Confirmados, los megafraudes de Eduardo BoursJosé Gil Olmos
En las tardes calurosas de Hermosillo, un tranquilo Eduardo Bours suele hacer largas cabalgatas por sus propiedades y presumir con sus amigos la estampa y el trapío de sus caballos: dos pura sangre de raza árabe que sólo pueden comprar jeques, príncipes y empresarios acaudalados.
Pero ahora el exgobernador de Sonora tiene motivos para preocuparse. El jueves 3, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar lo señaló como uno de los 14 funcionarios y exfuncionarios que tienen responsabilidad en la tragedia ocurrida hace un año en la guardería ABC de Hermosillo (Proceso 1703, 1704 y 1705).
Pero eso no es todo. Una investigación emprendida a instancias del nuevo gobierno estatal, encabezado por el panista Guillermo Padrés, y que quedó a cargo de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, confirmó lo que se sospechaba desde las primeras revisiones efectuadas por despachos externos en cuanto al desempeño de Bours como gobernador: múltiples maniobras para la falsificación de documentos, desviación de recursos públicos, fraudes de todo tipo...
En varias ediciones (números 1741, 1721, 1657 y 1565), Proceso dio cuenta de los escandalosos malos manejos en los que incurrió repetidamente el entonces mandatario. Sólo un ejemplo: el caso del Plan Sonora Proyecta mediante el cual el gobernador priista dio la pauta para endeudar al estado con alrededor de 10 mil millones de pesos a través de un fideicomiso privado; proyecto que, sin embargo, fue impugnado por la Suprema Corte, toda vez que pretendía valerse de la “bursatilización” de la deuda pública (Proceso 1709).
En abril de 2008, en medio de esos escándalos de corrupción, a los que se sumaron los de violencia y narcotráfico, este semanario realizó una radiografía (edición 1643) en dos vertientes: los multimillonarios negocios realizados por los Bours a la sombra del poder y las redes tejidas para la presunta protección del tráfico de drogas en la entidad.
El empresario y político priista demandó por daño moral al autor de ese reportaje, Ricardo Ravelo, así como a la empresa editora de Proceso, Comunicación e Información, S.A. de C.V.; pero un año después, el 21 de abril de 2009, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el DF declaró insubsistente la demanda.
Las auditorías
El 1 de noviembre de 2009, ya en el gobierno panista, el secretario de la Contraloría General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, le notificó al secretario de Hacienda local (oficio S-1678/2009), Alejandro López Caballero, que se iba a efectuar una auditoría a su dependencia en los rubros de ingresos, egresos, bancos, adquisiciones de bienes y servicios, deudores del erario, acreedores diversos y proveedores. El arqueo, precisó, abarcaría del 1 de enero de 2008 al 31 de noviembre de 2009.
De acuerdo con la documentación oficial del caso, a la que el reportero tuvo acceso, desde distintas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Bours se emitieron no 22 cheques, como se presumía en principio, sino 75 de cuatro diferentes instituciones bancarias por un monto total de 191 millones de pesos.
Según los resultados de las auditorías –las revisiones se prolongaron cuatro meses y culminaron en marzo último–, 33 funcionarios de la administración de Bours fueron encontrados responsables de defraudación al erario. De éstos, algunos aparecían como firmantes de los documentos bancarios.
La actual coordinación de área de la Subsecretaría de Control de Fondos y Pagaduría expidió 16 cheques por 40 millones 500 mil pesos; Édgar Prendas Sandoval, director de la Tesorería del estado, temporalmente en funciones, emitió otros 16 cheques por una cantidad igual; Elba Marcela Ruiz Quintero, subdirectora de la Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría, firmó 15 cheques por 37 millones 900 mil pesos; Dulce María Huerta Meza, directora actual de la Tesorería General del estado, sacó 15 más por 35 millones 600 mil pesos, y Fernanda Alicia Obregón Garza, jefa de departamento en la Dirección General de Administración, liberó 14 cheques por 36 millones 500 mil pesos.
En dos denuncias dirigidas a José Ángel Calderón Piñeiros, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría, Patricia Augenia Argüelles Canseco, directora general de la Auditoría Gubernamental, señaló que los 33 funcionarios incurrieron en desvío de recursos y pagos sin el respaldo de facturas o recibos.
En la lista de órdenes de pago a proveedores emitidas en 2009 y solicitadas por la Auditoría a la Secretaría de Hacienda figura el pago de 5 millones 159 mil pesos a la empresa Advanced Business System para el seguimiento y captura del presupuesto de ingresos integrado al sistema de información y finanzas; otro por 7 millones 894 mil pesos a la compañía GOCG Procesos y Soluciones, por “comisión de éxito por aportaciones al Fonden”; uno más, por 4 millones 485 mil pesos, a Alianza Empresarial de Sonora, por la “intermediación” para la obtención de un crédito por 260 millones de pesos, y 6 millones de pesos a Proyectos Mega y Desarrollos, por la elaboración de corridas financieras y de un contrato de términos y asesoría en la consecución de 105 millones para el gobierno del estado.
Frente a esta discrecionalidad financiera propiciada por la emisión de “cheques fantasma” y su cobro por personal ajeno al gobierno, en abril último el contralor Tapia Astiazarán explicó en conferencia de prensa que las revisiones efectuadas como parte de las auditorías al sexenio pasado permitieron descubrir nuevos cheques que aparecían como cobrados por trabajadores de la Secretaría de Hacienda estatal.
“Están a nombre de terceros y éstos todavía son funcionarios en la secretaría. Ellos desconocen la existencia de esos cheques y no son sus firmas las que los endosan”, precisó, y añadió: “Además de quienes recibieron los cheques, están quienes los firmaron. Ahí aparecen todos los procedimientos internos de la creación del pasivo, de la solicitud del cheque, de la expedición del cheque”.
Adelantó que una vez terminada la auditoría deberán investigarse todos los movimientos. Sin embargo, se equivocó al señalar que la mayoría de los implicados ya no estaba laborando en el gobierno estatal, pues, de acuerdo con la auditoría final, de los 33 funcionarios involucrados 23 aún ocupan los mismos puestos.
Ahora que la Secretaría de la Contraloría General concluyó la indagación empezará a llamar a exfuncionarios estatales que tuvieron participación en el presunto fraude por el cobro de cheques que hicieron terceras personas.
El contralor del estado informó que ahora se integra el expediente y sólo faltan detalles. Mientras tanto, se piensa fincar responsabilidades, pues algunas de las irregularidades que fueron detectadas son constitutivas de delitos que se persiguen penalmente.
Historial de manejos turbios
Cuando abandonó el cargo a mediados de septiembre de 2009, Bours ya enfrentaba denuncias de la oposición por desvío de recursos públicos mediante la emisión de cheques fantasma; además, los opositores lo acusaron de haber elevado la deuda debido a su mal manejo de las finanzas públicas, así como del fracaso del Plan Sonora Proyecta, con el que había prometido llevar al estado al “primer mundo”.
A los seis meses de que Bours dejó la gubernatura, la administración entrante promovió demandas contra 33 funcionarios del equipo de Bours por fraude mediante falsificación de documentos, desviación de recursos y uso indebido de funciones. La investigación que detectó estas irregularidades en la Secretaría de Hacienda estatal estuvo a cargo de Argüelles Canseco.
Desde que asumió su cargo el nuevo gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, confirmó que la anterior administración había dejado un déficit superior a los mil 400 millones de pesos y aclaró que esa cifra no la dio a conocer su gobierno, sino despachos internacionales. Citó a las firmas Gossler y Horwath Castillo Miranda como las que estarían a cargo de las auditorías.
En octubre de 2009, Padrés dijo que se había descubierto la emisión de 22 cheques por 70 millones de pesos a nombre de funcionarios estatales, pero hizo hincapié en que estos documentos fueron cobrados por terceras personas. Precisó que se encontraron partidas excesivas que sobregiraron el presupuesto.
En esa ocasión, el secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero, informó que los primeros resultados de las revisiones permitieron ubicar partidas por 320 millones de pesos que les fueron retenidas a los trabajadores del estado; otras más por 54 millones de pesos correspondientes a cuotas y retenciones sindicales de los maestros y, por último, 101 millones de pesos por concepto de “asesoría y capacitación”.
Detalló que entre las disposiciones en efectivo realizadas con cheques entre febrero y julio de 2009 hubo cobros diversos, cuyos montos van de 2.5 hasta 17.5 millones de pesos, y agregó que se detectaron convenios para los cuales no había recursos disponibles; fue el caso de Alianza para el Campo, proyecto al que el gobierno estatal debía aportar 223 millones de pesos, e Inversión para la Educación, en el que se debían invertir 51 millones de pesos.
Caso ABC: la estocada final
El incendio en la guardería ABC de Hermosillo, ocurrido el 5 de junio de 2009, fue el “empujón” que el PRI, el partido de Bours, necesitaba para ver fracasado su intento de conservar la gubernatura.
El voto de castigo de los sonorenses fue implacable. La tragedia que costó la vida a 49 niños y quemaduras a más de 100 cambió el panorama electoral en Sonora y rompió el pacto que hasta entonces tenía el “priista” Bours con el gobierno de Felipe Calderón, a quien después de haber apoyado para que se reconociera su impugnado triunfo en 2006, acusó de ser el responsable de la tragedia (Proceso 1704).
Semanas y semanas transcurrían y Bours ocupaba buena parte de su tiempo para exculparse ante los medios –ya veía venir el desastre electoral– en vez de satisfacer las demandas de las familias de las víctimas, investigar a fondo las causas del incendio y fincar responsabilidades.
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