Gobierno y medios

León Bendesky

Parte del proceso de la transición política en México tiene que ver con el complejo entramado de relaciones e intereses que se crearon entre el gobierno y las grandes empresas privadas durante el largo periodo de control ejercido por el PRI. Se está demostrando lo difícil que es para los gobiernos del PAN alterar esta situación, o bien, la indisposición esencial que tienen para hacerlo.

La reforma electoral aprobada en el Senado y la discusión sobre la ley de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones que está pendiente muestran esta situación, es decir, las resistencias al cambio por parte de los concesionarios y operadores, así como los acomodos que intenta hacer el gobierno actual.

La reciente celebración de la 49 Semana Nacional de Radio y Televisión en el seno de la cámara de esa industria fue el escenario de la contraposición que está abierta entre los empresarios y el Congreso, y sirvió para exhibir el papel que quiere jugar el gobierno en ella.

El responsable de la política pública en ese sector, el secretario de Comunicaciones y Transportes, no fue sólo conciliador, sino hasta complaciente durante su presentación. Ahí dijo: “Nunca he reconocido que hay monopolios: hay competencia en la industria de la radio y la televisión, la radio es de las más competidas, y el gobierno reconoce el esfuerzo que ha hecho este sector para llevar a los hogares cultura, educación y entretenimiento, y queremos seguir fomentando que eso suceda”.

Hay cuando menos dos cuestiones que valdría la pena esclarecer. La primera tiene que ver con el hecho de que para el gobierno anterior y para el actual no ha sido fácil aclarar el significado de la competencia en el mercado en el caso de las industrias más relevantes como las del sector de los medios electrónicos y de telecomunicaciones. En ello incide también la visión a veces dogmática que prevalece en la Comisión Federal de Competencia. La discusión se ha dado en el caso de la telefonía y de la Ley del Libro y ahora se repite alrededor de los medios electrónicos de comunicación.

En todo caso sería conveniente algún señalamiento sobre cómo se evalúa la competencia en el sector que nos ocupa, si es sólo el número de concesionarios lo que le da ese carácter; cómo se miden el grado de concentración y sus efectos en el mercado; cuál es la oferta efectiva de servicios que tienen los consumidores a escala nacional, regional y local, entre otras cuestiones. No debe perderse de vista en este caso que se trata en buena parte de actividades basadas en las concesiones del Estado para la operación de las empresas privadas y que hay que definir el papel que tienen en ella los medios públicos.

El segundo asunto se asocia con la calidad de la programación de la radio y televisión. La apreciación del secretario parece superficial y poco calificada en ese campo. Pero no es un tema de poca importancia.

El presidente Calderón siguió la línea trazada por su secretario. Dijo: “Sé que existe una legítima preocupación por la incertidumbre y la zozobra que genera a un concesionario el ver vencido el plazo de su concesión sin conocer a ciencia cierta qué ocurrirá con su estación… Por eso les digo que no deben preocuparse”.

Pero, en principio, un régimen de concesiones no debería generar incertidumbre económica para sus beneficiarios, ese rasgo debe estar explícitamente considerado en sus planes de negocio y las expectativas de rentabilidad y, si se opera conforme a la ley no debería haber problema para continuarlas. Esa ley debe, sin embargo, ofrecer condiciones similares para los concesionarios que ya existen y los nuevos entrantes y no ser una barrera a la entrada que provoque situaciones de privilegio.

¿Puede el gobierno ofrecer que no deben preocuparse los actuales concesionarios? Ése es, precisamente, uno de los aspectos clave de la nueva ley que se debate en el Senado y sobre el que se pronunció la Suprema Corte al considerar la fallida ley Televisa. No deberían anticiparse compromisos so pena de cargar los dados a favor de ya se sabe quiénes.

La 49 reunión de la industria expuso las contradicciones que hay en esa actividad y, sobre todo, la falta de una política pública clara al respecto. Hay un aspecto tecnológico de la industria que ofreció atender el gobierno. En ese terreno, por ejemplo, la oferta de servicios convergentes de video, voz y datos (el llamado triple play) pone en evidencia el efecto tecnológico que caracteriza el desarrollo del sector y la necesidad de una eficiente regulación.

Ese entorno reglamentario está poco claro por la disputa claramente abierta entre la SCT y la Cofetel. El secretario ya se manifestó sobre lo que considera una captura de los comisionados por las empresas dominantes. Sólo podía referirse a Televisa, Tv Azteca y Telmex. Así que no hay precisamente el ambiente claro para guiar los cambios en el sector.

En el plano de las reformas, la de esta industria está en el centro de la redefinición no sólo de una importante actividad económica, sino del papel rector del Estado. Aún estamos en el difuso ámbito de las definiciones legales y los compromisos políticos que pueden llevar una vez más a esa máxima del poder: cambiar para que todo siga igual.

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