TLCAN: Responsabilidad y perspectivas

Editorial

Con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) diversas organizaciones civiles han puesto en marcha acciones de protesta en contra de lo que se ha considerado un acuerdo inequitativo, contrario a los intereses de la nación –pues atenta contra su soberanía alimentaria–, y que constituirá un golpe acaso mortal para el campo mexicano. La más simbólica de estas protestas hasta ahora ha sido el bloqueo, desde el primer minuto de 2008, de un puente fronterizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que se dio inicio al llamado Plan Chamizal, cuyo objetivo es excluir el maíz y el frijol de la eliminación de aranceles prevista en dicho acuerdo comercial.

La injusticia que representa el TLCAN para los sectores agrícolas del país ha sido aceptada inclusive por el gobierno federal: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reconoció en un estudio reciente que sólo seis de cada 100 campesinos son considerados “productores competitivos” y podrán hacer frente a la entrada de productos agrícolas extranjeros. No obstante, el titular de esa dependencia, Alberto Cárdenas, se ha empeñado en presentar el campo mexicano como “ganador”, y en asegurar, entre otras cosas, que el año pasado “creció más que el sector industrial”, algo que resulta sencillamente inverosímil cuando se contrasta con la realidad que persiste en los entornos rurales, y que es saldo de una política emprendida por los gobiernos neoliberales para abandonar el campo y depauperar su población, mediante la disminución sostenida de subsidios y la mala distribución de éstos.

Ante tal circunstancia, desde distintos sectores de la población se ha advertido sobre la necesidad de examinar el acuerdo de comercio trilateral desde el punto de vista legal. El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, afirmó recientemente que existe una “coincidencia generalizada” entre sus homólogos para someter el TLCAN a revisión y prevenir de esa manera que la liberalización del comercio de productos agrícolas derive en una ola de descontento e inestabilidad social. En el mismo sentido se han pronunciado diversas organizaciones campesinas, legisladores y expertos en materia jurídica. Cobran relevancia los señalamientos de Román Díaz Vázquez, premio nacional de Abogacía y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ayer afirmó que el TLCAN viola al menos seis artículos constitucionales, entre los que destacan el 133 –que sostiene que sólo serán válidos los tratados internacionales que se celebren acorde con lo que señala la Ley Suprema– y el 25 –que atribuye al Estado la responsabilidad del desarrollo “integral y sustentable” de la nación. En suma, todo apunta a que hay opciones y argumentos legales de peso para revertir un acuerdo inmoral, injusto como es el TLCAN, que pudiera derivar en consecuencias devastadoras para el agro y, por extensión, para el país entero.

Por lo demás, si bien es plausible y pertinente la realización de actos de protesta en contra del TLCAN, ha de recordarse que las consecuencias que acarreará la entrada en vigor de su capítulo agropecuario no son un tema nuevo; por el contrario, forman parte de un problema que ha venido configurándose los pasados 13 años.

Durante todo este tiempo, el accionar de las distintas fuerzas y actores políticos dejó mucho qué desear; la mayoría de las organizaciones campesinas no dieron de sí hasta ahora, y el grupo en el poder exhibió un autismo inaceptable frente a lo que se avecinaba como una tragedia. Ante la posibilidad de revisar el TLCAN, la sociedad mexicana debe exigir que unos y otros exhiban un verdadero compromiso con el país y con uno de sus sectores más desprotegidos, y actúen en consecuencia.