domingo, 19 de agosto de 2007
Gobierno de Estados Unidos paga con 385 mil dólares a jefe de la oficina de la DEA en El Paso, Texas, obligado a renunciar por “saber mucho” sobre el hallazgo en el 2004 de una narcofosa en Ciudad Juárez con los cadáveres de cinco narcos estadounidenses / Departamento de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas autorizó las ejecuciones
CIUDAD JUAREZ, Chih., 18 de agosto (LA JORNADA).- El gobierno de Estados Unidos indemnizó con 385 mil dólares a Sandalio González, quien fue obligado a renunciar como jefe de la oficina de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA) en El Paso, Texas, tras el hallazgo, el 23 de enero de 2004, de 12 cadáveres inhumados de manera clandestina en una casa de la calle Parsioneros, en el fraccionamiento Las Acequias, de Ciudad Juárez, cinco de las cuales, al menos, eran de narcotraficantes estadounidenses.
Sandalio González dejó el cargo a principios de 2005, luego de seis años al frente de la oficina regional de la DEA, tras varios enfrentamientos verbales con los jefes antidrogas en Washington, que trataron de ocultar la información sobre este caso.
La vivienda donde fue encontrada la fosa era un centro de operaciones de Humberto Santillán Tabares, uno de los principales operadores del cártel de Juárez, quien al ser detenido en El Paso, Texas, informó que la organización criminal había descubierto que el Departamento de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE) tenía infiltrado en el cártel a Guillermo Ramírez Peyro, quien incluso participó en la ejecución e inhumación de las 12 personas, además de que en algunos casos transmitió vía celular la tortura, interrogatorios y ejecución de los presuntos narcotraficantes, incluidos los estadounidenses.
Al conocer Sandalio González que personal del ICE dio su anuencia para matar a los narcotraficantes estadounidenses, informó a sus superiores pero fue ignorado por éstos debido a las implicaciones políticas y económica que ello conllevaba el caso (por las demandas de lo familiares).
González culpó a John Gaudioso, agente especial a cargo del Buró de ICE, de proteger a un participante en las ejecuciones de narcotraficantes y le reclamó por qué no existe una explicación para que el ICE no avisara a las autoridades mexicanas sobre los hechos criminales efectuados por los delincuentes.
Al ser ignorado y presionado por su gobierno para que renunciara, Sandalio González demandó a la Procuraduría de Justicia de su país por discriminación. La oficina del procurador informó ahora que el gobierno de Estados Unidos acordó pagar 385 mil dólares por el caso número 1:02-CV-20982-FAM, presentado en el estado de Florida por los abogados de Sandalio González.
Se debe recordar que el 28 de enero de 2004, personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR detuvo como responsables de estos homicidios a 11 ex agentes de la Policía Judicial del estado.
Los 11 estuvieron detenidos más de tres años en el penal del Altiplano, en el estado de México, el pasado 28 de mayo un juez federal dictó sentencia absolutoria debido a que la SIEDO no entregó las suficientes pruebas de que ellos hubieran participado en la ejecución, y cuatro de ellos abandonaron la prisión el 12 de junio pasado.
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