Ecologista mexiquense denuncia violencia oficial

Santiago Pérez estuvo 3 meses preso; fue exonerado

Israel Dávila (Corresponsal)

Toluca, Mex., 8 de octubre. En el estado de México existe una violencia institucional “sin precedente” en contra de los movimientos sociales, aseguró Santiago Pérez Alvarado, activista ecológico liberado hace apenas cinco días, quien permaneció tres meses encarcelado por un delito del cual fue exonerado.

El también asesor del Movimiento Mazahua, señaló que “no es con la ley del garrote ni metiendo a los luchadores sociales a la cárcel como se resolverán los problemas, sino mediante el diálogo, que es lo que fortalece a las instituciones”.

Pérez Alvarado ofreció hoy una conferencia de prensa en el Congreso local, luego de permanecer 90 días en la cárcel de Temascaltepec. Afirmó que su encarcelamiento tuvo un fondo político: “quienes ordenaron mi captura siempre supieron que no era responsable del delito que se me imputó.

“Cuando me detuvieron, los policías judiciales me dijeron que eran órdenes de arriba”, explicó. En julio pasado, Pérez Alvarado fue capturado con una orden de aprehensión girada en 2000, pero al día siguiente la juez primera penal de distrito se percató que los delitos habían prescrito y ordenó liberarlo.

Sin embargo, elementos de la Agencia de Seguridad Estatal reaprehendieron al activista por una causa pendiente en el distrito judicial de Temascaltepec, adonde fue trasladado. Ahí enfrentó imputaciones por secuestro equiparado, por hechos que ocurrieron en 1999, cuando pobladores de San Pedro Tenayac, municipio de Temascaltepec, retuvieron a funcionarios estatales y federales para impedir las obras de la cuarta etapa del sistema Cutzamala.

“Demostré que no mandé secuestrar a nadie, que sólo era vocero de los campesinos de Temascaltepec que se oponían a la construcción de la obra”, dijo.

Denuncia pasivididad de diputados

Lamentó que los diputados mexiquenses que supieron de su inminente detención no hicieran nada para evitarlo, como el perredista Crescencio Suárez.

En una reunión, el entonces subsecretario de Gobierno José Manzur y el secretario Desarrollo Agropecuario, Arturo Osornio, se lo comunicaron. Entonces Pérez Alvarado organizaba a campesinos de Temascaltepec, comunidad del Mesón Viejo, para exigir una indemnización por las tierras que les fueron arrebatadas a los comuneros para ampliar la carretera Toluca-Valle de Bravo.

“Si esto fue un escarmiento –dijo Pérez Alvarado–, quiero decir que fue muy chiquito. La cárcel me hizo crecer y valorar aún más la lucha por defender los recursos naturales.”