Pinochet pesó hasta su muerte sobre las instituciones de Chile, señala abogado

Tras el deceso, testigos de hechos criminales por fin presentaron denuncias, afirma
En 10 meses hemos avanzado más que en una década, celebra Eduardo Contreras Mella

Blanche Petrich

En Chile, desde la muerte del ex dictador Augusto Pinochet, varios testigos de hechos criminales decidieron salir de la sombra y presentarse ante los tribunales donde se siguen centenares de investigaciones y juicios sobre genocidio, cometido entre 1973 y 1998.

“En los pasados 10 meses hemos podido avanzar como no lo habíamos logrado en los 10 años anteriores”, asegura el abogado Eduardo Contreras Mella, integrante de aquel grupo de juristas que en 1998 desafió el blindaje de complicidades que protegía a los represores y presentó la primera querella criminal contra el fallecido general.

De eso hace ya casi una década. Eduardo Contreras, que pertenece a aquella generación de comunistas chilenos conocidos –por algo será– como “los tenaces”, sostiene que esta cascada de testimonios –que logró quitar el freno a decenas de juicios– es “una prueba más de que el ex dictador, a pesar del desafuero como senador vitalicio en 1998, a pesar de pasar seis meses en prisión domiciliaria, no era un cadáver político; fue, hasta su muerte (en diciembre de 2006, a los 91 años) una sombra que pesó sobre las instituciones de la política, la economía y, sobre todo, del Poder Judicial”.

Muerto el tirano, personas que guardaban silencio han decidido hablar. Y para los abogados democráticos y los pocos jueces que fueron capaces de procesar a los represores –hasta ahora a más de 500 militares, de los cuales un centenar purga sentencias en prisión– las condiciones para la lucha legal “se han despejado”, a pesar de que el país aún está regido por una Constitución concebida y promulgada en el contexto de la dictadura militar, afirma el jurista.

Contreras Mella fue, en los años 70, embajador simbólico del exilio chileno. En los primeros años del gobierno de la concertación encabezó la representación diplomática de su país aquí.

De visita en esta ciudad estos días, analiza para La Jornada las bondades y desafíos que enfrenta hoy Chile, en la era post Pinochet. Y refiere las novedades en el ámbito de los juicios en contra de los integrantes de la junta militar: datos que han podido ampliar la lista de quienes participaron en los asesinatos –fusilamientos extrajudiciales, inyecciones de cianuro, muertes a patadas, por asfixia, por gas sarín– ordenados por Pinochet, ejecutados, con frecuencia, por el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) Manuel Contreras (preso desde enero de 2005).

También se conocen más nombres de personas que ayudaron a “desaparecer” cadáveres y evidencias, a encubrir el genocidio; afloró información que ha conducido a nuevos arrestos, como es el caso del sacerdote Exequiel Jonquera, ex capellán del ejército, el primer cura que cae en relación con la guerra sucia.

“Todas estas historias nunca aparecerán en los titulares de la prensa mayoritaria, toda de derecha”, asevera el jurista.

No obstante, admite: “es de hidalgos reconocer que la presidenta Michelle Bachelet ha hecho un esfuerzo por saldar las deudas con el pasado dictatorial. Ella ha marcado una profunda diferencia con la línea encubridora que siguió su antecesor, Ricardo Lagos”.

Dicho lo anterior, acota: “el problema de la presidenta es que está ceñida a un modelo que no favorece la aplicación de la justicia”.

Cita por ejemplo una reforma de la ley que rige al Instituto de Derechos Humanos que depende del Ministerio del Interior, que le impedirá actuar como coadyuvante en los juicios contra los represores. Hasta ahora el instituto fue un aliado fundamental para los abogados de derechos humanos que litigan siempre con las uñas, sin cobrar honorarios, y con frecuencia sin dinero siquiera para las fotocopias y los indispensables traslados al interior del país.

El jurista describe el contexto que rodea a Bachelet, hija de un militar asesinado por la dictadura, víctima ella misma de tortura en el campo de concentración de Villa Grimaldi.

“El marco legal y la Constitución chilenos son herencia directa del periodo antidemocrático. Se mantiene el Consejo de Seguridad Nacional, creado por el mismo Pinochet, integrado por el Ejecutivo y la comandancia general del ejército, para velar por la democracia, como si fueran papá y mamá; prevalece un sistema parlamentario binominal, que sólo admite a los integrantes de las dos mayorías y excluye de la participación política a otros actores sociales.

“A ello se suma que los gobiernos de la concertación han aplicado el modelo neoliberal privatizador con mayor ortodoxia que la dictadura. Es por todo esto que las heridas del pasado no cierran; más bien, no son del pasado, sino del presente, son heridas muy actuales.”

Como contrapeso de esta situación, el abogado Contreras pone en la balanza lo que considera “un ascenso en la lucha del movimiento obrero, huelgas y movilizaciones de la Central Única de Trabajadores que ha incorporado a sus banderas sindicales las demandas políticas de verdad y justicia, y el inexorable avance de la doctrina humanitaria entre los jueces de las cortes y los tribunales que emiten sus fallos, cada vez con mayor frecuencia, conforme a la legalidad internacional”.