Calderón avanza hacia el Estado de excepción

Manuel Aguilar Mora
Crisis sanitaria y endurecimiento político

El brote de epidemia de influenza porcina que estalló en Estados Unidos y especialmente en México a mediados de abril, y que amenaza propagarse a todas partes, ha puesto en estado de alerta a la sociedad de ambos países y obligado a sus gobiernos a actuar al respecto. Se trata de un virus de origen animal, hasta ahora desconocido, con una capacidad preocupante de contagio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a una reunión de emergencia el 25 de abril para decidir el rumbo a tomar en el caso que debiera elevarse el nivel de alerta de pandemia, que hasta ese día era de 3, hoy lunes 27 de abril es de 4, en una escala de 1 a 6.
Como en las anteriores crisis que vienen sacudiendo a la sociedad mexicana desde 2006 (política, económica, alimentaria y del medio ambiente) en el caso de esta reciente y peligrosa crisis sanitaria, nuevamente se ha puesto de manifiesto la incompetencia e irresponsabilidad del gobierno panista de Felipe Calderón. Aún más, en esta ocasión preséncianse amenazadores avances de su parte para arrojar al país a un estado de excepción.
El sábado 25 de abril Calderón emitió un decreto que otorga facultades extraordinarias a las autoridades de la Secretaría de Salud, justificadas en las acciones para prevenir y combatir la existencia y trasmisión del virus de influenza. Entre estas facultades están las de aislar a las personas que padecen la enfermedad y a los portadores de gérmenes y se otorga el derecho de las autoridades de ingresar “a todo local o de casa habitación” en el ejercicio de sus labores de control de la epidemia.
Estas decisiones no pueden verse aisladas, sólo como medidas de una campaña sanitaria desprendidas de una práctica e ideología políticas que son las razones de ser del gobierno de Calderón, el cual está inmerso en una situación cruzada de graves contradicciones sociales. En 2007 el Ejército salió de sus cuarteles y desde entonces no ha dejado las calles, comprometido en “una guerra contra el narcotráfico” que ha incrementado la represión, la violencia y la arbitrariedad del comportamiento gubernamental. Estas medidas son acciones culminantes de los primeros días de la emergencia nacional; los métodos implementados por las autoridades hasta hoy han provocado pánico, miedo e histeria colectivos, principalmente en el Distrito Federal y en el Estado de México.
Primero el gobierno federal subestimó manifiestamente el brote de la epidemia. El 23 de abril, el secretario de Salud, Córdova Villalobos, escenificó en menos de diez horas actos de incongruencia mayúsculos y confirmó hasta la saciedad lo antes dicho. Al mediodía declaró que no había nada que temer con motivo de los datos y acontecimientos ya sabidos (muertos, contagios) y después, cerca de la medianoche, declaró exactamente lo contrario, anunciando las medidas de emergencia nacional que desquiciaron por completo la vida cotidiana del DF y el Estado de México, zonas de la mayor concentración demográfica del país.
A esta conducta incompetente e irresponsable hay que añadir las graves consecuencias políticas que apenas comienzan a vislumbrase, que se desprenden del específico momento en que se encuentra el sistema de dominación.
Calderón y la camarilla panista que ocupan Los Pinos, representan el primer gobierno federal dependiente por completo del gran capital financiero nacional e imperialista y del Ejército. Es heredero ciertamente del aparato de control masivo, en especial de los trabajadores, erigido por el priísmo durante sus setenta años de dominación. Los panistas no lo han desmantelado y lo usan en lo que pueden. La abierta y descarada alianza de la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, bastaría para demostrarlo y constituye el único vínculo con cualquier tipo de “apoyo” social para su gobierno. Pero se trata de un residuo de las formas corporativas y organizativas de un bonapartismo en su etapa senil, en decadencia completa.
El conflicto con el sindicato minero, otro legado del vetusto charrismo priísta, por otra parte confirma que las bases proletarias se rebelan contra la subordinación a los designios presidenciales. De hecho la larga resistencia de las huelgas de los mineros de Cananea, Taxco y Sombrerete representan combates decisivos del movimiento obrero, que concita una creciente solidaridad.
El anterior gobierno de Fox, gozó de un margen de maniobra popular más amplio por el personaje que “derrotó al PRI”, margen que pronto se agotó al surgir sin tapujos su crudo carácter reaccionario de “gobierno de los empresarios”.
Calderón y su camarilla han encontrado en la crisis actual la oportunidad de legitimar ante la población una medida cuyas semillas son potencialmente peligrosísimas. La octava medida del decreto antes mencionado dice: “Ordenar las medidas atingentes a fin de evitar congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión”: este paso hacia un estado de excepción se pretende justificar con la emergencia sanitaria actual. Muchas preguntas se plantean naturalmente. ¿Esta medida impedirá la manifestación del primero de mayo?, ¿se permitirán protestas públicas, manifestaciones, mítines, huelgas, movimientos ciudadanos de cualquier tipo?
El movimiento popular, las organizaciones democráticas revolucionarias estamos ante un desafío importante. No podemos permitir, debemos luchar organizada y unitariamente contra todo intento del gobierno de Calderón y la ultraderecha de imponer un estado de excepción en México.