El Consejo de Seguridad Pública Estatal, controlado por Mario Renán Castillo, articuló los grupos paramilitares
César Ruiz Ferro usó los programas sociales para cooptar opositores
Jesús Ramírez Cuevas (Especial para La Jornada)
Integrantes de Las Abejas realizaron una ceremonia previa a la conmemoración por el décimo aniversario de la masacre de Acteal Foto: Víctor CamachoLa matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio.
Documentar el papel de las instituciones del Estado en esa región en la escalada de violencia en Chenalhó, permite entender la responsabilidad oficial en la masacre, perpetrada por paramilitares, protegidos y armados por autoridades civiles y militares.
El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales. Bajo una lógica militar ahí se decidían programas e inversiones en las zonas indígenas.
El gobierno alentaba o creaba artificialmente conflictos de tierra, políticos o religiosos para enfrentar a las comunidades y así justificar la intervención militar.
El consejo, dirigido en los hechos por la Séptima Región Militar, bajo el mando del general Mario Renán Castillo, creó en septiembre de 1997 los comités de seguridad pública en las comunidades de Chenalhó, integrados con los miembros de los grupos armados antizapatistas.
Protegidos por la policía estatal y por el Ejército, estos comités establecieron un régimen de terror, al tiempo que promovían los programas y repartían la ayuda estatal y federal.
El experimento paramilitar comenzó en la zona norte en 1995, con Paz y Justicia, luego se exportó a los Altos y a la selva.
El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Jorge Hernández Aguilar, además de borrar las huellas de la masacre de Acteal, encabezó múltiples ataques a pueblos zapatistas. Incluso disparó desde un helicóptero en San Pedro Nixtalucum, en marzo de 1997. De esta manera, el gobierno “construía” la paz en Chiapas, sembrando polarización social y terror.
Uso de programas oficiales
El gobierno de Julio César Ruiz Ferro reforzó esta política para cooptar o desmantelar a las organizaciones opositoras. Los programas sociales de salud, educación, vivienda y servicios públicos se subordinaron al objetivo de ganar la guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas.
Por ejemplo, el representante de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas (Seapi) en el Consejo de Seguridad era Pedro de Meza, abogado del grupo paramilitar Los Chinchulines, del municipio de Chilón y brazo político del director de Seapi, Antonio Pérez Hernández, cacique de Chenalhó.
Desde mayo de 1997, con la violencia en Yaxemel y los primeros refugiados, se inician el tráfico de armas y los campos de entrenamiento. Entre septiembre y diciembre, los paramilitares lanzaron varios ataques armados contra simpatizantes zapatistas, que se defendieron en Majomut y Chimix. Curiosamente, la policía estableció campamentos en esos pueblos después de los ataques. Tras la violencia en Chimix, en octubre, donde quemaron y saquearon casas, una partida militar detuvo a los priístas con rifles AK-47 en la mano; el capitán Germán Parra los liberó por ser del PRI.
El consejo, inteligencia militar y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional presentaban informes, diagnósticos y propuestas sobre las distintas regiones de la zona de conflicto. Coincidentemente, surge el MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista), una especie de federación de grupos paramilitares que operan en varias regiones del estado con la anuencia de funcionarios y militares.
En la región de los Altos, la Seapi se encargó de promover la contrainsurgencia. Su programa de construcción de vivienda sirvió para elaborar listas en las comunidades y marcar las viviendas, antes de los ataques paramilitares.
A partir de noviembre de ese año, se intensifican las labores de inteligencia por medio de los comités de seguridad, que coordinan todos los apoyos a las comunidades, mediante Seapi. En esa dependencia se reunían frecuentemente los jefes paramilitares con Hernández Aguilar, Uriel Jarquín, un coronel del Cisen y otros oficiales de inteligencia militar.
Otras evidencias de la responsabilidad del gobierno
La CNDH recomendó sancionar a 17 funcionarios del gobierno estatal por su actuación en Acteal. Cuatro de ellos fueron consignados, 11 más fueron inhabilitados, entre ellos el gobernador.
En los expedientes de la PGR se involucra al capitán primero Germán Parra en la protección de los paramilitares. También se aportan elementos sobre el papel del Batallón 38 de Infantería. Algunos de sus integrantes o ex integrantes como Mariano Arias Pérez, Pablo Hernández Pérez y Antonio Santiz López fueron acusados de entrenar y vender las armas utilizadas en Acteal. Santiz López, considerado el jefe de los paramilitares, fue liberado pese a las pruebas en su contra.
Las declaraciones de los policías estatales detenidos confirman que las fuerzas de seguridad protegieron, armaron y apoyaron a los paramilitares, incluso transportaron las armas homicidas en vehículos de la policía de Seguridad Pública y participaron en los robos cometidos por civiles armados.
José Luis Rodríguez Orozco, director de Seguridad Pública, hoy prófugo de la justicia, declaró que “tenía conocimiento de que un miembro del Ejército, el capitán Germán Parra, les devolvió a unos indígenas amigos un cuerno de chivo y un R-15” (Exp. 27/98 Tomo II. p.770).
Oficiales del Ejército y autoridades estatales y federales apoyaron las operaciones de los autores de la masacre de Acteal. Así lo afirmó Roberto Arcos Jiménez, agente del Ministerio Público estatal detenido por la PGR. El funcionario señaló que los integrantes de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en Chenalhó, a cargo del Ejército Mexicano, protegían a los grupos civiles armados. Arcos denunció a los oficiales del Ejército y funcionarios estatales: el capitán Parra Salgado, del Batallón 38; Eduardo Tamez, oficial de la PGR en Chiapas; Carlos Vidal, oficial de la policía judicial estatal, y el comandante policiaco Misael López, de la BOM de Pantelhó.
Roberto Arcos denunció que en una ocasión sorprendieron a priístas armados en La Esperanza, pero que el capitán Parra dio la orden de liberarlos. “Le dije al capitán Parra que teníamos que consignar a esas personas; me respondió en tono amenazante que no reportara nada, que ellos sabían cómo se iba a solucionar ese problema; que me callara, o de lo contrario me daría una calentadita o me iba a desaparecer”.
Según las investigaciones de la PGR, al menos tres oficiales del Ejército Mexicano brindaron protección y posible entrenamiento a los autores materiales de la matanza. Todos fueron trasladados a la región militar de Veracruz y la Procuraduría de Justicia Militar congeló las indagatorias.
Los policías encarcelados y Arcos Jiménez afirmaron haber recibido instrucciones de proteger a los grupos armados de Jorge Gamboa Solís, José Luis Rodríguez Orozco, jefes de la policía de Seguridad Pública, y de Jorge Hernández Aguilar.
Estos elementos son apenas una parte de las evidencias que llevan a concluir que la matanza de Acteal es un crimen de Estado. Hace falta una investigación a fondo que haga justicia y juzgue el papel de los gobiernos federal y estatal.
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