Las huelgas mineras

José Antonio Almazán González

La posición de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de declarar inexistentes las huelgas de los trabajadores mineros de Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas, y Cananea, Sonora, expresa la voluntad del gobierno de Felipe Calderón de cumplir cabalmente los compromisos que dejó pendientes, Vicente Fox con el Grupo México, para destruir al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y/o crear un gremio blanco, incondicional a los intereses de este poderoso grupo de la oligarquía mexicana.

Sin decoro legal alguno, el actual presidente de la JFCA dictó la inexistencia de las tres huelgas, sin importarle que el 29 de junio recibió, verificó y certificó el emplazamiento a huelga, que en representación del gremio presentó su secretario del Trabajo. La certificación la realizó la JFCA conforme lo señalan los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establecen los requisitos de presentar el pliego petitorio con emplazamiento a huelga, el objeto del paro, el día y la hora para suspender las labores y que el aviso se dé, por lo menos, con seis días de anticipación. Asimismo establece la obligación de la autoridad laboral de verificar que se cumplan con los requisitos del artículo 920. Todo lo anterior se cumplió y la JFCA, en apego a la ley, dio entrada al emplazamiento a huelga.

Sin embargo, una vez estalladas las tres huelgas mineras, la JFCA hizo suyos los alegatos del Grupo México que, celosos guardianes de la democracia y legalidad sindical, reclamaron que los emplazamientos a huelga carecían de legitimidad, pues el SNTMMSRM no acompañó sus emplazamientos con las actas de asambleas que sí se realizaron y las cédulas de votación emitidas en favor de la huelga y que las violaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT), alegadas por la organización sindical, eran vagas y generales.

Mediante una torcida interpretación de la LFT, la Junta Federal hizo caso omiso del artículo 920, el cual no obliga a los sindicatos a presentar dicha documentación y que el estatuto del gremio minero permite que el emplazamiento a huelga sea presentado por el secretario del Trabajo, en ausencia del secretario general. Resulta relevante recordar que al actual presidente de la JFCA le tocó resolver decenas de emplazamientos a huelga presentadas por el SNTMMSRM durante el periodo foxista, con el mismo procedimiento que hoy es cuestionado para dictar la inexistencia de las huelgas mineras.

Con los mismos argumentos patronales, la STPS y la JFCA declararon la inexistencia, señalando que las pruebas de las violaciones al CCT presentadas por el sindicato minero son vagas y generales y que no precisan las formas de reparación de las mismas.

En este punto, el descaro y complicidad del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y del presidente de la JFCA no tiene límite. Desde abril de este año, para no remontarnos a la tragedia y homicidio de Pasta de Conchos, que pusieron al descubierto las terribles condiciones de sobrexplotación en las minas mexicanas, las autoridades laborales conocen de las graves violaciones a las condiciones de seguridad e higiene de los obreros, particularmente en las minas de Taxco, Sombrerete y Cananea.

De diversas formas, todas ellas documentadas por el SNTMMSRM y presentadas en la Cámara de Diputados, la STPS fue emplazada a cumplir su obligación de inspección para verificar y dar cumplimiento a las garantías de seguridad e higiene. Pero hizo caso omiso de esta obligación, protegiendo los intereses del Grupo México, que funda sus elevadas ganancias en la sobrexplotación de los trabajadores mineros.

En el caso de las huelgas mineras, ha sido puesta en marcha un operativo de contrainsurgencia sindical, mediante un costoso plan publicitario y de control de medios, apostando al desgaste de los movimientos de huelga.

Este plan se cocinó en el foxismo y Calderón lo hace suyo, como parte de los compromisos con un sector de la oligarquía que participó activamente en la orquestación del fraude electoral. Se trata de aplastar de manera ejemplar los focos de resistencia sindical que puedan tener relevancia a escala nacional; de anular conquistas obreras, entre otras el derecho de huelga, que estorban la sobrexplotación del trabajo (ahora se dice condiciones de productividad y competitividad) y de imponer direcciones sindicales ad hoc a los proyectos patronales para aprobar la añorada contrarreforma laboral.