Estado de los ESTADOS
PAN y PRI preparan madruguete petrolero
Se opone AMLO y FAP; habrá movilizaciones
Recesión de EU pegará a México: Joseph Stiglitz
Apuesta Agustín Carstens a excedentes petroleros
Por Lilia Arellano
La semana que inicia será crucial en la disputa de la principal riqueza del país, la petrolera, y los alcances de la reforma energética, que permitiría abrir en definitiva al capital privado, nacional y extranjero, la explotación de los recursos energéticos de la nación.
En la isla de Cozumel, Quintana Roo, los senadores del PAN realizarán hoy y mañana su reunión plenaria y el análisis de la agenda legislativa previa el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, con dos temas fundamentales: las reformas energética y laboral. Inmediatamente después, el miércoles y el jueves, los senadores del PRI discutirán en la ciudad de México hasta donde llegarán respecto a los cambios en la materia y conocerán de voz del fracasado aspirante presidencial, Francisco Labastida Ochoa, el estado de las negociaciones con Acción Nacional y el gobierno de Felipe Calderón.
El argumento central de la gestión calderonista para buscar permitir la inversión privada en Petróleos Mexicanos (PEMEX) es que “no hay dinero” para el desarrollo de infraestructura productiva en el sector energético y en especial en la paraestatal. Sin embargo, según estimaciones oficiales, el monto de recursos extras que obtendrá el gobierno por ventas de crudo en el exterior este año, por encima de lo presupuestado, serán de al menos 8 mil 500 millones de dólares.
Esta cantidad de divisas es muy cercana al monto adicional que se requiere anualmente para impulsar las actividades de exploración y explotación de PEMEX, que permitiría revertir la declinación de las reservas probadas que, a los actuales niveles de explotación, sólo alcanzan para un periodo de nueve años, como no se ha cansado de advertir la secretaria de Energía, Georgina Kessel.
Así, la razón principal del gobierno de Calderón para su reforma energética es falaz de origen. El mismo Agustín Carstens, su secretario de Hacienda, destacó en declaraciones a la prensa extranjera que los ingresos petroleros podrían compensar los posibles efectos en la economía mexicana de una desaceleración en Estados Unidos, puesto que los precios de los futuros del petróleo indican que se mantendrán muy por encima del precio estimado y fijado en la Ley de Ingresos para 2008, de 49 dólares por barril. Firmas internacionales y el propio Departamento de Energía de Estados Unidos esperan que los precios internacionales del petróleo se ubiquen cuando menos en 20 por ciento más que el año pasado, por lo que la mezcla mexicana se podría vender en promedio en al menos 75 dólares por barril, es decir 26 dólares más que lo calculado por los legisladores en la Ley de Ingresos.
Estos hechos no han escapado al análisis que realiza la segunda fuerza política nacional, el Partido de la Revolución Democrática. Su coordinador en el Palacio de San Lázaro, Javier González Garza, ratificó este fin de semana que los diputados y senadores de su partido y los del Frente Amplio Progresista (PRD-PT-Convergencia) no realizarán ninguna propuesta legislativa sobre la reforma energética, por lo que este miércoles discutirán el plan de acción para “defender el sector”.
Sobre el particular, en la semana que concluyó, el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en sus recorridos por diversas regiones del país, advirtió que llamará a la movilización popular nacional para evitar la entrega al capital extranjero de la riqueza petrolera, que pretende la actual administración federal a través de la apertura de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).
En este esquema, las fracciones del FAP en la Cámara de Diputados afinan su estrategia para evitar la aprobación de una reforma energética que incluya la participación de capital privado en el sector energético nacional.
Los legisladores del PRD, PT y Convergencia intentan convencer a legisladores del PRI, Alternativa, PVEM y Nueva Alianza, a fin de lograr una mayoría que frene ese proyecto y se manifieste abiertamente con la privatización total o gradual de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Entre las medidas que se pretenden llevar a cabo se encuentran provocar una huelga legislativa para obligar a una falta de quórum en las sesiones donde se pretenda aprobar dicha reforma, así como convocar a un plebiscito y movilizaciones. De hecho, ya se anunció que el próximo 18 de marzo los partidos aglutinados en el FAP realizarán una movilización, que podría anticiparse si PAN y PRI “madrugan” y presentan su iniciativa de reforma energética antes de esa fecha.
Iniciativas “estratégicas”
Mientras en el Congreso se prepara ese enfrentamiento, la iniciativa privada se sigue frotando las manos ante la inminencia del banquete petrolero que les será ofrecido en bandeja de plata por la gestión calderonista. Así, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEEESP) le sigue echando más leña al asador legislativo y señala que “por un mal entendido concepto de nacionalismo”, el sector energético seguirá deteriorándose ante la renuencia de aceptar una reforma que permita la participación de capital privado para mejorar su funcionamiento, y advierte que ese deterioro será no sólo en la generación y distribución de electricidad, sino también en otros rubros como la extracción de crudo y gas natural.
Con el impulso de su bancada, el gobierno de Calderón buscará el próximo mes en el Congreso la aprobación de su “reforma energética” trabajada con el sector blando del PRI que personifica el senador sinaloense Francisco Labastida. En caso de no contar con eco en los sectores nacionalistas priístas, ya tiene preparado un plan “B” que le permitiría darle la vuelta a una negativa a realizar cambios constitucionales importantes, a través de un conjunto de “iniciativas estratégicas” que, dice, le permitirán modernizar y eficientar las actividades de PEMEX en futuros contratos, administración de proyectos y asimilar nuevas tecnologías para la industria petrolera.
Dentro de ese plan, el primer bloque de iniciativas denominado “Productividad, eficiencia y administración de proyectos”, establece las bases homogéneas para administrar la serie de obras que se están impulsando donde se permite la inversión privada; el segundo va encaminado a incrementar la seguridad física e industrial de las instalaciones; el tercero considera la reorganización del gobierno corporativo de la empresas, a fin de mejorar la gestión y rendición de cuentas; y el cuarto bloque pretende incentivar la captación de recursos en actividades que no están reservadas, como el transporte de gas y nuevos esquemas de asociación en petroquímica.
Según los cálculos de Jesús Reyes Heroles González Garza, otro zedillista aventajado e incrustado en el gobierno de Calderón como director general de PEMEX, esos cambios de mediano y largo plazo le permitirían a la paraestatal optimizar sus recursos destinados a inversión, pues reduciría, dicen, la insuficiencia y la falta de oportunidad en la asignación de recursos en futuros proyectos de petroquímica, exploración y producción.
Cambios a leyes secundarias
Las fuertes diferencias entre las fracciones parlamentarias en torno a los cambios que requiere el país en el sector energético hacen prever que la reforma energética no saldrá completa, no al menos como lo quiere el gobierno de Calderón con graves cambios constitucionales. Sin embargo, PEMEX si contará con una reforma energética “incompleta”, según las previsiones de expertos del sector como David Enríquez, consultor de Goodrich, Riquelme y Asociados, y Fernando Romero, asesor de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Según los especialistas, lo más seguro es que sólo salgan cinco reformas a leyes secundarias: en materia de autonomía de gestión de PEMEX; que la paraestatal salga del presupuesto; y que participe la inversión privada en almacenamiento y transporte de petróleo y derivados.
Petróleo, tabla de salvación
Ante la desaceleración de la economía de Estados Unidos, que tendrá un fuerte impacto en la economía mexicana por la codependencia que se ha agudizado en el último cuarto de siglo, a pesar de las declaraciones de funcionarios federales de todos los niveles, tanto Felipe Calderón como el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, mantienen su apuesta total a los excedentes petroleros como la tabla de salvación de las finanzas públicas federales y estatales. Como se mencionó líneas arriba, los cálculos oficiales estiman en al menos 8 mil 500 millones de dólares el monto de recursos extras que obtendrá el gobierno por ventas de crudo al exterior, por encima de lo presupuestado.
Pero esos recursos, que sí los hay, no le servirán a PEMEX. Su distribución ya está establecida en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, y se irán, en primer lugar, a compensar el incremento en el gasto no programable por concepto de participaciones a los estados. En segundo lugar, se destinarán al pago de intereses de la deuda y también para cubrir adeudos de ejercicios anteriores, que le permitan a la administración calderonista mantener el equilibrio de las finanzas públicas. Otra rebanada de ese pastel se irá a subsidios para los consumidores finales para cubrir los incrementos en los precios de combustibles y, otra más, se utilizará para gasto de infraestructura de las entidades federativas, así como para la reestructura de pensiones y al final, una pequeña rebanada, para programas y proyectos de infraestructura de PEMEX. ¿Y el país Felipe?
Pesimismo mundial
El sábado pasado concluyó con total pesimismo el Foro Económico Mundial, la cita anual de personalidades más ricas y poderosas del mundo en Davos, Suiza, en donde se reunieron 30 jefes de Estado y más de 110 ministros, así como cientos de directivos de las empresas más importantes del mundo.
La recesión se cierne sobre Estados Unidos y arrastrará a la economía mundial, fue la conclusión de la reunión, lo que ya se manifiesta en una enorme volatilidad en los mercados financieros y la contracción del crédito.
El plan de reactivación económica anunciado por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, no convenció a la elite económica y política mundial, a pesar de destinar 145 mil millones de dólares a ese efecto y reducir espectacularmente la Reserva Federal estadounidense en 0.7 por ciento sus tasas de interés, para quedar en 3.50 por ciento.
En ese foro destacaron para nuestro país las declaraciones del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien consideró que la economía mexicana “no es más resistente ahora que en el pasado”, entre otros motivos, debido al incremento del comercio bilateral con Estados Unidos, y la presencia de accionistas de ese país en la banca mexicana. El especialista subrayó que México podría ser uno de los países más impactados por la desaceleración estadounidense por su estrecha relación y la intensidad de su comercio.
El prestigiado economista, actual asesor del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que nuestro país necesita hacer un amplio cambio para el desarrollo, por lo que sugirió al gobierno de Calderón que realice más inversiones en innovación y desarrollo, educación e infraestructura, además de mejorar las leyes para aumentar la competitividad.
Por si lo anterior fuera poco, el Colegio de la Frontera Norte advirtió que la recesión económica de Estados Unidos impactará directamente en los migrantes, por constituir “el último y más vulnerable escalón del mercado laboral de aquel país”. Rodolfo Cruz Piñeiro, investigador del COLEF, subrayó que el actual problema financiero de EU proviene principalmente de la industria de la construcción, que es la segunda actividad donde más trabajan los connacionales, por lo que muchos de ellos, sin duda, van a perder su trabajo.
De los pasillos
A través de boletines, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público intenta convencer a los mexicanos de que los reportes sobre su economía ficción son reales. Este domingo aseguró que a pesar del escenario internacional tan complicado, con alta volatilidad en los mercados internacionales y la incertidumbre sobre el rumbo de la economía norteamericana, “no hay ningún elemento para afirmar que existe una “escalada de precios” ni que se aproxima una “espiral inflacionaria”. En una nota informativa denominada “Las finanzas públicas sanas garantizan un entorno de estabilidad de precios y generan confianza”, la dependencia a cargo de Carstens sostiene además -a pesar de todas las evidencias en contra- que “ni los precios públicos ni las nuevas determinaciones fiscales tienen un impacto significativo en el comportamiento de la inflación”. Sí, cómo no.
Sin embargo, en el extranjero no piensan igual. El riesgo país de México -un indicador sobre las posibilidades que tiene un país emergente de incumplir con el pago de su deuda externa-, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se ubicó el 25 de enero en 180 puntos base, 12 puntos por arriba del nivel reportado al cierre de la semana anterior.
La iglesia católica no cree que Alfredo Araujo, El Popeye, sea el autor material del crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis de México, sostuvo que las autoridades no quieren ir al fondo de este crimen, “porque sin duda hay personalidades pasadas que no quieren ser tocadas”, sin precisar a quién se refería. También señaló que en ningún momento la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se ha dado por satisfecha con la investigación y declaró que no creen la tesis de que el homicidio de Posadas Ocampo haya sido producto de la confusión, ni que El Popeye sea uno de los autores materiales del crimen.
( lilia_arellano@yahoo.com)
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