MÉXICO, D.F., 8 de junio (apro).- El secretario de la Función Pública, Salvador Vega, denunció este martes ante la Procuraduría General de la República (PGR) a cinco exservidores públicos que presuntamente están implicados en un quebranto patrimonial por más de mil 800 millones de pesos en perjuicio de Ferrocarriles Nacionales (Ferronales) que actualmente se encuentra en proceso de liquidación.
En conferencia de prensa, Vega Casillas informó que los cinco exfuncionarios entregaron indebidamente a cuatro empresas más de 52 mil toneladas de vías férreas propiedad de la nación, con un valor de mil 800 millones de pesos.
De acuerdo con el funcionario, se trata del ilícito más grande detectado en la historia de la SFP, por lo que los exfuncionarios involucrados ya han sido inhabilitados para desempeñarse en el servicio público entre 11 y 15 años.
Además, subrayó que podrían ser sancionados por la PGR hasta con siete años de prisión y ser condenados al pago de la reparación del daño generado a las vías generales de comunicación.
Los presuntos responsables del fraude contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso, así como Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general jurídico, y Antonio Paredes Ruiz, subgerente de Servicios Especiales.
También, Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica, y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de area 'C' de la Subgerencia de Servicios Especiales.
En tanto, las empresas supuestamente involucradas son: Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba, así como Remesare, Cicloaceros y varios negocios en Sonora propiedad de José Fernando Sánchez Alarcón.
Vega Casillas detalló que los exfuncionarios convocaron entre 2003 y 2005 a licitaciones para vender chatarra de Ferrocarriles Nacionales, pero no entregaron el material, lo que generó un adeudo de unos 10.3 millones de pesos con las empresas adjudicadas.
Para saldar la deuda, los exservidores del organismo en liquidación entregaron de manera ilegal más de 52 mil toneladas de vías férreas, rieles, durmientes, clavos y planchuelas propiedad de la Federación, con un valor superior a mil 800 millones de pesos.
Los cinco tramos de vías entregados ilegalmente estaban instalados en Durango, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Puebla.
Vega Casillas mencionó que la dependencia tiene abierto un procedimiento administrativo adicional para aplicar sanciones económicas que podría condenar a los involucrados a cubrir hasta por tres veces el monto total del daño ocasionado.
En conferencia de prensa, Vega Casillas informó que los cinco exfuncionarios entregaron indebidamente a cuatro empresas más de 52 mil toneladas de vías férreas propiedad de la nación, con un valor de mil 800 millones de pesos.
De acuerdo con el funcionario, se trata del ilícito más grande detectado en la historia de la SFP, por lo que los exfuncionarios involucrados ya han sido inhabilitados para desempeñarse en el servicio público entre 11 y 15 años.
Además, subrayó que podrían ser sancionados por la PGR hasta con siete años de prisión y ser condenados al pago de la reparación del daño generado a las vías generales de comunicación.
Los presuntos responsables del fraude contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso, así como Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general jurídico, y Antonio Paredes Ruiz, subgerente de Servicios Especiales.
También, Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica, y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de area 'C' de la Subgerencia de Servicios Especiales.
En tanto, las empresas supuestamente involucradas son: Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba, así como Remesare, Cicloaceros y varios negocios en Sonora propiedad de José Fernando Sánchez Alarcón.
Vega Casillas detalló que los exfuncionarios convocaron entre 2003 y 2005 a licitaciones para vender chatarra de Ferrocarriles Nacionales, pero no entregaron el material, lo que generó un adeudo de unos 10.3 millones de pesos con las empresas adjudicadas.
Para saldar la deuda, los exservidores del organismo en liquidación entregaron de manera ilegal más de 52 mil toneladas de vías férreas, rieles, durmientes, clavos y planchuelas propiedad de la Federación, con un valor superior a mil 800 millones de pesos.
Los cinco tramos de vías entregados ilegalmente estaban instalados en Durango, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Puebla.
Vega Casillas mencionó que la dependencia tiene abierto un procedimiento administrativo adicional para aplicar sanciones económicas que podría condenar a los involucrados a cubrir hasta por tres veces el monto total del daño ocasionado.
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