Dolores Camacho Velázquez y Arturo Lomelí González
En los pasados meses mucho se ha escrito y hablado sobre la masacre de Acteal. Sin embargo, son también muchas los intentos por confundir a una opinión pública que a diez años de distancia ya no tiene la claridad en el contexto de los sucesos que sí tenía entonces. En otro trabajo, en este mismo espacio, expusimos datos y argumentos para ayudar a revivir los recuerdos en la memoria colectiva. La insistencia en ofrecernos otra versión es no sólo poco o nada creíble, sino hasta insultante para la memoria de los muertos, sus familias, que aún caminan por territorios ensangrentados y una gran cantidad de testigos del desarrollo de las condiciones hasta el fatal día, sin que algún funcionario intentara detenerlo, o peor aún, haciendo esfuerzos por que el día llegara.
En ese afán por culpar a las víctimas de sus propias muertes, se han aseverado cosas tan ofensivas como señalar a personas, que cualquiera que las conoce se ríe ( si ello es permitido en algo tan grave) de tal barbaridad. Es el caso de Javier Ruiz, primer presidente del Concejo Autónomo de Polhó, a quien se ubica como ambicioso cacique que lo único que le importa es el poder. Que hasta tomó la presidencia municipal en 1995, en su afán por apropiarse de lo que no había ganado en las elecciones. Todo un recuento sin contexto y sin historia. Quienes definen a Ruiz de esa manera jamás lo han visto de frente; es un hombre humilde que ha vivido de la tierra y, en algún momento, como trabajador de salud ayudando a su pueblo. Por su religión también fue catequista, demostrando vocación por la paz y el servicio. Sin embargo, por su origen, en Polhó, siempre vivió los conflictos entre la cabecera municipal y su pueblo.
Se ha insistido en que la causa de las divisiones en las zonas indígenas chiapanecas fue la creación de los municipios autónomos. Sin embargo, no se dice que en Polhó y Chenalhó hay conflictos históricos, originados por cómo se formaron los municipios constitucionales en los territorios indígenas, encima de las estructuras de los pueblos con diferentes formas organizativas. Ello provocó que esas diferencias continuaran, pues no desaparecen por un decreto que unifica territorios y poblaciones.
En Chenalhó esta división se manifiesta entre Polhó, que cuenta con 30 parajes, y Chenalhó que es la cabecera municipal con otro tanto. Pero los conflictos se han solucionado hablando, buscando el equilibrio, como menciona Sebastián: “los conflictos existen, pero se resuelven”. Con la entrada de diferentes partidos políticos y religiones el equilibrio se rompe y hay que volver a construirlo. Así sucedió con la llegada de los evangélicos o del PST (luego PFCRN) o el PRD.
Se responsabiliza a la creación de la Ley para el Diálogo y a los municipios autónomos de la división y posterior armamento de los grupos paramilitares. Dichas versiones no ven más allá de lo coyuntural. Si los pobladores de Polhó se unen al zapatismo es porque ven reflejadas sus demandas, y no al revés. No es el movimiento zapatista el que obliga o incita a que se le unan.
En el contexto de las demandas zapatistas en los diálogos de San Andrés Larráinzar, se empieza a pensar con detalle el funcionamiento de los municipios autónomos. Hasta 1996 se declara constituido el de Polhó, con una estructura reconocida y formalizada.
La adhesión al PRD de muchos simpatizantes zapatistas de Chenalhó y Polhó se debió a que, como en otros territorios zapatistas, se creyó en algún momento en la posibilidad de cambiar las cosas por el camino electoral. El fraude de 1994 demostró que no. Aquí hay otro error: en 1994 el elevado número de votos que obtuvo el PRD no eran un triunfo de ese partido, sino de Amado Avendaño, quien recibió el respaldo zapatista. La gente que lo apoyó y votó por él también lo hace por Cuauhtémoc Cárdenas, no al revés.
La introducción de otros partidos políticos y religiones modifica las acciones de los indígenas, como lo hacen otros cambios constantes en los pueblos y en el mundo. Sin embargo, la masacre de Acteal y todas las agresiones anteriores y posteriores no llevan al equilibrio, que sólo se logra “hablando y entendiéndose”, como lo afirman en Chenalhó. Es difícil sanar las heridas por algo tan cruel y grave, que después de diez años aún no se comprende. Después de la matanza, la gente sigue viviendo en el mismo territorio. Sin embargo, como dice Sebastián Pérez, “ ya no es lo mismo, los golpes y las ofensas se olvidan, pero cuando hay tantos muertos, eso no se olvida. Ya nos no vemos como hermanos de sangre, sólo nos toleramos con la intención de encontrar el equilibrio nuevamente”.
Igual de inexplicable es la agresión actual, sobre todo la mediática. Si el interés de estos nuevos actores, desde la lejanía, es hacer justicia a los supuestos inocentes declarados culpables, por qué tanto show mediático que ofende a las víctimas con una nueva historia que los muestra como ingenuos y hasta tontos por ponerse como carne de cañón. ¿Por qué luchar por la vía jurídica, si como dicen hay tantas fallas en el proceso? Ante una masacre como la ocurrida, donde las acciones fueron colectivas, es difícil, como han señalado los especialistas, determinar quién disparo a una persona en específico y quién no lo hizo; es un crimen en colectivo contra un colectivo.
Llevarlo hacia el plano de las responsabilidades materiales precisas e individuales es correcto jurídicamente, pero la forma de hacerlo crea sospechas. ¿Por qué el interés de cambiar la historia? El argumento de buscar justicia no es convincente en un país con cárceles llenas de inocentes, sobre todo pobres e indígenas. ¿Cuándo los grandes medios informativos han abierto sus espacios para escucharlos como lo hacen en este caso?
Esto es preocupante, sobre todo ante declaraciones de la presidenta de la Comisión de Concordia y Pacificación en el sentido de que se revisará el papel de la Cocopa y la situación actual del conflicto en Chiapas. Debemos estar alertas. La desaparición de la Ley para el Diálogo puede ser uno de los objetivos, además, por supuesto, de dejar sin sentido la exigencia de Las Abejas y otras organizaciones de derechos humanos, de responsabilizar a los asesinos intelectuales.
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