Denuncian “espionaje ilegal” del Pentágono estadunidense

Tramitó peticiones para investigar a particulares: ACLU

Afp

Washington, 14 de octubre. Con la complicidad de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Defensa de Estados Unidos obtuvo información confidencial, reveló una organización defensora de los derechos humanos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), principal asociación estadounidense de defensa de las garantías individuales, indicó haber descubierto 455 peticiones de cartas de seguridad nacional emitidas por el Departamento de Defensa luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estas peticiones son emitidas por el gobierno para tener acceso a determinados datos personales de clientes, incluidos servidores de internet, bancos y bibliotecas, que tienen la obligación de guardar silencio sobre dichos pedidos.

En el contexto de la llamada ley Patriota, que fue promulgada por la guerra contra el terrorismo del presidente George W. Bush, la FBI tiene derecho a solicitar información sobre las actividades de particulares, con carácter apremiante. Sin embargo, ese no es el caso del Pentágono.

Documentos obtenidos por la ACLU en una acción judicial contra las agencias gubernamentales parecen demostrar que en numerosos casos la FBI permitió a funcionarios del Departamento de Defensa acceder a información, para lo cual “no están habilitados de obtener”, según explicó la organización.

Para tener dichos documentos, la ACLU recurrió a la Ley de Derecho a la Información, en colaboración con una organización denominada Fundación Frontera Electrónica. El análisis de dichos documentos por la ACLU indica que el Pentágono y la FBI colaboraron para “embaucar al legislador” y dieron “al Congreso informaciones engañosas” sobre el objetivo de sus investigaciones.

“Una vez más, la autoridad incontrolada del gobierno de Geroge W. Bush condujo a abusos y violaciones de las libertades civiles”, denuncia en un comunicado el director de la ACLU, Anthony Romero.

Postura de la prensa

The New York Times, que ha informado regularmente sobre los excesos en la aplicación de la ley Patriota, señaló en su editorial de este domingo que el presidente ha impuesto con esas acciones su “visión de una presidencia imperial”.

Esa norma fue resultado de las presiones de Bush para ampliar el marco legal de la Ley de Espionaje sobre Extranjeros de 1978, que requiere de una autorización del Poder Judicial para intervenir las comunicaciones de particulares residentes en Estados Unidos.

Para el rotativo, el hecho de que una “corte secreta” otorgue permisos de investigación sobre presuntos “terroristas” es una forma ilegal de espionaje.

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