El Justo Reclamo

La trama energética Las "Ratas", ilegales, vendepatrias del pais.

Jesusa Cervantes

Nada detiene a los panistas en su afán por impulsar la reforma energética con la que se abrirá la puerta al capital extranjero. Si en 2004 la Auditoría Superior de la Federación acusó a Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y Dionisio Pérez-Jácome Friscione de otorgar permisos de generación de energía ilegales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de eximirlos. Además, al asumir como secretario de Gobernación, Mouriño insistió en que su prioridad es concretar las reformas energética y laboral. Y las compañías españolas generadoras de energía eléctrica ya se frotan las manos.La breve trayectoria de Juan Camilo Mouriño Terrazo en la administración pública se ha caracterizado por su impulso abierto a la inversión extranjera, particularmente la española, en el sector energético, con lo que de paso intenta beneficiar a su familia.El nuevo secretario de Gobernación ha sabido aprovechar sus posiciones políticas –desde la presidencia de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados durante la LVIII Legislatura, hasta su paso por la Subsecretaría de Electricidad en 2004– para frenar cualquier investigación o anulación de permisos de generación de energía a empresas extranjeras, considerados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como ilegales.En su primera conferencia como encargado de la política interna del país, el miércoles 16, habló de “concretar las prioridades legislativas de este gobierno que, sin duda, serán “la reforma energética y la reforma laboral”.El martes 15, horas antes de que fuera nombrado oficialmente en su nuevo cargo, se anotó un triunfo más, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el caso de una controversia constitucional promovida por el propio Mouriño y su entonces jefe en la Secretaría de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, en contra de la ASF.Así, con la resolución de la Corte, ni él ni Calderón Hinojosa ni el recién nombrado subsecretario de Egresos en Hacienda, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, podrán ser investigados por la autorización de permisos de generación de energía.Indignado por la resolución de la SCJN, el exsenador Manuel Bartlett Díaz, promotor ante la ASF para que se investigaran los permisos de energía eléctrica a empresas extranjeras, que concluyó con la resolución final de la Corte, comenta a Proceso: “El efecto, el resultado de este (fallo) es que esos funcionarios que violaron la ley, que entregaron permisos por millones y millones de dólares de manera ilegal y que cometieron violaciones a la ley, están muy tranquilos”. Y pregunta: ¿Sabe usted quién fue el que firmó la controversia constitucional en contra de la auditoría? Fue, dice, “Felipe Calderón, como secretario de Energía. Estaba ya señalado como reo de responsabilidades serias y ahora resulta que se borra todo”.En resumen, “Calderón, Mouriño y Pérez-Jácome quedaron exonerados de toda culpa y de que continuaran las investigaciones en su contra por la defensa de este tipo de permisos. Además, los contratos a empresas extranjeras podrán continuar… por el momento”, advierte el exsenador poblano.
La llave del futuro
El trabajo de Mouriño a favor de la inversión extranjera en el ramo eléctrico comenzó en 2000, cuando llegó a San Lázaro en la época en que Calderón Hinojosa coordinaba a los diputados panistas. De hecho fue él quien le entregó a Mouriño la presidencia de la Comisión de Energía.Desde ahí el joven político, quien tenía 28 años, comenzó a trabajar sus contactos con los funcionarios del ramo, comenta el exdiputado federal del PRD, Francisco Javier Carrillo Soberón. Malicioso, asegura que justo en esa época la familia Mouriño incrementó las franquicias de gasolineras y consolidó el Grupo Energético del Sureste (GES).“Como presidente de la Comisión de Energía, como representante del Poder Legislativo frente a Pemex, es la época en que su posición se fortalece mucho en la distribución de gasolina”, sostiene.Carrillo Soberón, quien fue diputado federal en la LIX Legislatura (2003-2006), no duda en asegurar que Mouriño haya utilizado “información privilegiada” para beneficiar a la empresa Gándara-Censa, que en sociedad con GES elabora las torres que se utilizan para la generación de energía eólica.Al concluir la LVIII Legislatura, en agosto de 2003, Mouriño dejó pasar un mes sin participar en la vida política. Pero al asumir Felipe Calderón la Secretaría de Energía (Sener), el joven español fue nombrado coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional de esa dependencia, cargo que sólo ocupó algunos meses. A principios de 2004 fue ascendido a subsecretario de Electricidad en esa misma institución.Y fue desde esa nueva posición que Mouriño elaboró, junto con otros miembros de la Sener, una nueva ley que impulsa la participación privada, sobre todo de inversionistas españoles, en la generación de energía eólica, la llave del futuro ante la disminución y el elevado precio de los hidrocarburos.Manuel Bartlett, quien en esa época se desempeñaba como senador de la República, comenta que la promoción de la llamada Ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía empezó desde que Mouriño era diputado federal en la LVIII Legislatura.Y Carrillo Soberón, diputado por el PRD durante el trienio 2003-2006, explica que esa iniciativa fue aprobada durante el último período de sesiones y se envió como minuta al Senado de la República. Sólo el PRD votó en contra.La ley se impulsó desde la Sener en 2004, cuando Mouriño era el subsecretario de Electricidad. Por esas fechas, su familia adquirió la empresa española Gándara-Censa, S.A., que desde julio de ese año encabeza Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre de Juan Camilo. La línea de producción de esta compañía son molinos, hornos y torres de viento, todos los aditamentos para construir una planta generadora de energía eólica, llamada fuente de energía renovable; la fuente del futuro.En su edición del 6 de enero, Proceso publicó que el presidente de GES anunció que incursionará en el sector eléctrico al fabricar torres eólicas de última generación “en coinversión con una empresa española”, la Gándara-Censa. Así mismo, destacó que el gerente de esta última, Javier Gómez, declaró al periódico La Voz de Galicia que entre sus planes de expansión la empresa busca asentarse en México como empresa auxiliar de consorcios españoles que tienen en la mira a los mercados mexicano y estadunidense.La nueva Ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, impulsada por Mouriño, incluye la creación de un fideicomiso que se formará con el dinero que el Ejecutivo federal destine a través del presupuesto de egresos.Su objetivo es dar “incentivos” a las empresas que incursionen en la generación de energía eólica. El dinero, según se establece en el artículo 17, será para “cubrir, en su caso, la diferencia que, a juicio de la Secretaría de Energía, exista entre los recursos requeridos para alcanzar la viabilidad financiera” de los proyectos eólicos y los costos de una planta convencional.Carrillo Soberón, quien fue secretario de la Comisión de Energía en la LIX Legislatura, asegura que esto no es más que un subsidio. Y explica que la generación de energía eólica es nueva, por lo que será más cara que la convencional. Recuerda incluso que durante la discusión de la ley en el pleno se pretendía dar un subsidio de mil millones de pesos. “Pero quedó peor porque ahora –dice– se deja abierto el subsidio y a juicio del titular de Energía”.El exsenador Manuel Bartlett califica la citada ley como “una barbaridad” y explica que sólo es parte de los lineamientos que establece el Banco Mundial mediante los cuales se pretende que los españoles y los extranjeros que construyen la tecnología para las plantas eólicas recuperen parte de su inversión.“Es una barbaridad que se subsidie a los españoles, violando la ley con esos permisos que son ilegales”, dice. Y asegura que el último día de sesiones de la LIX Legislatura en el Senado de la República, el 27 de abril de 2006, logró detener la aprobación de la citada ley, la cual sólo alcanzó la primera lectura.Al llegar la nueva legislatura, en septiembre de 2006, comenta a Proceso el líder de la fracción priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, el gobierno pretendió que se aprobara dicha iniciativa, “pero detectamos que había 20 minutas más que venían de la Cámara de Diputados, por lo que mediante un acuerdo los senadores decidieron enviarlas todas nuevamente a comisiones, y la Ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía se turnó a cuatro: las de Energía, Agricultura, Medio Ambiente y la de Estudios Legislativos. Será difícil que pase”, asegura.Pese a todo, Juan Camilo Mouriño, en su primera conferencia como secretario de Gobernación, insistió en que su prioridad será concretar la reforma energética, en la cual se incluye la citada ley que favorece a los generadores de energía eólica.
Las empresas de la familia
En México existen sólo 11 plantas generadoras de energía eólica, nueve de esos permisos fueron entregados por Dionisio Pérez-Jácome Friscione durante el tiempo que estuvo al frente de la Comisión Reguladora de Energía. Actualmente todas están en construcción; cinco permisos están en manos de empresas españolas, tres son estadunidenses, una más es francesa, otra corresponde al Instituto de Investigaciones Eléctricas y la última a la empresa Vientos del Istmo, S.A. de C.V.Las empresas españolas que tienen el permiso en México son Iberdrola, Eoliatec del Istmo, S.A. de C.V., Eoliatec del Pacífico, S.A. P.I. de C.V., Acciona y Gamesa.Gándara-Censa, que en 2004 fue adquirida por la familia Mouriño, es, según sus propios informes, proveedora de torres de viento de las empresas Acciona y Gamesa. Pero de acuerdo con las declaraciones de Javier Gómez a La Voz de Galicia, Ecotecnia, de la que Gándara-Censa también es proveedora, pretende instalarse en México.En otras palabras, una de las empresas de la familia del secretario de Gobernación es la proveedora de las principales generadoras de energía eólica asentadas en Oaxaca y que próximamente entrarán en operación.Hasta la fecha, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha entregado 690 permisos para la generación de energía, 11 de los cuales corresponden a proyectos eólicos. Por su clasificación, las autorizaciones son de autoabastecimiento (nueve de las eólicas son de este tipo), de cogeneración, de producción, de exportación y de importación. Durante los ocho meses que Felipe Calderón estuvo en la Sener y Juan Camilo Mouriño era su subsecretario de Electricidad, se otorgaron 28 permisos de generación de energía a empresas extranjeras.En 2004, Bartlett Díaz presentó ante la ASF una denuncia contra estos funcionarios, alegando que los permisos otorgados por la Sener eran ilegales. La ASF revisó los permisos otorgados y dio entrada a la querella. Solicitó a la CRE que los anulara por considerar que eran inconstitucionales.El gobierno de Vicente Fox se molestó y el encargado de Energía, Felipe Calderón, interpuso una controversia constitucional contra la ASF ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual le dio entrada.A su vez, el subsecretario de Electricidad, Juan Camilo Mouriño, expresó: “El objetivo de la controversia contra la ASF es delimitar los verdaderos alcances que tiene en términos de llevar a cabo investigaciones sobre actos administrativos como son el otorgamiento de permisos de la CRE. La ASF debe revisar el uso de recursos públicos, no el de cuestionar el marco jurídico con el que está operando el sector energético en general”.
Un fallo lamentable
Tres años después, la Corte determinó que la ASF no puede determinar que son inconstitucionales, pero abrió otra puerta, que fue aprovechada por Manuel Bartlett, quien volvió a denunciar ante la ASF a las autoridades de energía por haber violado diversos preceptos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y demostrar que los permisionarios se estaban dedicando a la venta de electricidad y no al autoabastecimiento, entre otros delitos.La ASF de nuevo revisó los mismos permisos, esta vez basándose en una revisión de “excepcionalidad”, ya que no correspondían a la revisión de la cuenta pública que se analizaba en ese momento. Esta acción está respaldada en el artículo 36 de ley de la propia ASF, la cual considera este tipo de revisiones “cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o pueda suponerse el presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío”, y que se presuma un daño al Estado en su hacienda pública federal.Luego de la revisión de los permisos, la ASF consideró fundada la denuncia y respondió que “existen circunstancias de las que se puede presumir un daño a la hacienda pública federal”. Por ello demandó a Dionisio Pérez- Jácome Friscione, presidente de la CRE, realizar una “revisión sobre el otorgamiento de permisos de generación de energía eléctrica; el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos; la fijación de tarifas, y las contraprestaciones a particulares y extranjeros, en virtud de que el otorgamiento de dichos permisos pudieran ocasionar un daño patrimonial a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro… para que rinda un informe a la ASF, y en su caso, de las sanciones que se hubieran impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los servidores públicos involucrados”. Es decir, Calderón, Mouriño y Pérez-Jácome.Entre el cúmulo de irregularidades en el uso de los permisos detectados por la ASF están la venta de electricidad cuando ello sólo está reservado al Estado; simulaciones de sociedades para vender la energía, permisionarios que operan un servicio público paralelo al que la constitución reserva al Estado o, en su caso, que hacen uso de prestanombres.Todas estas irregularidades aparecen documentadas en el oficio de 15 cuartillas que la ASF envió a la CRE. También establece que en los permisos de producción independiente se trata de permisionarios que son filiales de compañías extranjeras, donde 43% está en manos de inversionistas españoles; 19%, de estadunidenses, y el resto, de otras nacionalidades, pero ninguna en manos de mexicanos.En el caso de los permisos de autoabastecimientos los permisionarios no son reales, lo cual es “un fraude a la ley”.Este mismo oficio sirvió a la CRE para interponer otro juicio contra la ASF ante la Corte bajo el argumento de que no se pueden hacer revisiones de excepcionalidad cuando se está revisando la cuenta pública de otro año.La Corte resolvió finalmente el martes 15 por ocho votos a favor y dos en contra –los de los ministros Genaro Góngora Pimentel y Guillermo Ortiz Mayagoitia– que el gobierno federal tenía razón. Esa decisión abre la puerta a la impunidad, aseguran los ministros que votaron en contra.Y Bartlett Díaz asegura que ese fallo deja aparentemente firme una inversión extranjera en contra de la Constitución y fortalece las acciones subrepticias e ilegales del gobierno de Vicente Fox y ahora de Calderón. Este fallo, insiste, consolida la ilegalidad de los gobiernos panistas y la impunidad del grupo de Calderón, Mouriño y Pérez-Jácome.
–¿Se les exonera?
– Sí. Ese es el efecto. Ellos estaban en una situación de indiciados por la auditoría. l