Guantánamo, el dilema de Obama

El presidente estadunidense faltó a su palabra para no exhibir las violaciones a derechos humanos cometidas por el Pentágono y la CIA. Al menos 24 presos acusados de terrorismo serán juzgados por Comisiones Militares que no están sujetas a los estándares de su propia justicia penal civil ni al rigor internacional de las cortes marciales.
WASHINGTON.- El incumplimiento de la promesa que hizo el presidente Barack Obama de procesar en cortes federales civiles a todos los detenidos en la base militar de Guantánamo, Cuba, es una patraña diseñada para encubrir los abusos a los derechos humanos cometidos por el Pentágono y la CIA en la supuesta lucha contra el terrorismo, aseguran especialistas en derechos humanos y abogados de algunos de los prisioneros.El pasado 22 de enero, dos días después de asumir el cargo, Obama firmó una orden ejecutiva para preparar el cierre total de los centros de detención de Guantánamo en un plazo de 12 meses, con el propósito de eliminar cualquier rezago de las políticas unilaterales y abusivas de George W. Bush en la lucha contra el terrorismo.“Creo que el presidente Obama sí quiere cerrar Guantánamo y lo quiere hacer en enero de 2010, aunque seguramente tendrá que enfrentar muchos problemas políticos para lograrlo”, dice a Proceso Stacy Sullivan, asesora de asuntos antiterroristas de la agrupación defensora de derechos humanos Human Rights Watch.“Lo decepcionante es que el presidente Obama se retractó en su promesa de someter a juicio civil a los detenidos en Guantánamo, y lo peor de todo es que decidió revivir las Comisiones Militares para procesar a algunos de los prisioneros”, apunta Sullivan.Sorpresivamente, la Casa Blanca anunció el 15 de mayo pasado que, “después de hacer una revisión al caso de los detenidos en Guantánamo”, el presidente Obama, “luego de consultarlo con el Congreso y los asesores de Seguridad Nacional”, determinó la necesidad de que por lo menos 13 de los detenidos sean sometidos a un proceso judicial a cargo de las Comisiones Militares.El viernes 27 de junio, la Casa Blanca filtró a varios medios de comunicación que Obama ya tenía listo “el borrador de una orden ejecutiva” que mantendría las detenciones por tiempo indefinido de varios presuntos terroristas en la base militar de Guantánamo, la cual se ejecutaría una vez que Obama reciba el visto bueno del Congreso.Esto tomó por sorpresa a varias agrupaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y a varios de los representantes legales de los detenidos en Guantánamo, quienes no sólo podrían ser acusados de terrorismo sin las pruebas para justificarlo, sino que podrían quedar empantanados en un limbo jurídico por tiempo indefinido.“La decisión del presidente Obama vuelve a dañar la ya de por sí deteriorada reputación de Estados Unidos en materia de derechos humanos ante el mundo; él prometió que acabaría con los abusos a los que fueron sometidos los detenidos en Guantánamo durante el gobierno de Bush y ahora se retracta. Eso es inaceptable”, cuenta en entrevista con Proceso Nicole Moen, la abogada que encabeza el grupo legal de la defensa del algeriano Ahcence Zemiri, recluido en Guantánamo desde hace ya casi siete años.Sullivan, quien ha visitado en varias ocasiones la sección de las prisiones de Guantánamo para presuntos terroristas, asegura que Obama se dejó manipular por la extrema derecha del Partido Republicano, representado en el Congreso federal por los jefes militares del Pentágono y por los dirigentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), quienes quisieran seguir abusando de los derechos humanos de todo el mundo aplicando medidas unilaterales y bajo un absoluto ambiente de impunidad.“Obama se convirtió en una víctima de la extrema derecha, del Departamento de Defensa y de la CIA, que no quieren que los detenidos de Guantánamo sean procesados en cortes federales porque se daría a conocer la evidencia de los abusos que cometió Estados Unidos contra los detenidos bajo la sospecha de pertenecer a grupos terroristas”, sostiene la especialista de Human Rights Watch.Cuando se anunció el cambio de posición de Obama sobre el proceso judicial al que serían sometidos los presos de Guantánamo, la Casa Blanca aseguró que la decisión de utilizar a las Comisiones Militares para enjuiciar a algunos de los sospechosos se justificaría en el hecho de que serían fortalecidas legalmente.Especialistas, como Sullivan, no compran el argumento de la Casa Blanca, que asegura que si liberan a los presos éstos regresarían a sus actividades terroristas, “pero eso no es más que el argumento de la política del miedo que se utilizó en la presidencia de Bush, y lamentablemente ahora los republicanos la están volviendo a utilizar con la manipulación al presidente Obama”.
Los detenidos
Actualmente, en la base militar de Guantánamo hay 240 detenidos por el presunto delito de ser integrantes de grupos terroristas asociados con Osama Bin Laden y Al Qaeda. La Casa Blanca anunció el 15 de mayo que 13 de ellos serían procesados por Comisiones Militares, pero desde entonces la cifra aumentó a 24 prisioneros, quienes serían enjuiciados por medio de este proceso militar al que Sullivan bautiza como de segunda clase, en términos judiciales, porque fue diseñado “para garantizar que la sentencia o castigo se haga con mayor celeridad y sin contratiempos, pues no requiere el mismo nivel de evidencias que se exigen en una corte civil, y para encubrir los abusos de derechos humanos cometidos por el Pentágono y por la CIA”.Las Comisiones Militares –cuyo fortalecimiento jurídico no ha sido divulgado por la Casa Blanca– no son una corte marcial que se guía bajo los estándares internacionales para procesar a personas acusadas de crímenes de guerra. No es el caso de los 240 detenidos de Guantánamo, quienes extraoficialmente están catalogados por Estados Unidos como “combatientes enemigos”.Moen, integrante del bufete de abogados Fredrikson and Byron, de Minneapolis, Minnesota, que representa a Zemiri, sostiene que “los detenidos deben ser enjuiciados en una corte federal civil, punto; sólo si se comprueba que alguien de los detenidos es altamente peligroso, pero con las evidencias en la mano, el acusado debería ser procesado por una corte marcial, no por esas Comisiones Militares que tienen otros propósitos”, subraya en entrevista telefónica.De acuerdo con el testimonio de Sullivan y Moen, quienes han estado presentes durante la celebración de audiencias a cargo de las Comisiones Militares, el proceso es evidentemente violatorio de los estándares internacionales para el caso de cualquier persona que enfrente a jueces o fiscales militares.Las Comisiones Militares poseen una “guía jurídica”, según Sullivan, diseñada por alguna agencia de inteligencia de Estados Unidos cuya identidad se niega a revelar el Pentágono.“La guía se coloca del lado derecho del militar que preside la comisión durante la audiencia que se celebra en un salón al cual no se le permite la entrada a los defensores legales del acusado”, detalla Sullivan. “A los abogados se les coloca en otro cuarto aledaño, separado por un cristal polarizado, desde donde se puede observar y escuchar el proceso”, añade la especialista de Human Rights Watch.Lo irónico, y que es además la evidencia más fehaciente de que las Comisiones Militares están diseñadas para encubrir los abusos cometidos por la CIA y el Pentágono, es que “cuando el acusado comienza a declarar que fue sometido a tortura cuando fue interrogado, el que preside la comisión oprime un botón que también está colocado de su lado derecho para cortar el audio que llega a la sala donde están los abogados del detenido”, dice.La abogada del argelino preso en Guantánamo y la especialista de Human Rights Watch se mofan del argumento de la Casa Blanca de que las cortes federales civiles no tienen la capacidad jurídica para procesar a los detenidos de Guantánamo.Desde marzo de 2002, según las dos entrevistadas, las cortes federales civiles de Estados Unidos han procesado a más de 100 personas acusadas de terrorismo; en el mismo período, las Comisiones Militares sólo han encausado a dos detenidos.Por cuestiones de seguridad nacional, el Pentágono se niega a revelar la identidad de los 24 detenidos en Guantánamo que serán sometidos a juicio por las Comisiones Militares. Lo mismo ocurre para el caso de las dos personas que estuvieron detenidas en Guantánamo y que ya fueron puestas en libertad, pero que reincidieron en sus actividades terroristas, una de las razones por las que el Departamento de Defensa se opone a los juicios civiles para los detenidos en esa base militar de Guantánamo.Los dos presuntos terroristas reincidentes son un kuwaití, quien supuestamente el año pasado llevó a cabo un ataque terrorista suicida con un carro bomba en Irak. El otro es un saudita que, según el Pentágono, después de haber sido liberado se reintegró a las filas de Al Qaeda en Yemen. Por las celdas de Guantánamo han pasado más de 800 personas acusadas presuntamente de terrorismo; hoy sólo quedan 240 detenidos en la base militar, lo cual quiere decir que más de 550 acusados han sido liberados o repatriados a su país de origen.Las propuestas que hacen los especialistas para solucionar el limbo jurídico de los detenidos en Guantánamo se basa en el hecho de que 99 de los 240 detenidos son ciudadanos de Yemen, país que se está transformando en un nuevo Afganistán, porque el gobierno del país no tiene el control de su territorio y la nación es refugio de terroristas y un centro de operación de Al Qaeda.“Obama debe negociar con Yemen la creación de un programa de rehabilitación para los detenidos en Guantánamo que deben ser puestos en libertad, y a los que se determine que son peligrosos se les debe enjuiciar con evidencias irrevocables para ser sentenciados y encarcelados en prisiones seguras”, sugiere Sullivan.Los otros 141 presos en Guantánamo deben ser procesados por una corte federal civil, o por una corte marcial si se tienen evidencias claras y creíbles contra los acusados de que cometieron crímenes de guerra.El pasado martes 9 de junio, el gobierno de Obama dio una señal de que podría someter a juicio civil a la mayoría de los detenidos en Guantánamo, al ordenar la transferencia de la base militar a la corte federal del distrito sur de Manhattan, Nueva York, de Ahmed Ghailani, acusado de participar en el ataque terrorista a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998, delito por el cual puede ser castigado con la pena capital si es declarado culpable de los cargos que le imputan.Sobre ese gesto de Obama, Sullivan dice que las organizaciones defensoras de los derechos humanos “le damos el beneficio de la duda”. Pero tampoco se confía:“Hay un dato más que ilustra por qué el Pentágono y la CIA se oponen a los procesos civiles”, enfatiza Sullivan: “Ante una corte federal civil, no tiene validez la acusación de cualquier delito contra una persona que se inculpó porque fue sometida a tortura durante su interrogatorio, y todos los presos de Guantánamo fueron torturados de alguna manera por la CIA y el Pentágono”.

Los “autores intelectuales

JUAN BALBOA

LA HABANA.- El gobierno golpista que preside en Honduras el empresario Roberto Micheletti puso en marcha un plan para asfixiar a su representación diplomática en esta isla y romper relaciones con el gobierno de Raúl Castro.La estratagema fue elaborada por hombres de negocios, militares y los expresidentes de ese empobrecido país centroamericano Ricardo Maduro, Carlos Roberto Flores y Rafael Callejas, y por Billy Joya Améndola, el principal asesor en seguridad nacional de Micheletti. Joya es conocido en su país por ser el fundador de los escuadrones de la muerte y uno de los alumnos destacados de la Escuela de las Américas de Estados Unidos.El canciller impuesto por el régimen golpista, Enrique Ortez Colindres, ordenó cortar la comunicación con la legación hondureña en esta ciudad, además de cancelarle los envíos financieros para inmovilizarla.“No hay ninguna comunicación y no hemos recibido un solo dólar en los últimos 10 días”, confirma a Proceso Juan Ramón Elvir, embajador de Honduras en la isla, uno de los hombres más cercanos al destituido José Manuel Zelaya.El diplomático no ha dejado de asistir a la legación, donde atiende los problemas consulares pese a la falta de recursos financieros. Sentado en su pequeña oficina, ubicada en el edificio Santa Clara del Centro de Negocios Miramar, Elvir reitera: “El gobierno de facto bloqueó todos los envíos a La Habana. No hemos recibido nada”.Y el miércoles 7, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras rechazó renovar la visa a 83 asesores educativos isleños, todos ellos vinculados al Programa Nacional de Alfabetización para Jóvenes y Adultos “José A. Domínguez” con el método cubano Yo sí puedo. El gobierno de Raúl Castro emitió una nota oficial de protesta ese mismo día, en la que sostiene que, “envalentonado”, el “señor Enrique Ortez Colindres” asestó el segundo golpe a las relaciones con Cuba.Cinco días antes, el propio Ortez Colindres había acusado a los educadores cubanos de participar en el adoctrinamiento y organización de ciudadanos hondureños en grupos de choque.En sus declaraciones, el “señor Enrique Ortez Colindres” citó como fuente de esta grave aseveración a las fuerzas armadas hondureñas, por lo que el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sostiene que esas son calumnias.Y arguye que el propósito del funcionario hondureño es “alentar acciones hostiles y violentas contra los colaboradores cubanos que realizan una labor solidaria, instrumentando un programa de alfabetización que ha beneficiado a más de 150 mil hondureños”.Así mismo, la negativa de las autoridades del país centroamericano de prorrogar la visa de los 83 maestros, así como las declaraciones del autoproclamado “canciller” hondureño, obligaron al gobierno de Raúl Castro a retirar a todo el personal de la colaboración no médica que presta sus servicios en ese país.La legación cubana confirmó que son 143 los colaboradores que se encuentran en territorio hondureño y explicó que los primeros 83 se retirarán a través del Aeropuerto de San Pedro Sula, en un avión de Cubana de Aviación, mientras que el resto saldrán por carretera desde la ciudad de Danlí hacia el punto fronterizo de Las Manos en Nicaragua.Según el memorándum R/S: 288-2009, emitido desde la embajada de Cuba en Honduras, el gobierno de La Habana mantendrá en el otro país al personal médico y paramédico, teniendo en cuenta su misión destinada a proteger la salud y salvar vidas humanas.
Los secuaces
Enrique Ortez Colindres es el mismo que el día del golpe de Estado en Honduras hizo un comentario despectivo sobre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de quien dijo: “Obama es un negrito que ignora dónde queda Tegucigalpa”.El embajador Juan Ramón Elvir asegura que ese que llaman “canciller” siempre ha estado ligado con el sector militar de su país e identificado con la ultraderecha.Como presidente de la Comisión Interventora de la Empresa Eléctrica de Honduras, Elvir recorrió el país y se vinculó con todos los sectores sociales. “Conozco al pueblo hondureño y no permitirá que un gobierno de facto los gobierne”, subraya al reportero.Como hombre de confianza de Zelaya, dice, él formó parte de la Comisión al Diálogo Nacional de la nación Centroamericana. “Ahí traté y conocí a todos los políticos, empresarios, líderes sindicales y campesinos, militares”, asegura el diplomático.Insiste: “A todos”. Y acusa a los empresarios y a los expresidentes Ricardo Maduro, quien tiene inversiones en varios sectores de Honduras; a Carlos Flores, dueño del diario La Tribuna, y a Rafael Calleja, inversionista en la banca hondureña, de ser los “intelectuales del golpe de Estado”.Según el diplomático, el círculo íntimo de la cúpula empresarial hondureña que participó en la asonada lo integran también José Rafael Ferrari, propietario de las principales cadenas de Radio y Televisión. Elvir también cita a “un señor de muy nefasto proceder y de muy dolorosos recuerdos para el pueblo hondureño”: Billy Joya Améndola, el padre de los escuadrones de la muerte y excomandante de un famoso batallón 3-16, responsables de la detención y desaparición de opositores al gobierno durante los años de la guerra fría en Honduras.“Recorrer el currículum de Joya Améndola es indispensable para entender la cultura política de la junta golpista presidida por Roberto Micheletti”, afirma.Y no es para menos. El recién nombrado ministro consejero del presidente golpista Roberto Micheletti recibió entrenamiento contrainsurgente en Estados Unidos y fue becado por el ejército hondureño para estudiar en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.En el sector castrense a Joya Améndola se le conocía como El doctor Arranzola, justo cuando fundó los escuadrones de la muerte conocidos como Lincey Cobra. Así mismo, él fue un enlace importante, durante la guerra sucia de los setenta y los ochenta, entre sus pares de Argentina y Chile y el gobierno de Estados Unidos.El gobierno español solicitó la extradición del Doctor Arranzola a través de Interpol en varias ocasiones; en 1995, un juez lo acusó de secuestro y tortura y emitió una orden de captura en su contra.El embajador Elvir insiste en que Joya Améndola es uno de los que fraguaron el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Explica: “El plan inicial era eliminar físicamente al presidente, matarlo; el otro plan era que en lugar de Micheletti tomara el poder el general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Hondureñas. Pero a última hora (los golpistas) dieron un giro a sus decisiones, pues suponían que un militar al frente haría más visible la intromisión del ejército, aunque ésta ya era visible.”El diplomático asegura que los escuadrones de la muerte siguen actuando en su país, aunque ahora actúan agazapados Y el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de Bebidas y Similares de Honduras (Stibys), Porfirio Ponce, sostiene que el escuadrón 316 fue creado por el ejército de su país en la década de los ochenta con la misión de desaparecer y asesinar a los dirigentes populares.El dirigente señala que las fuerzas armadas están reviviendo a ese escuadrón, para lo cual han llamado a reservistas y jubilados del ejército. Según él, a algunos les dicen que deben apoyar al gobierno golpista; a otros los están organizando en grupos paramilitares. “Si te hacen un llamado tienes que acudir”, aseguró Ponce a los medios de comunicación locales.Elvir dice que el mandatario destituido debe regresar. “José Manuel Zelaya es un hombre de principios, un hombre de lucha –yo lo defino como un gladiador– que no cederá en sus posiciones, a menos que los términos de la negociación sean convenientes para el país”, sentencia el diplomático hondureño.

Honduras: El golpe de las élites

El pecado de Manuel Zelaya, el presidente de Honduras que fue derrocado el 28 de junio, no fue su pregonada intención de gobernar para los pobres ni las ilegalidades que le atribuyen sus adversarios. Voces de ambos bandos coinciden en que lo perdió su afán de confrontación con la élite política y empresarial de su país, pero sobre todo el intento de llamar a una asamblea constituyente??? (cuarta urna), lo que suponía poner en riesgo el equilibrio cómplice negociado entre los dos principales partidos del país.

JOSé LUIS SANZ

TEGUCIGALPA.- El 25 de junio de 1975 un terrateniente de la región ganadera de Olancho y un destacamento militar detuvieron a 14 campesinos, sacerdotes y estudiantes que se dirigían a una manifestación sindical en Tegucigalpa. Los torturaron, asesinaron y sepultaron en un pozo que después cubrieron de tierra con tractores. El lugar preciso de la ejecución se llama Los Horcones, y el terrateniente era José Manuel Zelaya.
Se trataba del padre de Manuel (Mel) Zelaya, a quien un grupo de soldados sacó de su cama y expulsó a Costa Rica el pasado domingo 28; el padre del presidente que ha sido depuesto porque, según él, quería acabar con los privilegios y gobernar para los más pobres de su país. “Mel proviene de una de esas familias dominantes desde los tiempos coloniales, de las que les dijeron: este valle es tuyo con todos sus indios”, dice el empresario Adolfo Facussé, amigo suyo y presidente de los industriales hondureños.
Precisa: “Y la matanza de Los Horcones es un pecado que él ha andado cargando aunque no sea suyo. Tal vez eso le ha creado más conciencia social”. Zelaya llegó a la política nacional en 1985 con cartas de cacique rural y en 2004 se hizo de la candidatura a la presidencia de la república por el Partido Liberal. No era el favorito, pero al año siguiente le ganó a Porfirio Lobo Sosa por estrecho margen en las elecciones con mayor abstencionismo de la historia de Honduras. La derecha celebró, como hace siempre desde 1981, año en que se restituyó la democracia en el país.“En el fondo aquí lo que hay es un solo partido de derecha con dos banderas”, dice Miguel Cálix, analista y exdirector de la fundación Friedrich Ebert en Honduras. Para él, las banderas liberal y nacional están condenadas a la alternancia y se complementaban por la vía del pacto.Al respecto explica Omar Ribera, que hasta el día del golpe fue asesor del gabinete social de Zelaya: “Nunca hay una mayúscula diferencia entre las cúpulas de ambos partidos. Las tensiones son siempre internas”.Facussé trata de trasladar ese clima de concordia al mapa tradicional de las relaciones socioeconómicas en el país: “Ha habido siempre tranquilidad, mucha comunicación y diálogo. Sin contradicciones, sin extremos... Nunca hemos visto a los trabajadores como enemigos. Nacieron como aliados nuestros. Pero los polarizó Mel”.Agrega que desde la cúpula empresarial hondureña la relación con los sindicatos y gremios se veía hasta hace poco como un disenso cordial y, en la práctica, intrascendente. De hecho, el sindicalismo hondureño surgió para reivindicar derechos laborales frente a las empresas fruteras estadunidenses en 1954, y su reclamo no salpicó a la oligarquía local, como apunta el académico Eduardo Bärh, director de la Biblioteca Nacional. “Este es un país en el que incluso las guerras civiles han sido pequeñas escaramuzas, y en el que los partidos comunistas no han hecho nada en 50 años”, aclara.
Confrontación
Ante la falta de un contrapeso ideológico o político distinto de los militares, en Honduras la clase política adquirió una fuerte identidad gremial y el empresariado no se ve afectado por la dinámica de las instituciones, controladas por los dos principales partidos en el Congreso.“Aquí todo se soluciona hablando, con pactos debajo de la mesa”, afirma Cálix. Y en esa mesa suelen estar sentados, entre otros, Carlos Flores Facussé, expresidente de la República, empresario, propietario del periódico La Tribuna y principal líder del Partido Liberal; Jorge Canahuati Larach, uno de los principales referentes del Partido nacional, dueño de los periódicos La Prensa y El Heraldo, de la farmacéutica Finlay y de restaurantes de comida rápida; así como Rafael Ferrari, propietario de los canales canales 3, 5 y 7 de MegaTV, de Emisoras Unidas, lo mismo que de la operadora de telefonía fija Multifon.Con todos ellos se enemistó rápidamente Mel Zelaya. Tras su primer año de gobierno sacó de su gabinete a los principales miembros del Partido Liberal y se alejó de Flores Facussé, a quien le reprochaba no haber confiado en su candidatura.También se ganó como adversario a Ferrari, cuya inversión en Multifon –hecha cuando el anterior presidente, Ricardo Maduro, planeaba privatizar la operadora estatal Hondutel– se vio muy afectada cuando Zelaya decidió ampliar la cobertura de la telefonía fija de capital público. “Zelaya llega al cargo sin sustanciales compromisos, porque durante la campaña la empresa privada había apoyado a Lobo, y decide gobernar solo” asegura su exasesor, Omar Ribera. “Era un capataz”, resume Alejandro Álvarez, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).En plena crisis económica, los proyectos regionales Alba y Petrocaribe se convirtieron en muletas para el gobierno, cuyo perfil estaba profundamente condicionado por la personalidad del presidente Zelaya y que exasperó a la élite del país.Grandes empresarios como Miguel Facussé Barjúm, conocido como el Tío Mike, emparentado con Flores Facussé y dedicado a la producción de jabones y aceite de palma africana; Jaime Rosenthal, propietario del diario Tiempo y con inversiones en banca, cemento y exportación de azúcar y café; así como Adolfo Facussé, acompañaron inicialmente las propuestas de Zelaya, por ejemplo, su incorporación a la iniciativa de Petrocaribe. Pero al mismo tiempo le advirtieron públicamente de los riesgos de su afán de confrontación. A la hora del golpe acabaron callando o dándole la espalda al presidente.Juan Ramón Martínez, escritor y excandidato a la presidencia por la Democracia Cristiana, asegura que “los empresarios despreciaban a Zelaya. Para ellos era un pendejete ensombrerado, y como no es licenciado (sólo estudió el primer año de ingeniería) en la campaña nos reíamos de él. Fue un error. Cada vez que irrespetábamos a Zelaya se reforzaba su necesidad de encontrar a alguien que lo tomara en serio... y ese alguien fue Hugo Chávez”.
Miedo
El acercamiento a Chávez alimentó los miedos de los principales empresarios hondureños y de los adversarios políticos de Zelaya, que a comienzos de año apostó a militares armados frente a la sede del Congreso y amenazó con disolver éste si los legisladores no accedían a alterar a su conveniencia la lista de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a fin de incluir a la esposa del ministro de la presidencia.No lo logró, pero Zelaya decidió embestir con más fuerza en su afán de personalizar su gestión. No en balde sus amigos le atribuyen una endiablada capacidad para asumir riesgos y desafiar al orden con tenacidad de adolescente: convocó una consulta sobre la conformación de una asamblea constituyente, lo que dio pie a una batalla jurídica con la Corte Suprema y la Fiscalía, que calificaron dicha consulta de ilegal ante la posibilidad de que Zelaya buscara la reelección. El presidente no hizo caso de las sentencias judiciales. El sistema de Justicia, controlado indirectamente por el Congreso, lo acusó de traición a la patria y amenazó con destituirlo. Pero Ribera matiza: “Su intención no era quedarse en el cargo, sino hacer el plebiscito en noviembre, presidir la Constituyente y después pensar en el futuro”.En cualquier caso, a ojos de sus adversarios se trató de un afán de protagonismo excesivo para un presidente al que le quedaban seis meses de mandato. La sombra del chavismo pesaba, pero también el temor a que Zelaya convirtiera los resultados de la consulta en un arma moral para impulsar una reforma del sistema de partidos y de elección de autoridades. Ribera admite que el conflicto “no es esencialmente una batalla ideológica. Lo que ocurre es que Mel llevó a su máxima expresión la tradición política hondureña de estirar la ley para beneficio propio, y los partidos tuvieron miedo de que se fortaleciera políticamente”.En cierto modo coincide Alejandro Álvarez, del Cohep: “Si Mel hubiera dado marcha atrás con la cuarta urna, todo lo demás, las ilegalidades, se le hubieran perdonado”.Ya sucedió antes. En 1985, el entonces presidente de la república, Roberto Suazo Córdova, con el apoyo de su ministro Carlos Flores Facussé, trató de reformar la constitución para reelegirse. Una veintena de congresistas del Partido Liberal elaboró una propuesta de decreto para instalar una asamblea constituyente y lo firmaron. Uno de aquellos hombres y mujeres que firmaron aquel proyecto para que Suazo hiciera lo que ahora se le reprocha a Zelaya, es Roberto Micheletti Bain, el actual presidente de facto.El decreto de 1985 no prosperó. A golpes, literalmente, diputados del Partido Nacional impidieron su lectura en sesión plenaria y se negoció la salida a la crisis. Esa vez no hubo traidores ni destituciones.En cambio, en mayo pasado fracasaron los sucesivos intentos de lograr una solución similar; se habla incluso de varias reuniones en casa del embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, para que las partes dialogaran. Flores Facussé y los candidatos de los dos principales partidos estaban dispuestos a que se hiciera la consulta, siempre que el ejército no participara en ella y Zelaya no gestionara el plebiscito de noviembre. El presidente no accedió y tensó la cuerda. En otros salones, en otras reuniones, la maquinaria del golpe ya estaba en marcha.“Nosotros ya habíamos hablado con todos, con las instituciones de justicia, con la Fuerza Armada, y apoyábamos la decisión de que el proceso de destitución y juicio del presidente iniciara”, admite Alejandro Álvarez.El 25 de junio, 34 años exactos después de la masacre de Los Horcones, Mel Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor, que con el respaldo de toda la oficialidad se negaba a colaborar en la logística de la consulta, y sin saberlo puso en marcha esa maquinaria, que ahora se ampara en argumentos jurídicos.“Las élites, antes de la llegada de Zelaya, habían pactado incluso por encima de la ley –admite el líder demócrata cristiano Juan Ramón Martínez– pero cuando él los acorrala, ocurre un milagro ¡y todos se vuelven legalistas!”Claro, legalistas pero de la mano del ejército. El asesor jurídico de la Fuerza Armada, el coronel Herberth Bayardo Inestroza, ha admitido que los oficiales y soldados que el 28 de junio subieron a Mel Zelaya en un avión militar y lo sacaron del país sabían que estaban cometiendo un delito y pasando por encima de las autoridades civiles, pero nadie del nuevo gobierno, del Congreso hondureño o de la cúpula empresarial se lo ha reprochado.“Una decisión como esa no pudo haberse tomado sin el apoyo de los dos partidos (Liberal y Nacional) y sin contar con algunos de los principales empresarios”, apunta Cálix. Adolfo Facussé hace una confesión inquietante: “La empresa privada siempre ha sido aliada del ejército”. Al mismo tiempo lamenta: “Y (los militares) son al mismo tiempo la mayor amenaza que tenemos”.
La causa común
Esta vez, sólo esta vez, la comunidad internacional ha condenado el atropello al orden constitucional en Honduras, pero es incierto que Mel Zelaya pueda regresar a Honduras como presidente. Altos mandos del ejército han anunciado su renuncia inmediata si eso sucede, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga prevé un baño de sangre si lo hace, y el empresario de telecomunicaciones Alejandro Álvarez adelanta una huida de empresarios y profesionales liberales: “No van a torcernos el brazo, independientemente de lo que pasó y de cómo pasó. Si logran torcernos el brazo, porque a veces los políticos ceden, este país se acabó”, dice.En la capital económica del país, San Pedro Sula, los empresarios maquileros están permitiendo, cuando no obligando a sus trabajadores para que asistan a las concentraciones de apoyo al nuevo régimen. “Toda la estructura represiva de los ochenta está activa ahora: toque de queda, corte de la señal a medios, constantes cadenas nacionales, detenciones en diferentes zonas del país”, asegura Cálix. Pero el apoyo a la restitución de Zelaya, que no es mayoritario en un país apático y cuyos ciudadanos tienen miedo a manifestarse en las calles, constituye el germen de una fuerza de oposición a los dos partidos tradicionales, un movimiento que rebasa al pequeño partido de izquierda, Unión Democrática, y se nutre de las bases más progresistas del liberalismo y el nacionalismo.“Esto va a terminar por definir a la izquierda y la derecha del país”, vaticina Omar Ribera. El lunes por la noche, en las oficinas del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys), Guillermo, uno de los coordinadores de las marchas prozelayistas de los últimos días, lo ilustró claramente en una reunión para programar las próximas acciones callejeras: “El movimiento es real, sigue su propio impulso y no vamos a dejar pasar la oportunidad. Por primera vez la gente está saliendo a la calle. Vuelva o no vuelva Mel, esto ya no lo para nadie”. Un nuevo intento por frenar con las armas estas movilizaciones puede acabar por dar alas a la izquierda en Honduras. El patriarca de los Zelaya, José Manuel, debe estar revolviéndose en su tumba.

El Ejército a juicio

Ya desborda las fronteras la exigencia de poner límites al fuero castrense en México para que las violaciones a derechos humanos cometidos por militares no sean juzgadas como actos de servicio. A la preocupación externada hace unos días por el gobierno de Estados Unidos se suman los cuestionamientos sobre esos abusos en foros internacionales y, por si faltaba, un impactante reportaje de The Washington Post acerca de las torturas y desapariciones atribuidas al Ejército Mexicano en el marco de la guerra librada por el presidente Calderón contra el narcotráfico.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

El gobierno de Felipe Calderón, por medio de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quiere convencer al mundo de que en México los militares no quedan impunes cuando violan los derechos humanos.Contrario a las peticiones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, Calderón no está dispuesto a modificar el fuero militar y pretende que se mantenga tal y como lo quiere el Ejército para que ese tipo de agresiones sigan considerándose legalmente como “actos de servicio”.Pero la decisión no depende sólo del Ejecutivo. En las próximas semanas se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre un amparo que busca delimitar los alcances de la justicia castrense, que por más de siete décadas ha permitido no sólo la aplicación de la jurisdicción castrense sobre civiles, sino que los militares se investiguen y juzguen a sí mismos.Como nunca había ocurrido, la semana pasada los excesos del Ejército durante la guerra sucia y ahora en el combate al narcotráfico quedaron exhibidos a escala internacional. El martes 7, por primera vez en la historia del Ejército y del país, el Estado mexicano fue obligado a comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido en un retén castrense en agosto de 1974 y a quien se le vio por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero.Al día siguiente de la comparecencia en la Corte Interamericana, Human Rigths Watch, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más importantes en el mundo, envió una carta al gobierno de Calderón para pedir que dé a conocer información sobre la impunidad militar.Horas después, el diario estadunidense The Washington Post publicó como su nota principal las acusaciones contra el Estado mexicano por los casos de tortura y desapariciones atribuidos al Ejército durante los operativos de combate al narcotráfico ordenados por Calderón.Todos los señalamientos apuntan a la impunidad que les garantiza el fuero castrense a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando violan los derechos humanos de civiles, lo que le ha generado al gobierno de México críticas en el mundo, incluso de países con una reciente historia totalitaria, como Bangladesh y la Federación Rusa. Los cuestionamientos también llegan de países sudamericanos que al pasar de dictaduras militares a regímenes democráticos modificaron su legislación para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas por la justicia civil y no por los tribunales de los propios uniformados, como ocurre en México.Ese es uno de los argumentos que se discuten en la SCJN con miras a la resolución que tomará tras revisar un amparo tramitado por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Medina López, uno de los cuatro civiles acribillados por el Ejército en Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2008.El pasado miércoles, la Primera Sala de la Corte decidió enviar al pleno del máximo tribunal la revisión del amparo 989/2009 promovido por Morales Rodríguez con el patrocinio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el centro de investigación y análisis Fundar.El acuerdo de los cinco ministros que integran la Primera Sala, encargada de los asuntos penales, fue que, debido a su trascendencia, el caso pasara al pleno de la SCJN y se resolviera en sus primeras sesiones al regreso de las vacaciones del Poder Judicial, el 3 de agosto próximo.El recurso legal pretende sacar de la jurisdicción militar la investigación sobre el asesinato de los cuatro civiles en la sierra de Badiraguato, que iban desarmados en el momento de ser atacados por los tripulantes de un camión militar, sin que existiera un retén de por medio (Proceso 1641). Ese fue el segundo ataque de soldados contra civiles en Sinaloa en menos de un año, luego de la agresión sufrida por una familia en La Joya de los Martínez, en Sinaloa de Leyva. En esa acción murieron tres menores de edad y dos mujeres.Ambos casos quedaron en manos de la justicia militar. En el primero nunca se supo cómo se desarrolló en los tribunales castrenses el juicio contra los responsables, además de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el apoyo del gobierno del estado, promovió un arreglo económico con la familia. En el caso de la matanza de Badiraguato, la Sedena informó en abril del año pasado que un tribunal militar dictó la orden de formal prisión, por homicidio y lesiones, en contra de un teniente de infantería, dos soldados y dos cabos. No obstante, familiares de las víctimas han sostenido que en el asesinato participaron entre 15 y 20 efectivos del Ejército.Reynalda Morales fue la única familiar de las víctimas que llegó a la SCJN por vía del amparo, con el propósito de que el juez militar adscrito a la III Región Militar, con sede en Mazatlán, decline el caso a favor de un juez común. A través de la Procuraduría de Justicia Militar (PJM), la Sedena rechaza esa petición porque considera que se trató de una indisciplina cometida por sus elementos en actos de servicio.El proyecto de resolución del amparo ya está elaborado y su autor, el ministro José Ramón Cossío, propone que el pleno –integrado por 11 ministros– discuta el fondo del amparo: la constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar y, eventualmente, el traslado del caso a la justicia ordinaria por tratarse de un homicidio.
Los límites necesarios
El artículo 13 de la Constitución establece que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”, pero el Código de Justicia Militar considera como “delitos contra la disciplina militar” aquellos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo servicio. Bajo esa disposición, todos los casos de agresiones de militares contra civiles, incluidas las violaciones a los derechos humanos, quedan en la jurisdicción militar. De acuerdo con los abogados del centro Pro, Santiago Aguirre, y de Fundar, Luis Miguel Cano, la decisión de la SCJN “confirma que el caso tiene que ver con la necesidad del control civil sobre las Fuerzas Armadas” en México.Los abogados consideran que la SCJN tiene la oportunidad de establecer “de una vez por todas” el alcance del fuero militar en México y revertir una práctica que ha sido criticada internacionalmente, sobre todo en momentos en que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército se han sextuplicado en lo que va del sexenio como resultado de los operativos antinarco desplegados por el presidente Calderón.De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este sexenio se han registrado más de mil 600 quejas contra el Ejército por delitos como la privación arbitraria de la vida, tortura, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego (Proceso 1688).Los abogados advierten que si la Corte pospone su resolución indefinidamente, se prolongaría la falta de acceso a una justicia imparcial que padecen los familiares de las víctimas. El amparo llegó a la SCJN a principios de año. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo decidió hacer suyo el caso y estudiar la atracción. El asunto quedó en manos del ministro Cossío, quien ahora propone que, al revisar el amparo, la Corte se pronuncie sobre la extensión del fuero militar.“Lo que está en juego no es la subsistencia del fuero militar, sino la limitación de éste a las cuestiones que atenten contra la disciplina militar. El Ejército debe rendir cuentas ante las autoridades civiles por los delitos que, como la tortura, la violación, el homicidio o la desaparición forzada de personas, agravian a la población y no primordialmente a las Fuerzas Armadas”, señalaron los litigantes del Centro Pro y Fundar.Para la resolución del amparo, la Suprema Corte ha recibido argumentos de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, así como de especialistas de América Latina y Estados Unidos sobre los avances mundiales en materia de límites a la jurisdicción militar cuando personal de las Fuerzas Armadas viola derechos humanos.En total, 26 organizaciones de derechos humanos de 13 países latinoamericanos –incluidos algunos con historia de dictaduras militares, como Argentina–, la Universidad de Harvard y la Comisión Internacional de Juristas se constituyeron bajo la figura jurídica amicus curiae (amigos de la corte) para argumentar ante los ministros de la SCJN que el derecho internacional prohíbe aplicar el fuero militar cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Además, explican la evolución del tema en América Latina y cómo prácticamente todos los países de la región –que en la mitad del siglo pasado padecieron regímenes militares– han modificado sus constituciones políticas para limitar el fuero militar.En sus respectivos escritos, esas organizaciones coinciden en que la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México forma parte, establece de manera expresa esa prohibición; en tanto que en diferentes resoluciones la Corte Interamericana ha señalado que la jurisdicción penal militar debe tener un carácter restrictivo y excepcional. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que esa jurisdicción no es la competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos. La Comisión Interamericana se ha pronunciado en ese mismo sentido sobre varios casos en los que están involucrados militares, entre ellos el de Pacheco Radilla. Después de la comparencia del martes pasado, la comisión podría emitir su fallo hacia finales de este año o principios del próximo.De manera precisa, esta Comisión Interamericana ha señalado que la investigación de la PJM sobre presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por militares mexicanos implica una violación de la Convención Americana.
Presión internacional
En este continente, uno de los principales críticos al privilegio que se la da al fuero castrense en México es Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington, aunque inicialmente respaldó los operativos militares ordenados por Calderón.En abril pasado, HRW dio a conocer el informe Impunidad uniformada, en el que demuestra cómo el fuero militar sirve para proteger a los responsables de violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas.El director para América de la organización, José Miguel Vivanco, asegura que en los últimos 10 años los militares mexicanos no han sido capaces de condenar a nadie, sea soldado u oficial, por violaciones a los derechos humanos. “No hay ningún caso igual en América Latina”, dice.Añade que para cualquier autoridad democrática en el mundo lo razonable es que en México exista un régimen jurídico que impida “la corrupción de las Fuerzas Armadas a través de la impunidad”, por lo que si cometen abusos deben ser sancionados ejemplarmente. “Una tortura, una violación sexual o un homicidio no son faltas a la disciplina militar, sino crímenes que deben ser sancionados por la jurisdicción ordinaria y no sometidos a los tribunales militares para impedir que se investiguen”, enfatiza Vivanco.Califica de “lamentable” la actitud del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de defender, no sólo en México, sino ante la comunidad internacional, el fuero militar: “Ha hecho una defensa cerrada de un sistema que está quebrado y no tiene mayor credibilidad”.Gómez Mont ha sido el encargado del gobierno de Calderón para responder a las críticas internacionales que ha recibido México por el predominio del Ejército, a la vez que el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, dejó en claro el pasado 19 de febrero, Día del Ejército, que el fuero militar debe quedar intocado.Ese mismo mes Gómez Mont viajó a Ginebra para defender esa jurisdicción ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo hizo en la sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal, en el que se revisó la situación de los derechos humanos en México.Seis de las ocho recomendaciones que se le hicieron al gobierno mexicano se centraron en la necesidad de limitar la jurisdicción castrense. Los países que las formularon fueron Bangladesh, Irlanda, Portugal, Perú, Uruguay y, en forma conjunta, la Federación Rusa y la República de Corea, que además pidió medidas de protección a los derechos humanos en los operativos del Ejército en contra del narcotráfico.La contundente respuesta del gobierno de Calderón se entregó formalmente en Ginebra, en la sesión del 11 de junio: “El Estado mexicano no apoya la recomendación debido a que la jurisdicción militar sobre conductas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones es prevista por la propia Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina militar”. Añadió: “Por la especificidad de la materia, es legalmente insostenible una jurisdicción paralela y alternativa que conozca de los delitos que los militares cometen en ejercicio de sus funciones. A su vez, la Constitución también prevé la facultad de recurrir las sentencias de los juzgados militares y del Supremo Tribunal Militar ante los tribunales civiles… mediante el juicio de amparo”. Esa fue la misma posición que defendió Gómez Mont ante la Corte Interamericana el pasado martes. Los hechos demuestran lo contrario. De acuerdo con el Centro Pro, el fuero militar carece de las garantías básicas del debido proceso en casos de derechos humanos, pues al carecer de independencia respecto de las Fuerzas Armadas “incorpora las viciadas figuras de amnistía y obediencia debida como excluyentes de responsabilidad penal, lo que dificulta significativamente a las víctimas del procedimiento”.Ante las presiones internacionales, Calderón informó a la ONU que actualmente la justicia militar integra seis averiguaciones previas y que en tres casos se consignó a 32 efectivos, además de que en nueve sentencias se condenó a 14 elementos. Sin embargo, no dio ningún detalle sobre el tipo de acusaciones de que se trata ni de qué rango son los militares procesados.

Desaparecidos de ayer y de hoy

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido ilegalmente el 25 de agosto de 1974, en un caso típico de la guerra sucia librada al margen de la ley, con el pretexto de imponer su imperio, por el Estado mexicano. Antiguo alcalde (priista) de Atoyac de Álvarez, sospechoso de pertenecer o servir a la guerrilla de Lucio Cabañas, Radilla fue detenido en presencia de su hijo, entonces de once años y ahora testigo presencial en el juicio que busca establecer responsabilidades penales sobre esa forma de privación ilegal de la libertad, la más grave de todas porque es practicada por el Estado o mediante su complicidad y omisión.En representación del gobierno mexicano acudió a la audiencia, el martes 7 en San José de Costa Rica, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. De acuerdo con el boletín No. 116 de esa dependencia, para eludir la responsabilidad del Poder Ejecutivo en esa desaparición, Gómez Mont dijo que "la evolución institucional en materia electoral, de seguridad y de derechos humanos que ha habido en el país durante los últimos treinta años… impedirían que un caso así se repitiera".El secretario de Gobernación puede hablar de esa guisa en el extranjero, pero no podría sostener aquí que esa etapa del Estado autoritario se ha superado. Al pretender hacerlo mostraría falta de información o de plano mentiría. Para infortunio de todos, en violaciones a los derechos humanos no hemos transitado del autoritarismo a la democracia. En esa materia Felipe Calderón no se distingue de Luis Echeverría ni Gómez Mont de Mario Moya Palencia. Sin que nadie castigue a los responsables; más todavía, sin que siquiera se investiguen los sucesos correspondientes, hoy se hace desaparecer a personas con la misma naturalidad e impunidad que hace 35 años.De inmediato puede citarse para documentar ese dicho el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario, detenidos en Oaxaca el 24 de mayo de 2007 y hechos desaparecer al día siguiente cuando, según diversos indicios, fueron entregados por la policía estatal a miembros del Ejército. Está al menos probada, en la indagación que sobre el caso realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presencia militar en el lugar y la hora en que fueron capturados los presuntos guerrilleros.Puede argüirse, sin embargo, que la intervención castrense en esa desaparición forzada no está plenamente probada. Sí lo está, en cambio, otro caso más reciente en que efectivos militares la practicaron en contra de tres muchachos de veintitantos años de edad cada uno, que fueron capturados sin orden judicial y sin motivo aparente en Nuevo Laredo, el 17 de marzo pasado. Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente salieron del domicilio del primero para llevar al segundo al suyo propio. Miembros del Ejército, a la vista de muchas personas los detuvieron y no se volvió a saber de ellos. Así hubiera quedado la situación de no ser por la insistencia de las esposas de los detenidos, que no aceptaron la inicial negativa de la autoridad militar de aquella ciudad tamaulipeca sobre la detención. El 24 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en que avisaba de la apertura de una averiguación previa destinada a "determinar la participación de personal militar" en la captura de esas personas. El 8 de mayo la Sedena informó que con motivo de esa averiguación se había consignado ante un juez militar a cuatro oficiales y ocho soldados por la privación ilegal de la libertad de esos jóvenes. A partir de entonces la Secretaría de la Defensa nacional no ha vuelto a informar sobre el caso, no obstante que su naturaleza cambió radicalmente. El 7 de mayo, víspera de la emisión de su segundo boletín –y acaso a ello se debió la difusión de ese comunicado– fueron hallados en un paraje de Nuevo León los cuerpos de las tres personas detenidas por militares al margen de la ley. No se conoce –ese es uno de los defectos del fuero de guerra, su opacidad– el curso de la consignación por privación ilegal de la libertad, ni si la causa respectiva se engrosó con la denuncia por homicidio que corresponde. A pesar de que las víctimas sean civiles, los autores del delito están bajo la jurisdicción castrense. Como si hechos de esa magnitud, y los contenidos en el informe de Human Rights Watch sobre la "impunidad con uniforme" (tal cual se tituló su informe sobre justicia militar), no hubieran trascendido a la opinión pública mexicana e internacional, en San José el secretario Gómez Mont defendió el fuero de guerra, en función de que fueron militares quienes detuvieron a Radilla Pacheco y se busca que se les sancione penalmente. Primero, como dice el boletín de Gobernación, "destacó la institucionalidad de las fuerzas armadas", que implica "una delimitación clara de las funciones y facultades de las fuerzas armadas que, a su vez, han incorporado el respeto y la remoción de los derechos humanos a su actuación"Enseguida, "Gómez Mont defendió a la jurisdicción militar e hizo notar que las garantías constitucionales consagradas a favor de las víctimas operan tanto en el ámbito de la justicia civil como de la militar". Como si sus oyentes en la Corte, y el público mexicano en lo general ignoraran el sistema jerárquico que rige el funcionamiento de los tribunales castrenses, sujetos sus titulares y miembros a los mandos superiores, el secretario dijo también, sin atenerse a la verdad, que "la jurisdicción militar garantiza los principios de independencia, imparcialidad, oralidad, publicidad, contradicción y concentración. Por ello, rechazó que los militares no puedan juzgar a los propios, porque eso es no reconocerles su identidad y su mística apegada a los más altos valores institucionales".Terminó Gómez Mont con una falacia, cuyo desarrollo implicaría la reposición del fuero eclesiástico y la creación de otros semejantes. Dijo que "la jurisdicción militar se somete a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, que resuelve el Poder Judicial de la Federación. Explicó que de esta forma existe un sistema mixto en el que el resultado final de un juicio militar recae en un tribunal de carácter civil". El secretario volvió de San José pleno de esas convicciones, por lo que a la mañana siguiente irrumpió telefónicamente en una mesa radiofónica sobre justicia militar. Dijo al aire (según el boletín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representado en la mesa por Santiago Aguirre) que las denuncias contra excesos del Ejército están motivadas en una "insensatez" y un "prejuicio inaceptable": el considerar que al Ejército no le interesa impulsar los derechos humanos. Defendió una vez más el fuero de guerra porque (de acuerdo con la información de la agencia Apro) "incentiva, propicia y protege que los mandos preserven la disciplina de sus cuerpos en función del respeto a la población".Será de verse si Gómez Mont hace precisiones, como llamó a sus planteamientos en la mesa radiofónica de marras, a dichos de funcionarios estadunidenses de alto nivel –como los zares de la frontera y contra las drogas– y al reportaje de The Washington Post aparecido el mismo jueves 9, donde se afirma que el Ejército Mexicano se vale de desapariciones forzadas y tortura para combatir a las bandas de la delincuencia organizada. El secretario de la Defensa fue buscado por el diario washingtoniano para conocer su opinión al respecto pero éste no fue atendido.El denuedo de Gómez Mont en proteger el buen nombre del Ejército, aun pasando por alto hechos comprobados, va más allá del rutinario reconocimiento que, a manera de exorcismo, se hace a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Da la impresión de que se siente forzado a hablar en tal sentido, lo que eventualmente podría implicar sujeción del poder civil al militar.

La educación pública: de Vasconcelos a Gordillo

Lejos quedaron los tiempos en que el país formaba a sus ciudadanos con base en contenidos humanísticos y en valores sociales y éticos; hoy, todo gira en torno a evaluaciones constantes que sólo buscan ganar puntos para parecer competitivos. Alberto Arnaut, investigador de El Colegio de México, hace un recuento de aportes y retrocesos de los secretarios de Educación Pública desde José Vasconcelos hasta nuestros tiempos, cuando el control de la SEP ha sido entregado a Elba Esther Gordillo.

RODRIGO VERA

El contenido humanista en la educación básica que impulsó José Vasconcelos cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en los años veinte, se ha visto menguado hoy ante las hiperevaluaciones de los programas de estudio que privilegian las habilidades técnicas y cognitivas sobre la formación en los aspectos sociales y éticos de los alumnos.Otro importante cambio se produjo en la educación básica que imparte el Estado: ya no va dirigida al México rural y analfabeta de tiempos de Vasconcelos, sino a un país urbano cuyos nuevos marginados son, sobre todo, los migrantes de todo tipo y las poblaciones hacinadas en los cinturones de miseria.Alberto Arnaut, investigador de El Colegio de México y uno de los más prestigiosos historiadores de la educación en nuestro país, comenta:“Actualmente, las evaluaciones se han convertido en el parámetro principal para medir la calidad y los resultados educativos. ¡Hay mil maneras de evaluar! Y esas evaluaciones privilegian los aspectos cognitivos, como el cálculo y la lecto-escritura. Son metas cuantitativas para ganar puntajes. Tan mala es la falta de evaluación como la aberrante hiperevaluación que hoy estamos padeciendo.“Ésta puede producir el efecto perverso de que se abandonen los contenidos humanísticos y los valores esenciales de la educación –relacionados con la convivencia social y con aspectos morales– en aras de obtener una buena calificación en las evaluaciones nacionales e internacionales a que está sujeto nuestro sistema educativo. ¡Es algo escandaloso y alarmante! La evaluación debe ser un instrumento, no un fin para mejorar la educación.”Arnaut es autor de La federalización educativa en México, historia de una profesión; los maestros de educación primaria en México, así como de La evolución de los grupos dominantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.Asegura el especialista que, inspirado en la labor educativa de Justo Sierra, “José Vasconcelos es el fundador del sistema educativo posrevolucionario. Y durante su paso por la Secretaría de Educación Pública, de 1921 a 1924, puso énfasis en la expansión de la llamada Escuela Rural Mexicana”.Aquel era un México rural y analfabeta, enfatiza. “Por eso Vasconcelos emprendió una rápida alfabetización del pueblo, imponiendo un modelo pedagógico con un fuerte contenido social, pese a que, en términos personales, le interesaba mucho más la educación superior y el fomento a la cultura y el arte”.
–¿Era muy distinto el papel del maestro?
–Sí, pues entonces los maestros rurales no sólo debían enseñar, sino también consolidar la integración nacional. El maestro era una figura polifacética: hacía las veces de agrónomo, ingeniero, abogado, gestor y líder de la comunidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. Era otro México. Y la escuela rural se convirtió en una de las creaciones más originales de los primeros gobiernos salidos de la Revolución.El sucesor de Vasconcelos, José Manuel Puig Casauranc, consolidó el proyecto de la Escuela Rural Mexicana, para pasar luego a la “escuela socialista” implantada en el período del general Lázaro Cárdenas, que va de 1934 a 1940:“Durante el cardenismo, la Escuela Rural Mexicana se radicalizó y se politizó. Dio paso a la educación socialista. Ya no sólo tenía como tarea enseñar, mejorar la calidad de vida de las comunidades y contribuir a la integración nacional, como en la década de los veinte, sino también contribuir al cambio en las estructuras sociales, particularmente en la estructura de la propiedad de la tierra.“De esa manera, los maestros se convirtieron en asesores y líderes de las comunidades que solicitaban reparto agrario. Fueron también aliados del gobierno en frentes como el de la expropiación petrolera y la organización sindical.“El cardenismo fue, además, el período en el que se consolidó la organización sindical de los maestros. Después de una etapa de multiplicación de las organizaciones sindicales, para la segunda mitad del régimen quedaron sólo dos grandes organizaciones: la Federación Mexicana de Trabajadores de la Educación (FMTE) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Mexicana (STERM). El sindicalismo magisterial llegaría para quedarse como uno de los interlocutores principales de los secretarios de Educación.”Y uno de los más destacados entre ellos fue Jaime Torres Bodet, quien, de 1943 a 1946, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, estuvo por primera vez al frente de la SEP.“Escritor y poeta de prestigio, de joven Torres Bodet había sido colaborador de Vasconcelos en la SEP. Era un hombre conciliador y con experiencia en la diplomacia. Asumió el cargo el mismo día en que se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Incluso, su primer discurso como secretario fue en la asamblea constitutiva del sindicato”, dice Arnaut.Torres Bodet revivió la campaña contra el analfabetismo, fundó la Escuela Normal Superior y el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM), en el que los maestros en servicio podían completar sus estudios y titularse, mediante cursos orales y a distancia. De ese instituto egresaron decenas de miles de maestros durante las tres décadas siguientes, por lo que se le consideró la normal más grande del mundo.Y aún más, “Torres Bodet actualizó los contenidos en la enseñanza primaria. También igualó los planes de estudio de las escuelas rurales con los de las escuelas urbanas. Una homogenización que, creo, no fue benéfica para el sistema educativo porque, entre otras cosas, acabó con aquella oferta de educación primaria distinta para los sectores rurales, que era una de las partes más ricas del sistema educativo posrevolucionario.“Junto con Vicente Lombardo Toledano, Torres Bodet logró que se eliminaran las aristas más controvertidas del artículo tercero constitucional. Por ejemplo, se eliminó la definición de la educación pública como educación ‘socialista’, que quedó plasmada durante el cardenismo. También se suprimieron las alusiones anticlericales, en las que se decía que la educación sería antidogmática y lucharía contra el fanatismo.”No obstante, ratificó el carácter laico y la rectoría del Estado, señalando que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. “Fue una reforma con un contenido social muy fuerte, pues definía a la democracia como el constante mejoramiento económico, social y cultural de los grupos más pobres. Una definición que no se limitó a la forma de gobierno”, dice. Arnaut indica que “no hubo nada digno de mencionar” en materia educativa durante los dos sexenios que vinieron después, el de Miguel Alemán (1946-1952) y el de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), a no ser “la crisis” por la que atravesó la escuela rural, cuando “empezó a perder su impulso inicial como instancia de mejoramiento de las comunidades y agente de transformación social. Los mismos maestros dejaron de ser los únicos agentes del Estado en el mundo rural, pues comenzaron a llegar los enviados de los bancos de crédito ejidal, de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Salud y de otras instituciones de gobierno. México se convertía en un país urbano, con una explosión demográfica impresionante que, por consiguiente, provocó que aumentara muchísimo la demanda educativa”.
Vaivenes burocráticos
Vino después la segunda gestión de Torres Bodet como secretario de Educación Pública, de 1958 a 1964, durante el sexenio de Adolfo López Mateos.Refiere Arnaut que entonces puso en marcha el Plan de Once Años, cuyo objetivo fue expandir y mejorar la enseñanza primaria ante la explosiva demanda educativa que se generaba en las ciudades. Y creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, un órgano colegiado donde estaban representadas las principales instituciones educativas y cuya función fue reformar los planes y programas de estudio.Pero su obra más importante, recalca, fue crear la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), en 1959, que produjo los libros de primaria, y con ellos “se terminó de un plumazo con una de las grandes desigualdades entre los niños que tenían libros de texto y los que no podían tenerlos”, pues la mayoría no tenía recursos para comprarlos a las editoriales privadas.Ante eso, “la Iglesia, el Partido Acción Nacional y la Coparmex realizaron grandes movilizaciones en contra del libro de texto gratuito, pues les molestó su contenido laico y el hecho de que las empresas editoriales privadas perdieran sus jugosas ganancias con la edición de libros para primaria, que eran muy costosos y desiguales”.De “gris” califica el período del escritor Agustín Yáñez al frente de la SEP, durante el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Al novelista jalisciense le pesó mucho la sombra de Torres Bodet y el conflicto estudiantil del 68 con el que tuvo que lidiar. Sin embargo, durante su gestión empezaron las transmisiones de las primeras telesecundarias, enfocadas a los pueblos aislados que difícilmente tienen acceso a las escuelas regulares.Quien sí tuvo una labor destacada, comenta, fue Víctor Bravo Ahuja, a cargo de la SEP durante todo el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976). Promulgó una nueva Ley Federal de Educación, reformó planes y programas de estudio en educación básica, renovó los libros de texto gratuito –los llamados “libros de segunda generación”–, dándoles un contenido progresista y crítico.“Bravo Ahuja tuvo la fortuna de que, durante su gestión, se aumentaron considerablemente los recursos a la educación”, dice Arnaut.Igual le ocurrió a Fernando Solana, al frente de la secretaría durante parte del sexenio de López Portillo y en los mejores años de la bonanza petrolera. Comenta el investigador que “con Solana se dio el primer impulso a la educación preescolar y se crearon las 31 delegaciones estatales de la SEP, con lo que ésta se fortaleció”.Pero señala que Miguel González Avelar, secretario de Educación en tiempos de Miguel de la Madrid, impulsó una postura muy “conciliadora” con el SNTE, al que le “entregó espacios” que la SEP había recuperado para sí. Después, ya en el sexenio salinista, a Manuel Bartlett le tocó afrontar el conflicto magisterial que terminó con la caída del líder Carlos Jongitud y la llegada de la maestra Elba Esther Gordillo a la dirigencia del SNTE.Ernesto Zedillo, quien también había sido titular de Educación durante el salinismo, llegó a la Presidencia de la República y dio “una fuerte continuidad a la líneas reformistas” del sexenio anterior.Arnaut señala que, en 2000, cuando el PAN ganó la Presidencia con Vicente Fox, “muchos temían un cambio traumático y radical en la política educativa, ya que históricamente el PAN es el más severo crítico del artículo tercero constitucional, de la educación pública y laica y de los libros de texto. Pero Fox, contra todos los pronósticos, dio continuidad a la política educativa”.
–¿Por qué no daría el golpe de timón?
–Sobre todo, influyó la designación de Reyes Tamez como secretario de Educación para que no se haya dado un cambio traumático. Tamez no era el típico político panista, sino un académico que provenía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la que fue rector, y dejó las principales subsecretarías en manos de personas con experiencia en el ámbito educativo. Señala que el “cambio significativo” en materia educativa lo vino a dar más bien Felipe Calderón, el segundo presidente panista, al poner a Elba Esther Gordillo y a su sindicato “en un primer nivel” dentro de la administración educativa federal.“Debido a una alianza político-electoral de alto nivel entre Calderón y Elba Esther, el presidente entregó al sindicato la Subsecretaría de Educación Básica, que hoy ocupa ni más ni menos que el yerno de Gordillo. Con esto, quedaron atados de manos los dos secretarios de Educación que, hasta ahora, ha puesto Calderón: Josefina Vázquez Mota y Alonso Lujambio.”
–¿Las componendas políticas entre Calderón y la maestra repercuten en la calidad educativa?
–La omnipresencia del sindicato en la administración educativa dificulta la construcción de un proyecto en educación. Hace más difícil la construcción de consensos y las negociaciones con gobernadores, investigadores, maestros y autoridades educativas estatales. Todo se realiza bajo una mayor tensión.Indica que el último alarde de poderío de Elba Esther es la transmisión de Todo el mundo cree que sabe, el programa televisivo de concursos que trasmite Televisa y es pagado por el SNTE. “Ese programa tiene más una intencionalidad política que educativa. Y, en todo caso, suplanta una iniciativa que debió salir de la SEP, no del sindicato”, dice Arnaut. A diferencia del México rural y analfabeta que le tocó a Vasconcelos, recapitula, “hoy tenemos un país urbano y alfabetizado, con una tasa promedio de ocho grados de escolaridad. Es un cambio radical”. Sin embargo, indica, han aparecido nuevas formas de exclusión: “Están los marginados urbanos, las grandes masas que emigran de un lado a otro del país y necesitan recibir educación, la población indígena que ya no sólo se encuentra en zonas rurales, sino también en las grandes ciudades. Hay una diversidad social, cultural y étnica que necesita atención educativa.”

Fox-Calderón: El Encontronazo

Un nuevo episodio de la vieja pugna entre Vicente Fox y Felipe Calderón se escenificó a raíz de la catástrofe electoral del domingo 5, pero con una particularidad: en el “deslinde” que el exmandatario hizo respecto del presidente de la República, cuya gestión criticó la semana pasada, omitió que él mismo formó parte del comité panista de campaña. En otras palabras, Fox evitó asumir la responsabilidad que le toca en el fracaso del PAN. Para aplacar al expresidente, Calderón echó mano de su apagafuegos, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

ÁLVARO DELGADO

Tras la peor derrota electoral del Partido Acción Nacional (PAN) en su historia de casi siete décadas, que obligó a la renuncia de su presidente Germán Martínez, Vicente Fox irrumpió públicamente para ajustar cuentas con Felipe Calderón, su sucesor en la Presidencia de la República.El jueves 9, el mismo día en que por la noche presuntamente contrajo matrimonio religioso con Marta Sahagún, y cuatro días después de las elecciones en las que no emitió su voto –estaba fuera del país–, Fox analizó el resultado electoral ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y le atribuyó a Calderón culpa en la debacle. “Si se va a gobernar, hay que hacerlo bien y hay que tener éxito y resultados, porque la gente juzga y en las urnas se expresa”, afirmó Fox, en lo que representa la reanudación de su vieja rivalidad con Calderón, que se manifestó en el sexenio pasado en la lucha por la candidatura presidencial del PAN y que se mantiene en el actual.Pero en su “deslinde” de Calderón, Fox omitió decir que él es, también, corresponsable de los resultados del domingo 5: Formó parte del Comité de Planeación Estratégica de la Campaña, órgano creado por Martínez el 26 de julio de 2008, cuando se comprometió a guanajuatizar México en 2009.El más reciente capítulo del choque Fox-Calderón tuvo como escenario el diario Excélsior, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña, socio de Marta Sahagún y patrocinador financiero de la construcción del Centro Fox, junto con los magnates Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego.Fox aprovechó la comparación que de ambos hizo el columnista Jorge Fernández Meléndez, el martes 7 en el mismo periódico, a propósito de la reacción que aquél tuvo ante la derrota en las elecciones intermedias de 2003, para formular un deslinde que enfureció al grupo gobernante. “En aquel momento, el presidente Fox cayó en un estado de abatimiento porque había sido convencido, con encuestas mal realizadas en Los Pinos, de que podría ratificar la mayoría en el Congreso y tardó varios meses en replantearse una estrategia que jamás dio frutos”, escribió Fernández en su columna Razones.Autor de Calderón, presidente electo, un libro de extensas conversaciones con el panista antes y después de la campaña de 2006, Fernández escribió enseguida: “Felipe Calderón no es Vicente Fox y no creo que vaya a caer en el abatimiento.”Fox respondió en una carta dirigida al columnista, con anexos estadísticos de desarrollo económico y social para sustentar la supuesta eficacia del gobierno que encabezó. Redactada de manera extraña en tercera persona del singular y presentada por Excélsior como su nota principal de primera plana en su edición del miércoles 8, la carta expresaba: “El presidente Vicente Fox durante su mandato trabajó permanentemente cerca de la ciudadanía. Hoy la gente, reclama esa cercanía a las autoridades… El presidente Vicente Fox actuó con sensatez, como un verdadero demócrata, con respeto a los poderes y con tolerancia ante los desacuerdos. Mantuvo al país en paz y con desarrollo económico.”Después de enumerar “logros” de su sexenio, Fox deslizó en la carta a Fernández: “Desgraciadamente, los acuciosos periodistas y comentaristas que hoy no pierden pisada, y son tan severos críticos de las figuras presidenciales, durante los sexenios anteriores pareciera que estaban volteando para otro lado, pues en su momento, simple y cobardemente, callaron.”Y rubricaba: “Estimado Jorge, en tu columna comparas al presidente Felipe Calderón con el presidente Fox. Efectivamente, Fox no es Calderón.”

Operación silenciamiento

La carta de Fox concitó la ira de Calderón, quien había viajado el martes 7 a Italia para participar en el Grupo de los Ocho, después de pedir a los gobernadores del PAN respaldar a Martínez, una vez que éste anunció su renuncia después de la desastrosa jornada electoral del partido en el gobierno. Calderón y su equipo intentaron tapar las vías de agua del panismo. A las pocas horas de la publicación de la carta, el secretario de Gobernación se comunicó telefónicamente con Fox y, hacia el mediodía, viajó vía aérea al rancho San Cristóbal, en Guanajuato, para platicar largamente con el expresidente de la República. Gómez Mont regresó a la Ciudad de México pasadas las 19 horas.Sin embargo, todavía el jueves 9 –el mismo día en que supuestamente casó por la iglesia con Marta–, Fox mantuvo el mismo tono crítico con Calderón, a quien atribuyó, en entrevista con los corresponsales de Excélsior y Reforma en Guanajuato, responsabilidad en la debacle electoral del PAN y ponderó el triunfo del PRI.“(Los priistas) hicieron unas cosas bien”, dijo Fox, y deslizó la culpa a Calderón: “Si se va a gobernar, hay que hacerlo bien y hay que tener éxito y resultados, porque la gente juzga y en las urnas se expresa.” El viernes 10, Excélsior presentó una breve entrevista con Fox, quien ratificó el “deslinde” de su gobierno con el de Calderón, como lo hizo en la carta que le envió a Fernández, quien efectivamente interpretó que ésta no era “un deslinde con el columnista, sino con su sucesor, con Felipe Calderón”.

–¿Qué lo motivó a mandarla? –le preguntó el corresponsal Andrés Guardiola a Fox.

–El mismo artículo de Jorge, el mismo artículo de él y la manera como expuso las cosas. A mí me parece que sí hay que deslindar claramente una administración de la otra, y simple y sencillamente fue una aclaración dirigida a él.

Fox trató de matizar: “Desde luego que no es un ataque al Presidente ni nada. Él es mi amigo y nos conocemos y trabajamos en el mismo propósito. Así que borrón y cuenta nueva.”En el contexto del proceso sucesorio de Martínez en el PAN, por cuyo control luchan las facciones como parte de la disputa por la candidatura presidencial en 2012, Francisco Ramírez Acuña, exsecretario de Gobernación, recomendó a Fox guardar silencio.“El que se va se calla”, ratificó el diputado federal electo, quien como gobernador de Jalisco “destapó” a Calderón como candidato presidencial, en junio de 2004, acto que motivó un regaño público de Fox ante el cual el hoy presidente de la República tuvo que renunciar a la Secretaría de Energía, en lo que fue un choque abierto entre ambos.

–¿Por qué habría escrito esta carta el expresidente Fox?

–Lo lamento, no tengo comunicación con el expresidente, pero yo creo que volvemos a lo mismo: ¡El que se va, se calla! Según el aspirante a coordinador de la diputación federal del PAN, cuyas posibilidades se prevén escasas por el desplome de sus candidatos en Jalisco –particularmente Guadalajara–, Fox se equivoca: “No tiene razón el expresidente Fox. El presidente Calderón ha hecho una tarea muy cercana al pueblo y no tiene razón de lo que ha venido diciendo.”El propio Ramírez Acuña, antes de ser sustituido por Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación, se enfrentó a Fox para neutralizar su activismo, particularmente cuando, en octubre de 2007, promovía su libro La revolución de la esperanza, en coautoría con el estadunidense Rob Allyn.“Los políticos tenemos que entender que el que se va se calla”, declaró Ramírez Acuña, quien, en la campaña de 2006, censuró a Andrés Manuel López Obrador por exigirle a Fox no inmiscuirse en el proceso electoral con la frase de “cállate, chachalaca”, pese a que Calderón dijo que en México no se debe callar a nadie.Y en respuesta a Fox, quien calificó la orden de silencio de “vieja práctica priista”, Ramírez Acuña no se retractó. “Yo ya dije lo que tenía que decir”, reiteró el 11 de octubre de 2007, justo el día en que la Cámara de Diputados integró la comisión legislativa para investigar el supuesto enriquecimiento ilegal de Fox.

Fox, corresponsable

La Cámara de Diputados trató de acreditar el enriquecimiento de los Fox y sus hijastros, los Bribiesca Sahagún, pero el resultado fue igual de estéril que el de la Secretaría de la Función Pública, cuyo primer titular, Germán Martínez, los exoneró antes de irse como presidente del PAN.Los jaloneos entre Calderón y Fox se presentaron por las declaraciones de éste sobre su paternidad en el triunfo presidencial de 2006, como lo expresó en noviembre de ese año: “Me tocó ganar dos veces: El 2 de julio del 2000 y el 2 de julio de 2006.”En febrero de 2007, en Estados Unidos, afirmó que, con su triunfo de 2006, se desquitó de la derrota ante López Obrador por el desafuero de jefe de gobierno. Inclusive en la Asamblea Nacional del PAN, en junio de 2007, Fox se dirigió a Calderón con un tono patrimonialista: “Mi-pre-si-den-te.”Uno de los diferendos entre Calderón y Fox se produjo en el contexto de la estrategia del actual gobierno contra el crimen organizado, cuando Gómez Mont afirmó que hubo complacencia en los sexenios anteriores con el narcotráfico.

–¿Incluyendo el sexenio de Vicente Fox?

–Evidentemente hubo omisiones en el sexenio pasado.

–¿Omisiones que deben ser sancionadas desde los puntos de vista penal y administrativo o solamente en el político?

–Hasta donde yo entiendo, la política va poniendo a todos en su lugar. Del pasado tomemos lo que necesitamos para aprender, ¡hombre!, no nos quedemos anclados en eso. Todos tenemos que entrarle.Pero esta imputación irritó a los foxistas: Santiago Creel, secretario de Gobernación casi cinco años y enfrentado a Calderón por la candidatura presidencial, descalificó la declaración de Gómez Mont: “Es una declaración inoportuna, dado que se da ya entrando al tercer año de gobierno y después del tercer secretario de Gobernación.”Y recordó que el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, tuvieron altos cargos en el gobierno de Fox. “No toma en cuenta que quienes hoy están combatiendo al narcotráfico y al crimen organizado en el país son las mismas personas que durante la administración del presidente Vicente Fox estaban a cargo de ese combate: El actual secretario de la Defensa era subsecretario de la Defensa; el actual procurador era secretario de Seguridad Pública, y el actual secretario de Seguridad Pública estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones.”Así, “si hubiesen habido omisiones o situaciones que pudieran implicar alguna responsabilidad para la administración del presidente Vicente Fox, ciertamente el presidente Calderón no hubiera designado a quienes estaban a cargo de combatir al crimen organizado en la época de la administración del presidente Fox, no los hubiese nombrado para hacerse cargo de esta nueva estrategia”.

Pronóstico fallido

Los choques entre las dos principales facciones en el interior del PAN se han sucedido a pesar de que, el año pasado, el propio Fox trató de conciliar a las partes con una cena celebrada en el Centro Fox, el viernes 26 de julio, previo a la sesión del Consejo Nacional que sesionó en León.La cena se celebró después de un cónclave esa misma mañana, en la capital del país, entre Martínez, su antecesor, Manuel Espino, y el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Los dos últimos se reunieron otra vez, ya en León.Junto con Marta Sahagún, Fox recibió efusivamente a los consejeros invitados que, al día siguiente, le rindieron un homenaje en el Polifórum de León, pletórico de acarreados, y donde Martínez hizo una promesa: “Vengo a hacer un compromiso, yo vengo a decirles que me comprometo con ustedes a que con sus victorias, con su historia, con sus gobiernos, pero sobre todo con los panistas y ciudadanos libres de Guanajuato, me comprometo en el 2009 a guanajuatizar el país.”Ese día, y producto de los pactos internos, el Consejo Nacional aprobó, por unanimidad, tres comisiones clave para el compromiso de Martínez y que incluyó a personajes afines a Espino:La Comisión Nacional de Elecciones, encargada de organizar y vigilar los procesos internos, presidida por José Espina, secretario general del CEN de Espino; la de Plataforma Política, encabezada por Rogelio Carvajal, todavía secretario general, y el Comité de Planeación Estratégica, cuyo presidente era Germán Martínez.Junto con Fox participan, entre otros, Ernesto Ruffo, el primer gobernador que surgió del PAN –de cuyo triunfo este año se cumplen 20 años–; Fernando Canales Clariond, exgobernador de Nuevo León; el diputado Gerardo Buganza, y el diputado Héctor Larios.En sus escasas giras de apoyo, Fox pronosticó el triunfo de los candidatos a diputados y alcaldes del Estado de México, en una gira que realizó, dos semanas antes de las elecciones, por Toluca, Naucalpan y San Mateo Atenco. Pero en esos tres municipios perdió el PAN…

Tegucigolpes

Luis Britto García

Todo golpe resulta de una acumulación de impactos que no se conjuraron a tiempo:

Golpe económico

Honduras exporta anualmente bienes por valor de 6.236 millones de dólares; 67,2% van a Estados Unidos; 4,9% a El Salvador, 3,9% a Guatemala. Honduras importa bienes por unos 10.200 millones de dólares, el 52,4% de Estados Unidos, 7,1% de Guatemala, 5,2% de El Salvador. Las remesas de los emigrados aportan casi 30% del ingreso de divisas; el desempleo es de 27%. La mayoría de las tierras y las industrias y maquilas pertenecen a pocas familias y menos transnacionales. Esta economía arrastra una balanza comercial negativa de casi cuatro millardos de dólares al año y carga con una deuda pública del 21% de su Producto Interno Bruto. Los beneficiarios de tales estructuras se oponen a cualquier cambio mediante la fuerza y el engaño. La dependencia económica acarrea la política.

Golpe mediático

En Honduras la casi totalidad de los medios son privados; en su mayoría apoyan el golpe, ocultan al pueblo lo que sucede, esconden las gigantescas movilizaciones populares favorables a Zelaya, magnifican el ínfimo apoyo a los usurpadores, llaman al reconocimiento y obediencia hacia los golpistas, divulgan mentiras y ocultan verdades concertados con las transnacionales de la información. La dictadura mediática conduce a la política.

Golpe estratégico

El plan Puebla-Panamá proyecta convertir Centroamérica en un corredor estratégico entre Estados Unidos, su aliado comercial México y Colombia, cabeza de puente de la intervención estadounidense en América del Sur. Sus presas son las reservas de hidrocarburos venezolanas y las aguas y la biodiversidad de la Amazonia. Las victorias electorales progresistas en Nicaragua, El Salvador y Honduras cortan esta autopista interventora. La hegemonía de Estados Unidos en América depende de la subyugación de América Central; nuestra supervivencia, de la independencia de ésta. La geopolítica determina la política.

Golpe de Base

A 97 kilómetros de Tegucigalpa opera la base militar estadounidense de Soto Cano o Palmarola, con un millar de efectivos y los equipos más avanzados de espionaje e intervención. Su comandante, el coronel Richard A. Juergen, se desempeñó como Director de Operaciones Especiales durante el secuestro de Jean Bertrand Aristide en Haití, obvio antecedente del rapto de Zelaya, quien adelantaba pasos para exigir la retirada de los estadounidenses de Soto Cano y convertirla en aeropuerto internacional. Tolerar la ocupación por enclaves militares o paramilitares es consentir un golpe suspendido que se materializa a la menor desobediencia. Aceptar la ocupación militar es permitir la dictadura militarista.

Golpe interventor

Mientras era embajador en Honduras, John Negroponte coordinó con los fondos del narcotráfico del “Irangate” la agresión paramilitar de los “contras” desde ese país, Costa Rica y El Salvador hacia Nicaragua. También instaló agencias estadounidenses como la NED, la USAID y el Instituto Republicano Internacional (IRI), órgano interventor del Partido Republicano que preparó el golpe de abril de 2002 en Venezuela y la deposición de Jean Bertrand Aristide en Haití. Estas agencias operan por la libre, e intensificaron el financiamiento y la organización de los opositores en los meses previos al secuestro de Zelaya. Negroponte consolidó asimismo los vínculos entre el ejército hondureño y la academia de represión antisubversiva llamada Escuela de las Américas. En ella se graduaron el comandante de las Fuerzas Armadas general Romeo Vásques y el comandante de la Aviación, general Luis Javier Prince Suazo. El actual embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, publicó el 4 de junio en el diario derechista La Prensa un artículo que convocaba a oponerse a cualquier reforma constitucional, afirmando que: “Uno no puede violar la Constitución para crear una Constitución, porque si uno no tiene Constitución vive la ley de la jungla”. Tras impartir tales instrucciones, se reunió al menos tres veces con los sectores civiles y militares que preparaban la usurpación. Según informa José Vicente Rangel, la madrugada del domingo 28 de junio los funcionarios del Departamento de Estado James Steimberg y Tom Shannon, contactaron para avisar del golpe a la base militar de Palmarola y al embajador Llorens, quien no advirtió a Zelaya, y continúa en Honduras como testimonio de que su país mantiene la ayuda económica y militar y las relaciones con los golpistas. Consentir la injerencia de extranjeros es admitir el golpe militar.

Golpe contra la OEA.

Revitalizada por el levantamiento de sanciones a Cuba, la OEA encuentra en el cuartelazo de Honduras una oportunidad y un desafío. La pronta reunión de la Asamblea General, la condena unánime del golpe ofrecen un segundo aliento a la exhausta organización. Sin embargo, se abre la duda sobre la efectividad de sus medidas para restablecer la democracia. Si el golpismo se afianza, la OEA añadirá a sus múltiples defectos la evidencia de su inutilidad. Que una insignificante pandilla de rufianes se retire de la OEA, irrespete al Presidente de la Asamblea General de ésta, cierre en su aeropuerto a mandatarios latinoamericanos electos y expida una orden de detención contra el presidente legítimo Zelaya, es un golpe mortal contra una organización buena en el pasado para avalar infamias e incapaz de revertirlas en el presente. Su inefectividad legitima la creación de un organismo latinoamericano y caribeño sin presencia de Estados Unidos, y el fortalecimiento del Consejo de Defensa de UNASUR.

Golpe contra ALBA

El golpe contra Honduras es contra el ALBA. Los golpistas y sus aliados advierten a los países de la Alianza Bolivariana que son vulnerables, que pertenecer a ella no los inmuniza contra las intervenciones e incluso los sitúa como blancos privilegiados de ellas. Los golpistas y sus medios declaran más contra Chávez que contra Zelaya. Cuando veas arder Honduras, defiende tu país.

Golpe contra la vía pacífica

El golpe confirma la validez de una regla invariable: La minoría privilegiada acepta la mayoría democrática sólo cuando le favorece o le facilita las cosas. En el fondo, su único argumento es la fuerza bruta. Ante ello, se plantea la reevaluación de la vía pacífica al socialismo ¿Puede seguir el movimiento popular empleando medios pacíficos cuando la respuesta es la fuerza bruta? ¿Deben deponer las armas los movimientos populares mientras las esgrimen sus enemigos? Quien no resiste la violencia ilegítima la fortalece.

http://luisbrittogarcia.blogspot.com Versión en francés: http://luisbrittogarcia-fr.blogspot.com

Que los de afuera seamos la voz mundial de los de dentro

Ricardo Andrade Jardí

El jefe de gobierno de la monarquía española, que no de una democracia, el “socialista” Zapatero y su partido, juegan el triste papel, designado a la “madura y moderna izquierda” que las golpistas televisiones del mundo promueven. En tanto las posiciones fascistas de los populares españoles se dejan escuchar en su “afán democrático” para apoyar el “democrático golpe militar” que rompe, una vez más en Honduras, el orden realmente democrático de ese agredido país, para imponer un títere al servicio de los intereses rapaces del libre mercado, tan promovidos por la y del gusto de la monarquía española, con jefes de gobierno “socialistas” o fascistas vasallos todos de los intereses de las corporaciones empresariales del decadente imperio norteamericano.

Micheletti es un gorila golpista y por más intentos que las derechas (mundiales) hagan por cambiar su escala zoológica, no lo lograrán. América Latina no es la misma hoy, que la que era en la década de los ochenta.
Los golpes militares son eso y simplemente eso, gorilatos a modo del imperio gringo. Pero también son el anuncio de la dictadura y la revelación inevitable de los actores e intereses que están detrás.
No importa cuánto apoyo ofrezca la derecha española a los golpistas. No importa cuántas mentiras más vociferen los consorcios televisivos. No importa la tibieza de los gobernantes “socialistas” de la vieja Europa, no importan las contradicciones discursivas de la afro-americana Casa Blanca, en Honduras hay un (des)gobierno de facto, una dictadura militar producto de un golpe antidemocrático, que ha puesto al descubierto un enorme entramado de intereses nefastos que cruzan el Atlántico y que dejan ver con claridad las apuestas comerciales y económicas en las que se pretende sustentar al agónico y auto-definido, por G.W. Bush: “capitalismo democrático”.
Son horas duras para el continente americano. El futuro posible se bifurca en dos rumbos radicalmente opuestos. El del arduo camino de la democracia participativa aún inalcanzable o el de la larga noche de las dictaduras.
La resistencia hondureña, por duro que parezca, se juega no sólo su presente inmediato, sino el futuro y la suerte de todo un continente y por eso es no sólo conveniente, sino también imperiosamente urgente, abrir todos los frentes de denuncia y acción que sean necesarios, que nos sean posibles, para que los que se juegan la vida desde adentro del golpeado país centroamericano, se sepan acompañados por todos los que desde afuera debemos y tenemos la obligación de hacer que los golpistas caigan para que Zelaya regrese a cumplir con el mandato de la voluntad popular y para que el heroico pueblo hondureño camine su propio destino. Es importante que los de afuera seamos la voz de los de adentro para exigir a nuestros gobiernos e incluso desgobiernos y a los organismos internacionales, cada instante, el no reconocimiento del los gorilas de facto y ningún apoyo político ni económico. Es urgente que denunciemos el apoyo militar que Estados Unidos no ha cortado aún a los golpistas; que hagamos un gran frente mundial de contrainformación que logre aplastar la avalancha mediática de las mentiras de las televisoras comerciales que de Sur a Norte del continente que están detrás del criminal y cobarde golpe militar en Honduras. Honduras somos todos y su suerte hoy es la de todo el continente.

La prensa se pasó con ficha

Lorenzo Gonzalo

Hoy sábado 11 de julio y ayer viernes, la prensa se pasó con fichas en el caso de Honduras.
Ya lo veníamos anunciando desde que se desvió la atención con la lamentable muerte del joven cantante y Rey del Pop, Michael Jackson.
En Costa Rica se reunieron las partes involucradas con el Presidente de ese país, Oscar Arias.
Primero se reunió Zelaya y su comitiva en casa de Arias y más tarde Michelleti.
La noticia que quería la prensa para llenar bien los titulares era la de un encuentro “cara a cara”, como si fueran dos pugilistas, de manera que el cintillo fuese acompañado por el anuncio de la pelea.
En realidad no hay pelea. Zelaya no quiere pelear ni planteó nunca la violencia para ejercitar su cargo, excepto la de usarla si el gobierno, las instituciones y la vida civil se veían interrumpida por provocadores. Lo único real es que Michelleti, el 80% del Congreso y un Tribunal Supremo que más semeja ser un apéndice del generalato a la antigua que aún sobrevive en Honduras y no el reservorio de la Ley, dirigieron y apoyaron el golpe y las acciones posteriores que, entre otras cosas, ya ha dado un muerto inocente.
No es sano ese adormecimiento de la prensa o su desconocimiento de los sucesos acaecidos en ese país, porque Suramérica y el Caribe se debaten desde hace a penas cinco años, en una batalla cívica por cambiar su organización estatal y sus instituciones políticas.
La impresión causada por todo esto nos lleva al punto de la desconfianza que siempre ha existido alrededor de las posiciones estadounidenses cuando se trata de ilegalidades que contribuyen a reforzar sus intereses espurios en la región.
El adjetivo espurio no es usado aquí con intenciones despectivas y la manera en que aludimos a los “intereses, individualiza las partes del conjunto de corporaciones y empresas estadounidenses en esa zona, porque no todas en definitiva son necesariamente contrahechas.
La actitud del Ejecutivo encabezado por el Presidente Obama, sumándose de inmediato a la condena del golpe e incluso llamando por su nombre a Manuel Zelaya como el Presidente legítimo del país y la obligación de restituirlo en el cargo, nos dio la impresión, a la mayoría, de que todos los cañones se enfilarían a exigir su restitución, aún a costa de crear una Fuerza Interamericana de Paz o apelar al capítulo siete de la ONU, sacando militarmente a los golpistas.
Sin embargo, nada ni siquiera cercano a una acción de las Fuerzas Internacionales para imponer la Ley, exigiendo respeto a las instituciones creadas en cada país, las cuales sólo pueden cambiarse por el consenso volitivo de sus ciudadanos, apareció en el horizonte de las declaraciones altisonantes de los primeros días, salvo la de Venezuela.
El arreglo que se vaticina parece ser un acuerdo de compromisos que no “laceren” aquellos intereses que en esencia, impiden una mejor distribución de la riqueza y conspiran para que no se desarrollen todas las infraestructuras necesarias al crecimiento sostenido del país. Entre esas infraestructuras estaría la pertenencia de Honduras al ALBA, lo cual favorecería la creación de mecanismos justos de distribución, por cuanto está probado que los países de la región, excepto aquellos que tienen una geografía privilegiada como Brasil y otros, requieren de la integración de sus fuerzas productivas para alcanzar un real progreso.
El señalamiento de que los acontecimientos culturales referentes a la muerte del Rey del Pop y otros al coincidir con los sucesos de Honduras permitieron entretener la noticia del golpe, no constituye por sí solo la razón de abandonar las reclamaciones legítimas de la sociedad hondureña, pero compraron el tiempo necesario para el trabajo tras bambalinas.
En estos días aparecerá de nuevo la noticia, sin mucha fanfarria, diciendo que Zelaya regresa. Por supuesto regresará sin mando, en medio de un ejército comandado por golpistas, un Tribunal Supremo que sin discusión ni aviso alguno ordenó expulsar al Presidente del país y de un Congreso que de Poder Legislativo tiene lo que cabe de razonamiento en las pezuñas de un tigre.
Para colmo y como manera de asegurar las singulares negociaciones con los delincuentes que asaltaron el poder, han nombrado como mediador a Oscar Arias, quien puede que sea un magnífico hombre pero es un pérfido político que ha usado su capacidad camaleónica para ganarse algunos sectores “decentes” de la región, facilitándole siempre a las Administraciones de Estados Unidos salirse con la suya.
Sigamos confiando que el nivel de movilización de las sociedades latinoamericanas, a pesar del revés que se avecina para la democracia, ayudarán a colocar de nuevo sobre sus pies la evolución hacia el progreso.
El otro aspecto es confiar que la capacidad de las instituciones cívicas hondureñas y las voluntades ciudadanas que se beneficiaron con las medidas de un representante de la oligarquía que se reveló contra las injusticias, como es el caso de Manuel Zelaya, logren retomar el camino de las reformas en un breve lapso sin violencia. Esperemos también, que la próxima vez los perdedores sepan perder y no recurran a la fuerza.

Peña Nieto, el candidato de la mafia a vencer: López Obrador

Ángel Bolaños Sánchez

Tras la derrota de la derecha en Iztapalapa, Andrés Manuel López Obrador pidió a miles de seguidores ir pensando en 2012, tendremos otra cita con la historia, en la que puso nombre al que será el adversario a vencer: Enrique Peña Nieto, el candidato de la mafia.

Pero advirtió que en el camino habrá que vencer muchos obstáculos y fatigas, como la infamia de pagar impuestos por alimentos y medicinas, por lo que dio la instrucción a los candidatos a diputados federales de PRD, PT y Convergencia que fueron electos y llegarán a la próxima legislatura, a que se apresten a impedirlo, tomando incluso la tribuna y declarando huelga legislativa.

El líder del Movimiento en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional regresó ayer a Iztapalapa con Clara Brugada y el ahora jefe delegacional electo, Rafael Acosta, Juanito, para agradecer el voto por el PT para permitir que la ex candidata perredista, a la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó su registro, asuma la administración una vez que el petista pida licencia para retirarse del cargo.

Brugada Molina reiteró su llamado a Jesús Ortega para que renuncie a la dirigencia nacional del PRD e iniciar la reconstrucción del partido, y convocó a los iztapalapenses a impulsar una organización ciudadana más sólida por medio de comités democráticos y libres.

Dijo que el día de la elección, Iztapalapa dejó de ser nota roja para convertirse en el escenario de una batalla democrática y la tumba del grupo político que pretendía perpetuarse en el poder, y muestra de ello es que Nueva Izquierda (NI) perdió tres diputaciones federales y una local.

En un mensaje de casi 30 minutos, Brugada dijo que convertirá Iztapalapa en la zona más segura de la ciudad, anunció la construcción del hospital de la mujer, un gobierno austero, comenzando por recortar el salario de los servidores públicos, entre otras; en tanto, convocó a una manifestación frente al TEPJF el jueves próximo para exigir a los magistrados que se desistan de las denuncias en contra de quienes protestamos en la madrugada del atraco.

En Iztapalapa, señaló López Obrador, en condiciones por demás adversas se derrotó a la mafia del poder en México, que quiso consumar un descarado fraude electoral anticipado. Para ser más claros, aquí, con el apoyo de este pueblo ejemplar, se derrotó a Carlos Salinas, Manlio Fabio Beltrones, Felipe Calderón y demás integrantes de la mafia. Aquí también se derrotó al tribunal electoral federal, a Televisa y a otros medios de comunicación y toda esa caterva de políticos corruptos, de paleros y achichincles.

Con la confianza del resultado obtenido, a pesar de los más de 20 mil millones de dólares –del presupuesto público y otras fuentes de financiamiento– que PAN, PRI y sus otras organizaciones políticas destinaron para comprar el voto, López Obrador planteó que para 2012 nosotros postularemos a quien esté mejor posicionado. Y a quienes comenzaron a corear ¡Obrador! ¡Obrador!, aclaró que lo más importante es el proyecto y que el pueblo de México tendrá la disyuntiva de decidir entre dos opciones: los intereses de la mafia y el cambio verdadero.

Y contra quienes dudan de que Rafael Acosta cumpla su compromiso de ceder el cargo a Brugada, dijo que no debe caber la menor duda de que Juanito sabrá honrar su palabra y se mantendrá como Ulises, amarrado al mástil de nuestro movimiento escuchando el canto de las sirenas, sin caer en tentaciones.

El petista, quien llegó retrasado al acto y en lugar de la cinta con su sobrenombre, Juanito, portaba una que decía delegado, dijo que “por fin pudimos sacar a los chuchos de Iztapalapa”, y gracias a Rafael Acosta se cumple el sueño de Clara Brugada.