Asaltan el Obispado

* Encapuchados se introducen en las oficinas del Obispo Raúl Vera en el Centro Diocesano de Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo / Sustraen documentos del archivo personal del prelado, quien se encuentra en Chiapas en la conmemoración luctuosa por el X aniversario de la masacre de Acteal
* Amordazan y encierran en el baño a una secretaria / Se espera que el dirigente católico retorne mañana / La irrupción y el saqueo, justo cuando el titular diocesano denuncia presiones a fin de obligarlo a que deje de respaldar causas ciudadanas
* Serie de atentados contra la Diócesis / Vera López también ya criticó la política del gobierno espurio de Felipe Calderón en su guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico

SALTILLO, Coahuila, 21 de diciembre (LA JORNADA/APRO/UNIVERSAL).- Dos encapuchados asaltaron el Centro Diocesano de Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo, que encabeza el obispo Raúl Vera López, se apoderaron de documentos y golpearon y encerraron en una oficina a la secretaria Mariana Villarreal, informó Pedro Pantoja, coordinador diocesano de la Pastoral Social.
Pantoja, también responsable de la Casa Belén, donde se brinda protección y asistencia a emigrantes, especialmente centroamericanos, dijo que la acción ocurrió entre las 19 y 20 horas del jueves, en una hora donde hay poca gente dentro de la Diócesis, de hecho en ese momento sólo estaba la secretaria, quien fue agredida.
Informó que el Obispo Vera López, quien participa en Chiapas en el décimo aniversario luctuoso de la matanza en Acteal, “está enterado de la situación y se encuentra sumamente nervioso” por lo ocurrido.

Gerardo Escareño, Vicario General de la Diócesis de Saltillo, aseguró que los encapuchados habrían entrado por la puerta principal del edificio y descartó los señalamientos de Pantoja en torno a que los asaltantes se apoderaron de diversos documentos y agredieron a la secretaria.
“No hubo daños, no forzaron la puerta, físicamente no hubo daños, la colaboradora dio inmediatamente avisó a Ana Villarreal (abogada) del Centro Diocesano de Derechos Humanos; la amagaron pero no le pasó nada”, anotó.
Dijo que Ana Villarreal dio aviso a las autoridades y la Policía Ministerial levantó un acta circunstanciada de lo ocurrido
Tanto Pantoja como Escareño coincidieron en que aguardarán que el Obispo Vera regrese a Saltillo el próximo domingo para presentar la denuncia penal.
El Centro Diocesano se encuentra en el obispado, en pleno centro de Saltillo, a unos 200 metros de Palacio de Gobierno.
La irrupción a la Diócesis ocurre justo cuando el Obispo Vera López ha denunciado presiones a fin de obligarlo a que deje de respaldar causas ciudadanas, como la defensa de quienes perdieron a esposos, padres e hijos en la tragedia de la mina Pasta de Conchos y la violación de trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños por parte de integrantes del Ejército Mexicano.
En últimas fechas Vera también ha criticado la política del gobierno federal para combatir el crimen organizado.
Así, la Diócesis de Saltillo informó que dos hombres encapuchados irrumpieron en el despacho del obispo Raúl Vera López.
De acuerdo con el sacerdote Pedro Pantoja, coordinador de Pastoral Social, los delincuentes maniataron a la secretaria, la encerraron en el baño y sustrajeron documentos del archivo personal de Vera López. Pero el vicario general de la Curia, Gerardo Escareño, El prelado negó que los delincuentes hayan robado documentos del obispo.
Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, alrededor de las 19:30 horas.
El Obispo Vera López se encuentra actualmente en Chiapas, donde participó en la conmemoración luctuosa por el décimo aniversario de la masacre de Acteal. Se espera que regrese a esta ciudad el próximo domingo.
El procurador de Justicia del Estado, Jesús Torres Charles, dijo que, hasta el momento, no se había presentado una denuncia, aunque admitió tener conocimiento de los hechos
El vicario Gerardo Escareño, indicó que será hasta el próximo lunes cuando se decidirá si se interpone una denuncia.
Recientemente, Vera López ha encabezado o se ha solidarizado con diversos conflictos sociales, en los que se han denunciado agresiones y amenazas.
Durante el proceso que se instruyó a militares acusados de violar a 14 mujeres en la zona de tolerancia de Castaños, Vera López cuestionó la actuación del juez Hiradier Huerta Rodríguez, luego de que se adelantó el resultado de la sentencia, donde cuatro soldados fueron exonerados y otro más fue absuelto de los cargos por violación, de entre los ocho detenidos.
“Si otorga una sentencia absolutoria, ese juez es un rufián” dijo el obispo en septiembre pasado.
El juez Huerta Rodríguez lo acusó en la Rota Romana de abuso de potestad eclesiástica, con base en las reglas del derecho canónico.
Además, Vera López se ha mantenido al frente de las acciones que las viudas y familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, han emprendido para conseguir el esclarecimiento de los hechos.
Luego de las presiones de la Pastoral Laboral, la Secretaría de Economía canceló ayer definitivamente la concesión a Grupo México, propietario de la mina que, a su vez, advirtió que, bajo ninguna circunstancia, se reabrirá el filón, donde yacen 63 cuerpos de los 65 mineros fallecidos en febrero del 2006.
Inclusive, la activista e investigadora de Pastoral Laboral, Cristina Auerbach, fue recientemente objeto de un ataque violento y el robo de documentos y otras pertenencias, tras una manifestación frente a las oficinas centrales de Grupo México. También, del despacho del abogado Manuel Fuentes, fueron saqueados documentos y equipos de cómputo.
En los últimos días, el obispo Vera López cuestionó la operación de un confinamiento industrial en un ejido de General Cepeda Coahuila, donde los campesinos han mantenido una persistente oposición a la instalación y funcionamiento del basurero tóxico.
El pasado miércoles, el prelado declaró que “nadie persigue al narcotráfico”, al cuestionar la actuación de las Fuerzas Armadas y la “guerra” de Felipe Calderón, sobre la que, ha considerado, no es real y no ataca la base del problema que, a su juicio, es la estructura financiera de los delincuentes.
Entre otros ataques sufridos cuando fue obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas Chiapas, Chiapas, Vera López denunció la presencia de hombres encapuchados que se introdujeron en su casa, en el 2002.
Después, en agosto pasado, denunció que un vehículo lo siguió en la carretera Castaños-Monclova, luego de pasar un retén militar, justo en la etapa en que más insistía sobre la injusticia del caso Castaños, y denunciaba que el gobierno de Calderón “nos está llevando a un régimen dictatorial, a una dictadura militar”.
Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) salió hoy en defensa del obispo Raúl Vera López ante la serie de amenazas y ataques que ha recibido, el último de ellos el pasado jueves al ser saqueadas sus oficinas en Saltillo, Coahuila.
En conferencia de prensa, la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido reconoció la labor del obispo de Saltillo y deploró el extrañamiento que el Vaticano formuló contra el prelado luego que éste prologó un controvertido libro sobre pederastia.
Vera López, quien se desempeña como obispo de Saltillo en el 2000, escribió el prólogo del polémico libro Prueba de fe, la red de cardenales y obispos en la pederastia clerical, de la periodista San Juana Martínez, lo que le acarreó un extrañamiento emitido por parte de la Santa Sede.
El PRD también destacó que el Obispo tuvo una intervención decisiva en los casos de violaciones a los Derechos Humanos de las viudas de la mina Pasta de Conchos, de migrantes y reclusos en los Centros de Rehabilitación Social (CERESOS) y, recientemente, en el caso de las mujeres violadas por militares en la zona de tolerancia de Castaños.
El comunicado del PRD destaca que “nos sentimos agraviados por la acción presentada por el juez Hiradier Huerta Rodríguez, quien solicitó al papa Benedicto XVI iniciar un procedimiento canónico en contra del obispo, en virtud de que, según su testimonio, éste habría atentado contra su honor y su moral”.
En octubre pasado el juez penal en Monclova pidió a El Vaticano iniciar un proceso canónico a Vera López, después que éste cuestionó la decisión de Huerta Rodríguez de castigar a sólo cuatro de los once soldados implicados en la violación tumultuaria de mujeres de Castaños.
El Sol Azteca sostiene que el honor y la moral del obispo no están en duda, pues lo demuestra su labor pastoral al lado de los movimientos y causas sociales.
“No puede decirse lo mismo del juez Hiradier Huerta, quien conoció el caso de los militares que violaron a trabajadoras sexuales del municipio de Castaños, y en que el supuesto agravio es la exigencia del obispo Vera para que aquél cumpliera con su obligación como funcionario judicial”.
Por ello hizo un exhorto al gobierno de Coahuila, con el fin de que adopte medidas para proteger al obispo.
El PRD también manifestó su preocupación por la integridad física de Aurora Muñoz Martínez, secretaria de Derechos Humanos del CEN de Guerrero, así como de su familia, después de que fue saqueado su domicilio, el pasado 14 de noviembre. La perredista había participado recientemente como observadora en la protesta de normalistas de Ayotzinapa.
Martínez refirió que no se llevaron cosas de valor, pero dijo que sus documentos personales sí fueron revisados. Cree que esta acción forma parte de un “mensaje” dirigido en su contra por su labor crítica hacia el gobierno de Zeferino Torreblanca, sobre todo en la reciente movilización estudiantil.
El PRD detalló que “es preocupante y muy delicado que defensores de derechos humanos sean objeto de intimidación por el sólo hecho de apoyar a quienes se encuentran vulnerados de sus derechos”.
Y pidió la intervención de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
Así, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldó el trabajo del obispo Raúl Vera López, de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, por su labor en defensa de los Derechos Humanos y en favor de varios movimientos sociales.
Mientras, junto con el Obispo Emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, el obispo Raúl Vera López participó en la conmemoración de los 10 años de la masacre de Acteal.
Los asistentes al Primer Encuentro Nacional contra la Impunidad acordaron crear una comisión de la verdad para “contrarrestar los efectos de las mentiras difundidas por los medios oficiales” en torno a la matanza de 45 indígenas ocurrida en Acteal el 22 de diciembre de 1997.
Al dar a conocer las conclusiones de la reunión que se realizó los días 20 y 21, los 220 participantes de trece países, convinieron también en reforzar la campaña para pedir la salida del ex presidente de México, Ernesto Zedillo, de la Universidad de Yale, Estados Unidos.
“Vamos a participar en una campaña escribiendo cartas pidiendo la salida de Zedillo de su puesto de profesor de globalización por su rol en la planeación y permitir la masacre de Acteal y su impunidad”, dijo un ciudadano estadounidense que dio lectura a los acuerdos de la mesa internacional, lo cual fue aplaudido fuertemente.
Los acuerdos del Encuentro Nacional contra la Impunidad, convocado por la organización civil Las Abejas, a la cual pertenecían los 45 tzotziles asesinados hace diez años, fueron leídos la tarde de este viernes en presencia de los obispos emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, y de Saltillo, Raúl Vera López, y ante la presencia de unas 300 personas, congregadas en el centro ceremonial.
“Es la sangre de nuestros hermanos y hermanas, que refleja la sangre de muchos otros y otras; diversos en tiempo y en el espacio; nos ha llamado el sufrimiento de muchos que en Ciudad Juárez, en Oaxaca, en Chiapas, en las fronteras, en el abandono de las calles y en cada rincón de nuestra tierra, viven en medio de la muerte”, asentaron en el documento de dos hojas.
Uno de los acuerdos tomados fue el de “unir nuestras voces con todas las organizaciones para exigir justicia en el caso Acteal y otros casos de impunidad”, así como fortalecer la lucha pacífica con otras agrupaciones mediante encuentros y foros locales, nacionales e internacionales.
También acordaron exigir la promulgación de la declaración universal de los pueblos indígenas como ley nacional y que sea ratificada por todos los países.
Asimismo, elaborar un archivo de memorias históricas y convocar a la sociedad civil para que aporte documentos, fotografías, videos y entrevistas”, y fortalecer la lucha pacífica con otras organizaciones mediante encuentros y foros locales, nacionales e internacionales.
Así, integrantes de la sociedad civil Las Abejas y de organizaciones de Derechos Humanos propusieron este viernes la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Acteal, como estrategia de lucha contra la impunidad que prevalece en torno a la matanza de 45 indígenas tzotziles ocurrida hace 10 años en esta comunidad.
La propuesta se planteó durante el segundo día de trabajos del Encuentro Nacional contra la Impunidad, que se desarrolla en Acteal, con la asistencia del Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, y del de Saltillo, Raúl Vera, previo a la conmemoración del décimo aniversario de la masacre.
Con la imagen del Santísimo a cuestas, la procesión avanza lentamente por el sendero que hace 10 años se sembró de muertos. La luz de las velas rompe la oscuridad del monte. Es la vigilia en memoria de los caídos ese 22 de diciembre de 1997.
De la antigua ermita al centro ceremonial bajo el cual están sepultados las 45 víctimas de la matanza. Las Abejas honra esta noche a sus muertos.
Durante el día, denunciaron la responsabilidad del Estado mexicano en el asesinato de 45 indígenas tzotziles por un grupo civil armado, y acordaron estrategias para combatir la impunidad, que ha postergado por una década la justicia para las víctimas.
La misa en memoria de las víctimas, que concelebrarán los obispos Samuel Ruiz, Raúl Vera, Felipe Arizmendi y Enrique Díaz, se realizará en el nuevo recinto. Samuel Ruiz y Raúl Vera llegaron a tiempo para la vigilia. El primero no pudo participar por un ligero problema de salud, el segundo se sumó a las oraciones y la guardia un rato.
Por la tarde, ambos atestiguaron la clausura del Encuentro Nacional contra la Impunidad y defendieron la tesis del crimen de Estado y reivindicaron la demanda de justicia.
“El Estado mexicano es responsable por omisión, por dilación y denegación de justicia”, sostuvieron al presentar el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre la masacre.
“Como sociedad tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestro acto llamado México y comenzar por preguntarnos si es tolerable que se promuevan desde el poder masacres como la de Acteal, si es deseable la impunidad de un Ejército pensado para atacar al pueblo mexicano, si es viable la democracia en libertad e igualdad mientras la verdad y la justicia siguen pendientes”, cuestionó Vera en una pregunta que quedó sin respuesta.