto, pero la semana pasada fue decapitada. Su presidente, el diputado Víctor Valencia de los Santos, renunció al cargo en forma inesperada.El priista se caracterizó por señalar “la complicidad, amistad o el compromiso con el PAN” de los funcionarios federales que sistemáticamente se negaron a entregar la información que se les pidió. El pasado 30 de junio Valencia de los Santos anunció en conferencia de prensa que se había llamado a comparecer al procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, para el 2 de julio. Incluso, anunció que entregaría a tiempo el informe final de su comisión. El legislador aprovechó la presencia de los medios para enviarle un mensaje al procurador, que ya se había negado a comparecer dos veces: “Nadie, y menos la procuraduría, tiene el derecho o puede ser omiso a una convocatoria de este tamaño”.Ese mismo día, el presidente de la comisión Fox fue llamado a las oficinas de la PGR, donde Medina-Mora le comunicó que no comparecería. Horas después, Valencia de los Santos renunció al cargo sin comentarlo siquiera con sus compañeros de comisión.De acuerdo con un cercano colaborador de Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, Valencia de los Santos cayó por un acuerdo de Germán Martínez, presidente nacional del PAN, con el expresidente Vicente Fox, durante una visita del primero al rancho San Cristóbal.Según esta versión, Martínez se comprometió primero a quitar al presidente de la comisión debido a que desde que asumió el cargo se dedicó a investigar de verdad, pese al bloqueo oficial de la información. Después, dice la fuente, se buscará que el informe final –ya fuera del alcance de Valencia de los Santos– no contenga datos sustanciales.El pasado 22 de junio Germán Martínez dijo en el Centro Fox, de San Cristóbal: “Niego categóricamente que haya una persecución contra los foxistas”.“Después –agrega la fuente– Martínez habló con Héctor Larios (coordinador del PAN en la Cámara de Diputados) y éste con Gamboa, a quien sólo le comunicó que Valencia de los Santos se iría.”Horas antes de abandonar el cargo, Valencia todavía aseguró que entregaría su informe final el 20 de agosto e incluso adelantó que incluiría “las líneas de investigación, la documentación dura, es decir, los documentos probatorios que hemos referido públicamente, las líneas de investigación que todo mundo conoce, sobre todo la presunta participación en delitos de carácter administrativo y de carácter penal de los Bribiesca, de los hijastros del señor Fox, del mismo expresidente y de la señora Sahagún, entre otros funcionarios de la administración pasada”. Valencia de los Santos incluyó el caso Bribiesca porque, según el presidente de la comisión especial que investiga a los hijos de Marta Sahagún, el diputado Elías Cárdenas, de Convergencia, “trabajábamos en comisiones unidas, como el caso de la comparecencia del procurador”.El diputado Juan N. Guerra opina que Valencia de los Santos renunció al cargo porque “no se sintió apoyado por Emilio (Gamboa). Cuando el procurador desacata su obligación de venir a comparecer, la Junta de Coordinación Política (donde está Gamboa) debió reconvenirlo y no hacerse omiso.“Yo desconozco si el puesto que le ofrecieron (a Valencia de los Santos: representante del gobernador chihuahuense José Reyes Baeza en Ciudad Juárez) fue más atractivo, pero me parece que podía esperar unos días. Lo único que sé es que nunca me avisó que dejaría el cargo y que estábamos preparándonos para la comparecencia (del procurador) el miércoles. Yo no dudaría que esto fue parte de un arreglo entre el PRI y el PAN”, dice el perredista.Considera también que el rechazo constante de Medina-Mora a comparecer “es porque (en el gobierno federal) quieren seguir encubriendo a los Fox, no sólo a los Bribiesca”.El diputado priista que sustituya a Valencia contará con poco tiempo para revisar la información recabada y por lo mismo se espera un informe con poca sustancia.Con todo, Guerra anuncia que el martes 9 presenta la denuncia penal ante la PGR contra Vicente Fox Quesada y Marta Sahagún de Fox por “posible tráfico de influencias, riqueza inexplicable e indebido manejo de recursos federales”. El perredista revela que el diputado, ahora con licencia, Víctor Valencia de los Santos firmó la denuncia contra los Fox la mañana del miércoles 2 de julio, minutos antes de que la Comisión Permanente lo autorizara a dejar el cargo.La denuncia de hechos, de la cual tiene copia Proceso, fue elaborada por los abogados Jesús González Schmal y Pablo Casas Lías.En ella se hace una relación de los bienes que Vicente Fox dijo tener desde que fue gobernador de Guanajuato hasta que dejó la Presidencia de la República, y se incorporan las propiedades que aparecen en las declaraciones patrimoniales de Marta Sahagún cuando era vocera de la Presidencia (entonces dijo tener tres terrenos en Celaya).Estos datos contrastan con el informe del Registro Público de la Propiedad de esa ciudad, que no tiene datos sobre posesiones de Sahagún. Las propiedades declaradas por la pareja expresidencial se contraponen también con las que presumieron en la revista Quién. “Debe resaltarse que en menos de un año el empresario Vicente Fox, al que sus propios amigos han calificado como ‘poco talentoso para los negocios’, terminó convertido en próspero terrateniente y empresario (…) Ese cambio radical de vida no puede lograse con el salario de presidente de la República, por lo que es urgente una rendición clara y transparente de cuentas”, se indica en la denuncia.En este documento, los diputados Juan N. Guerra y Víctor Valencia de los Santos piden al Ministerio Público federal que solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre las inversiones y el monto de las cuentas a nombre de Fox y Sahagún.“También debe darse vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –continúa el texto de la denuncia–, a efecto de que se investigue la procedencia y origen de la riqueza exhibida por la pareja presidencial”. Además, se pide un peritaje sobre el valor de las propiedades mostradas.
–¿Es cierto que una fracción del PRI cabildea con el PRD para ampliar un año más la vigencia de la comisión Fox? –se le pregunta al diputado Guerra.
–A mí no me han dicho nada, pero el miércoles, en el Senado de la República, Orihuela (Concepción, diputado del PRI) me dijo: “Le voy a decir a Emilio (Gamboa) que la comisión continúe, ¡tiene que seguir!”. l