Por Juan R. Menéndez Rodríguez
Han transcurrido 545 días de la tragedia en la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, sin que los restos de los 64 mineros hayan sido devueltos a sus deudos.
Al día de hoy son varias las certezas.
Primera: la Cámara de Diputados concluyó que la explosión se debió a un suceso originado por negligencia y omisión de Industrial Minera México y Grupo México, de sus directivos, así como de funcionarios de las secretarías del Trabajo y de Economía.
Segunda: de acuerdo con el dictamen, las condiciones de sobreexplotación laboral a las que son sometidos los mineros en la región carbonífera, no distan mucho de los episodios del laissez-faire porfiriano.
Tercera: el triste papel del sindicato minero en la defensa de sus agremiados, al margen del truculento manejo del fideicomiso por parte de su líder, no es sino una alegoría del fracaso del sindicalismo frente a la globalización neoliberal.
En pleno siglo 21 el mundo del trabajo en México sigue caracterizado por la precariedad en el empleo y la vulneración de los derechos laborales.
El derecho a un empleo estable, salario suficiente, condiciones satisfactorias de trabajo, libertad sindical, contratación colectiva, huelga, equidad de género, protección al trabajo de menores, irrenunciabilidad a derechos adquiridos y justicia laboral, ha quedado en letra muerta.
La referencia legal de los derechos humanos laborales está sustentada en la normativa internacional: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención Americana de los Derechos Humanos (1969); el Protocolo de San Salvador (1976); el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (1994); los Convenios de la OIT, el Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981) y, por supuesto, el artículo 123 constitucional, y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Y, aún así, amable y estimado lector, la dignidad del trabajador no se respeta. ¡Vaya cinismo el de la sociedad en general, esa que incluye a todos los sectores, la que nos incluye a nosotros también!, decíamos ayer.
Un año y medio después de la tragedia de Pasta de Conchos, ¿cuál sería la agenda para el mundo del trabajo? Además de inspeccionar la totalidad de la mina --asunto aún pendiente--, y de mantener las obras de rescate, el respeto a las y los trabajadores habrá de configurarse en los siguientes puntos:
* Un programa nacional de empleo digno, cuyo objetivo sea garantizar la plena vigencia de los demás derechos humanos laborales. Propósito para el cual se requiere crecimiento económico, productivo y con equidad.
* Asimismo, abordar explícitamente la cuestión del empleo, y su calidad, como un problema macroeconómico.
* Revisar la estrategia de generación de empleos, vinculando productividad y remuneraciones. Evaluar los acuerdos comerciales (Unión Europea, TLCAN, etcétera) en materia de derechos laborales.
* Transformar a la Comisión Nacional de Salario Mínimo en una comisión de costo de vida, como organismo de Estado, autónomo y técnico. Implementar un aumento en términos reales, paulatino y sostenido, del salario mínimo.
* Desincentivar el comercio informal, a partir de la creación de empleos en el sector industrial y de servicios. Respetar y garantizar el derecho a la autonomía, democracia y libertad sindical.
Hace falta un instituto con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía para llevar el registro público de organizaciones sindicales, de sus contratos colectivos y sus estatutos. En suma, urge un nuevo pacto social.
jrmenrod@hotmail.com
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