Boletín Informativo ISA núm 290

Ciudad de México, 14 de diciembre de 2007
Servicio informativo núm. 290

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Sumario:

I. Pronunciamiento de diputados federales perredistas: No a la violación de las garantías individuales y los derechos humanos

II. La derecha contra los derechos humanos, por Martí Batres

III. El Estado policiaco, por Luis Javier Garrido

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Pronunciamiento de diputados federales perredistas:
NO A LA VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LOS DERECHOS HUMANOS

El 12 de diciembre, en el marco de una reforma a diversos artículos constitucionales en materia judicial, se aprobaron modificaciones que vulneran gravemente garantías individuales consagradas desde 1917 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y atentan contra derechos humanos reconocidos universalmente. Con ello, y so pretexto del combate a la delincuencia organizada, se avanza en la conformación de un estado policiaco y en la criminalización de las luchas sociales.

En la discusión del Dictamen a favor de estas reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, el PRD solicitó en dos ocasiones moción suspensiva, primero para aclarar dudas y corregir el texto y la segunda para proponer discutir estas reformas en el siguiente periodo ordinario de sesiones, argumentando que “Nos interesa discutir con la sociedad, tomar en cuenta los puntos que ahí están y que son fundamentales. No queremos frenar una reforma que nos parece fundamental para el país, lo que nos está preocupando enormemente es que se judicialice la protesta, los movimientos sociales, y que sigamos teniendo presos políticos en este país”. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la mayoría de la Cámara de Diputados.

En la discusión en lo particular se presentaron 42 reservas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 73 y dos transitorios, con el propósito de corregir errores, enriquecer los contenidos y fundamentalmente evitar que bajo el argumento del combate a la delincuencia organizada se afecten las garantías individuales y los derechos humanos, colocando prácticamente en la indefensión a los ciudadanos mexicanos ante el Estado y sus autoridades. Sin embargo, la validez de los argumentos sustentados se topó con una intransigencia inadmisible de parte de la mayoría del PRI y del PAN, que ni siquiera aceptaron la discusión de los artículos reservados.

Dentro de las inconstitucionales reformas aprobadas, destaca un nuevo párrafo incorporado al artículo 16:

“La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente”.

Salta a la vista la total indefensión en la que se coloca a la ciudadanía frente a los actos de las autoridades policiacas, brindándole con ello una total discrecionalidad e impunidad a quienes promueven la construcción de un Estado policiaco y la criminalización de las luchas y protestas sociales.

Por ésta y muchas más razones que están contenidas en las decenas de Reservas que hicimos a artículos específicos, votamos en contra de estas reformas constitucionales. Por ello mismo, llamamos al pueblo de México a expresar su rechazo, a la Cámara de Senadores a corregir estas garrafales violaciones a las garantías individuales y a defender juntos la democracia hoy gravemente amenazada por quienes ante la inconformidad, la protesta y la lucha social no tienen más respuesta que la represión y la violencia.

Aleida Alavez Ruiz, José Antonio Almazán González, Carlos Altamirano Toledo, Maribel Luisa Alva Olvera, Silbestre Alvarez Ramón, Juan Dario Arreola Calderón Modesto Brito González, Amador Campos Aburto, Maricela Contreras Julián, Othón Cuevas Córdova, Mario Enrique Del Toro, Daisy Selene Hernández Gaytán, Javier Hernández Manzanares, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Juan Dario Lemarroy Martínez, Ana Yurixi Leyva Piñón, Santiago López Becerra, Alejandro Martínez Hernández, Carlos Roberto Martínez Martínez, Octavio Martínez Vargas, Marcos Matías Alonso, Carlos Ernesto Navarro López, Concepción Ojeda Hernández, Antonio Ortega Martínez, Isidro Pedraza Chávez, Miguel Ángel Peña Sánchez, Celso David Pulido Santiago, Odilón Romero Gutiérrez, Alejandro Sánchez Camacho, David Sánchez Camacho, Miguel Ángel Solares Chávez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, María Elena Torres Baltasar, Víctor Gabriel Varela López, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Pedro Landero López, Carlos Sánchez Barrios, Juan Manuel San Martín Hernández, César Flores Maldonado, Joaquín C. De los Santos Molina, Aurora Cervantes Rodríguez, Víctor Aguirre Alcalde, Irineo Mendoza Mendoza, Mario Vallejo Estevez, Rafael Villicaña García, Humberto Alonso Razo, Raúl Ríos Gamboa, Rosa Elva Soriano Sánchez, María Soledad López Torres, Francisco Santos Arreola, Fernando Mayans Canabal, José Jaques y Medina, Jaime Espejel Lazcano, Fausto Mendoza Maldonado, Erick López Barriga, Victorio Montalvo Rojas, Rosario Ortiz Magallón, Alliete Bautista Bravo, Salvador Ruiz Sánchez, Martín Zepeda Hernández, Moisés Dagdug Lutzow, Guadalupe Flores Salazar, Pablo Trejo Pérez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Benjamín Hernández Silva, Armando Barreiro Pérez, José Antonio Saavedra Coronel, Alma Lília Luna Mungia, Juan Hugo De la Rosa García ,

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LA DERECHA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS
Por Martí Batres Guadarrama
Publicado en El Gráfico, el 14 de diciembre de 2007)

Para entender qué está pasando en el gobierno federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Congreso de la Unión, es necesario partir de un diagnóstico político fundamental: la derecha domina, por las buenas o por las malas, en los tres poderes del Estado. Eso quiere decir que el sistema procura el neoliberalismo en lo económico, la desigualdad en lo social y el autoritarismo en lo político.

Todavía no nos recuperábamos de la violación tumultuaria a la señora Ernestina Asencio —mujer, indígena y adulta mayor— por elementos del ejército mexicano, y cuyo caso en vez de merecer justicia fue ignorado por las instancias correspondientes, cuando ya teníamos encima la resolución de la Corte exonerando al góber precioso y aplastando los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.

La memoria nos remite inmediatamente a Atenco y a Oaxaca. En el primer caso, los luchadores sociales del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra de ese lugar, detenidos por la autoridad, fueron condenados a más de 60 años de prisión. En el segundo, los privados de su libertad fueron llevados a prisiones de alta seguridad.

Ahora nos desayunamos con la noticia de que con la supuesta reforma judicial, aprobada en fast track por la Cámara de Diputados, la autoridad podrá realizar cateos sin orden de aprehensión, también detenciones arbitrarias y espionaje telefónico, entre otras graves modificaciones de orden legal.

Estas reformas contravienen las garantías individuales consagradas en la Constitución, contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y violentan los numerosos tratados internacionales que ha firmado nuestro país en materia penal, de justicia y de derechos humanos.

Caminamos aceleradamente hacia un régimen policiaco. No es una reforma de justicia ni de seguridad pública. Es una contrarreforma política.

Un gobierno profundamente cuestionado en su legitimidad, surgido de las elecciones más sucias de la historia moderna, ahora va a poder espiar, catear, detener y encerrar a discreción. Esperemos lo peor.

Nos dicen que debe ser así porque los jueces niegan las órdenes de aprehensión o de cateo para perseguir a los narcotraficantes. Pero resulta que la propia Procuraduría General de la República, en los últimos siete años, se ha metido a la lucha entre narcos, y ha tomado partido en favor de unos y en contra de otros. La corrupción y descomposición no es ajena a los cuerpos de poder que ahora tendrán tremendas atribuciones para meterse impunemente en la vida de los ciudadanos. Muchos inocentes podrían ser afectados, mientras desde el poder se chantajea y se pacta con los verdaderos delincuentes. La ciudadanía pagará la ineficiencia y la colusión de las autoridades.

Ya nada más falta “la gran reforma estructural” para que el gobierno de Calderón se pueda meter a las sábanas de cualquiera, alegando orden, honradez y ornato.