John Saxe-Fernández
La crisis institucional de la pax americana se suma, junto con la energía, la pobreza y el calentamiento global, a la agenda contemporánea. Nuevas opciones financieras regionales (arreglo Chi Mai o el Banco del Sur), así como la pérdida de 88 por ciento de la cartera de préstamos del FMI desde 2002, y de 42 por ciento que afectó al Banco Mundial (BM) desde 1996, así lo indican. Agréguese la debacle moral y de derecho penal internacional, por más de un millón de bajas civiles en Irak y crímenes de guerra a granel, y se comprende lo difícil que es ocultar una criminalidad de Estado en la cual el BM, la CIA, el Pentágono y el FMI han sido pieza central.
En México, cual Pilatos previsor, el BM se lava las manos de cara a 2008. Dice que “le preocupa” la polarización social (La Jornada, 4/12/07, primera plana) y días antes se alarma por el “índice de desestabilización”. Los “índices”, parte de sus herméticos manejos estadísticos, no apantallan a una opinión pública que padece los resultados de los programas privatizadores, de ajuste estructural y de apertura comercial impulsados por el BM y sus country managers que operan desde Los Pinos y Hacienda. El lobo se dice inquieto por el bienestar y la seguridad de Caperucita, días antes de la cadena de zarpazos de 2008 pactados en el TLCAN contra millones de productores de maíz, leche, carne y frijol.
A lo largo de 25 años, el BM y FMI han jugado un papel central en la inducción de condiciones micro y macroeconómicas que afectan al aparato productivo, el empleo y el bienestar social, lo que, según Joseph Stiglitz, ex economista jefe del BM, se realiza en cuatro etapas (Memoria, junio de 2002): el paso uno “… puede llamarse con más precisión la sobornización”, es decir, el uso de empréstitos y otros dispositivos “para lograr la adhesión de presidentes y ministros para que, en lugar de oponerse a la venta de las grandes empresas estratégicas de gas, electricidad, petróleo, puertos o ferrocarriles, se inclinen a liquidarlas alegremente”.
Con las exigencias del FMI como excusa, “podías ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión de 10 por ciento, pagada en cuentas suizas, por el simple hecho de haber bajado unos cuantos miles de millones el precio de venta de los bienes nacionales” (p. 15). La venta de garage salinista (que algunos taimados “de izquierda” aconsejan seguir en Pemex por medio de contratos riesgo), valorada entre 23 y 26 mil millones de dólares, superó las privatizaciones de Yeltsin, hechas bajo impulso de EU en medio de “oleadas oligárquico-etílicas”, rematando grandes empresas energéticas, ahora recobradas.
Al segundo paso Stiglitz lo denomina “el ciclo del dinero caliente”, o sea, la “desregulación” del sector financiero, pactada por Salinas y Zedillo con el FMI para que especuladores y empresas extranjeras puedan repatriar dólares a su gusto. Así se prepara el terreno para grandes despojos, usando además instrumentos “novedosos” como el “mercado mexicano de derivados”. El Plan Brady, por su parte, facilitó a Wall Street inflar el “mercado emergente mexicano” mutando decenas de miles de millones de dólares de dudosos bonos de la deuda en valores comerciales “respetables”, al amparo de papeles del Tesoro estadunidense a 30 años: para Salomón Brothers, Meryll Lynch, Citibank, J.P. Morgan et al, las ganancias fueron fabulosas en medio de risas y champaña. La hilaridad fue mayor cuando el secretario Gurría afirmó, días antes de la macrocrisis de 1994, que la Ronda Uruguay “y la firma de acuerdos comerciales de México, en particular el TLC… ofrecerán a nuestro país un entorno favorable que debe aprovechar para sustentar el crecimiento futuro en el comercio y la inversión, alejando con ello la amenaza de otra crisis de sobrendeudamiento”. Lo cierto es que en cada ciclo “neoliberal” aumentan desempleo, despojo del patrimonio y millones migran a EU en busca de empleo.
El paso tres consiste en una desestabilización sociopolítica tal cual, pues con políticas recesivas se ataca la economía popular al alentar desempleo e “informalidad económica”, con su sector punta: el crimen organizado y el narcotráfico. A sabiendas de las consecuencias se reduce la inversión pública social y productiva, se retiran subsidios a la agricultura, se arrasa con los contratos colectivos, acelerando los despidos y acentuando la distribución regresiva del ingreso, se impulsa el alza en el precio de los combustibles (gasolinazo) y se ataca la canasta básica. Esto da lugar al paso “tres y medio” de Stiglitz: “los disturbios sociales inducidos por el FMI”.
Paso cuatro: con la nación “caída y en desgracia”, el FMI y el BM “se aprovechan y le exprimen hasta la última gota de sangre. Incrementan el calor, hasta que la olla entera explota”. (p. 15-17). En este contexto, con aval de Calderón, EU despliega sobre territorio nacional su sombrilla de seguridad (ASPAN-Iniciativa Mérida-contratistas/mercenarios), mientras sus empresas, con nuevos apoyos, se lanzan sobre “los bienes restantes” (petróleo, electricidad) “… a precios de remate”.
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