Exigen a diputados iniciar juicio político a Mario Marín

A. Becerril, R Garduño, E. Méndez y V Ballinas

El Frente Cívico Poblano demandó al presidente de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, Diódoro Carrasco Altamirano, inicie de inmediato el procedimiento para instruir el juicio político contra el gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres, por la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.

Mientras, en el Senado se aprobó formar una subcomisión para dar pleno seguimiento al proceso electoral en el estado de Puebla, que investigará presuntas irregularidades en la actuación de funcionarios públicos locales y fincaría, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

El senador del PAN Humberto Aguilar Coronado presentó el punto de acuerdo por el cual el Senado expresa su más enérgico rechazo a cualquier acto que vulnere los derechos humanos y las libertades civiles y políticas, y se exhorta al gobernador Marín “a no seguir avalando prácticas de sus funcionarios que están viciando el proceso electoral”.

El senador priísta Melquíades Morales, ex gobernador de Puebla, subió a tribuna a defender el proceso electoral en su estado y sostuvo: “en Puebla se recurre al expediente de reditar acusaciones, que en todo caso tendrán que seguir una vía distinta a la de la propaganda política, sin afectar el proceso electoral”.

Por el PRD, el senador Jesús garibay dijo que “lo que denuncia el PAN que está haciendo el PRI en Puebla es lo que está haciendo el blanquiazul en Michoacán: reparte despensas, cemento, entre otras cosas”... El punto de acuerdo presentado por el PAN fue aprobado.

En la Cámara de Diputados, Luis Ortega Morales, representante del Frente Cívico Poblano, refirió que “una vez corroborada la complicidad del empresario Kamel Nacif con los gobiernos de Chiapas, Puebla y Quintana Roo, pues de ellos obtuvo canonjías y protección para sus actividades empresariales, y que Lydia Cacho puso al descubierto la red de pederastas que operan en Quintana Roo, es evidente que el gobernador de Puebla mintió ante los poblanos y ante la ley al negar esas conversaciones (con Nacif), pues la Suprema Corte demostró su veracidad. La procuradora del estado, Blanca Laura Villeda, también mintió al recibir la denuncia y afirmar que ése era el procedimiento normal (actuar contra Cacho). La juez quinta de lo penal, Rosa Celia Pérez González, también mintió al proceder con prontitud”.

De tal forma, refirió Ortega, la Suprema Corte “emprendió una investigación que ha ratificado todas las denuncias en torno a esas anomalías legales en el estado de Puebla.

“Violaciones graves a las garantías individuales de Lydia Cacho (libertad de prensa, derecho a la libertad de expresión de las ideas, legalidad y seguridad pública), violaciones graves a menores de edad por explotación infantil y pederastia, denunciadas por Cacho Ribeiro, con el ánimo de impedir y obstaculizar las denuncias”.

Con esos argumentos, el Frente Cívico demandó que el presidente de la subcomisión de examen previo, Diódoro Carrasco, “desarrolle de inmediato los procedimientos necesarios para que este juicio político se realice lo más pronto posible”.