El pueblo mapuche, de pie

Raúl Zibechi

Una larga huelga de hambre de cinco presos políticos mapuche, rodeada de importante solidaridad, parece estar mostrando la profundización de la larga lucha de un pueblo por la recuperación de sus tierras y el control de sus territorios.

Según el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, el actual movimiento mapuche que emerge en los años 80, en la etapa final de la dictadura de Augusto Pinochet, “ha protagonizado por lo menos tres grandes ciclos de movilizaciones por sus derechos”.

El primero se registró bajo la dictadura con el objetivo de defender las tierras comunitarias. Luego, al comienzo de la transición democrática, en 1989, se realizó el acuerdo de Nueva Imperial por el cual la Concertación se comprometió a impulsar una nueva ley indígena a cambio de que los mapuche renunciaran a la movilización. Muchos temían, señala Toledo, que se repitiera el proceso de tomas de tierras masivas que se dio de 1970 a 1973 durante el gobierno de Salvador Allende.

En respuesta a la cooptación que supuso ese acuerdo, nace en 1990 el Consejo de Todas las Tierras que exige autonomía y participación política y realiza tomas simbólicas de tierras. En 1992, el gobierno detiene a 70 comuneros y los acusa de “delincuentes”, y la justicia procesa a 144 mapuche por “usurpación” y “asociación ilícita”. El proceso estuvo plagado de vicios y fue considero una aberración jurídica.

Hacia 1997 se abre un nuevo ciclo a través del estallido de múltiples conflictos que afectan a las grandes empresas forestales y de energía. El Estado, aliado incondicional de las empresas, ve desbordada su política indígena, ya que las dos organizaciones estatales de asistencia (la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas) colapsan al no poder responder a las demandas de las comunidades. Sin política y sin querer conceder derechos, el gobierno endurece la represión.

El caso Ralco (1997), megaproyecto energético en tierras mapuche en el Alto Bío Bío, supuso un parteaguas, ya que el gobierno violó la legislación para echarlo a andar. “El murallón de Ralco levantó una frontera política entre los mapuche y el Estado”, asegura Toledo. Ese mismo año, el caso Lumaco, 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales artificiales y una planta de celulosa, se convirtió en “un enclave que ha transformado la geografía y el poder en el sur del país, alterando el medio ambiente y empobreciendo a las regiones”.

Forzado a la movilización ante la inexistencia de vías legales para el pueblo mapuche, el movimiento se fortalece y despliega iniciativas culturales, artísticas y de medios de comunicación propios. Surgen nuevas organizaciones territoriales como la Coordinadora Arauco Malleco y la Asociación Nankucheo de Lumaco. Fruto de la movilización se recuperan tierras, a tal punto que los fondos estatales de compras de tierras para las comunidades pasan de 5 millones de dólares en 1995 a más de 30 millones en 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos.

Nuevamente la respuesta a esta nueva oleada de movilizaciones fue la criminalización de la protesta. Se abrieron procesos ante la Justicia Militar durante 2000 y 2001, hasta que a fines de este año se comienza a aplicar la Ley 18314 o Ley Antiterrorista, en el contexto del clima generado por los atentados del 11/9 en Estados Unidos. Se combina represión con labores de inteligencia y cooptación de la intelectualidad indígena.

Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 son procesados 209 mapuche sólo en la región de la Araucanía, mientras cientos son detenidos en manifestaciones, golpeados y maltratados. Según Toledo, se trata de una verdadera guerra sucia.

En noviembre de 2004 los mapuche ganan una batalla jurídica en un terreno en que no cosechaban más que derrotas. Uno pilar de la criminalización de la protesta se desmorona ante la estrategia de los defensores que demuestran que “terrorismo” no son daños a bienes, sino “desprecio de la vida humana o poner en peligro el orden constitucional”. Los incendios y lanzamientos de artefactos, medios que utilizan las comunidades, no pueden ser considerados terrorismo. Los acusados son absueltos.

Con el gobierno de Michelle Bachelet (1996) las cosas no cambiaron. La represión se mantiene intacta, aunque ya no se aplica la Ley Antiterrorista. “El movimiento mapuche logró sortear los embates de la criminalización, con movilización social y una activa apelación al sistema internacional de derechos humanos, abriendo oportunidades para un cambio de marco de la política indígena y profundización de la democracia”, sostiene Toledo.

Iván Llanquileo, lonko de la comunidad Juana Millahual, quien estuvo preso dos meses y fue puesto en libertad el 9 de noviembre, sostiene que a partir de las luchas de 1997 “se pasa a otra etapa, que consiste en entrar a un fundo, trabajar, defenderlo y ejercer control territorial”. A través de la acción directa, su comunidad ha conseguido recuperar cientos de hectáreas de las 10 mil usurpadas por los colonos y traspasadas luego a las forestales.

En esta nueva etapa ya no se ocupan las tierras de forma simbólica como a comienzos de los 90, sino de forma permanente y para producir su vida cotidiana. Ya no piden tierras, sino territorio. Esto los lleva a un enfrentamiento frontal e inevitable con las multinacionales de la minería, la energía y el papel. Aseguran que no tienen otra opción y se definen como “un pueblo que se resiste a desaparecer”. La Coordinadora Arauco Malleco, que se declara “anticapitalista, antimperialista y libertaria” asegura que está “en una coyuntura histórica de extinción o continuidad cultural, social y territorial, es decir, entre la vida o la muerte de nuestro mundo mapuche” .