Teme que estén ligadas con investigaciones de los ataques del EPR a ductos de Pemex
La lucha contra el crimen puede servir de pretexto para implantar un modelo autoritario, dice
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, denunció que persisten los secuestros y las desapariciones forzadas de personas, y tan sólo de mayo a la fecha hay más de 30 personas desaparecidas, 15 de ellas trabajadores petroleros de Cadereyta; a esos hay que sumar, dijo la senadora, los dos eperristas de Oaxaca.
La senadora del PT presentó un punto de acuerdo, que fue turnado a comisiones, en el que señala que los pasados días 16 y 17 de mayo de este año desaparecieron David Vega Zamarripa e Hilario Vega Zamarripa, este último dirigente de la sección 49 de la refinería de Cadereyta.
“Después de celebrarse una asamblea de la sección de su sindicato, el 16 de mayo pasado, los familiares de David Vega Zamarripa denunciaron que éste ya no regresó a su domicilio.
“Al día siguiente, su hermano Hilario Vega Zamarripa recibió una llamada, en la que una voz en tono amenazante le dijo que tenían a David y a otros trabajadores petroleros; que si no se entregaba, les iban a cortar las cabezas y que las iban a tirar afuera de sus casas”.
Ibarra de Piedra, añadió que después de recibir la llamada, Hilario Vega Zamarripa “salió hacia el lugar que los captores de su hermano le indicaron, y desde entonces sus familiares no saben nada de él.
“Fue hasta el 4 de junio de este año cuando a través de los medios de comunicación la familia de Hilario Vega Zamarripa se enteró de que él junto con otros trabajadores petroleros habían sido detenidos por personal del Ejército mexicano, trasladados al campo militar y llevados al Distrito Federal, a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, donde eran investigados por posibles nexos con el crimen organizado”.
En conferencia de prensa, la senadora, acompañada de Salomón y Leticia Vega Zamarripa, informaron que han acudido a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y a la Presidencia de la República, y no se ha hecho absolutamente nada.
La presidenta de la Comisión de de Derechos Humanos del Senado expresó su preocupación de que “la urgente y necesaria lucha en contra del crimen organizado sirva de pretexto para la implantación de un nuevo modelo autoritario, sobre ejes policiacos y militares, que esencialmente sean usados para criminalizar la lucha social y la disidencia política”.
La senadora manifestó que a la denuncia de los familiares se han sumado diversas organizaciones de derechos humanos, en particular el Comité Eureka, pues existe el temor de que estas desapariciones estén ligadas con las investigaciones que realizan las autoridades federales en relación con las explosiones en varios ductos de Pemex, llevadas a cabo por el EPR, y con ello se agrave el ya continuo periodo represivo.
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