Oposición denuncia condiciones del referendo en Costa Rica

Gilberto Lopes

San José. Con una diferencia de 3.2 por ciento de los votos (51.6 por ciento a 48.4 por ciento) el gobierno resolvió en su favor, el pasado domingo, el referendo planteado en Costa Rica sobre la ratificación o rechazo del Tratado de Libre Comercio que el país firmó en 2004 con Estados Unidos, República Dominicana y los demás países centroamericanos, conocido como Cafta.

Durante tres años una enorme resistencia impidió la ratificación del tratado, hasta que se decidió convocar a un referendo para resolver el conflicto. Fue la primera vez que se acudió, en el país, a una consulta de esta naturaleza. Tampoco hay antecedentes, en América Latina, de consultas populares sobre los muchos tratados de libre comercio que se han venido firmando en la región.

¿Por qué una resistencia tan feroz?

Porque los que se oponen al tratado están convencidos de que, mucho más que reducción de aranceles, sus reglas imponen un modelo neoliberal de economía, según las normas estipuladas en los capítulos sobre banca, servicios, telecomunicaciones, además de disposiciones inaceptables sobre solución de controversias, propiedad intelectual o la obligada ratificación del convenio de obtención de especies vegetales, conocido como UPOV, que ya fue rechazado en dos oportunidades anteriores por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Al final de la jornada, el sí al tratado logró 794 mil 464 votos, frente a los 747 mil 826 del no, suficientes para transformar el texto en ley.

Pero la oposición denunció que el triunfo sólo fue posible violando todas las reglas de propaganda, con una abierta participación del poder Ejecutivo hasta la hora de cierre de las urnas, con el apoyo de la Casa Blanca y de medios de prensa nacionales e internacionales.

La publicidad del sí superó, quizás en la proporción de 100 x 1, a la del no y, a última hora, la mismísima CNN puso en el aire una entrevista de su reportero económico con un “analista” de Washington sobre los peligros que correría costa Rica de no aprobarse el TLC que, reproducida hasta la saciedad aquí, un día antes del referendo, sirvió al fraude propangandístico promovido en favor del tratado, según los dirigentes opositores.

Ahora queda pendiente la ratificación en la Asamblea Legislativa de 13 leyes complementarias, necesarias para la entrada en vigencia del tratado y se vislumbra una nueva batalla política.

El gobierno cuenta con 38 votos (en un Parlamento de 57 diputados) para la aprobación de esa legislación, lo que le daría la necesaria mayoría de dos tercios para imponer reglas de votación rápida a ese paquete legislativo, que incluye normas para la regulación del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), hoy en manos del Estado, en un contexto de privatización del sector contemplada en el tratado.

La aprobación de esa agenda complementaria al tratado es indispensable para adecuar la legislación vigente a sus disposiciones, por lo que el gobierno ha iniciado ya los contactos con los grupos parlamentarios.

El lunes se reunió con sus partidarios e invitó, para el miércoles, a la principal fracción de oposición, el Partido Acción Ciudadana (PAC), que ya anunció su oposición a esas leyes.

Eugenio Trejos, líder del movimiento por el no, se negó a reconocer los resultados electorales, hasta que se haga el conteo final de los votos; denunció el abuso de la propaganda y del gobierno en la campaña; y anunció consultas con los “Comités Patrióticos” creados en todo el país durante la campaña para definir el camino que seguirán en los próximos días.