Por Ricardo Andrade Jardí
Ahora que algunos "funcionarios" del desgobierno usurpador nos han hecho saber que la cantidad cada día mayor de ejecutados a lo largo y ancho del país son exclusivamente ajustes de cuentas entre narcotraficantes, es decir, que funcionarios del usurpador desgobierno federal asumen que cada uno de los AFIS o PFP son narcotraficantes y asumen pues que el desgobierno fecalista está cooptado por el narcotráfico y donde ya su tesis deja de tener sentido es en suponer que como el gobierno está infiltrado y controlado por el narco toda la vida de la polis debe asumirse narcotraficante.
Para evadir su responsabilidad usurpadora y ocultar su infinita y demostrada incapacidad, los funcionarios del desgobierno federal intentan, desde su demagogia institucional, ocultar el hecho de que el Poder en México está en manos del crimen organizado. Y que en una buena parte del país los rumbos de la vida política y social la dictan los capos del narco y la ejecutan (literalmente) los sicarios de éstos, en la mayoría de los casos policías o expolicías, e incluso las elecciones, lo que fue muy claro desde el 2 de julio, las manejan y las deciden los grupos de poder económico, algunos desde su rostro de supuesta legalidad empresarial y otros desde el de la ilegalidad cada día avalada por el Poder Judicial más caro del planeta, pero proporcionalmente el más ineficaz del mundo. Parece ser que se les paga según su falta de ética, su amoralidad y su capacidad para justificar la corrupción y la impunidad como una regla jurídica, como si se tratara de valores universales de la democracia.
Un país repartido entre unos cuantos cretinos, donde la ganancia es privada y las pérdidas se convierten siempre en sociales.
Y un ejemplo de eso lo podemos ver en la farsa del gobierno de Ivonne Ortega en Yucatán, donde funcionarios presuntamente ligados con el desvío de fondos siguen mamando del presupuesto estatal, y donde los involucrados en el despojo de tierras de los campesinos mayas de Yucatán, en un negocio de más de 500 millones de pesos, son perdonados de todos los delitos graves para dejarlos salir como si nada pasara o, peor aún, garantizando la crónica de lo que serán los próximos cinco años de despojos y saqueos desde la nueva administración prianista, la que se olvidó muy, pero muy, pronto de sus promesas de campaña, porque, a fin de cuentas, "donde manda capitán no gobierna marinera" y la realidad es que Ivonne Ortega está al frente del gobierno del Estado porque sirve a los intereses corruptos de los grupos empresariales a los que Patricio Patrón no supo cumplirles y ahí están los 30 millones de pesos anuales, de nuestro dinero, que se le regalarán a Telerrisa, durante diez años, como pago por sus "favores" o el establecimiento de la iniciativa Mérida, que no es más que la entrada militar de Estados Unidos para cerrar sus fronteras desde el Sur de nuestro país y el posicionamiento estratégico de las corporaciones gringas para saquear los recursos energéticos de México.
Y de entre toda esta maraña lo más grave es el hecho de que los funcionarios del gobierno panista que le abrieron las puertas de Yucatán al narcotráfico siguen como si nada incrementando sus negocios de capital dudoso, con el aval y la aspiración priísta de sumarse a las redes institucionales de la delincuencia organizada, que hoy es en realidad el verdadero desgobierno para México.
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