Costa Rica: democracia vulnerada

Editorial

Una semana después de que las encuestas de opinión anunciaron un rechazo claramente mayoritario entre la ciudadanía costarricense al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno de Óscar Arias logró imponer por estrecho margen, en el referendo del domingo, la aprobación del pacto comercial. Los promotores del no han decidido condicionar su reconocimiento de los resultados oficiales a un recuento total de los sufragios y que se aclaren las numerosas irregularidades documentadas durante la jornada electoral. Por vez primera, el funcionamiento de la formalidad democrática costarricense, emblemática del país y excepcional en la historia reciente de Centroamérica y América Latina, se ve cuestionado, y con sobrada razón, por un sector masivo de ciudadanos; por primera ocasión los costarricenses se enfrentan a la posibilidad de no poder superar sus diferencias por medio de las urnas.

Las irregularidades y las inconformidades no empezaron el día de la votación. El referendo fue ensuciado meses atrás por el gobierno de Óscar Arias, el cual concertó un programa de intimidación a los electores, invirtió recursos públicos en el proselitismo por el sí, permitió la descarada intervención de Wa-shington en las campañas, apeló al voto del miedo con el argumento de que el rechazo al acuerdo comercial tendría consecuencias nefastas para el país, y manipuló y engañó, en connivencia con medios de información de propiedad privada e intereses corporativos, a la opinión pública. El día mismo del referendo fueron documentadas numerosas irregularidades –intimidación a los activistas por el no, transporte gratuito a los votantes del oficialismo, sorpresivos cambios de sentido en los resultados electorales de diversas circunscripciones– que, como se ha hecho habitual en otras naciones, pasaron inadvertidas para los observadores electorales. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) toleró tales prácticas y otras, como la violación a la tregua propagandística por los partidarios de la aprobación del tratado comercial. A la postre, éstos ganaron el referendo por una diferencia de 50 mil votos en un universo de más de millón y medio de sufragios. En consecuencia, una porción muy importante del electorado –más de 48 por ciento, según las cifras oficiales– percibe que el proceso se desarrolló en forma tramposa.

Es imposible no ver los paralelismos con la manera en que se realizó en México el proceso electoral del año pasado: un gobierno volcado a denostar –con recursos públicos– al candidato de la oposición; medios informativos, especialmente los electrónicos, alineados con el oficialismo; autoridades electorales que no pudieron o no quisieron poner en orden a los competidores; campañas de amedrentamiento al electorado y, para culminar, un conteo desaseado e inverosímil de los sufragios y una negativa tajante a contarlos de nuevo. El resultado fue catastrófico para todos, pues los perdedores se sintieron despojados del triunfo; los vencedores no han podido, hasta la fecha, remontar el déficit de legitimidad que es su sello de origen, las instituciones están tocadas en su credibilidad y el país no logra superar la grave fractura política en que desembocó la elección.

Significativamente, en uno y otro casos se puso en juego el modelo de país y la orientación general de la economía: en México la subsistencia de la ortodoxia neoliberal dependía del triunfo de Felipe Calderón, y en Costa Rica la aprobación del TLC puede implicar el desmantelamiento definitivo del Estado solidario, el arrasamiento del tejido social en diversos sectores y el fin del sueño de la sustentabilidad.

Da la impresión de que los partidarios del llamado consenso de Washington están dispuestos a navegar con bandera de demócratas sólo cuando están seguros de contar con el respaldo de la voluntad popular mayoritaria, pero cuando ésta amenaza los intereses económicos y geopolíticos que representan, no dudan en trastocar la institucionalidad política.

Si hoy la democracia tica aparece debilitada y cuestionada, no es responsabilidad de quienes apostaron por la libre expresión del voto, sino de quienes jugaron sucio en todo el proceso. La preservación de la institucionalidad y de la convivencia pacífica hace necesario ahora limpiar el referendo, subsanar las irregularidades, despejar las dudas y restituir la credibilidad del organismo electoral. De otra manera, la democracia costarricense, hasta hace poco considerada ejemplar, será colocada en un callejón sin salida.