El Justo Reclamo

Presidente legítimo

John M. Ackerman

A dos años de las elecciones del 2 de julio de 2006, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) buscan enterrar vivo el descontento social generado por su propia actuación. Al prohibir la utilización de la frase “presidente legítimo”, han torcido la ley con el afán de cobrar sus rencores personales con el excandidato de la Coalición por el Bien de Todos. No satisfechos con el desprestigio en que sumieron a la institución electoral durante los pasados comicios, los consejeros hoy juegan con fuego al aplicar sus nuevas facultades de manera discrecional y con evidentes tintes políticos.En lugar de limitarse a evaluar el contenido específico de los mensajes impugnados por el Partido Acción Nacional (PAN), los integrantes del Consejo General dieron vuelo a su imaginación para construir una interpretación sui generis de las implicaciones del “cargo” de Andrés Manuel López Obrador. La autoridad argumenta que al utilizar la expresión “presidente legítimo de México”, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) “estarían transmitiendo la idea de que (López Obrador) es el presidente electo conforme a las leyes, a quien corresponde en forma lícita la designación de presidente, el presidente cierto, genuino y verdadero, en oposición o frente a alguien que no lo es”. Tal interpretación es un verdadero disparate. López Obrador y sus seguidores utilizan este término precisamente para protestar por el hecho de que la supuesta victoria de López Obrador nunca fue reconocida por las instituciones responsables de aplicar las leyes del país. De ninguna manera es un esfuerzo por dar la impresión de que fue elegido conforme a las leyes, sino todo lo contrario. López Obrador se ostenta como presidente “legítimo” precisamente porque no es el presidente legalmente reconocido.Llama la atención que, en su resolución, los mismos consejeros que votaron a favor de la sanción se vieron obligados a aceptar que la controvertida locución “no contiene expresiones intrínsecamente vejatorias o denigrantes”. La consejera Lourdes López afirmó públicamente: “Yo también coincido, como aquí se ha mencionado, que la expresión ‘presidente legítimo de México’ no está denigrando a la institución presidencial”. Y, en su “voto razonado”, el consejero Marco Gómez planteó que “el supuesto de que un ciudadano cualquiera se ostente con el carácter de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en una ocasión única y aislada, sin ejercer las atribuciones y facultades que corresponden a dicha institución, no violenta el marco normativo electoral”. Los consejeros de la mayoría justifican su decisión de sancionar al PRD y al PT con el argumento de que aunque la frase no implica un ataque directo al presidente de la República, sí le “resta autoridad” al “afectar negativamente su imagen frente a la ciudadanía” y, por lo tanto, “denigra” a la institución presidencial en violación a la Constitución y el Código Electoral. Este argumento cae en dos graves contradicciones. En primer lugar, el IFE confunde al presidente Felipe Calderón con la institución de la Presidencia de la República. Aceptando sin conceder que el mote de “presidente legítimo” afecte la imagen de la persona que legalmente ejerce el cargo de presidente, de ninguna manera podemos considerarlo un ataque a la institución presidencial en sí. La denominación se dirige contra la persona, Felipe Calderón, y no contra la “institución”, la Presidencia de la República. López Obrador jamás ha insinuado que “la Presidencia” sea ilegítima, sino que la persona que la ocupa llegó al cargo por una vía ilegal e ilegítima. Por lo tanto, el criterio aplicable no debe ser el de la “denigración” a las instituciones, como lo hace el IFE, sino el de la “calumnia” a las personas, de acuerdo con el artículo 38 del Código Electoral. Ahora bien, la calumnia implica la imputación falsa y directa de un delito a una persona. Estamos ante una manifestación calumniosa cuando alguien sostiene públicamente, a sabiendas de que la acusación es falsa, que otra persona ha violado la ley. La polémica frase de ninguna manera cae bajo este concepto. López Obrador evidentemente cree que Calderón es un delincuente, pero la utilización del título de “presidente legítimo” en sí mismo no implica tal acusación. La insinuación del PRD de que la elección de 2006 no fue completamente limpia, opinión que por cierto hoy comparte más de 40% de la población, no atribuye directamente una actuación delictiva al actual presidente de la República.En segundo lugar, los consejeros caen en la exageración de señalar que cualquier autoafirmación necesariamente constituye una agresión a un tercero. De acuerdo con el IFE, al autoproclamarse como “presidente legítimo”, López Obrador está simultáneamente denigrando a Calderón. De nuevo, no hay duda de que López Obrador desprecia al presidente legal, pero la autoridad electoral solamente puede sancionar las acciones y no los pensamientos de los actores políticos. En esta ocasión, el IFE sancionó unos cuantos promocionales en radio y televisión. Sin embargo, la prohibición de la denigración y la calumnia es aplicable a toda propaganda política y electoral en cualquier forma y en todo momento. La elevación a rango constitucional de estas prohibiciones y el fortalecimiento de las facultades del IFE para hacerlas valer fueron algunos de los avances más importantes de la reforma electoral del año pasado. La intención era asegurar que jamás se repitiera la guerra sucia ocurrida durante 2006. Desafortunadamente, con resoluciones como ésta parece que los consejeros electorales están decididos a aplicar la ley más para cobrar viejos rencores políticos que para hacer cumplir su letra y su espíritu con imparcialidad e independencia. l