Cinismo de lesa patria

Carlos Fernández-Vega

¿Se democratizará el capital de Pemex a favor de un puñado de poderosos?

En ningún capítulo de los muchos que acumula la prolongada intentona privatizadora del sector energético nacional, el petróleo en primer lugar, ha existido duda sobre el verdadero objetivo que persiguen sus agentes promotores (que de una u otra suerte son los mismos en 25 años), quienes a estas alturas insisten en que lo único que pretenden es la “modernización” de la empresa pública más importante de la nación.

Variados cuan creativos calificativos han utilizado a lo largo de esos cinco lustros, de los que en este espacio se ha dado cuenta, para evadir el término correcto, el único real: privatización. Así, nadie con dos centímetros de frente y cero intereses entiende la intentona (que desde hace 25 años se ve, y muy clara) como un ejercicio reivindicativo de la Constitución, el fortalecimiento de la seguridad nacional y/o el celoso cuidado de los intereses nacionales.

Que la privatización “no se ve”, exponen algunos, cuando el 30 por ciento de la generación eléctrica está en manos privadas, ídem el gas natural, la petroquímica “secundaria”, la comercialización de petrolíferos, y tantas otras actividades “cedidas” al capital privado. Que nadie intenta modificar la Constitución, pues para eso están las leyes secundarias por medio de las cuales se ha “suplido” con capital privado la obligatoria presencia y responsabilidad del Estado. Decir que la jugada no va por allí, es un cinismo de lesa patria.

Si de repente se les “ocurre”, como lo han dicho sus heraldos, “democratizar el capital” de Pemex y colocarlo en una proporción de hasta 49 por ciento en el mercado bursátil, ¿no sería privatización? ¿Quién compraría ese 49 por ciento? De entrada, los 50 millones de pobres no. Tampoco los asalariados, menos los desempleados, y en estas tres categorías se resume el 90 por ciento de la población, que dicho sea de paso obtiene un ingreso que va de cero a 15 mil pesos mensuales (los menos en esta última categoría). ¿Se “democratizaría el capital” con el 10 por ciento restante? Difícilmente, no sólo por la proporción, porque sólo uno por ciento de los mexicanos, con ganas de la rebanada sea menor, tendría recursos suficientes para comprar una porción de ese capital “democratizado”. ¿Quién queda? Por la parte nacional, Carlos Slim y unos pocos más, y, desde luego, las trasnacionales. Entonces, ¿se “democratizará el capital” de Pemex a favor de un puñado de poderosos inversionistas? Cuando menos tengan la cortesía de utilizar un término más apropiado, y no el de “democratizar el capital”.

Que no, que en realidad no va por allí la jugada, porque de lo que se trata es de “asociaciones” con el capital privado. Bien, al “asociarse” ¿no se privatiza lo que la Constitución claramente asigna, en exclusiva, al Estado? ¿Las “asociadas” no se llevarán nada del pastel? ¿Lo harán gratis, siempre en defensa de la soberanía nacional?

La secretaria de Energía, Georgina Kessel, da por hecho que a partir de 2010 (cuando se conmemoran el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución) “firmas estadunidenses” comenzarán a “explorar y producir (crudo) en áreas de alta dificultad, como son las aguas profundas”, y según ella “no necesariamente” se tocaría la Constitución, cuando ésta explícitamente prohíbe la participación privada en tales actividades.

Para la ex encargada de la Comisión Reguladora de Energía no habría privatización, porque “el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos (...) no estaremos planteando ni aceptaremos ningún cambio que implique que se transfiera la propiedad del crudo a nadie más”. Eso mismo pretextó Plutarco Elías Calles y casi tres lustros después Lázaro Cárdenas expropió el petróleo ante la voracidad del capital trasnacional.

Para convencer a los extraños, Kessel repitió el estribillo: “entre las opciones que analiza el gobierno mexicano está el modelo que utiliza Cuba en exploración y extracción de crudo. En la Cuba de Castro está PDVSA, Repsol, dos empresas canadienses y recientemente se firmó un convenio con Petrobras”. Bien, pero independientemente de que México sí tiene recursos para explotar sus hidrocarburos y Cuba no, ninguna de esas trasnacionales trabaja para fortalecer a la Revolución cubana. Van por lo suyo, y nada les interesa el asunto de la soberanía.

Contrario a lo dicho por Kessel, el coordinador blanquiazul en San Lázaro, Héctor Larios, sostiene que “lo que sí se busca es liberar al Estado de ser el único que pueda invertir en nuevos proyectos”, es decir, “liberarlo” de lo que la Constitución lo obliga. Por ello, subraya el panista, “se requiere una reforma a la Constitución en esta materia, cuidando con toda precisión los límites y restricciones, pero no basta un simple cambio a las leyes secundarias como algunos pretenden; si sólo modificamos leyes secundarias, más de alguno las va a contravenir en la Corte; esto generará incertidumbre jurídica que alejará a los inversionistas, como ya ha sucedido, por ejemplo, con los Contratos de Servicios Múltiples”. Eso sí, dice, “nadie busca una privatización, nadie pretende que se venda un solo clavo de Pemex o de la CFE” (El Universal, 19 de enero, 2008).

De la mano del panista, los priístas Emilio Gamboa y Manlio Fabio. El primero asegura que será la bancada tricolor en el Senado la que presente “una iniciativa de reforma para permitir la asociación de capitales privados con Pemex, (para) abrir la participación privada en exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, así como en generación de energía eléctrica”. Y el segundo jura que “no hay por ningún lado indicios de que se proponga la privatización de Petróleos Mexicanos”.

Y para redondear, el inquilino de Los Pinos juegue y juegue al peloteo (“es el Legislativo el que tiene la facultad y los alcances para consolidar una reforma energética”), con tal de que no le carguen la responsabilidad.

Las rebanadas del pastel

Cierto es: por ninguna parte “se ve” la privatización. Ni con lupa.