Roberto González Amador
La apertura de la industria petrolera mexicana al capital privado es cuestión de poco tiempo. Es la lectura que de hechos recientes hizo el grupo financiero Banamex, filial en México del consorcio estadunidense Citigroup. “Existe un acuerdo básico entre la administración (del presidente Felipe) Calderón y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)” para la reforma energética, indicó el consorcio.
En un reporte elaborado el jueves pasado, Banamex apuntó: “aun cuando estimamos que (la reforma energética) se aprobará en abril, existen discusiones sobre el enfoque legal a seguir y el riesgo es que el tiempo del periodo de sesiones en el Congreso –que va de febrero a abril próximos– se agote dados los otros temas pendientes de resolver, como la reforma judicial y el nombramiento de consejeros electorales, y pueda cerrarse la última ventana de oportunidad antes de las elecciones intermedias de 2009”.
Banamex consideró que algunos hechos recientes han aumentado la expectativa de que el Congreso aborde, y apruebe, la discusión de una reforma que permita capital privado en el sector, una posibilidad a la que, con diferentes matices se han mostrado favorables el gobierno federal, el partido oficial Acción Nacional y el PRI.
Los hechos recientes que han abonado en la discusión, de acuerdo con Banamex, son: declaraciones de la dirigente del PRI, Beatriz Paredes, y del líder de los diputados priísta, Emilio Gamboa, sugiriendo que en tanto sea descartada una privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa petrolera estatal, el tricolor podría apoyar una reforma energética.
Un segundo hecho mencionado por Banamex fue la decisión del senador por el PRI, Francisco Labastida –uno de los promotores de la reforma energética y presidente de la Comisión de Energía del Senado– de acompañar en una gira de trabajo a Calderón esta semana.
“Todavía mantenemos el escenario que presentamos a finales de 2007: que el Congreso posiblemente considerará la aprobación de una reforma energética durante su próximo periodo de sesiones, con el objetivo de estimular la exploración y producción de petróleo y proveer a Pemex de más recursos, añadió Banamex. “Creemos que el PAN y el PRI apoyarán la reforma, mientras que el PRD (Partido de la Revolución Democrática, de la oposición) se opondrá”, agregó.
En el reporte, elaborado por sus analistas Sergio Luna y Sergio Kurczyn, Banamex plantea que, según su opinión, ya “existe un acuerdo básico” entre el gobierno del PAN y el PRI, partidos que en conjunto forman mayoría para realizar una modificación de leyes en el Congreso, para sacar adelante una reforma energética. A juicio del consorcio financiero, todavía existe entre ambas partes una discusión “sobre el enfoque legal a seguir”.
En el reporte, Banamex aseguró que el objetivo del gobierno es emprender los cambios legales que permitan al sector privado invertir en un “cierto grupo” de actividades, tales como exploración de petróleo en aguas profundas, así como en almacenamiento, transporte y distribución de productos petroleros. Por su parte, añadió, el PRI busca fortalecer a Pemex con más recursos y mayor autonomía.
“Sin embargo, dada la disminución de la producción petrolera y de los niveles de reservas, el PRI podría simpatizar con la idea de permitir en forma limitada la participación privada”, abundó. Banamex consideró que “el punto” es si las modificaciones legales con ese fin requieren cambios constitucionales o no.
“Por razones políticas y simbólicas, el PRI está renuente a cambios constitucionales, pero la alternativa, es decir, la modificación de leyes secundarias, puede no proveer de certeza legal suficiente a los inversionistas”, mencionó.
En este sentido, el grupo financiero recordó el caso de la reforma al sector eléctrico de la década pasada, en la que el Congreso modificó leyes secundarias para permitir la inversión privada, cambios que fueron impugnados legalmente con el argumento de que violaban la Constitución.
Banamex aseguró que el senador Francisco Labastida ha sugerido otra posibilidad: un régimen especial para proyectos de inversión, restringido a ciertas zonas del Golfo de México y en las fronterizas a los límites territoriales del país.
Para que prospere una reforma que abra al capital privado la industria petrolera mexicana, “el tema de los tiempos se está volviendo crucial”, indicó. El Congreso comenzará el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero “con una carga de trabajo mayor a la esperada”.
Diversos temas referentes a la reforma judicial están todavía pendientes, además que un acuerdo resultante de la reforma electoral es motivo de conflicto: el nombramiento de nuevos miembros del Instituto Federal Electoral, que podría consumir buena parte del tiempo del periodo de sesiones, apuntó.
“Más preocupante aún: la ventana de oportunidad podría estar cerrada para abril, pues el siguiente periodo de sesiones, a partir de septiembre, los partidos políticos se centrarán en las elecciones del 2009. En definitiva, creemos que el riesgo central en la aprobación de la reforma energética es, para decirlo simplemente, que al Congreso se le agote el tiempo. Esta probabilidad explica por qué, después de completar la remodelación del gabinete, el Presidente Calderón esta enfocado en traer el tema de regreso al centro del escenario de la discusión”.
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