Turismo, boda y corrupción

Francisco Rodríguez

Indice Político

¿Por qué nos alegramos en las bodas y lloramos en los funerales?

Porque no somos la persona involucrada.

- Mark Twain -

HOY LE VOY a dar gusto a El Negro Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo de la peculiar Administración del señor Felipe Calderón. Voy a hablar de una boda y no del narcotráfico ni de los pésimos informes que, sobre la “guerra” en su contra, se difunden desde Estados Unidos dejando como trapo al ocupante de Los Pinos.
Aunque la boda de la que aquí le voy a platicar es nada menos que la de su hijo Rodolfo Elizondo del Palacio, quien dentro de 26 días contraerá nupcias con Lidi Pérez Hernández, en las playas de Huatulco, Oaxaca.Y no, no cambie su atención a otra página o a otro escrito, porque no desperdiciaré los cada vez más caros insumos con los que se elabora este nuestro diario, subiéndome a una nube rosa para platicarle nada más de detalles tales como el wine party, previo a los esponsales, ni constriñendo su atención al dress code –las tallas de zapatos en US sizes—, pues todo ello lo puede usted encontrar con toda facilidad si ingresa en el sitio electrónico www.rodolfoylidi.com, donde además le informan la ubicación de las tiendas en las que usted puede adquirir los “regalitos” para quienes iniciarán abril cual recién casados.De lo que quiero platicarle es del patrimonialismo del que hacen gala los dizque servidores públicos. Patrimonialismo que, sabe usted mejor que yo, es la característica de no pocos gobiernos absolutistas, cual el mexicano donde el titular del Ejecutivo es rey sexenal, que no distingue entre lo público y lo privado y, por tal, usa los recursos a su alcance, cual si fueran propios.¿Qué tiene que ver una boda con el patrimonialismo del que hace gala el secretario de Turismo?Porque, cual la página electrónica reseña, todos los invitados al evento gozarán de tarifas especiales en la transportación aérea, lo mismo que en el hospedaje en uno de los hoteles más caros del lugar.Así, si usted ya cuenta con la invitación impresa, estará enterado de que en el hotel Camino Real Zaachila, justo al lado del Hotel Quinta Real donde se celebrará la boda, con sólo mencionar el apellido del titular de Turismo y la fecha del evento usted recibirá un precio especial.Para llegar allá, vía aérea, hay una tarifa sú-per-es-pe-cial de sólo 1 mil 925 viaje redondo, saliendo del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y otra muy por debajo de los 3 mil 500 pesos –round fare— desde cualquier otro aeropuerto servido por Mexicana de Aviación. Si usted es invitado y vive en Estados Unidos, no se preocupe. También hay tarifas especiales desde allá.¿Podría cualquier otro ciudadano conseguir esas envidiables tarifas o nada más son guiños con lagañas de corrupción por parte de las empresas prestadoras de servicios turísticos a quien, en teoría, debe regular y supervisar a la llamada “industria sin chimeneas?¿Qué compromisos adquiere Elizondo con las familias de Olegario Vázquez Raña y de Gastón Azcárraga, entre otros?¿O de lo que se trata es de un pago de favores ya otorgados?No es esta la primera boda que en tiempos recientes celebran en el clan del duranguense. Las dos anteriores fueron muy por el estilo.¿Cuántos compromisos y favores hay entonces de por medio?Escandalizan los altos salarios que perciben los burócratas situados en la cúspide de la Administración Pública, sobre todo ahora que cientos de miles de mexicanos pierden sus mal pagados empleos y millones más están sujetos a ingresos que ni en sueños son remunerativos, pero y esos extras que funcionarios disfuncionales como Elizondo, ¿no cuentan?Si alguien debiera tener prohibido aceptar ese tipo de “atenciones” de hoteleros y propietarios de líneas aéreas es precisamente él, por su desempeño (?) en la Secretaría de Turismo. Evitaría así el muy evidente conflicto de intereses, amén del tráfico de influencias, ¿no cree usted?Extras, también, como el uso o propiedad –que él niega— de un lujoso piso en el edificio York One, remodelado por el reconocido arquitecto mexicano Enrique Norten, en la exclusiva zona conocida cual Tribeca, en Manhattan.Extras a lo mejor conseguidos, vendiendo o “coyoteando” insurances en empresas públicas mexicanas.La corrupción cual lubricante de las ruedas que hacen girar al sistema político mexicano. Igual hoy que el criticado ayer. O quizá peor ahora, pues la hipocresía se suma cual pestilente ingrediente adicional.

Indice Flamígero: Gerardo Buganza ganó la partida. Colocó el impopular impuesto a la tenencia vehicular en el tapete de las discusiones, sabedor de que, de ser eliminado, acarreará votos a sus causas, amén de que golpearía en las arcas de los gobiernos estatales que tendrían que sacarse de la manga nuevas alcabalas para compensar sus multimillonarias pérdidas. De no aprobarse su iniciativa, los propios gobernadores cargarían con la responsabilidad que, hasta hoy, tiene sobre sus espaldas Calderón, quien la propuso como compromiso (jejeje) de su campaña.
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Estado de emergencia

* Urge que lo declare el espurio ante la grave situación económica que enfrenta el país, afirma Andrés Manuel en Tamaulipas / Debe tomar además acciones inmediatas para proteger al Pueblo y aplicar un plan de austeridad republicana en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, afirma* Debe dirigirse a los mexicanos y hablar con la verdad sobre la recesión que impera en todo el territorio nacional y de sus consecuencias en la economía familiar* Dice que NO debe ocultar o maquillar las cifras sobre la tasa de desocupación, el pronóstico de decrecimiento de la economía y una devaluación del 50% del Peso frente al dólar

ABASOLO, Tamaulipas, 1 de marzo (Gobierno Legítimo de México).- Ante la grave situación económica que enfrenta el país, el presidente usurpador Felipe Calderón debe declarar al país en estado de emergencia y tomar acciones inmediatas, como reorientar el presupuesto público para proteger al Pueblo y aplicar un plan de austeridad republicana en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, urgió Andrés Manuel López Obrador.Calderón Hinojosa debe dirigirse al Pueblo de México y hablar con la verdad sobre la recesión que impera en todo el territorio nacional y de sus consecuencias en la economía familiar, en lugar de ocultar o “maquillar” las cifras sobre la tasa de desocupación, el pronóstico de decrecimiento de la economía y una devaluación de 50 por ciento del peso frente al dólar, planteó. “Aunque nos acusen de alarmistas”, hay una situación crítica en el país, es una catástrofe, y el gobierno espurio de Calderón asume una actitud irresponsable, porque no está haciendo nada para enfrentar la crisis y proteger la economía de las familias mexicanas y de las pequeñas y medianas empresas, declaró.En entrevista que concedió al término de la asamblea informativa con los habitantes de Abasolo, el Presidente Legítimo de México aseguró que el país está en “una verdadera catástrofe en materia económica y la situación va a ocasionar más inseguridad y más violencia”.Dejó en claro que los flagelos de la violencia e inseguridad no se resolverán con un incremento de efectivos de las corporaciones policíacas y del Ejército, ni con leyes más severas y penas más largas, tampoco con la construcción de nuevos espacios en las cárceles.El problema debe enfrentarse con la creación de fuentes de empleo, con oportunidades de estudio para los jóvenes, con garantizar mínimos de bienestar y con un rescate del campo del abandono en que se encuentra, propuso.“Se necesita enfrentar la situación económica, parar el desempleo, la pérdida de trabajos y tiene que haber un mensaje en ese sentido, con mucha claridad”, insistió. Recomendó a Calderón que se utilice el presupuesto para cuidar los empleos y apuntalar al sector productivo; en caso contrario, alertó, habrá una gran mortandad de negocios y muchos despidos de trabajadores.De acuerdo a cifras oficiales sobre el número de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, un promedio de seis mil mexicanos perdieron a diario su puesto de trabajo en los últimos tres meses. La suma total es de 540 mil desempleados en tan solo 90 días, informó.“Hay una pérdida de 6 mil empleos diarios, 6 mil mexicanos se quedan sin trabajo y esto es gravísimo y está demostrado en el mundo que cuando no hay crecimiento económico y no se generan empleos, crece la inseguridad y la violencia”, mencionó al destacar que la actual situación “nos debe llamar a reflexión y ser motivo de preocupación, porque a mayor desempleo y menos crecimiento, habrá más inseguridad y más violencia”.Denunció también que el gobierno espurio de Calderón oculta las cifras reales sobre la tasa de desocupación a nivel nacional y sobre las perspectivas de la economía. “No quieren decir las cosas y nosotros calculamos que este año habrá un decrecimiento de 5 a 8 por ciento en la economía, en ese rango”, expuso.Aunque maquillen las cifras, el porcentaje de decrecimiento se puede deducir fácilmente. En los primeros dos meses del año, los grandes centros comerciales, como Chedraui y Soriana, reportaron una disminución de 12 por ciento en sus ventas.“Es un dato que tenemos. Hay una disminución en el consumo, hay una devaluación del 50 por ciento del peso y están cayendo las remesas, porque los paisanos nuestros ya no pueden enviar la misma cantidad que enviaban a sus familias” en el último trimestre del año pasado.En los encuentros de este domingo con los habitantes de Abasolo, Soto la Marina y Casas, López Obrador manifestó que el próximo 3 de marzo se realizará un mitin del Movimiento nacional en defensa de la economía popular frente a las oficinas de la Asociación de Bancos de México, ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.La intención es informar a los hombres del dinero que es necesario aplicar un plan de austeridad en todos los niveles de gobierno, para obtener ahorros presupuestales por 200 mil millones de pesos.Es un insulto para la pobreza de millones de mexicanos que un ministro de la Corte tenga un sueldo de 600 mil pesos mensuales y esas percepciones deberían pagarlas los empresarios Roberto Hernández y Claudio X. González, así como los ex presidentes Carlos salinas y Vicente Fox, quienes son sus verdaderos jefes.Por tratarse de unos verdaderos zánganos, que no sirven para nada, porque arruinaron al país, deben cancelarse de inmediato las pensiones de cinco millones para cada uno de los ex presidentes Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, demandó.En Casas, los habitantes del municipio fueron notificados sobre la posibilidad de perder los beneficios de los programas asistenciales Procampo y Oportunidades si asistían a la asamblea informativa convocada por el Gobierno Legítimo en la plaza principal de la localidad.Luego de felicitar a los ciudadanos que asistieron al evento, por considerarlos hombres y mujeres con valentía, condenó los actos de amenazas e intimidación de parte de la autoridad local y recordó que la libertad se conquista y no implora.

Funden terrorismo y tráfico de drogas

Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS

*Ley mexicana protege a Estados Unidos

*CISEN, por encima de SEDENA y Hacienda

*Reconocimiento a Espinosa de los Reyes

*Otro golpe de “Greg” a los cancunenses

“No le demos al mundo armas contra nosotros, porque las utilizará”.

-Gustave Flaubert-

La aceptación a todos los pedimentos de los Estados Unidos por parte del actual gobierno federal ha llegado al extremo de dar por liquidados todos los conceptos que sobre la política de relaciones exteriores se tenían y ubican al país como un centro de atención para grupos terroristas. Tan es así que el pasado 24 de febrero fue aprobada una Ley Federal para el Control de Sustancia Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas que, para colmo, queda en manos de una dependencia que hasta ahora sólo ha demostrado altos niveles de ineficiencia y corrupción: el CISEN.
Esta ley no tiene nada que ver con los intereses de México y se enfoca a una pretendida regularización de problemas que jamás se han tenido, ya que hasta ahora la política internacional de nuestro país estaba marcada por la neutralidad y el respeto, y en el presente nos han convertido en un auténtico cinturón de seguridad para detener los actos de terrorismo que se enfocan hacia el vecino del norte.Con el ridículo nombre de “Secretaria de la Autoridad Nacional” inserta en la estructura orgánica del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), elimina la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional y en sí de las fuerzas armadas, quienes son las autoridades competentes para la aplicación de las medidas de control de las sustancias químicas. Según Diódoro Carrasco, diputado encargado de presentar a los legisladores las “bondades” de esta ley, se promueven las tecnologías de última generación, se establecen marcos para que las mercancías o sustancias peligrosas no sean reexportadas a países de alto riesgo y es también, argumenta, un espacio de oportunidad para que la industria química nacional adquiera rangos competitivos bajo estándares de seguridad internacionales.Toda esta verborrea no es otra cosa que la sutil presentación de argumentos con los cuales importaciones de sustancias químicas que pueden servir para la fabricación de drogas queda regulada y con un control en el que el influyentismo tendrá la última palabra.Esta ley tiene en sus disposiciones generales el establecimiento en todo el territorio nacional de medidas de control como lo son: registro, declaraciones, inspecciones, revisiones y controles a la importación , exportación y transporte de sustancias químicas susceptibles para ser utilizadas en la fabricación de armas de destrucción masiva. Todo este control lo llevaría la mencionada “Secretaria de la Autoridad Nacional”, con lo cual no sólo las fuerzas armadas quedan fuera sino dejan sin responsabilidad a todo el sistema aduanero.Esta “Secretaria de la Autoridad Nacional” trabajará bajo reglas de absoluta reserva y confidencialidad, lo cual, dados los niveles de corrupción que hay en el país, crea otra importante fuente para cometer actividades ilícitas enmarcadas por la incursión de precursores químicos del tipo de los que caracterizaron la aprehensión del mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon. Así también, a través de empresas cuyo objetivo social es lo suficientemente amplio como lo son las registradas por la familia Sahagún, permitirán el ingreso de estas sustancias y hasta su comercialización. Las sanciones que se aplicarían a quienes violen las disposiciones de esta ley son risibles dada la importancia y el contexto internacional en el que pretendieron ubicarla, ya que son tres grados: en el primero, prisión de dos a seis años y de 100 a 300 días de multa. En el segundo, de 15 a 40 años de prisión y de 400 a mil 200 días de multa; y en el tercero la penalización es de 6 a 12 años de prisión y de 200 a 600 días de multa. Por si fuera poco ni la policía ni el ejército ni aduanas podrán actuar cuando se detecte alguna irregularidad en la importación de cualquier sustancia y su posible reenvío o permanencia para la elaboración ya sea de drogas o de armas químicas, ya que solo les tienen permitido hacerlo del conocimiento de la autoridad nacional y ya ésta, a su vez, determinará si es puesto o no el caso ante el Ministerio Público de la Federación.
¿Terrorismo en puerta?
En las consideraciones de esta ley destaca la posibilidad del acceso que podrían tener grupos terroristas sobre los productos químicos y por ende utilizarlos en la fabricación de armas de destrucción masiva, lo que permitiría ataques que atentan contra la seguridad de los individuos y de los estados, de ahí que, señalan, México puede ser utilizado para traficar de manera ilegal armas químicas, sus componentes y todo lo relacionado con su fabricación.Durante el texto de la ley y del decreto destacan la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, y en ello se apoyan para incrustar al país en un ámbito que no había sido contemplado puesto que no existía la disposición de arriesgar la vida de millones de mexicanos en aras de ser parte del cinturón de seguridad que Estados Unidos ha creado para salvaguardar vida y bienes de sus ciudadanos y que en tierra conforman México y Canadá. A las calladas el Senado de la República aprobó la iniciativa enviada por Felipe Calderón y, de la misma manera, pretendieron hacerlo en la Cámara de Diputados, en donde tal envío fue aprobado por los partidos PRI y PAN y no se difundieron todos los argumentos en contra presentados por los legisladores del PRD, PT y Convergencia. La puesta en marcha de esta disposición requerirá de una inversión de miles de millones de dólares, ya que se pretende que todas las vías de transporte (terrestres, marítimas y aéreas) cuenten con geolocalizadores, dispositivos satelitales radioeléctricos y muchos otros elementos de alta tecnología para el control de las sustancias químicas que serán referidas en un “listado nacional” a respetarse en todo el territorio de la República. Así también la investigación sobre el destino, el usuario y el uso final de dichas sustancias requerirá de personal que por ahora ya presta sus servicios tanto en el Cisen como en la Secretaría de Hacienda y que carecen de información y capacitación suficientes para hacerse responsables de una tarea de esta naturaleza. La reglamentación de la ley establecerá los renglones para autorización, permisos y licencias para todas estas importaciones y, supuestamente, se apoyan en otras leyes pero, finalmente, el visto bueno dependerá sólo de la mencionada “Secretaria de la Autoridad Nacional” y, por el manejo que tiene la propia ley, se advierte que el grueso estará encaminado a lo referente a la elaboración de drogas sintéticas que por ahora son las más demandadas en el mercado norteamericano.
Sanciones de risa
Tranquilamente y bajo fianza podrán salir libres quienes transfieran sustancias químicas. Con una penalidad que sólo alcanzaría 6 años de cárcel se castigará a quienes transfieran productos químicos que sean utilizados para la fabricación de armas de destrucción masiva, y ya con una más alta, que alcanza de 7.5 a 20 años de cárcel (ya que cuentan con las bondades de la ley de normas mínimas vigente) a quienes produzcan, adquieran, conserven o transfieran sustancias químicas del grupo más peligroso del “listado nacional”.Como puede observarse, la redacción y presentación de esta ley se significa, por una parte, por ser el cumplimiento de un ordenamiento emitido por los Estados Unidos para garantizar la protección de sus ciudadanos frente a actos de terrorismo, y cuentan con la posibilidad de que quienes sean aprehendidos porque se compruebe que sus actividades estaban dirigidas a ese renglón sean extraditados y castigados de diferente manera. Por la otra, aparece una clara protección para quienes con la importación de productos químicos puedan lograr la fabricación de drogas sintéticas de mucho más fácil exportación, dados los niveles de impunidad y corrupción del presente. No es difícil detectar que en este último caso la ley se aplicará sólo para los fabricantes “no aprobados” dentro del círculo del mercado norteamericano.
Excelencia universitaria
Fernando Espinosa de los Reyes Aguirre se despidió el 28 de febrero de la Rectoría de la Universidad del Caribe. La ceremonia realizada en las instalaciones de esa casa de estudios fue muy emotiva y no es para menos ya que Espinosa de los Reyes no sólo llevó al ámbito de reconocimientos nacionales e internacionales la calidad educativa de esa institución sino que fue más allá. Los egresados tienen no sólo la preparación que los hace competitivos a cualquier oferta de empleo sino que cuentan con una conciencia social que los ha hecho sin duda mejores mexicanos.Don Fernando se distinguió durante sus ocho años de permanencia en la Unicaribe por su lucha para rescatar a los jóvenes a quienes, en lo que el denominaba la principal etapa de formación de su vida, se les niega, por diversos motivos, el ingreso a las universidades. Sus opiniones, las referencias, su participación en distintos medios de comunicación, permitieron la valoración de acciones emprendidas a favor de quienes representan realmente el futuro de este país. Don Fernando se retira con la satisfacción de un deber cumplido, con el reconocimiento pleno, abierto, fuerte, de las autoridades estatales, con el agradecimiento de estudiantes y egresados por la alta calidad en su formación profesional y, obviamente, con el respeto, el cariño y la admiración de sus amigos. La familia Espinosa debe estar orgullosísima de quien se erige como su cabeza.Para su sucesor, Arturo Escaip Manzur, mantener el nivel educativo será todo un reto, sin embargo a su llegada a la rectoría se fijó uno mayor: internacionalizar a la Universidad del Caribe y con ello abrir las puertas y la presencia de esta casa de estudios para los jóvenes del mundo.
Cambios, líos y algo más
César Bojórquez Zapata, alcalde del municipio cuya cabecera es Mérida, Yucatán, se ve envuelto en un lío provocado por su directiva de Comunicación Social, de nombre Cecilia Flores. El baile de don César y doña Cecilia llega a la cantidad de 100 millones de pesos, obviamente salidos de las arcas municipales y utilizados de manera irregular, favoreciendo cuentas bancarias personales. El edil, en principio, aceptó conocer de los manejos irregulares de doña Cecilia, sin embargo, en las últimas horas, determinó deslindarse del fraude cometido.De nueva cuenta, como sucede en el caso de Gregorio Sánchez Martínez, presidente municipal de Benito Juárez, Cancún, tampoco se asume como responsable de ilícitos y malos comportamientos de sus funcionarios, por lo que es claro advertir que este tipo de actitudes no corresponden a la militancia de un partido político, ya que uno es panista y el otro aliancista, sino a la condición humana de los sinvergüenzas. Ya una vez instalados en Cancún y refiriéndonos a don Goyo, quien parece no descansar en el arte de armar líos provocados por componendas, complicidades y malas decisiones, ahora pone en jaque al servicio de transporte colectivo de la ciudad de Cancún. Santiago Carrillo Sánchez, líder de los transportistas, asegura que el día 5 de marzo el transporte público habrá de incrementar su tarifa en dos pesos para los que circulan en la ciudad y dos cincuenta para los que llegan a la zona hotelera, ya que han cumplido con todos los requisitos que se les impusieron para la renovación de la concesión.Sin embargo y hasta las 18 horas de este domingo, no aparece circulando ningún camión de pasajeros nuevo y se limitan a señalar que ya constituyeron el fideicomiso que les fue exigido y que no tienen la culpa de que la afianzadora y las aseguradoras no entreguen los papeles correspondientes. Hay que puntualizar en que nada que beneficie a los usuarios ha aparecido como para que puedan, los transportistas, exigir se apliquen las nuevas tarifas.Por el lado de la autoridad, aparece un envalentonado alcalde que sostiene que aplicará mano dura y que no será sino hasta el 15 de marzo cuando entren en vigor las nuevas tarifas. O sea que para los usuarios, de cualquier manera, con transportes nuevos o sin ellos “Juan te llamas”, y se presume que este retraso de 10 días es una mera, humilde petición de Sánchez, quien no desea que en medio de las críticas generalizadas por su mala gestión le aparezca un conflicto con los transportistas como ya se prevé habrá de darse en breve. Y si en el caso de las afirmaciones de Carrillo Sánchez, “los papelitos hablan”, en el caso de don Gregorio los minutos también cuentan. Resulta risible su afirmación sobre la atención de mil 500 personas en audiencia pública realizada el 29 de febrero en la región 22. Si sólo les hubiera dedicado un minuto a cada una de estas personas, estaríamos hablando de una jornada sin descanso en ningún momento de 25 horas, así que dadas estas informaciones se tiene una clara visión de hasta donde puede llegar el alcalde con sus cuentos y mentiras. Y tal parece que en esta feria de irresponsabilidades que en este lugar rodea a los perredistas “chuchistas” también encaja la simpática “güera” Beristain, actual diputada local, quien ocupa la única curul que logró su partido, misma que a menos de un año que asumiera esa responsabilidad ya pelea por la candidatura a un escaño en el recinto de San Lázaro. Como puede apreciarse, entre los atributos de la ex participante de los concursos de bellezas yucatecas no esta el compromiso, la seriedad y menos aún la lucha por los representados.En temas más agradables, dos acontecimientos han causado beneplácito entre los quintanarroenses. Uno de ellos que se extiende a la comunidad científica y educativa es el del reconocimiento otorgado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a Víctor Alcérreca por su dedicación académica, administrativa y tecnológica. Cabe destacar que éste fue producto de un jurado integrado por los responsables de 50 escuelas del IPN. En otro sector, en el de la inversión y operación turística, fue muy bien vista la llegada a la OVC de Jesús Almaguer, quien recién abandonó la representación de los hoteleros del Estado. En ese sector están ciertos de que el desempeño de Almaguer traerá grandes beneficios a la promoción turística y multiplicará la llegada en masa de participantes en las convenciones de alto registro internacional.
De los pasillos
Chihuahua es “estado fallido” dentro de un Estado fallido. Los sicarios al servicio de los cárteles de Juárez, de Sinaloa y de Michoacán, que se disputan sangrientamente Ciudad Juárez, han suplido a las autoridades municipales, estatales y federales y es su ley la que se impone y respeta, a pesar de la presencia de más de 2 mil efectivos del Ejército mexicano. A raíz de la reciente reunión de seguridad en esa entidad, los integrantes de esas bandas se han realineado y han recrudecido sus actividades violentas, ante la llegada de más efectivos militares, de los cuales mil ochocientos adicionales ya están en esa ciudad fronteriza y se espera que lleguen un total de siete mil… Sin embargo, la lucha por el control de la frontera no sólo se da en Ciudad Juárez, sino también en otras importantes localidades de paso, como Tijuana, Baja California, en donde el cártel de los Arellano Félix imponen su ley… Al menos ante las autoridades estadounidenses, por ahora el cardenal Norberto Rivera Carrera y la Diócesis de Tehuacan, Puebla, eludieron la acusación de Joaquín Aguilar de encubrir al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar. En este caso, como en muchos otros parecidos, todo parece indicar que habrá que esperar la justicia divina.

lilia_arellano@yahoo.com

El Peso ya se devaluó más de 50%

La moneda mexicana es una de las más golpeadas por la crisis financiera internacional / Sólo en siete meses acumula una devaluación de 53% y en lo que va del año registra una pérdida de 9.29% con respecto al dólar estadounidense

MEXICO, D.F., 1 de marzo (UNIVERSAL).- El Peso mexicano es una de las monedas más golpeadas por la crisis financiera internacional, tan sólo en siete meses acumula una devaluación de 53.0% y en lo que va del año registra una pérdida de 9.29% con respecto al dólar estadounidense.Además, la depreciación de la moneda mexicana es resultado de la caída de los mercados financieros internacionales, así como la aversión al riesgo que se mantiene como una constante en la debilidad de las monedas emergentes, como es el caso de la mexicana que alcanzó niveles históricos al registrar el viernes cotizaciones de 15.23 pesos por dólar, aunque al cierre de las operaciones finalizó en 15.0990 pesos por dólar.Con este movimiento el Peso fue de las monedas de los países emergentes que más perdieron de la región durante la semana, al mostrar una devaluación de alrededor de 3%, seguido por el real brasileño, mientras el euro continúa mostrando una elevada volatilidad con una depreciación de 1.2% en el mismo lapso.El Banco de México (Banxico) realizó intervenciones directas en el mercado de cambios, con la finalidad de reducir las presiones, sin lograr el objetivo, ya que el tipo de cambio superó el precio psicológico de los 15 pesos, ahora la perspectiva se centra hasta dónde llegarán las cotizaciones, por el momento previsiblemente estará fluctuando entre 15.10 y 15.20 pesos por dólar.

Improductivos

Marcada inactividad de la Cámara de Diputados: de 2 mil 350 iniciativas recibidas en el Pleno, sólo han aprobado 300 en dos años y medio de trabajos de la LX Legislatura / El grado de apatía se ejemplifica en el caso de cinco comisiones ordinarias que no han aprobado una sola iniciativa y otras cinco que sólo han dictaminado una
MEXICO, D.F., 1 de marzo (LA JORNADA).- La marcada improductividad de la Cámara de Diputados se refleja en sus propios números: de 2 mil 350 iniciativas que, hasta el martes pasado, se habían recibido en el pleno, los legisladores sólo han aprobado 300 en dos años y medio de trabajos de la LX Legislatura, han rechazado 175 y con ello el rezago es de mil 881 propuestas que no han sido dictaminadas en las 45 comisiones ordinarias.El grado de inactividad se ejemplifica en el caso de cinco de estas comisiones, que no han aprobado una sola iniciativa y otras cinco sólo han dictaminado una.Las que no han discutido una sola iniciativa son: la de Agricultura y Ganadería, que preside el priísta Héctor Padilla, que ha recibido 17 iniciativas; la de Desarrollo Metropolitano, que preside el panista Obdulio Avila, ha recibido siete; la del Distrito Federal, que hasta el jueves pasado estaba a cargo del perredista Gerardo Villanueva, quien ese día obtuvo una licencia por tiempo indefinido, recibió 18; la Jurisdiccional, que preside la priísta Arely Madrid, tiene archivadas ocho, y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que conduce el perredista Antonio Ortega Martínez, mantiene archivadas cuatro.En el bloque de las que sólo han aprobado una iniciativa en dos años y medio de trabajo están: la de Desarrollo Rural, presidida por el perredista Ernesto Navarro, que aún tiene pendientes 21; la de Fomento Cooperativo, a cargo del panista Melesio Magallón, que sólo ha aprobado una de dos; la de Participación Metropolitana, que preside la diputada de Convergencia María del Carmen Salvatori, donde aún hay otras 12 sin discutir; la de Pesca, a cargo del perredista Carlos Morales Vázquez, que tiene pendientes siete, y la de Radio, Televisión y Cinematografía, que preside el diputado del Verde, José Antonio Arévalo, donde aún hay 28 iniciativas no debatidas.Más aún, a lo largo de la Legislatura 82 diputados han solicitado licencia para dedicarse a otra actividad, de los cuales 22 del PAN, PRD y PRI lo hicieron en las primeras ocho sesiones del actual periodo –que han iniciado hasta una hora y media tarde, por falta de quórum— para buscar una diputación local o una alcaldía.La única comisión que más dictámenes ha aprobado es la de Hacienda, con 136, pero aún tiene pendientes 306 de las 442 que se le han turnado para su discusión. En sesión ordinaria de la comisión la semana pasada, al darse cuenta de todos los asuntos pendientes, inclusive de legislaturas anteriores, el presidente de esa instancia, el priísta Jorge Estefan, aseguró que para dar trámite al rezago, se desecharán de plano “las iniciativas Santa Clos”, es decir que expresan deseos inalcanzables de legisladores, así como las de legisladores que ya se fueron.El presidente de la Comisión de Vigilancia, Antonio Ortega, reconoce que el rezago se debe a los obstáculos que los partidos interponen a iniciativas que afectan intereses, en especial del PAN, que –cuestiona— obstaculiza proyectos como el de la Ley de Salarios Máximos, de la que hay un anteproyecto en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero se niega a aprobar para que no pase al pleno, y cuyo propósito fundamental es que ningún funcionario público en el país, de los tres poderes, gane más que el presidente de la República.“Esta Legislatura se ha caracterizado, además, por el alto número de licencias de diputados y este periodo difícilmente será un poco más productivo, porque todos los partidos ya están en campaña, y hay un alto ausentismo”, dijo.Por ejemplo, todas las sesiones del actual periodo, que concluye el 30 de abril, han iniciado entre una hora y hora y media tarde. La más reciente sesión, del jueves 26 de febrero, arrancó a las 12:21 y sólo había en la lista de asistencia 357 diputados, aunque el salón permaneció casi vacío durante las 2 horas y 54 minutos en que estuvo reunido el pleno.Asimismo, de acuerdo a un concentrado de la Secretaría General de la Cámara, se precisa que el Ejecutivo ha enviado 34 iniciativas –dos en el actual periodo, de reforma a las leyes del SAR y del Infonavit— de las cuales se le han aprobado 26. De las propuestas hechas por Felipe Calderón, la mayoría las ha enviado en los primeros periodos ordinarios de cada año de la Legislatura, es decir entre septiembre y diciembre. Mientras que en los segundos periodos, entre febrero y abril de 2007 y 2008 sólo envió una por cada uno.Los diputados sólo han aprobado 25 de las 110 iniciativas que llegaron de la Cámara de Senadores; 10 de las 62 turnadas por los congresos de los estados, y ninguna de las nueve que le ha enviado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal desde septiembre de 2006.

IFAI solapa y acata la línea del espurio FeCal

MEXICO, D.F., 1 de marzo (LA JORNADA).- El especialista en transparencia, Derecho Electoral y rendición de cuentas de la UNAM, John Ackerman, advirtió que en el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se ha conformado una mayoría “dispuesta a solapar y a acatar la línea del ejecutivo federal” en temas relativos a la seguridad pública y procuración de justicia.A dos semanas de que los comisionados Alonso Lujambio, María Marván y Jacqueline Peschard votaran a favor de la reserva por 12 años de datos estadísticos de los cuerpos especiales de la policía y de aerotropas de las Fuerzas Armadas, incluyendo los nombres de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) cercanos a Genaro García Luna; fotografías de funcionarios, y aplicar a pie juntillas la reforma al Código de Procedimientos Penales, Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, destacó que mantener en reserva ese tipo de datos es “absurdo”, más cuando se trata de datos genéricos.“Hay una relación distante entre conocer la cantidad de efectivos (del Ejército Mexicano o en los cuerpos de seguridad) y garantizar la seguridad nacional. Entendemos que existe una crisis de seguridad en México, pero existe una lejana relación entre esos datos y el interés de los narcotraficantes por tener información estadística”.A su vez, el comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero, advirtió que “en materia de seguridad pública, el IFAI ha dejado de ser un contrapeso a favor del derecho a la información y de la ciudadanía”, al clasificar información estadística que se había mantenido como pública.En entrevista por separado, Ackerman comentó que es un “absurdo” pensar que el crimen organizado esté interesado en usar la Ley Federal de Transparencia (LFT) para obtener información estadística que generalmente solicita la ciudadanía.“En materia de seguridad el problema que vive México no es de policías y ladrones; no creo que los narcotraficantes utilicen la ley (LFT) para tratar de subordinar al Estado mexicano; ellos tienen otras vías más efectivas para operar y obtener información, como la infiltración que han logrado en los cuerpos de seguridad”, subrayó.Guerrero comentó por su lado que es del dominio público que las fuerzas de seguridad en México “están capturadas y penetradas por la corrupción”, además que el crimen organizado ha mostrado tener la suficiente capacidad financiera para infiltrar los cuerpos de seguridad y obtener información oficial, no precisamente estadística.Ackerman, conocedor de temas de política pública y participación ciudadana, lamentó que esa mayoría conformada en el IFAI haya decidido también aplicar a pie juntillas la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que reserva las averiguaciones que realiza la Procuraduría General de la República, bajo el argumento de que no tienen más opción que obedecer al Legislativo.“En realidad -subrayó- lo que hacen es tomar una línea muy subordinada a los deseos del ejecutivo federal al aplicar las disposiciones de ese Código, pues a ellos compete aplicar la ley (LFT), y en todo caso dejar que siga en curso una controversia legal, pero no deberían obligar al solicitante de la información a realizar la travesía de acudir a los juzgados, en tanto que los comisionados son los primeros obligados en defender el derecho ciudadano de acceso a la información”.

El duopolio televisivo es ya un estado nazi-fascista

Alvaro Cepeda Neri
Conjeturas

Cuando Andrés Manuel López Obrador expresó, impotente ante el abuso del poder, tras haber sido despojado, cuando menos de una revisión de las actas electorales, aquella frase lapidaria: “¡Al diablo con las instituciones!”, los sectores más conservadores y sus portavoces (periodistas, escritores: Enrique Krauze, Sánchez Susarrey, Aguilar Camín; panistas, clero político, etc.) se le fueron encima.Y con el grito fascista del todavía asesor de Calderón (el gachupín Antonio Solá) de: “¡Es un peligro para México!”, casi pedían para él la pena de muerte. Mientras el pueblo que lo sigue, lo arropaba para quitarle los ataques del calderonismo, el foxismo y demás ismos de la derecha.Empero, ahora que de ese mismo sector salen voces golpistas convocando a no votar en las próximas elecciones o, los menos nazis proponen anular el voto y es un hecho lo de “¡al diablo con las instituciones!”, entonces los ultras y neoconservadores guardan silencio y aplauden la invitación golpista, apoyando descaradamente el constante desafío de Televisa y TV-Azteca y sus dueños: Azcárraga Jr. y Salinas Pliego.Esos medios de comunicación, que anestesian a la mayoría de sus tele-espectadores (sobre todo con el fanatismo al que ha llegado la transmisión del fútbol; encuentros arreglados con dinero, para de antemano hacer “ganadores”), han llegado al extremo de erigirse en un Estado Nazi-Fascista que impone su voluntad.Los panistas en el poder, recluidos en Los Pinos, con su “miedo a gobernar”, cuando en realidad es incapacidad y los partidos que impulsaron y aprobaron la reforma constitucional para supuestamente impedir la propaganda de los empresarios y el abuso en las televisoras, han sido rebasados por el duopolio televisivo.Los once ciudadanos-consejeros del IFE (con sueldos de potentados), en una mayoría de seis (aunque a veces todos), traicionaron sus obligaciones y votaron para no imponer a los multimillonarios del duopolio una sanción mínima por sus retadores desacatos.Y así el IFE ha sido sometido por Televisa y TV-Azteca, tal y como éstas mantienen bajo su control a las demás instituciones y órganos del Estado. Azcárraga Jr. y Salinas Pliego han mandado al diablo el imperio de la ley y sus conductas son las de los hitlerianos del nazismo, que desobedecieron la legalidad para, primero, controlar al Estado y luego asaltarlo con los fines del abuso del poder.El duopolio televisivo, con los mafiosos del narcotráfico y el resto de las delincuencias, imponen su voluntad. Poderes, de hecho, que ya decidieron poner como nuevo inquilino de Los Pinos al “cara bonita” de Peña Nieto, y cerrar el paso a la llegada de un político que le regrese al Estado su soberanía.Por lo pronto TV-Azteca y Televisa ya doblegaron al IFE, tienen bajo su mando a la Suprema Corte y al TRIFE, de quienes depende el resultado real electoral. Y si a ello agregamos el llamado reaccionario a no votar o anular el sufragio, estamos ya en la consumación de un hecho nazi-fascista: la entronización de un Estado Televisivo que está sustituyendo al Estado Constitucional.
cepedaneri@prodigy.net.mx

A cambio de corrupción se han cortado la cabeza

María Teresa Jardí

Coincidíamos un grupo de abogadas, de todas las ideologías, comiendo juntas, hace unos días, en que el peor vaticinio de lo que ya está aquí y del horror que aún nos falta por vivir, se evidencia en la desvergüenza alcanzada por los ministros y ministras, de la antaño, no hace tanto, unos cuantos años, prestigiada, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañeras de generación varias y todas egresadas de Universidad Nacional Autónoma de México, recordábamos que, cuando aún estudiantes de la Facultad de Derecho, no podíamos ni alcanzar a soñar en lo que significaría llegar a la altísima distinción de ser nombradas ministras de nuestra Suprema Corte de Justicia. Recordábamos, litigantes de diversas materias, en las todas en alguna etapa de nuestras vidas incursionamos, que no importaba que en primera instancia o en segunda, que en las Juntas de Conciliación Federal y Estatales, ningún abuso de poder o desvío de la justicia, una vez que el asunto estaba en manos de la Corte, porque sabíamos, que ahí sí, se impartiría Justicia y que lo único que hacía falta para obtenerla era tener la razón y demostrarla.
Muy enojadas todas, ricas unas, pobres otras, deprimidas la mayoría, hoy se tiene que aconsejar a los clientes, en el caso de las que siguen litigando, que lleguen a un arreglo, por malo que parezca y por injusto que sea, antes de llegar a la Corte, donde se garantizará que la resolución será a la medida de las órdenes que reciban los bien cebados ministros y ministras. Impensable, señalaba una también historiadora, hace sólo unos años, unos cuantos, nada de cara al tiempo de la historia, habrían sido las caricaturas que hoy de manera cotidiana reflejan la corrupción inaudita que alcanza a un Poder Judicial que se desluce desde la cabeza. Dan pena ajena los antaño tan respetables togados. Es bochornoso, una vergüenza que, en coyotes togados se hayan convertido, sin justificación ninguna, abogados, que habiendo llegado a obtener el más alto reconocimiento posible dentro de la profesión elegida e incluso dentro de la clase política de un país, renunciando a merecer ni el menor de los respetos como abogados del más alto tribunal con el más alto nombramiento posible alcanzado, acotaba otra. Además de dar pena ajena, es muy triste. Ningún nombramiento se iguala a ese, decía una más. El nombramiento del titular del Ejecutivo dura un sexenio, los legisladores igual, aunque salten de una cámara a la otra, para nunca perder la chamba como representantes de los partidos podridos hasta la médula hoy, en México, que representantes del pueblo que han renunciado también a ser. Es abominable lo que ocurre en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero la tragedia, para los mexicanos, está en la corrupción alcanzada por los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, en el desamparo y en la orfandad absoluta han dejado al pueblo mexicano, los bien pagados ministros y las ministras. Una vergüenza que implica para el país la mayor de las tragedias. Lo que ya está aquí y lo que viene lo vamos a enfrentar con un Poder Judicial, que a sí mismo se ha cortado, a cambio de corrupción, la cabeza.

NEOLIBERALISM

Lodazal... en España

ALEJANDRO GUTIéRREZ

España sigue estremeciéndose debido a las revelaciones y el proceso judicial seguido contra una red de corrupción integrada por funcionarios y líderes del derechista Partido Popular, encausados por el juez Baltasar Garzón. Mariano Rajoy, dirigente del PP, exige inhabilitar al magistrado por prevaricación, en un escándalo que involucra a empresarios cercanos al expresidente José María Aznar pero que ya le costó el puesto al ministro socialista de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

MADRID.- Luego de dos años de sigilosas investigaciones contra una red de corrupción, el juez Baltasar Garzón inició acciones judiciales contra 37 personas ligadas al Partido Popular español (PP) como parte de la llamada operación Gürtel. Estas indagatorias provocaron un escándalo político que podría llevar ante los tribunales a integrantes del comité nacional de ese partido, incluidos su tesorero y un eurodiputado, y a otros representantes populares de Madrid, Valencia y Málaga. De rebote, ya provocó la dimisión del ministro de Justicia, el socialista Mariano Fernández Bermejo. La asistencia del ahora exministro a una cacería de venado en la provincia de Jaén, los días 7 y 8 de febrero, donde coincidió con el juez Garzón, provocó la controversia política. El encuentro tuvo lugar un día después de que el magistrado de la Audiencia Nacional ordenó la detención de cinco de los implicados, por considerar que cometieron los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude fiscal y tráfico de influencias.El juez Garzón, conocido en el mundo por perseguir judicialmente al genocida chileno Augusto Pinochet, a dictadores argentinos y a miembros de Al Qaeda, no fue ajeno al golpeteo que estos días se vive en España. Versiones difundidas aquí sostienen que la inusitada arremetida política en su contra le causó incluso una baja de presión arterial por estrés que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia. Dos días después de ser dado de alta, la mañana del 25 de febrero, la dirigencia del PP acudió ante el Tribunal Supremo para presentar una querella criminal por prevaricación contra el magistrado.El PP exige que el caso pase al Tribunal Superior de Madrid y al de Valencia, toda vez que entre los presuntos implicados hay funcionarios con fuero constitucional. Incluso demanda que Garzón sea inhabilitado por un período de 10 a 20 años. Un jurista consultado por Proceso a condición de reservar su identidad consideró esta exigencia como “un alarde público sin posibilidad de prosperar en lo legal”.El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, criticó la querella el jueves 26: “Me parece inaceptable que el PP, desde el Parlamento, haya lanzado intimidaciones muy serias al juez Garzón. Esto es una pérdida de referencia”.El escándalo estalló en vísperas de las elecciones del domingo 1 de marzo en las comunidades autonómicas de Galicia y el País Vasco, de gran influencia en España, y radicalizó las posiciones de los partidos, en particular la del PP que, bajo un fuerte golpeteo político y mediático, acusó a Fernández Bermejo de “instrumentalizar” la justicia para “hundir a la derecha”.El ministro tuvo que reconocer que no contaba con licencia para cazar en la citada zona de Andalucía, como lo reveló el periódico El Mundo desde el 8 de febrero, lo cual incrementó la presión en su contra, porque entonces era el responsable de la aplicación de la ley en España. El tema estremeció al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Patxi López, candidato socialista en el País Vasco, y José Bono, presidente del Congreso, dijeron que la cacería “no gustó a ningún socialista”. Fernández Bermejo se quedó solo.El PP, a su vez, explotó el tema pidiendo la cabeza del funcionario, y para salir al paso de las graves acusaciones de corrupción, acusó al PSOE: vinculó este escándalo al caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, que encabeza Esperanza Aguirre.Desde el 19 de enero último, el periódico español El País publicó que esa labor de espionaje buscaba conocer todas las actividades del número dos de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Ignacio Rodríguez; del vicealcalde José Cobo, y de otros dirigentes del PP cercanos al líder Mariano Rajoy, entre ellos Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de esta comunidad.Los dos escándalos tienen en el centro de la polémica a Esperanza Aguirre y Francisco Camps, presidentes, respectivamente, de las comunidades autonómicas de Madrid y Valencia, y dirigentes a su vez del PP, los que más capital político mostraban para competir con Mariano Rajoy, el líder del PP, en futuras contiendas electorales.La noche del 23 de febrero, el día que recibió la renuncia de Fernández Bermejo, el presidente Zapatero dijo en la televisión española que todos los miembros de su gobierno “deben tener los papeles en regla”, en alusión al permiso de cacería.Pero esa no fue la única presión sobre Fernández. Cinco días antes, el 18, el entonces ministro había enfrentado la primera huelga de jueces en la historia de España, en demanda de mejores condiciones laborales y la ampliación de la plantilla de jueces. Las críticas recayeron en Fernández Bermejo, quien no pudo administrar esta crisis como responsable de impulsar la reforma judicial que anunció Zapatero en campaña. Su lugar lo ocupó Francisco Caamaño Domínguez, hasta entonces secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Derecha corrupta

Con la participación de la Fiscalía Antico-rrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, el juez Garzón puso en marcha una investigación sobre la red de corrupción encabezada por Francisco Correa Chávez, amigo de Alejandro Agag, el yerno del expresidente José María Aznar. Este empresario convirtió su firma, Special Events, en la organizadora habitual de los actos electorales del PP; desde ésta y otras empresas en las que participa recibió innumerables contratos y canonjías de administraciones gobernadas por este partido en Madrid, Valencia y Andalucía. Fue en el régimen de Aznar cuando Correa obtuvo el mayor número de contratos con el Comité Nacional del PP y sus gobiernos.Correa y su esposa, María del Carmen Rodríguez Quijano –también acusada por Garzón–, fungieron como testigos en la suntuosa boda de Agag con Ana Aznar, la hija del expresidente, que se celebró en el exclusivo palacio real de El Escorial, centro político del imperio de Felipe II en el siglo XV. El otro testigo fue el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, con quien Aznar y Agag trabaron una cercana relación.Correa fue detenido el 6 de febrero y puesto en prisión cuando Garzón ordenó los primeros arrestos tras dos años de investigación. Las indagatorias comenzaron a raíz de las revelaciones hechas por un exconsejal del propio PP.En realidad, la buena estrella de Correa se acabó en 2004, cuando Mariano Rajoy prescindió de sus servicios. Sin embargo, la relación de este empresario se extendió a los gobiernos de Valencia, Madrid y Andalucía.La firma mantenía una relación con el PP de Galicia, pero en 2005 Manuel Fraga, entonces presidente de la Xunta, declaró a la prensa local que su gobierno no volvería a contratarla por las “irregularidades” detectadas en las contrataciones.Mejor le fue en Madrid. Por ejemplo, en 2007, la firma se benefició de dos contratos por 210 mil euros para la instalación de pistas de hielo en los distritos de Vicálvaro y Villaverde, y otro similar en Alcalá de Henares, por un importe de 20 mil euros, en 2003.Con la orden de Garzón bajo el brazo, la policía también detuvo a Rodríguez Quijano, la esposa de Correa, quien fungió como administradora y directora financiera de Special Events hasta 2005. Ese año fue nombrada jefa de gabinete del entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, quien dio millonarios contratos a las empresas de su esposo.Ahí las firmas Special Events y Technology Consulting Management (TCM) obtuvieron contratos por más de 1 millón de euros en 2003 y 2004, según publicó el periódico El Mundo el 7 de febrero. El exalcalde Ortega –quien dimitió a finales de 2005 en medio de otro escándalo de corrupción– se vio obligado a renunciar el 9 de febrero de su último cargo como gerente del Mercado Puerta de Toledo, entidad perteneciente a la Comunidad de Madrid.La Policía Judicial inició pesquisas en Majadahonda y en el ayuntamiento de Boadilla en relación con los contratos concedidos a las compañías Special Events, Pasadena Viajes, TCM, Easy Concept y Servimedia Integral, todas pertenecientes a Francisco Correa, a su esposa y sus socios.En Boadilla, el juez Garzón acusa al exalcalde del PP Arturo González Panero de participar en la compra de suntuosas propiedades en Miami, Florida, para los miembros del círculo de Correa Chávez, así como por el otorgamiento de contratos y ceder un predio en condiciones ventajosas por medio de la empresa municipal de suelo, entonces encabezada por el actual diputado regional Alfonso Bosch, otro de los acusados. También entró en prisión Pablo Crespo Sarabís, quien en su calidad de secretario de Organización del PP de Galicia benefició a Correa y al dejar este cargo ingresó a Special Events, donde hasta su arresto fungía como administrador único, al igual que en otras siete empresas más.Crespo aparece como accionista en Orange Market, una sociedad filial de Special Events asentada en Valencia, y que encabeza el amigo y colaborador de Correa Álvaro Pérez Alonso, quien fue detenido el 9 de febrero y puesto en libertad después, con la obligación de comparecer cada semana. Antoine Sánchez, primo de Correa, también fue arrestado por ser el encargado del blanqueo de capitales obtenidos por la organización.Esta firma no sólo organizaba los principales eventos de la Generalitat de Valencia, que encabeza Francisco Camps, sino los del PP en esa comunidad. El 11 de febrero, el periódico El País dio a conocer que la misma compañía cobró alrededor de 1 millón de euros como responsable del pabellón valenciano en la Feria de Turismo (Fitur) de Madrid durante los últimos cinco años; en 2004 le fue otorgado un contrato de publicidad por 130 mil euros; organizó el Volvo Ocean Race, el acto de salida de la vuelta al mundo de vela, a un costo de 445 mil euros; montó la carpa de la comunidad de Valencia durante el Abierto de Tenis y presuntamente participó en la organización de los actos de la visita del Papa a Valencia, en 2006.El País difundió que Orange Market gestionó publicidad para convocatorias para mítines del PP, como el que encabezó Rajoy como candidato a la presidencia en 2008 en la Feria de Valencia.Hasta el presidente de la comunidad de Valencia, Francisco Camps, resultó implicado, según los informes de la Fiscalía Anticorrupción que entregó al juez Garzón, el cual contiene grabaciones en las que Francisco Correa alude al pago de 30 mil euros en trajes para el presidente de la Generalitat. El magistrado de la Audiencia Nacional dice contar también con elementos que involucran al actual diputado regional Benjamín Martín Vasco, quien presuntamente recibió 30 mil euros de soborno cuando fungía como responsable de la empresa del suelo en Arganda del Rey (Madrid), según afirma una de las imputadas, Isabel Jordán, en una grabación que forma parte del proceso.Este diputado, quien coincidentemente encabezaba la comisión investigadora de espionaje en la comunidad de Madrid, tuvo que renunciar ante la presión ejercida por el Partido Socialista e Izquierda Unida en la asamblea de Madrid.Otro acusado es el hasta hace poco consejero de Deportes de dicha comunidad, Alberto López Viejo, quien dejó el cargo tras la difusión de grabaciones y documentos que lo relacionan con un soborno de aproximadamente 238 mil euros, según escritos incautados por Garzón a Crespo Sarabís. La presidenta madrileña, sin embargo, salió en su defensa al asegurar que no ha hecho nada “ni ilegal ni irregular”.Garzón también investiga a José Javier Nombela Olmo, asesor desde 2007 del concejal presidente de la Junta de Moncloa del ayuntamiento de Madrid, Álvaro Ballarín. Nombela, cesado por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón el pasado 20 de febrero, está relacionado con las empresas Special Events y Easy Concept.Puesto en libertad tras declarar ante el juez Garzón, figura también el amigo y exsocio del yerno de Aznar, el empresario Jacobo Gordon Levenfeld, acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Lo mismo ocurre con un exconsejero de la petrolera Repsol, Ramón Balín Blanco, cabeza de firmas como Rusticas MBS y Hator Consulting S.A., en las que comparte asiento con Crespo Sarabís y con Francisco Javier, hermano de Álvaro Pérez Alonso, de Orange Market. Hay una veintena de personas más sujetas a investigación, 15 de las cuales fueron dejadas en libertad hasta el 26 de febrero.

Revancha del PP

El día 25, una hora después de que la coordinadora parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz de justicia del grupo, Federico Trillo, presentaran la querella criminal contra Garzón, el magistrado de la Audiencia Nacional incluyó a nuevos dirigentes de ese partido en sus pesquisas.Entre tanto Garzón pidió un informe con carácter de urgente a la fiscalía del Estado para conocer si se mantiene la petición de que se excuse del caso Gürtel a favor de los tribunales superiores o del Tribunal Supremo. Todo indica que hay nuevos personajes acusados. Periódicos como La Vanguardia y Público mencionan entre éstos al senador Luis Bárcenas, actual tesorero del comité nacional del PP, y al eurodiputado Gerardo Galeote.El País refirió que una grabación de Francisco Correa compromete a Bárcenas, quien se desempeñó como funcionario de Fomento del gobierno de Aznar, en el otorgamiento de supuestas adjudicaciones de la entidad pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, en 2002 y 2004, a cambio de millonarias sumas de dinero a favor del partido.El líder del PP, Mariano Rajoy, quien calificó a Garzón de ser “un juez socialista”, declaró el lunes 9 que dejó de contratar a Special Events porque tenía conocimiento de que algunas personas “utilizaban el nombre del PP y de la dirección nacional en algunos ayuntamientos”, pero precisó que no denunció el hecho porque no era consciente de que se estuviera cometiendo algún delito.

El compravotos en acción

GLORIA LETICIA DíAZ

Enrique Peña Nieto está incontenible. Entrega por doquier bicicletas, despensas, cheques y acompaña sus dádivas con un mensaje a la ciudadanía para que acuda a las urnas el próximo 5 de julio a emitir su voto por “autoridades cada vez más competitivas (y) más comprometidas con las mayores necesidades de la sociedad mexiquense”.El pasado 24 de febrero, el mandatario repartió 4 mil despensas –de 17 productos cada una–, 2 mil 171 bicicletas y mil 534 cheques por 450 pesos, correspondientes a los programas Seguridad Alimentaria, Apoyo al Transporte en Zonas Obrero-Populares y Mujeres Trabajadoras Comprometidas. Los beneficiarios fueron los pobladores de Chapultepec, Mexicaltxingo y Metepec, este último gobernado por el Partido del Trabajo.En ese acto estuvo presente el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (Sedesem), Ernesto Némer Álvarez, quien horas después dimitió a su cargo. Al día siguiente acudió a las oficinas del PRI mexiquense para inscribirse como candidato al XXXV Distrito local con cabecera en Metepec.En las elecciones estatales, en las que se renovarán 125 alcaldías y 45 diputaciones, el PRI va a la cabeza con sus candidatos en alianza con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Socialdemócrata (PSD) y Futuro Democrático, organización local.Peña Nieto no oculta sus intenciones. Ya en el boletín 241/2009 informó que cuenta con “recursos del presupuesto de 2008” que utilizará en programas sociales durante el presente año electoral. En su edición del pasado 15 de febrero, Proceso informó que el mandatario “aplicó de última hora, en diciembre pasado, mil 400 millones de pesos para adquirir más de 3 millones de despensas que distribuirá en el curso del año electoral”. De acuerdo con una copia de la licitación LPN-04-2008, lanzada en noviembre pasado por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs), dependiente de la Sedesem y adjudicada a Tiendas Soriana al mes siguiente, las despensas son para los programas de Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años, para Adultos Mayores de 60 a 69 años y de Apoyo a Mujeres-Compromiso con el Futuro (Proceso 1685).En el presupuesto de egresos 2009, Peña Nieto cuenta con otros mil 600 millones para la compra de por lo menos otros 3 millones de despensas.“Los mexiquenses queremos entrar en este proceso de este tiempo que nos toca vivir en un clima de armonía, de orden y de paz social”, dijo en un acto público ese 24 de febrero en Metepec.Después vino la repartición.

IFE: el servicio público como chamba o negocio

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Excepto Alfredo Figueroa, cuya militancia en el movimiento cívico en favor de procesos electorales creíbles y legítimos le permite tener conciencia de la verdadera naturaleza del Instituto Federal Electoral, el resto de los consejeros, siete de ellos, pidieron al presidente Leonardo Valdés un incremento en sus ya voluminosas percepciones. Siguieron para hacerlo un camino sinuoso, que hubiera pasado inadvertido ante la opinión pública porque se consumó a través de un trámite en apariencia meramente burocrático. Conforme a la legislación presupuestal vigente, a más tardar el 28 de febrero era preciso publicar el Manual de percepciones para los funcionarios públicos al servicio del IFE. De modo que la Junta General Ejecutiva, órgano paralelo al Consejo General, se reunió el Día de la Bandera, el martes 24 de febrero y aprobó dicho Manual, en cuyo quinto considerando se estableció que “el consejero presidente y los consejeros electorales recibirán la retribución en los términos que establece el cuarto párrafo, base V, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.En el texto citado se lee que los miembros del Consejo General del IFE reciban emolumentos iguales a los fijados para los ministros de la Suprema Corte. La disposición data de 1996, cuando se erigió el IFE en órgano constitucional autónomo en abono de cuya prestancia los legisladores equipararon las funciones de sus consejeros con las de impartición de justicia. Sólo en función de ese propósito se comprende la desmesura de comparar la tarea del tribunal constitucional con la del órgano que administra las elecciones. Aunque no sea siempre así, llegar a la cúspide de la Judicatura implica haber realizado una carrera judicial, que incluye el paso por una secretaría (de juzgado, de sala o de tribunal), un juzgado federal, la magistratura de circuito. No es necesario que los consejeros electorales hayan tenido una trayectoria formal de esa dimensión, si bien la ley obliga a nombrar sólo a quienes tengan experiencia en la materia electoral.El Consejo General del IFE que actuó de 1996 a 2003 no se consideró obligado a recibir remuneraciones conforme a la letra constitucional, sino que las situó por debajo y esa infracción, ese desacato que no constituía una falta a sus deberes de aplicar la legalidad en su desempeño, se prolongó hasta el comienzo de este año. Algunos consejeros de hoy, los más, casi todos, acaso pensaron que la crisis que ya nos envuelve sería más llevadera si se aplicara en sus términos la Constitución, de suerte que en vez de ganar 172 mil pesos mensuales recibieran lo que los 11 miembros del pleno de la Corte: 330 mil pesos. Por eso, con fingida inocencia que ocultaba los alcances de la medida, simplemente se recordó que tal debía ser el monto de sus retribuciones.La decisión causó escándalo, al menos por tres razones. Primero, una de carácter general, que es la inconformidad de una amplia porción de la sociedad sobre los excesos en las retribuciones y gastos del personal público de alto nivel. No hay proporción entre los ingresos del promedio de las personas que viven de su trabajo y lo que recibe la élite de los poderes (federal y estatales, y aun municipales en muchos casos) y de los órganos constitucionales autónomos. Además de altísimos sueldos y salarios, dietas y honorarios, otras prestaciones, en exceso onerosas para los contribuyentes que se truenan los dedos para cumplir sus pagos fiscales, confieren a esa porción de funcionarios en una casta privilegiada ajena a las preocupaciones generales. En segundo lugar, la expectativa de una crisis, y la crisis misma ya vivida, que significa disminución o pérdida del poder adquisitivo, así como las exiguas alzas salariales conseguidas por negociación o disposición de los empleadores, generaron un fuerte contraste con la liberalidad con que los consejeros se incrementaron sus percepciones.En tercer lugar, el aumento salarial ocurrió en un clima de opinión adverso a los consejeros electorales, a su institución. Varios traspiés en su debut como administradores del tiempo del Estado culminaron el 13 de febrero en una abdicación vergonzante de su papel de autoridad. Dejaron que Televisa y Televisión Azteca infringieran la ley y malquistaran al IFE con el sector del público deseoso de entretenimiento y no de mensajes electorales transmitidos en groseras interrupciones de espectáculos muy favorecidos por la afición. Y se rindieron ante el poder de las televisoras firmando unas insensatas bases de colaboración que servirían como pretexto para dejar sin sancionar conductas ilegales adoptadas de mala fe, de modo concertado, como lo narró sin ambages ni rubores Ricardo Salinas Pliego a estudiantes regiomontanos. Por las dos primeras razones hubiera resultado chocante el nuevo salario de los consejeros. Su pésimo desempeño, que significó pérdida de prestancia institucional y de autoridad frente a los sujetos regulados, acrecentó la descalificación pública de la torpeza en materia de salarios. Frente a la reacción adversa, los consejeros dieron marcha atrás. Lo hicieron de modo reticente, dejando abierta la posibilidad de que el incremento a que provisionalmente renunciaban recobrara vigencia. Por ello declararon que “no caben reconsideraciones sobre (la) validez legal” del Manual de percepciones. Reconocieron, sin embargo, que “nuestro país no es ajeno a los estragos de una profunda crisis económica y financiera a nivel mundial; por ello, no podemos ser insensibles ante la realidad que afecta a los propios trabajadores del Instituto. Es por ello que los nueve consejeros electorales hemos decidido no aceptar el incremento salarial que implica el acuerdo tomado”.No llegaron espontáneamente a esa conclusión. Fue renuente en particular Marco Antonio Gómez Alcántar, que encarna la visión del servicio público como chamba o como negocio. Abogado por la Universidad Anáhuac, adquirió experiencia legal en la estructura fuertemente jerarquizada de despachos extranjeros como Andersen y Baker & McKenzie. Se entrenó en la práctica del derecho corporativo y fiscal, pero ni por asomo (no era ese el espacio para ello) en el derecho electoral. Eso no obstante, y a pesar de que la ley es clara al establecer como requisito para integrar la autoridad electoral contar con experiencia en esa materia, la rebatiña en medio de la cual se formó el Consejo General en octubre de 2003, lo llevó en alas del Partido Verde a ocupar una plaza cuyos gajes paladea: el 16 de abril de 2005 recibió 156 mil pesos, el monto de la dote matrimonial, equivalente a un mes de salario. Alegaba en defensa de su incremento la importancia de la función que desempeña y su calificación para ejercerla. De la primera nadie duda, pero no se vio que el propio Gómez Alcántar la reconociera al trocar su posición adoptada antes del 13 de febrero por la que expresó ese día y contribuyó al sobreseimiento del procedimiento sancionador que ahorró al duopolio unos millones de pesos y costó al IFE buena parte de su prestigio.

La venganza de Téllez

RODRIGO VERA

Luego de denunciar en Proceso las constantes y graves fallas de los equipos y sistemas con que operan los controladores de tránsito aéreo en el país, "que en cualquier momento pueden ocasionar siniestros de consecuencias irreparables", el secretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, Ángel Iturbe, ha sido sometido a hostigamiento por los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. E identifica al autor de estas presiones: Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien, afirma, "intenta acallarme e intimidar al sindicato".

Ángel Iturbe Estrop, vocero y secretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), es hostigado por las autoridades aeronáuticas debido a que proporcionó información a Proceso sobre las frecuentes fallas en los sistemas de control aéreo del país.El miércoles 25 de febrero, la dirección jurídica de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) envió una carta a Iturbe para notificarle que levantaría un “acta administrativa en su contra”. Lo acusa de “faltas de probidad” por haber declarado y entregado información a este semanario relativa a los sistemas y equipos de control aéreo, “considerados de seguridad nacional”.
Firmada por Carlos Romero Godínez, jefe del jurídico de Seneam, la misiva detalla las razones de la sanción:Por no haber desempeñado las funciones que tiene encomendadas con la responsabilidad, diligencia y cuidado apropiados e incurriendo en faltas de probidad, al haber efectuado declaraciones a los medios de comunicación, como es el caso de la revista Proceso (Semanario de Información y Análisis, números 1673 y 1674, de fechas 23 y 30 de noviembre, respectivamente), referente al accidente del Learjet 45 de Gobernación, matrícula XC-VMC, así como información sobre el funcionamiento y disponibilidad de los sistemas y equipos de control aéreo; haciendo manifestaciones de asuntos de que tuvo conocimiento con motivo del trabajo, proporcionando sin estar autorizado, informes sobre las actividades de SENEAM, así como información referente a protocolos de operación aérea considerados de seguridad nacional.El documento también menciona las infracciones a la ley presuntamente cometidas por Ángel Iturbe:La conducta antes descrita contraviene lo dispuesto por los artículos 44 fracciones I, III y IV; 46 fracción V, incisos a) y e) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 69 fracciones I y VIII, y 70 fracciones I, VIII, XI y XVIII de las Condiciones Generales de Trabajo para los Controladores de Tránsito Aéreo de SENEAM vigentes.Finalmente, lo citó a presentarse el viernes 27 en la Jefatura de la Estación Culiacán de Seneam, donde se levantó el acta administrativa AA-01/09 CUL, en la que se reiteran los cargos en su contra y se le advierte que Seneam es “una instancia de seguridad nacional”, por lo que “también está transgrediendo lo dispuesto por la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 4, que establece: ‘La seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad…’”.
Dice Ángel Iturbe:
“En lugar de que las autoridades resuelvan los graves problemas del tránsito aéreo, se me está reprimiendo por el solo hecho de dar a conocer esos problemas. Son amenazas y actos de intimidación que intentan acallarme.”
–¿Considera que finalmente usted será sancionado?
–El levantamiento del acta es el primer paso para castigarme. Conociendo la arbitrariedad de las autoridades aeronáuticas, es muy probable que lleguen al extremo de querer correrme del trabajo, que me den la llamada suspensión definitiva. Iturbe dice no tener la menor duda de que Luis Téllez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), “está detrás de todas estas medidas represivas” en su contra.
–¿Es también un acto represivo contra el sindicato de controladores?
–Por supuesto, ya que no estoy haciendo nada a título personal. Todas mis acciones las he hecho a nombre del sindicato, como su vocero y su secretario de Trabajo. La documentación que entregué a Proceso son oficios del sindicato. De manera que la intimidación del señor Téllez también es contra el Sinacta. “Y son falsas las acusaciones de que la información que entregamos sea de seguridad nacional. ¡Totalmente falsas! A nosotros nos ampara la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Nos defenderemos legalmente hasta el final.”Indica que quienes sí violaron la ley fueron Téllez y sus funcionarios cercanos, como Gilberto López Meyer, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y Agustín Arellano, a cargo de Seneam.“Ellos tenían prohibido revelar las grabaciones de los diálogos en cabina del Learjet 45, debido a que hay una investigación penal en curso. Y sin embargo las dieron a conocer ilegalmente”, dice. El hostigamiento contra Ángel Iturbe obedece a que entregó a Proceso una serie de reportes que él –a nombre del sindicato de controladores– le envió a Luis Téllez, en los cuales le advertía sobre las fallas en los equipos de control aéreo y el riesgo que representan para la seguridad no sólo de los pasajeros, sino también de personas y bienes en tierra.En uno de los reportes, fechado el 10 de octubre del año pasado, un alarmado Iturbe le comunica a Téllez que, incluso, los controladores aéreos llegaron a perder la señal nada menos que del avión presidencial en el que viajaba la esposa del presidente, Margarita Zavala.
Dice textualmente ese reporte:
Señor secretario: insistimos en la necesidad URGENTE de que intervenga usted para que Seneam (…) atienda y resuelva de manera definitiva la problemática referente a las fallas frecuentes y graves de los equipos y sistemas con que tenemos que trabajar los controladores de Tránsito Aéreo. Reiteramos que la gravedad de la situación ha llegado al grado de que en cualquier momento puede ocasionar siniestros de consecuencias irreparables.Subrayo de manera ilustrativa, pero alarmante, que el pasado miércoles 8 de octubre, a las 19:48 horas, desapareció el eco del AVION PRESIDENCIAL AP02 durante al menos 15 segundos de las pantallas de radar de los controladores que le proporcionaban el servicio de aproximación terminal al aeropuerto de esta Ciudad de México.En otros reportes, también publicados en este semanario, Iturbe le informa a Téllez sobre fallas en el Centro de Control México –que monitorea todos los vuelos en el centro del país– y en el sistema operativo Eurocat X –que maneja información de radares en el sureste mexicano–, así como otras deficiencias en el control de tráfico aéreo.En entrevista, Ángel Iturbe lamentaba incluso que las autoridades no hicieran caso a estas advertencias del sindicato de controladores: “Llevamos años enviándoles escritos en los que señalamos no solamente las fallas en nuestros equipos, sino también problemas por saturación de vuelos, mala administración del personal y mala distribución en las cargas de trabajo. Ahí están las cartas dirigidas al señor Luis Téllez… Pero es inútil. Nadie nos hace caso.” (Proceso 1673.)El pasado 28 de noviembre, días después de que Proceso diera a conocer estos reportes, Ángel Iturbe sufrió un primer castigo por haberlos entregado al semanario: Seneam le quitó su comisión sindical y lo trasladó de la Ciudad de México a Culiacán, donde actualmente es controlador en el aeropuerto de esa ciudad.Ese traslado fue un “acto represivo e ilegal”, declaró Iturbe en una breve entrevista publicada en el número 1674 de esta revista, declaraciones por las que ahora también se le levantó el acta administrativa. Pero las represalias contra Iturbe empezaron cuando el Learjet 45 en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño acababa de desplomarse. En una conferencia de prensa realizada el 5 de noviembre pasado –un día después de la caída del avión–, el mismo Luis Téllez arremetió públicamente contra el vocero del Sinacta al señalar: “el señor Iturbe miente y además está lucrando con un caso en el cual todos los mexicanos sentimos un gran dolor, y eso muestra que es una persona que carece totalmente de ética”. La reprimenda verbal de un Téllez enfurecido sorprendió a los periodistas que cubrían el acto.Ante los regaños, castigos y hostigamientos, Ángel Iturbe comenta que no se amilana y que, sin afán protagónico, continuará con sus denuncias:“El doctor Téllez podrá volver a llamarme mentiroso, oportunista y hasta acusarme –sin fundamento– de lucrar con la información. Seguramente endurecerá su actitud para acallarme y para intimidar al Sinacta. Pero no dejaremos de denunciar públicamente las irregularidades que afectan a la seguridad en la aviación.”

Estado fallido: ¿en México hay un monopolio o un duopolio de la violencia?

Desfiladero
Estado fallido: ¿en México hay un monopolio o un duopolio de la violencia?
Jaime Avilés

Salgamos de una vez por todas de la duda. ¿Vivimos en un Estado fallido –como aseguran los expertos del Pentágono– y estamos en peligro de que nuestro sistema político se colapse de repente? A discutir la primera parte de esta pregunta invité la otra noche a un joven artista plástico y a dos intelectualas que lo acompañaban. Una de ellas dijo: el concepto de Estado fallido” se deriva de la conocida afirmación de Max Weber en cuanto a que el Estado posee “el monopolio de la violencia”.
No hace mucho, anotó el artista plástico, Felipe Calderón dijo que “él” tenía el monopolio de la violencia. Pobre, ni siquiera distingue entre gobierno y Estado, se condolió la otra intelectuala. En la Libre de Derecho nadie le enseñó que el Estado posee tres componentes: territorio, población y gobierno. Sí, pero el Estado, insistió la intelectuala que llevaba la voz cantante, tiene el monopolio de la violencia y, en el caso de México, ese monopolio se convirtió en duopolio.
Permíteme, discrepó su colega, pero Weber habló del “monopolio legítimo de la violencia”. Le-gí-ti-mo. ¿Y cuál es ese monopolio legítimo?, abundó. Pues el que permite al Estado disponer de las fuerzas armadas. ¡Ahí está el detalle!, salté, evocando a Cantinflas. El Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, pero Calderón no es legítimo, medio México lo considera espurio. Y dos, el “monopolio legítimo de la violencia”, o sea, las fuerzas armadas, cívicas y militares, han perdido el control de franjas territoriales en la frontera norte y en otros estados donde el narcotráfico es el que manda. Por eso en Texas ya están las tropas del Tío Sam…
Parodiando a Weber, el Estado mexicano ha perdido asimismo el monopolio legítimo de la justicia, pues ahora el narco juzga a criminales, sospechosos e inocentes con el mismo rasero, y los castiga mediante la aplicación mecánica de la pena de muerte. Y por si lo anterior fuera poco, el Estado mexicano también ha perdido el monopolio legítimo de la recaudación fiscal, porque de manera creciente el narco está cobrando impuestos en casi todo el país, tanto a los hombres de negocios como a los pequeños vendedores de productos piratas.
De acuerdo con lo anterior, ¿vivimos en un Estado fallido o no? Manden sus puntos de vista al buzón de esta columna y el próximo sábado véanlos publicados en el blog de El Patín del Diablo. Ahora bien, ¿estamos en riesgo de que el sistema político se colapse en forma repentina?
Castidad de lujo
Nos quedan 80 mil millones de dólares en las reservas internacionales, casi mil millones menos que la semana pasada y, no obstante, el peso continúa hundiéndose. A este ritmo, dentro de 80 semanas, o menos, las arcas del Estado podrían estar vacías y el país en riesgo de quedarse, como la Argentina de Fernando de la Rúa (diciembre de 2001), sin circulante, es decir, en el corralito.
Cada 24 horas pierden su empleo 890 personas (según el Inegi, por tanto, la cifra debe ser mucho mayor). En lo que va del año, las exportaciones se redujeron en más de 30 por ciento, cayendo a su nivel histórico más bajo. Y la inflación sigue creciendo porque el diesel se mantiene a la alza, mientras las gasolinas, la luz y el gas conservan precios de escándalo. Pero el descontento popular no traza siquiera una arruga en la frente de Carstens.
Pese a la urgencia de cambiar inmediatamente de política económica, el presupuesto de egresos de 2009 contempla que más de la mitad del dinero que será ejercido servirá para pagar los sueldos de la burocracia, entre ellos las insultantes percepciones de los magistrados de la Tremenda Corte, sus bonos extras, sus vales de comida y combustible, sus viáticos en otras ciudades y países, sus gastos médicos, sus vacaciones y aguinaldos, que en suma les reditúan cerca de 10 millones de pesos por toga al año, o, en grupo, 110 millones, o 660 millones al sexenio (sin contar los salarios de magistrados y jueces de menor rango, secretarios, tinterillos y demás) que el pueblo dilapida, mediante sus impuestos o de la renta de Pemex, con la ilusa pretensión de garantizar que sus máximos jueces no se corrompan. ¿No sería más barato asignarles 11 cinturones de castidad de oro, con incrustaciones de diamantes y esmeraldas? O quizá, simplemente, dejar que se corrompan. Total, para las sentencias que dictan, en beneficio invariable de los ricos…
Carecemos de un Poder Judicial que actúe como factor de equilibrio, en un país marcado por la desigualdad extrema; el “gobierno” federal parece una fiesta infantil en la que todos los niños andan con los ojos vendados dándose palos unos a otros. Y el Poder Legislativo, que por su pluralidad podría abrir una salida de emergencia con el consenso de todos los partidos, está a punto de ser despojado de cualquier legitimidad por el IFE, cuyos consejeros, encabezados por Vazurita, ya echaron a perder cuatro veces la elección de julio (y eso que la gente todavía no vota): una, al castigar “enérgicamente” al PRD por su campaña contra el PAN, y sólo “amonestar” al PAN por su campaña contra el PRD; dos, al arrodillarse ante las televisoras y perdonarles las multas; tres, al arrodillarse de nuevo ante ellas, y ahora sí multarlas, debido a las burlas que provocaron con su actitud inicial y, cuatro, al subirse y de inmediato bajarse los sueldos, con una celeridad que anticipa lo que seguirán haciendo, tantas veces como sea necesario, con sus propios calzones.
Estado fallido, pérdida de control territorial, duopolio de la violencia, tropas estadunidenses en la frontera de Texas, evaporación paulatina de las reservas federales, desempleo galopante, inflación a tope, desplome histórico de exportaciones, parálisis mental en el gabinete económico, y pronto, muy pronto, crisis política después de las elecciones que se combinará, según todos los pronósticos, con una espectacular reducción del dinero circulante debido a la desaceleración prevista para el segundo semestre de 2009.
¿Colapso repentino del sistema político cualquier día de estos? Lorenzo Meyer lo dijo la otra noche en la televisión cultural con palabras más claras: “no estamos en proceso de transición hacia una forma de gobierno más democrática, ni retrocediendo hacia los antiguos métodos de control priísta; no vamos a ninguna parte, nos estamos hundiendo”.
El brasier de Emma
Por fortuna, por segunda semana consecutiva sigue en cartelera la nueva creación de Maryse Sistach y José Buil, El brasier de Emma, una comedia de alta calidad, ubicada en el México de 1962, cuando vino a visitarnos Marilyn Monroe con sus legendarios pechos desnudos bajo la ropa, lo que en esta cinta da pie a una reflexión feminista, sumamente humorística, sobre las glándulas mamarias, en torno de una niña (Sofía Espinosa) y su madre (Arcelia Ramírez), que sufren problemas pectorales de distinta índole, en un DF en que por las calles, con bandera de taxi, circulaban enormes cocodrilos.
jamastu@gmail.com

La ley nacional prevé la revocación de licencia para operar

El gobierno de EU, propietario de un tercio de Banamex
*En manos de la administración de Obama, 36% de acciones de Citigroup
*La filial del consorcio aquí invoca el TLCAN para negar conflicto legal
*Senadores demandan que Hacienda y la CNBV investiguen el asunto
*Es una oportunidad de oro para recuperar ese banco, dice Suárez Dávila

Tercera intervención del Estado en sólo tres meses para rescatar a Citigroup

El gobierno de EU se convierte en principal accionista de la multinacional bancaria

Las autoridades se preparan para apoyar a otros 100 bancos que “podrían fallar” este año

David Brooks

Nueva York, 27 de febrero. Las oficinas ejecutivas de Citigroup en Park Avenue temblaron hoy, cuando este icono del libre mercado a escala mundial tiene ahora como dueño de más de un tercio de sus acciones al gobierno de Estados Unidos.
El gobierno federal se está preparando ante la posibilidad de que otros 100 bancos estadunidenses pudieran fallar durante 2009.
La administración de Barack Obama anunció este viernes que incrementará su participación de ocho a 36 por ciento en Citigroup, convirtiéndose por mucho en el dueño individual más grande del banco. Esto representa una de las acciones más audaces del gobierno federal hasta la fecha para intentar rescatar lo que se considera una empresa financiera “demasiado grande para dejarla fracasar”.
Es la tercera intervención del gobierno en Citigroup en los últimos tres meses, y analistas consideran que probablemente no será la última.
Como parte del acuerdo, el actual ejecutivo en jefe de Citigroup permanecerá en su puesto, pero habrá nuevos directores independientes en su junta ejecutiva. El banco acaba de informar que sus pérdidas en 2008 ascendieron a casi 28 mil millones de dólares, lo que representa una de las más grandes en la historia de la empresa.
La transacción implica que el Departamento del Tesoro convertirá su inversión de 25 mil millones de acciones preferentes en comunes.
Después de inyectar 45 mil millones de dólares en total al banco, el gobierno federal se convierte así en el principal accionista, pero tanto el gobierno de Barack Obama como los banqueros han buscado a toda costa evitar mencionar la palabra “nacionalización”. Sin embargo, aunque el acuerdo de hoy no implica una inversión federal adicional en la institución de crédito, muchos analistas advierten que es casi seguro que se tendrán que emplear más fondos para estabilizar éste y otros bancos en medio de una de las crisis más severas en décadas.
Este modelo podría ser aplicado a otros grandes grupos financieros, como Bank of America, que también está en apuros, señalaron expertos, pero el problema es que al evitar la nacionalización completa de estas instituciones los apoyos no resuelven problemas fundamentales, como los instrumentos financieros “tóxicos” que están paralizando a las firmas financieras.
Ben Bernanke, jefe de la Reserva Federal, entre otros altos funcionarios del gobierno, descarta la nacionalización como opción, pero otros indican que eso ya se hace con bancos medianos y pequeños que han fracasado en tiempos recientes.
De hecho, la Corporación de Seguro Federal de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés), agencia gubernamental que garantiza depósitos en bancos, anunció que cobrará más para recaudar los 27 mil millones de dólares para su fondo de seguro, ante la creciente ola de fracasos de las instituciones financieras.
La FDIC asegura depósitos en 8 mil 300 bancos del país, y ahora calcula que perderá 80 mil millones entre 2008 y 2013 como resultado de fracasos bancarios –el doble que pronosticaba hace sólo unos pocos meses. Esta semana la FDIC anunció que hay 252 bancos en su “lista de vigilancia” de instituciones en apuros, y por tanto analistas del la industria pronostican que habrá al menos 100 bancos en quiebra en 2009, reportó el New York Times. Unos 14 ya han fracasado este año, mientras un total de 25 quebraron en 2008, comparado con sólo tres en 2007.
¿Todo esto implica que el pueblo ahora es el principal dueño de uno de los bancos más grandes del planeta y de cientos de banquitos?