La Corte y la “reforma” calderonista del ISSSTE

Gustavo Leal F.*

Aunque la sombra del insólito fallo sobre el caso de Lydia Cacho sigue socavando severamente la legitimidad del tribunal supremo de la nación –sobre todo después del papel desempeñado por el entonces presidente Mariano Azuela y su presunta vecindad con la casa presidencial del foxismo–, le aguarda aún otro fallo de suma trascendencia: el de las 169 mil 864 demandas de amparo contra la inconstitucionalidad de la nueva Ley del ISSSTE, que en contubernio con el PRI impuso Felipe Calderón en marzo de 2007.

Ante un auditorio repleto de representantes sindicales y abogados de los 433 mil 725 trabajadores que interpusieron amparo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, sostuvo el 9 de octubre de 2007 que antes de que entraran en vigor las reformas “todas las demandas habrán sido admitidas y todos los quejosos tendrán a su favor la suspensión” a fin de que esa ley calderonista “no les afecte hasta en tanto la SCJN resuelva en definitiva la constitucionalidad de dichas modificaciones”.

Ortiz dejó también en claro que “la autoridad no podrá aplicar los descuentos previstos a partir de la entrada en vigor de la ley a los trabajadores que ya cuenten con la suspensión”; que “la mejor demanda que se haya confeccionado va a beneficiar al universo de quejosos”, y envió un “mensaje de tranquilidad” porque será la Corte la que “fije en definitiva los criterios de constitucionalidad” y los recursos de revisión serán dictaminados “en última instancia por el pleno de ministros”.

¿Cuándo? Ortiz afirmó que “en los primeros tres meses” de 2008 la Corte “emitirá criterios definitivos sobre el tema” y confió en que una vez que los ministros “sustenten las jurisprudencias que van a derivar necesariamente de esta ley” el Congreso de la Unión “atienda estos criterios como ha sucedido en otros casos y que si tiene vicios de inconstitucionalidad se pudieran corregir legislativamente”.

Horas después, el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones –arquitecto con Calderón del contubernio PRI-PAN que impuso la “reforma”–, se apresuró a solicitar que la Corte “aclare si la ley se aplicará o no a quienes se ampararon en su contra”. Por su parte, Emilio Gamboa, coordinador de los diputados priístas, resaltó que “la Ley del ISSSTE todavía no se cae”.

Sólo nueve días antes de los pronunciamientos de Ortiz Mayagoitia, al participar en el 19 congreso nacional ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, entre rechiflas y gritos de “¡Pinocho! ¡Mentiroso! ¡Entiende, el ISSSTE no se vende, se defiende!”, Miguel Angel Yunes –director calderonista del ISSSTE– había advertido que la ley es “irreversible”, vaticinando que la SCJN “va a determinar que es constitucional y que, en todo caso, podrían modificarse algunos de sus artículos”. Y agregó: “sólo si los legisladores hubieran interpuesto en su momento una controversia constitucional habría la posibilidad de echarla abajo”.

Seis semanas después de las declaraciones de Ortiz Mayagoitia, participando en un foro de banqueros, el ministro Genaro Góngora Pimentel observó que las Afore ya detentan 2.5 por ciento del PIB: “el ahorro de la nación para la vejez”, y que, sin embargo, ellos no serán suficientes, por lo que “deben hacerse cambios en materia de pensiones para no hipotecar el futuro del país”. Para Góngora, la vida de los trabajadores mexicanos es de bajo nivel y mala calidad: “están limitados para ahorrar o formar parte de un sistema de pensiones que les permita obtener un ingreso razonable y quedan en riesgo de sufrir pobreza en la vejez”.

La mayoría de los trabajadores, prosiguió, perciben ingresos muy castigados, y no tienen acceso a instituciones de salud: “en México el grueso de los trabajadores gana entre 51 y 250 pesos diarios”. Por tanto, remató, “el sistema de seguridad social debe ser una expresión de solidaridad de los que tienen empleo con los que no lo tienen por vejez, enfermedad o desempleo”.

Y apenas en diciembre, al rendir su primer informe de labores, el ministro presidente Ortiz Mayagiotia ratificó el compromiso de la Corte de atraer la revisión de todos los amparos, para definir “con absoluta imparcialidad, criterios jurisdiccionales que den homogeneidad a las resoluciones y ofrezcan certeza a miles de quejosos”.

La SCJN es el último “garante” de la ley y es el tercer pilar del equilibrio de poderes republicano. En la singular transición mexicana, ese Poder Judicial ha sido, sin duda, el que ha llegado más tarde a su “modernización” pospriísta. El Consejo de la Judicatura Federal representó apenas un primer paso, que los gobiernos de derecha panistas de Fox y Calderón no han procurado.

El fallo contra Lydia Cacho mostró que la Corte puede empezar a reconocerse en el espejo del IFE y la crisis de legitimidad a la que lo condujo Luis Carlos Ugalde. Como en éste, después de ese fallo la pregunta que pende sobre la SCJN es: ¿quiénes podrán y deberán ser los nuevos ministros?

Si como presume Mayagotia, en la Corte se vela “por la justicia y no por la popularidad”, el fallo sobre la cascada de amparos contra la ley calderonista del ISSSTE –que fue su mejor referéndum– debe alejarse de la efímera, mediática y contratada popularidad de Calderón, Yunes y su turba de jilgueros para, en efecto, hacer esa “justicia” que le llena la boca a su ministro presidente.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco