Sumario:
I. Documenta Almazán la sangría fiscal a Pemex
II. Convoca el gobierno legítimo de México a la movilización en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, Sin Maíz no hay País
III. Rescatar al campo 2, por Alejandro Encinas Rodríguez
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DOCUMENTA ALMAZÁN LA SANGRÍA FISCAL A PEMEX
El panorama político y social no favorece la pretensión de Calderón de privatizar Pemex. Las puertas de una reforma constitucional están prácticamente cerradas y su intención de privatizar por la vía de una reforma a leyes secundarias enfrenta serias dificultades políticas en el Congreso de la Unión, pese a los cabildeos del español Mouriño.
Así lo señaló este día el diputado federal José Antonio Almazán, quien agregó que diversos hechos apuntan a que el gobierno pospondrá hasta después del 18 de marzo la presentación de cualquier iniciativa sobre el tema en el Poder Legislativo, una vez que concluyan las elecciones para renovar la dirigencia del PRD y que en el PRI logren aplacar a una corriente de base y dirección que se opone a la privatización del petróleo.
El también dirigente de los trabajadores electricistas destacó entre los obstáculos que enfrentan “los privatizadores de ultraderecha que encabeza Calderón, las crecientes movilizaciones y conflictos sociales que han estallado a raíz del gasolinazo, el rechazo nacional al capítulo agropecuario del TLC que terminará por arruinar al campo mexicano, la oposición fortalecida a la ley del ISSSTE y el repudio a la reforma judicial constitucional que busca criminalizar a la resistencia social al neoliberalismo”.
Almazán interpreta así la reciente declaración de Felipe Calderón, demandando un diagnóstico “honesto y objetivo” sobre Pemex, con lo que “busca ganar tiempo para sortear el temporal de conflictos sociales que tiene encima e implícitamente es un reconocimiento de que su estrategia inicial de imponer por vía de un fast track la reforma energética ha fracasado”.
El representante del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Cámara de Diputados agregó que el diagnóstico que solicita Calderón “es una muletilla que utiliza con frecuencia para salir al paso, como ocurrió hace un año, el 18 de marzo de 2007, cuando al escuchar el informe del director general de Pemex, en Ixhuatlán, Veracruz, reconoció el diagnóstico objetivo de la situación que guarda la principal paraestatal de México. Por lo visto, de nada le sirvió a Felipe Calderón su meteórico paso por la Secretaría de Energía de septiembre de 2003 a mayo de 2004”, indicó Almazán.
Al ahondar sobre la situación objetiva que guarda la paraestatal, José Antonio Almazán señaló que “las propias cifras oficiales echan por tierra las principales falacias privatizadoras, como es el caso de la mentira de que Pemex no cuenta con los recursos de capital suficientes para resolver su crisis y afrontar su modernización”.
Según el diputado electricista, “un somero recuento de la historia financiera de Pemex, de 1938 a la fecha, conforme a datos oficiales, nos muestra que la situación de crisis financiera de Pemex obedece a una deliberada política neoliberal para descapitalizar a la empresa más importante de México y de América Latina en el ramo energético, para después utilizarla como un argumento a favor de la participación del capital privado en materia de petróleo y contradiciendo lo que establece el párrafo sexto del artículo 27 constitucional”.
Contundente, José Antonio Almazán señaló: “El diagnóstico que solicita Calderón para ganar tiempo y sortear la crisis que enfrenta, está a la vista de todos y su solución radica en terminar con la criminal sangría a la que se ha sometido a Pemex”, a lo cual agregó las siguientes cifras, que confrontan los ingresos de Pemex con el monto de impuestos que se le ha obligado aportar al erario, mismos que han llegado a ser de hasta 60%.
Conforme a datos de los Anuarios Estadísticos de Pemex, en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (1938-1940), sus ingresos fueron de 938 millones de pesos y aportó por concepto de impuestos 196 millones, es decir, 20.5 por ciento de sus ingresos. Con Ávila Camacho (1941-1946), Pemex tuvo ingresos por 2 770 millones de pesos, y pagó 608 millones de pesos en impuestos, 22.1%. Con. Alemán 1947-1952), los ingresos de la paraestatal fueron de 9 303 millones y sus impuestos de 1 636 (17.9%). En el periodo presidencial de Ruiz Cortines (1953-1958), ese porcentaje siguió disminuyendo, a 15.6%, con ingresos de 19 144 millones e impuestos de 2 939 millones.
La disminución continuó con López Mateos (1959-1964), cuando pagó en impuestos sólo 13.1% de sus ingresos (5 109 millones de pesos de 38 879 que tuvo de ingresos) y con Díaz Ordaz (1965-1970), cuando la paraestatal registró ingresos por 64 397 millones de pesos y pagó 8 292 millones de impuestos, 12.9%.
A partir de esa fecha, el porcentaje de impuestos que pagó Pemex en relación con sus ingresos empezó a crecer: con Echeverría (1971-1976) pagó 16.3% de sus ingresos, es decir, 29 345 millones de pesos de un total de 165 529. Con López Portillo (1977-1982), la sangría empezó a ser grave, pues pagó 37.3% de sus ingresos por concepto de impuestos, es decir, 840 796 millones de pesos de un total de 2 284 981.
Establecidas las políticas neoliberales en materia económica, la dinámica de empobrecer a Pemex por la vía fiscal continuó, con porcentajes de impuestos de 48.3% con De la Madrid (1983-1988), de 51.9% con Salinas (1989-1994), de 59.5% con Zedillo (1995-2000) y de 60% con Fox (2001-2006). En esos sexenios, ingresos e impuestos fueron: 70 304 y 32 793, 413 869 y 217 099, 1 756 290 y 1 051 525, y 4 342 702 y 2 593 121, respectivamente.
Este panorama de permanente y creciente sangría fiscal es con el que se quiere justificar la entrada de inversión privada a Pemex, concluyó José Antonio Almazán.
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CONVOCA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO A LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA REACTIVACIÓN DEL CAMPO MEXICANO, SIN MAÍZ NO HAY PAÍS
Al anunciar que los secretarios del gobierno legítimo de México Laura Itzel Castillo, Mario di Costanzo, Asa Cristina Laurell, Bernardo Bátiz, Raquel Sosa y Gustavo Iruegas estarán presentes en la movilización convocada para mañana 31 de enero, que tiene como propósito rechazar las alzas de precios en los productos básicos y la desgravación del maíz, frijol, leche en polvo y caña de azúcar, en el contexto de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno legítimo de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los mexicanos a incorporarse a esta acción, para lo cual anunció que sus representantes estarán citados en esa fecha, a las 3 de la tarde, en el Monumento a la Revolución frente al Frontón México.
Cabe señalar que la marcha ha sido convocada por una gran cantidad de organizaciones políticas y sociales, algunas de ellas provenientes desde la frontera norte del país, y partirá a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino.
Igualmente importante es informar que la cita para los miembros de la Resistencia Civil Pacifica es también a las 3 de la tarde en el Monumento a la Revolución, donde está el campamento de la CNTE, desde donde partirá la Gran Mazorca que llevará la actriz Jesusa Rodríguez.
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RESCATAR AL CAMPO 2
por Alejandro Encinas Rodríguez
(publicado en El Gráfico el 29 de enero de 2008)
Como apunté anteriormente, no basta revisar el capítulo agropecuario del TLC, como tampoco el frustrado Acuerdo Nacional para el Campo e incluso el programa emergente para la producción de frijol y maíz que propuse la semana pasada. Estos son urgentes y necesarios, pero insuficientes para superar la crisis económica y social que enfrenta el agro mexicano.
Superar esta situación requiere en primer término asumir que la seguridad alimentaria, la recuperación productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos son asuntos estratégicos en la agenda de la seguridad nacional. Se trata de establecer una política de Estado y de restablecer las funciones y responsabilidades a las que el neoliberalismo abdicó.
El Estado debe reponer y rediseñar los instrumentos públicos para el fomento de la actividad productiva; la atención especial a la investigación y desarrollo tecnológico; a la infraestructura en educación, salud y servicios rurales; reconocer la diversidad de unidades productivas, en particular del ejido y de la economía campesina, que han demostrado su profundo arraigo en nuestra cultura y capacidad de resistencia frente a los embates que promovieron su extinción; y desterrar las tentaciones del nuevo corporativismo para debilitar las organizaciones campesinas.
Dirán los defensores del neoliberalismo que lo aquí planteado busca restaurar el viejo Estado paternalista. Por el contrario, se trata de que al igual que en los países socios se establezcan mecanismos de compensación a los productores. Por ejemplo, datos proporcionados por organizaciones campesinas señalan que en México el crédito al sector agropecuario se redujo —en términos reales— de 1994 a 2007 de 51 mil millones de pesos a 5 mil 200 millones; sólo 15 de cada 100 productores tuvieron acceso al crédito de avío y cinco de cada 100 a crédito refaccionario. El crédito de la banca comercial al campo representa apenas 1.6% de su cartera y 0.3% de la banca de desarrollo. Las tasas de interés que pagan los productores mexicanos están hasta 200% por encima de las que pagan en EU.
El segundo lugar, el rescate del campo tiene que ver con sus actores sociales y organizaciones. Nos encontramos ante el eventual resurgimiento del movimiento campesino. Los acuerdos recientes han permitido el acercamiento de diversas agrupaciones, que ante la apertura comercial han logrado posicionar la problemática del campo en el debate nacional y al mismo tiempo han construido los primeros acuerdos para su reencuentro, como el Plan Chamizal presentado el primer día del año.
Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas indica que ello tampoco es suficiente. El golpe asestado al movimiento y a muchas de sus organizaciones que significaron las reformas legales del salinismo, el desmantelamiento y privatización de las instituciones públicas para el desarrollo rural y la cooptación de dirigentes en esos años lo debilitaron y dividieron, por lo que es necesario un esfuerzo mayor para avanzar hacia una nueva organicidad democrática y la definición de una agenda común que garanticen su unidad de acción.
Si bien esta agenda atraviesa por la exigencia de revisar el capítulo agropecuario del TLC y el Acuerdo Nacional para el Campo, y por la demanda de una política de Estado que permita establecer condiciones de equidad con los productores de los países asociados, ésta debe incluir además la defensa de la economía campesina y la sociedad rural, partiendo de reconocer que la apertura de los mercados requiere de la competitividad de las cadenas productivas y las redes de valor, que pueden alcanzar los productores mexicanos.
Ello demanda políticas de incremento a la productividad de los diferentes sistemas producto; la inversión en infraestructura y la ampliación de las superficies de riego; el mejoramiento tecnológico y de la calidad genética de las plantas, impidiendo la presencia de maíz y otros productos transgénicos; la reconversión productiva, respetando la vocación agroecológica de las regiones, la conservación de suelos, la cosecha de agua y la protección a los bosques del país; la creación de redes de comercialización; y programas de desarrollo regional que permitan creación de empleos, intercambio comercial y cohesión social en el campo.
De manera primordial, se requiere la organización de productores. Es impensable hoy el desarrollo de organizaciones campesinas sujetas a prácticas clientelares del pasado; se necesita asociar la organización al fortalecimiento de las unidades productivas campesinas y al esquema de sistema producto, con apoyos públicos transparentes y respeto a su autonomía.
Lo que se antoja difícil ante un gobierno que, ausente de legitimidad, carece de una visión de Estado, más interesado en los negocios y el pago de favores desde el poder público. De ahí la importancia de la marcha campesina del próximo jueves, en un nuevo intento por ubicar al campo en el sitio que le corresponde en el devenir nacional.
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