Estrategia privatizadora

Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, denuncia que la nula inversión del gobierno espurio en PEMEX conduciría a su privatización

Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

MEXICO, D.F., 14 de febrero (LA JORNADA).- Las reformas al marco jurídico que actualmente se buscan consensuar con los legisladores para permitir la participación de terceros en Petróleos Mexicanos (PEMEX), abarcan desde la apertura al capital privado en transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, petrolíferos y petroquímicos básicos.
Adicionalmente, se busca la apertura de la industria petrolera nacional para permitir la convivencia del capital público y privado con esquemas de asociación de riesgo compartido para proyectos intensivos en inversión y tecnología, como la exploración y explotación en aguas profundas.
Para ello, se requieren reformas y adiciones a la Ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleos y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, según revela un amplio diagnóstico de PEMEX sobre la situación actual y sus perspectivas, cuyo contenido fue presentado a Felipe Calderón, al principio de su gestión.
El amplio documento que abarca un horizonte de 2007 al 2015 fue presentado en 53 diapositivas y consta de cinco capítulos donde se muestra desde su estructura organizacional y situación actual, hasta los resultados esperados de la estrategia.
Entre las propuestas destacan modificaciones a la Ley Orgánica de PEMEX y sus organismos subsidiarios, así como modificaciones a la Ley orgánica de la administración pública federal.
También se señala que es necesaria una modificación al artículo 6 de la Ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional para celebrar los “acuerdos de unitización”, que permitiría la explotación de los yacimientos transfronterizos, para designar a un sólo operador y compartir los beneficios y eliminando los pagos en efectivo y exceptuar a este tipo de proyectos de la Ley de Obras Públicas y Ley de Adquisiciones.
En la estrategia de reformas, se observa la creación de una “autoridad que ejercería los derechos sobre los hidrocarburos, otorgando permisos, asignaciones, y concesiones para poder usufructuar los yacimientos petrolíferos del país.
Para esta propuesta se reformarían los artículos 27 y 28 constitucionales.
Del análisis del documento se observa que los propios directivos de PEMEX reconocen que la paraestatal es la novena compañía a nivel mundial de crudo y gas, con ventas superiores al billón de pesos.
Sin embargo, también se observa que a pesar de que sus ventas y su importante contribución a los ingresos públicos, la inversión pública directa gubernamental durante los últimos siete años, apenas fue de 15 mil millones de dólares, lo que significó una inversión promedio de sólo dos mil 500 millones de dólares por año.
Lo anterior significa que las propias autoridades de PEMEX reconocen que a pesar de que la paraestatal es una empresa de probada rentabilidad, la poca o nula atención presupuestaria, sobre todo en materia de inversión y la elevada carga fiscal que enfrenta, son la principal causa de sus problemas. Es la empresa con mayor carga fiscal en el mundo.
Al respecto, Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, advirtió que pese a que en el discurso de Felipe Calderón y de los legisladores del PRI y PAN se niega que la “reforma energética” busque la “privatización del petróleo”, la poca o nula inversión gubernamental en PEMEX combinada con una apertura al capital privado permitiría que los nuevos inversionistas se adueñaran paulatinamente de la renta petrolera de la nación, que es equivalente a privatizar a la industria del petróleo.