La violación grave a los derechos humanos, “política de Estado”

Hay al menos 70 presos políticos en México: CCIODH

Alfredo Méndez

Ante los nulos avances en las investigaciones de la matanza de Acteal, de los casos de tortura en Atenco –a dos años de la ocupación policiaca– y de Oaxaca –a dos años de la represión al movimiento popular–, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) concluyó ayer que en México “la situación de los derechos humanos es extremadamente crítica; la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de las mismas”.

Como parte de las conclusiones de su sexta visita a México descritas en siete puntos y complementadas con diversas recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal, estatales y municipales, esta organización, mayoritariamente europea, consideró que en todo el país persiste la tortura, los conflictos en Chiapas, Oaxaca y Atenco; violencia de género y contra la libertad de expresión de periodistas, así como transgresión de las garantías de pueblos indígenas.

En conferencia de prensa, Iñaki García, coordinador de la CCIODH, acompañado de varios representantes del colectivo, dijo que después de las jornadas de trabajo de 10 días por el sur y el sureste del país, donde sostuvieron más de 200 entrevistas individuales y colectivas, tanto con funcionarios como con activistas sociales, pudieron comprobar la existencia de al menos 70 presos políticos o de conciencia que se encuentran detenidos en cárceles estatales y de máxima seguridad.

Asimismo, recalcó que la violación “grave” a los derechos humanos en México “se ha convertido en una política de Estado que no implica solamente al sexenio del presidente en turno, sino que afecta también a la institución de justicia y a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad federales y locales”.

Conclusiones y recomendaciones

La CCIODH considera en primer lugar que el gobierno calderonista no ha avanzado en las recomendaciones del colectivo internacional realizadas en sus cinco visitas anteriores.

En segundo lugar refiere que la tendencia es a que continúen las detenciones arbitrarias a miembros de movimientos sociales; que es habitual la tortura y los malos tratos, y que para justificar las detenciones se falsifican pruebas.

Un tercer punto señala que en el actual sexenio se añadió al papel represor de los cuerpos policiacos en contra de espacios sociales de reivindicación, el del Ejército Mexicano.

La cuarta conclusión sostiene que persiste la impunidad de los servidores públicos. Además, señala que la reforma de justicia penal calderonista ampliará el margen para endurecer la intervención policial y para fortalecer los márgenes de impunidad institucional.

El quinto punto indica que la impunidad se apoya en la existencia de un sistema judicial incapaz e ineficiente.

La sexta puntualiza que la exclusión y desigualdad social en el país agudiza el problema de las violaciones a los derechos humanos.