¿Una democracia sin adjetivos y sin pueblo?

Carlos Ímaz Gispert

La derecha panista no quiso debatir, no quiere que los ciudadanos puedan opinar y, mucho menos, que pudieran decidir.

Se opusieron a debatir públicamente la iniciativa de reforma al marco legal de Pemex, argumentando que era “innecesario”, “una pérdida de tiempo” y “un chantaje inaceptable”.

Una vez que el debate se impuso, lo han descalificado diciendo que es “meramente ideológico o político”, que “no ha disputado los elementos centrales de la propuesta” y hasta afirman que “ya se agotó”.

Su descalificación no se puede explicar solamente como una reacción a la avalancha de incontestados argumentos históricos, jurídicos, financieros, políticos y técnicos que se han vertido en contra de la iniciativa y a favor de un camino soberano. Tampoco como resultado de la evidente debilidad argumental de la defensa de la privatización del sector, pues sus voceros parten de una estrategia casi imposible: negar que la apertura al capital privado sea privatización y que la entrada de capital extranjero signifique desnacionalización del sector, así como omitir que sí hay los recursos públicos (humanos, técnicos y financieros) necesarios para rescatar a Pemex. Es decir, la evidente derrota en el debate, puede ser parte de su atropellada necesidad de descalificarlo, pero también sabemos que, rechazarlo, era su postura inicial.

De igual manera, se oponen a cualquier consulta que nos permita a los mexicanos, tan sólo, opinar. Arguyendo que, “por ignorancia de la gente”, su sentir no puede ser mas que “el resultado de una manipulación”. Si bien podemos suponer que su descalificación a una consulta se debe a que creen que su resultado les sería negativo, la afirmación no parece ser producto sólo de un cálculo de posibilidades, pues señala claramente que no le reconocen calidad suficiente, legitimidad, a la opinión ciudadana. Es decir, que la opinión de los ciudadanos no está en la ecuación de lo que entienden por un país democrático.

Por supuesto que la opción de que los ciudadanos mexicanos pudiéramos decidir sobre el destino de nuestros recursos naturales, queda, para ellos, absolutamente descartada. Su tajante negativa a impulsar un plebiscito (“someter a consulta del pueblo decisiones políticas de trascendencia”) o un referéndum (“someter a la decisión de los ciudadanos reformas legales trascendentales para la vida de una nación”) los ha llevado, incluso, a afirmar que lo que se pretende con ello es “crispar, provocar desorden, caos y violencia”. Lo desmedido de la respuesta, de nuevo, no sólo puede estar indicando un cálculo desfavorable a sus intenciones, sino algo mucho peor: que, independientemente del resultado de la eventual decisión popular, ellos harían su anticipada voluntad (¿2006?), pues sólo yendo contra la decisión mayoritaria del pueblo, podría producirse la crispación social que advierten.

Su postura es una mezcla de convicción ideológica con los intereses que defienden. Creen que el país y sus decisiones deben ser sólo para y por los “más fuertes” y los “más capaces”, tal y como afirmaban los Científicos porfirianos, movidos por sus alianzas con el capital extranjero y sus ambiciosos intereses. Al parecer, nuestros modernos iluminados, han asumido que Porfirio Díaz tenía razón cuando afirmaba que “los pobres son, por lo común, muy ignorantes para participar en las decisiones del poder” y que, en consecuencia, “fuimos duros y a veces llegamos hasta la crueldad, pero todo ello era necesario para la vida y progreso de la nación” ¡Él sí sabía cómo hacerle! Su error no fue someter a la explotación y a la pobreza a los mexicanos, ni permitir el saqueo de nuestras riquezas naturales por el extranjero, no, eso era, en versión actual, “impopular, pero necesario”. Su error consistió en declarar que el pueblo de México estaba preparado para la democracia ¡sin calcular que le tomarían la palabra! y sus herederos han decidido que no van a tropezarse con la misma piedra… Qué poca entendedera tienen estos científicos modernos.