Delincuencia: guerra sin rumbo

Editorial

Los recientes golpes asestados a la delincuencia organizada –capturas de presuntos capos y sicarios, allanamientos de centros de operación y entrenamiento, decomisos de armamento y equipos–, lejos de indicar debilitamiento de los grupos dedicados al negocio ilícito de las drogas, ponen de manifiesto el desmesurado poderío económico, militar y organizativo que han alcanzado. Las bandas de narcotraficantes muestran capacidad para enfrentarse con efectivos militares y policiales en combates prolongados; infiltran a corporaciones policiales enteras, como la municipal de Reynosa, Tamaulipas; cuentan con el peso financiero necesario para alquilar extensas y lujosas residencias; conforman “fuerzas especiales” paramilitares; se abastecen de armamento pesado, en el que se incluyen lanzagranadas, bazucas y posiblemente proyectiles antiaéreos; interfieren las frecuencias radiales de las corporaciones de seguridad pública y, a decir de la Procuraduría General de la República, organizaron recientemente un intento de asesinato contra un alto mando de esa institución.

Los descubrimientos correspondientes dan pie al Ejecutivo federal para asegurar que la criminalidad está perdiendo la batalla, pero tales indicios permiten también otra lectura: que se está preparando para librar una guerra sin precedente en el país. En contraste, el gobierno calderonista no parece tener más recursos contra la delincuencia organizada que la intensificación de las persecuciones policiales y la injerencia militar. No hay en el accionar oficial ninguna vinculación entre el combate a los criminales y las políticas económica y social, la diplomacia, la investigación fina –comprender a cabalidad al adversario, a fin de crear las condiciones para neutralizarlo– y el profundo saneamiento del aparato gubernamental que el país requiere desde hace muchos años y sin el cual no habrá fuerza militar que valga para desarticular a la delincuencia.

A guisa de ejemplos, el decomiso de 85 paquetes que contenían armamento diverso, efectuado ayer en el local del Servicio Postal Mexicano ubicado en el aeropuerto capitalino, permite intuir que tales envíos son sólo la punta del iceberg de un abastecimiento regular –aunque ilegal– de armas de fuego procedentes de Estados Unidos; la posesión, por parte de presuntos sicarios recientemente detenidos en la ciudad de México, de importantes materiales de guerra, obliga a preguntarse por la probidad de un sistema aduanero que permite el ingreso a territorio nacional de bazucas y lanzagranadas. Asimismo, los vuelos de aeronaves cargadas de cocaína que hacen escala en el territorio nacional para reabastecerse de combustible indica que las autoridades no ejercen un control efectivo en la comercialización de la turbosina. Más allá de medidas cuya necesidad es obvia, y que sin embargo no se aplican, el fenómeno delictivo no podrá ser erradicado sin estrategias puntuales de combate a la marginación, a la pobreza y a la catástrofe agrícola que se avecina, y sin programas que permitan remontar el rezago acumulado en materias de salud, educación, vivienda, transporte y recreación.

En suma, sin una concepción integral, planificada y coherente, la ofensiva gubernamental contra el narco difícilmente podrá alcanzar los resultados deseados. Por el contrario, las consecuencias más probables serán la multiplicación de la violencia y de la zozobra ciudadana, una mayor descomposición de las entidades policiales, de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia, y una mayor desarticulación entre las instituciones en los distintos niveles de gobierno. El Ejecutivo federal tendría, en esta circunstancia, que atender el señalamiento del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, un funcionario de quien no cabe sospechar ninguna clase de actitud opositora y que ha mostrado en más de una ocasión su cercanía y sus coincidencias con la actual administración, y quien, sin embargo, estima que –a más de un año de los espectaculares operativos iniciales del calderonismo– el gobierno ha fracaso en su combate al narcotráfico y que la delincuencia en el país está fuera de control.