Nancy Flores / Tercera parte
La guerra que libra el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa –y que ha costado la vida a más de 23 mil civiles– no combate los delitos del crimen organizado, tipificados en el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Considerado uno de los ilícitos que más afecta a la sociedad mexicana en todos sus estratos, el secuestro es ejemplo de la impunidad que gozan los criminales en México. Entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, sólo se dictaron 254 sentencias de última instancia por ese delito, revela a Contralínea el Consejo de la Judicatura Federal.
De los datos oficiales de esa institución, que rige al Poder Judicial en todo el país, se desprende que el secuestro no es el único ilícito en situación de impunidad: también destacan la asociación delictuosa, la pornografía infantil, el tráfico de personas, el lavado de dinero, el tráfico de órganos y el lenocinio de menores de 18 años.
El doctor Edgardo Buscaglia, experto en seguridad y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, refiere que no sólo existe el delito relacionado con el tráfico de estupefacientes. “Hay otros 21 tipos de delitos que, sumados al de la droga, dan incentivos (a los delincuentes) para enfrentarse al Estado mexicano y jugarse el todo por el todo”.
En entrevista, señala que “eso va a seguir expandiéndose mientras la administración de este presidente y de (los presidentes de) las futuras administraciones no tomen las medidas adecuadas. México puede llegar a correr el peligro de caer en un síndrome de somalización masiva en donde los 982 pequeños pedazos de territorio (que actualmente controla la delincuencia organizada) se lleguen a transformar en lo común y corriente”.
Indica que, para luchar “efectivamente” contra la mafia, lo que se necesita en México es aplicar cuatro medidas conocidas internacionalmente como “las cuatro ruedas”: desmantelamiento de las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial, combate a la corrupción política, prevención social del delito y que sea la inteligencia civil la que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga, con una dirección jurídica apropiada para que los procesos judiciales no se caigan.
Secuestros
En 2009 se denunciaron 1 mil 521 plagios (sin contar los de inmigrantes ni los exprés) por los cuales se exigió rescate, documenta El secuestro en México, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Las sentencias firmes impuestas por el Poder Judicial en los tres años de guerra contrastan con el número de secuestros denunciados sólo en 2009: las primeras representan apenas el 16.63 por ciento de los 1 mil 521 secuestros cometidos el año pasado.
El análisis del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal indica que el promedio nacional de privaciones ilegales de la libertad es de 14.5 por 1 millón de habitantes.
Añade que, en 2009, Chihuahua ocupó el primer lugar con al menos 315 denuncias por igual número de víctimas. No obstante, en tres años, el Juzgado Quinto de Distrito en Chihuahua sólo dictó dos sentencias de última instancia –es decir, que ya no se pueden recurrir ante ninguna autoridad– por secuestro.
Baja California presenta un contexto similar. Aunque ocupa el segundo lugar en incidencia de plagios –al sumar 132 denuncias el año pasado–, sus juzgados Quinto, Séptimo y Décimo de Distrito apenas dictaron 10 sentencias firmes por privación ilegal de la libertad, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.
—Una situación de impunidad virtualmente garantizada es el mejor caldo de cultivo para problemas de inseguridad agravados. No es posible que se asuma una visión limitada de pensar que, si los delincuentes disputan fundamentalmente entre ellos, no habrá consecuencias mayores para la sociedad –indica Carlos Flores, profesor asociado en el Center for Development and The Environment, de la Universidad de Oslo, Noruega.
“En 2009 hubo casi 200 por ciento más plagios que cuatro años atrás: 1 mil 521 es la cifra más alta en la historia”, señala El secuestro en México. Además, acusa que, entre 1990 y el año pasado, 667 secuestrados fueron asesinados durante el cautiverio. De éstos, 200 homicidios ocurrieron entre 2008 y 2009.
Para el diputado perredista Jesús Zambrano, “el saldo de muertos que lleva la lucha del Estado mexicano contra el crimen organizado” revela su fracaso. “No hemos logrado los objetivos que se pensaban, y ahí es donde se cuestiona la validez de la estrategia seguida por el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, que ha puesto prácticamente sólo el énfasis en la acción punitiva del Estado, es decir, en el papel de las fuerzas armadas, y no, primero, en los programas para la prevención social del delito”.
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