Mouriño
Miguel Ángel Granados Chapa
El diario Reforma encontró que en el libro diez del Registro Civil de la ciudad de México, a fojas 151, obra el acta de nacimiento de María de los Ángeles Terrazo Blanco, ocurrido el 3 de mayo de 1950 en el Sanatorio Español.Veintiún años más tarde, ella daría a luz a su tercer hijo, Juan Camilo que, nacido en Madrid el 1 de agosto de 1971 es mexicano por nacimiento pues lo son, conforme a la fracción segunda del apartado A del artículo 30 de la Constitución, “los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional”.
Aunque quien debió proveer esa prueba de su condición jurídica, que hace legal por esa parte su nombramiento como secretario de Gobernación es el propio Mouriño, lo cierto es que el certificado de nacimiento materno echa por tierra mi argumentación al respecto, pues hasta ahora sólo contábamos con la palabra del ex jefe de la Oficina de la Presidencia, de la que no tenemos razones para dudar pero tampoco para conferirle valor de prueba plena. Como previne el jueves pasado, “téngase por no dicho lo que aquí se dice sobre la nacionalidad del número dos del gobierno”, “si constara que la señora madre del nuevo secretario de Gobernación se naturalizó mexicana” antes del nacimiento de su ahora famoso hijo. No se naturalizó sino que nació en México, al contrario de lo que la prensa gallega ha establecido sin que la familia Mouriño la corrigiera.
Con la evidencia documental hallada por Reforma, sin embargo, no desaparecen todas las cuestiones jurídicas en torno a la designación de Mouriño, en las que insisto no por supuesto con ánimo xenofóbico sino porque su relación con el presidente Felipe Calderón y la posición eminente que antes y ahora le ha conferido obligan a una observación minuciosa de su talante y su conducta pública. Tan singular es el trato que le dispensa su jefe que la Oficina Presidencial que le fue creada ex profeso cuatro días después del comienzo del sexenio tiene a partir de esta semana menor rango y funciones achicadas. Era un traje a la medida y ahora se ajusta a otras necesidades.
Aunque no es de esperar que Mouriño, como ocurrió con la comprobación de la nacionalidad materna, atienda los reclamos públicos sobre su condición jurídica, es de solicitarle que aclare la obtención y uso del pasaporte español número 8800581 que según un diario campechano utilizó para ingresar a México en 1996, siete años después de que había optado por la nacionalidad mexicana. La portación de ese documento obliga a suponer que su opción por la nacionalidad mexicana no excluyó que gozara también de la de su padre. Esa circunstancia acaso lo coloca en la hipótesis del artículo 32, cuyo segundo párrafo podría serle aplicable:
“ El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.
Si Mouriño obtuvo pasaporte español y por ende se admitió súbdito de la Corona, está obligado a probar que esa condición legal fue pasajera y que no la mantiene. Sostengo que debe hacerlo porque la singularidad de su status jurídico requiere un esclarecimiento pleno de su actual condición, ya que de no satisfacer requisitos legales puede conducir a la nulidad de los actos administrativos de que sea autor o responsable. Eso afectaría, por ejemplo, los nombramientos de sus colaboradores, el oficial mayor Abel Cuevas Melo (compañero de Mouriño y de Calderón en la LVIII legislatura), el director de comunicación social Miguel Monterrubio y el responsable de la Comisión de Desarrollo Político, Alejandro Poiré.
En esta semana, la agenda de Mouriño ha mostrado el entusiasmo del catecúmeno, del que se inicia. Según su propio testimonio, el jueves mismo en que asumió el cargo entabló comunicación con los dirigentes de todos los partidos políticos. Recibió ya en su oficina a los presidentes de dos de ellos, Beatriz Paredes del PRI y Germán Martínez, del PAN. Se encontró asimismo con Alberto Begné, el líder de Alternativa que está siendo cuestionado por su antecesora y candidata presidencial Patricia Mercado. Conversó igualmente con los jefes de las bancadas de su partido, el senador Santiago Creel y el diputado Héctor Larios, y con los jefes de los grupos del Panal, Partido del Trabajo y Alternativa en San Lázaro. El lunes pasado visitó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y el miércoles se reunió con el gobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva, y el de Chiapas Juan Sabines (que también fue recibido por el presidente Felipe Calderón, de lo cual dieron cuenta fotografías pagadas en algunos diarios, en contravención al principio de no pagar propaganda que se centre en la promoción personal del gobernante).
Esa primera ronda de contactos ha sido posible gracias al activismo semejante que mostraba Mouriño en la Oficina de la Presidencia. Todo lo cual es útil para su jefe y para él mismo (en lo inmediato y en lo futuro). Deberá serlo también para la sociedad si el nuevo secretario derrota su propensión a ser discreto, prenda admirable en un particular pero que en un funcionario público aproxima demasiado a la opacidad hasta llegar a confundirse con ella.
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