Carlos Fernández-Vega
Se extingue este 2007 y, a pesar de los floridos discursos oficiales, la generación de empleo suficiente y de calidad se mantiene como una vergonzosa asignatura pendiente en América Latina, México de manera destacada. En lo que va del Siglo XXI, la tasa de desempleo abierto reporta crecimiento en prácticamente toda América Latina. En el caso mexicano, tal indicador se ha duplicado, y cunden plazas laborales consideradas chatarra tanto en la economía formal como en la informal.
Salvo en los casos de Cuba, El Salvador, Nicaragua y Panamá el desempleo abierto reporte sensibles incrementos en la región: en el periodo 1990-1999 tal indicador promedió 7.7 por ciento de la población económicamente activa; para 2000-2006 creció a 10.1 por ciento de la PEA, mientras el avance de la tasa media anual de las remuneraciones reales cayó de 1 a 0.1 por ciento, respectivamente.
Ninguna democracia resultará efectiva y atractiva si deja afuera de los beneficios al grueso de los supuestos beneficiarios de tal sistema político, y en este sentido la exclusión parece ser la característica en América Latina, donde el desempleo creciente, los niveles mediocres de crecimiento y una demanda cada vez mayor de educación aumentaron la proporción de empleos con bajos salarios en la región en los últimos 15 años, de acuerdo con el análisis que sobre el particular realizó el Banco Interamericano de Desarrollo.
Los resultados a lo largo de esos tres lustros no son nada alentadores, y para documentarlo el organismo financiero advierte que durante ese periodo los indicadores sociales de América Latina se han deteriorado. El producto interno bruto per cápita, por ejemplo, creció a un ritmo más lento que en los países desarrollados, lo que acentuó la brecha en los niveles de ingreso; la fuerza laboral aumenta a un ritmo relativamente acelerado, pero los cambios provocados por la democratización, la estabilización económica y la globalización alteraron los patrones tradicionales de integración por medio del empleo público y formal, sin generar un canal alternativo de integración social a través del mercado laboral, de tal suerte que el crecimiento del empleo informal y la baja tasa de aumento salarial indican que la mayor parte de los puestos de trabajo que se crean son “malos” empleos, con condiciones precarias de trabajo y bajos salarios.
A punto de arrancar 2008, no se prevé una corrección de tales tendencias, lo que hace suponer un mayor deterioro social en América Latina, que mantiene el ingrato galardón como la región más desigual del planeta. El mercado laboral de un país, subraya el BID, cumple una función fundamental en materia de inclusión social. “Dado que el trabajo representa la fuente principal (si acaso, la única) de ingresos de la vasta mayoría de los habitantes de un país, el desempleo, los malos empleos o los bajos salarios imponen importantes privaciones para los trabajadores y sus familias. Además, el empleo en el sector formal –en tanto condición para acceder al seguro médico y a la seguridad social– opera como vínculo de los trabajadores con el régimen tributario y de servicios sociales, y el lugar de trabajo representa un espacio social para participar en organizaciones sociales y políticas, incluidos los sindicatos. El desempleo o el acceso a un empleo precario rompen esos vínculos y acrecientan la vulnerabilidad del desempleado (o del trabajador con un empleo precario) y su familia a los riesgos que el sistema de seguridad social se propone cubrir”.
La creciente tendencia al empleo informal reduce la población de trabajadores protegidos por la versión local mutilada del Estado de bienestar social y genera nuevos patrones de exclusión. “Dado que los empleos precarios no existen para la autoridad laboral, estos trabajadores están expuestos a la explotación y a condiciones de trabajo inseguras, al no poder presentar quejas ni participar en actividades gremiales. La información disponible no permite determinar si el problema se debe a que los empleadores prefieren no aportar a programas públicos, o a que los mismos trabajadores, presionados por las limitaciones de sus presupuestos o por otras razones, no se acogen a esos programas. No obstante, cualquiera sea la causa, cabe esperar que el bajo nivel de participación provoque un acceso precario a la atención médica y bajos niveles de protección frente a la pobreza en la tercera edad. Esta situación, exacerbada por los bajos salarios, expone al trabajador a una situación de exclusión difícil y que lo vuelve vulnerable”.
De hecho, puntualiza el organismo, las instituciones y la normativa vigentes en el mercado laboral suelen actuar como fuerzas de exclusión. “Entre esas fuerzas, se encuentran los aportes sumamente elevados a la seguridad social, que inducen a la evasión y al empleo informal, y las normas rígidas sobre contratación y despido que inducen a los empleadores formales a reducir la cantidad de empleados que contratan. La mayor proporción de empleos de baja remuneración y el crecimiento del empleo informal no propician un mercado laboral más flexible y eficiente; por el contrario, crean un mercado hostil a la productividad y al crecimiento del ingreso”.
Las rebanadas del pastel
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión estrena chamba: ya no sólo es el golpeador oficial de los barones de los medios electrónicos, sino “jefa de prensa” del Consejo Coordinador Empresarial. El martes por la noche la CIRT convocó a la conferencia que ayer ofreció el CCE (del que tal cámara no forma parte), durante la cual, precisaba el boletín, “su dirigencia hará un importante pronunciamiento”. ¿Cuál fue?: un amparo en contra de la reforma electoral, porque según Armando Paredes Arroyo, presidente del organismo cúpula del sector privado, “no defendemos a las televisoras, sino el derecho de las personas y organizaciones a acceder a medios de comunicación para difundir sus ideas. La reforma es la monopolización de la vida política por parte de los partidos”.
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